El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Electoral. ¿Se pueden revisar por controversia constitucional las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?1

Un municipio de Oaxaca, conformado por una comunidad indígena, en 2013 eligió a sus concejales en una asamblea general de 758 personas, esto en línea con sus usos y costumbres. Esta determinación fue validada por el Instituto Electoral del estado.

En 2014, como efecto de otra asamblea general —ahora integrada por 335 personas— una nueva votación, primero aceptó la renuncia de algunos concejales y luego destituyó prácticamente a todos —interrumpiendo el plazo para el que habían sido originalmente nombrados—, a lo que se hizo una propuesta para  nombrar a nuevos concejales, solo que en este caso el Instituto Estatal Electoral ya no validó la designación de los nuevos concejales.

A partir de aquí se inició una línea de impugnaciones ante autoridades judiciales electorales. Primero ante el tribunal electoral local, el que —echando abajo la decisión del Instituto— declaró válida la elección. En segundo lugar, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que revocó la sentencia y restituyó en el puesto a los concejales iniciales. Por último, ante la Sala Superior, que revocó la decisión de la Sala Regional y solicitó la entrega de las constancias de validez de los nombramientos de los nuevos concejales.

Este fue un asunto particularmente interesante que tenía en la mesa de discusión, la definición clara de la naturaleza de la controversia constitucional como procedimiento para atender temas competenciales; y no como una instancia más que permitiera analizar una sentencia, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido se dialogaba que el medio para permitir a la controversia constitucional analizar una sentencia —según las discusiones de los ministros—, era exclusivamente que se tratara de verificar a la sentencia como emitida fuera de la competencia del tribunal emisor, pero no analizar el fondo de la misma.

En el presente caso, dejando claro que lo impugnado era la sentencia de la Sala Superior, había que definir si se estaba pidiendo el análisis del fondo de dicha sentencia —lo que convertiría a esta controversia constitucional en una tercera instancia— o, si se estaba solicitando analizar la sentencia como una expresión de la Sala Superior fuera de sus competencias constitucionales. Para ello había que tener en cuenta que la Sala Superior, al darle resolución al asunto, definía que el mismo era de naturaleza electoral.

La propuesta del ministro ponente en ese sentido, radicaba en definir, por parte de la Corte como tribunal constitucional mexicano, si esta calificación de electoral se había dado de manera adecuada, por lo que se solicitaba darle entrada y estudiar en el fondo.

Sin embargo, al final se decidió sobre declarar improcedente la controversia constitucional estudiada. Los argumentos que se esgrimieron, se dieron alrededor de considerar que el marco constitucional había definido dos cosas: primero, que las vías para analizar la constitucionalidad de la materia electoral por parte de la Corte, eran la acción de inconstitucionalidad y la contradicción de tesis, y que no podía hacerse por medio de controversias constitucionales o amparo. Segundo, la Sala Superior era la autoridad jurisdiccional máxima y especializada en materia electoral, cuyas decisiones eran definitivas e inatacables.2

Trato Igual. Pensiones3

El argumento analizado partía de la obligación que la legislación local imponía a los trabajadores ya pensionados, de aportar un porcentaje de dicha pensión al fondo respectivo, por lo que se solicitaba a la Corte verificar si esto no estaba provocando un trato igual a individuos en situaciones diferentes, tal y como lo había resuelto en asuntos pasados.4

Al tenor del sentido anterior, se podían concluir dos argumentos: el primero era la imposición de una cuota doble a los trabajadores ya no en activo y; segundo, el descuento implicaba considerar la pensión como un salario, lo que se afirmaba por los proponentes, no debía ser considerado así, ya que los trabajadores no estaban en condiciones de laborar para seguir aportando.

La Corte, siguiendo su línea jurisprudencial, determinaría que la norma efectivamente imponía un trato igual a trabajadores que estaban en condiciones diferentes. Equiparar a los trabajadores en activo con los pensionados, implicaba una carga monetaria devenida de un salario, lo que no era el caso caso de estos últimos, y no existía una razón válida o argumentación constitucional para permitir realizar esta carga.5

Congreso de la Unión. Facultades exclusivas. Material penal, medios alternos.6

En este asunto se analizaba, si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para agosto de 2015, poseía la facultad para modificar el marco normativo sobre medios alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia penal para adolescentes, visto el periodo de transición que llevaría a la implementación del sistema nacional en estas materias.

La Corte definiría que no, el Congreso de la Unión tenía facultades exclusivas en razón de la existencia de dos reformas al artículo 73 constitucional, fracción XXI: el 9 de octubre de 2013, para la materia de medios alternativos de resolución de conflictos y; el 3 de junio de 2015, para el caso del sistema de justicia penal para adolescentes, el que implicaba igualmente medios alternos.

Debido proceso, transparencia y régimen fiscal7

En este asunto se analizaron tres aspectos. PRIMERO. La ley de amparo contempla lo que se podría pensar —guardadas las proporciones— como una “excepción al principio de agravio directo y actual” para la procedencia del juicio de amparo directo, porque se otorga la posibilidad, mas no la obligación de cuestionar la constitucionalidad de normas generales, cuando se obtiene una sentencia favorable, pero se desea combatir esas normas. Específicamente se estaba analizando la fracción II del artículo 170 de la citada ley.

De acuerdo con el supuesto de la ley, diría el ponente de este asunto, “implicaría obligar a los particulares: primero, a revisar reiteradamente si la autoridad interpone o no el recurso de revisión administrativa; segundo, a promover el amparo cautelar y tener mucho cuidado de hacerlo dentro de los tiempos exigidos por la Ley de Amparo en contra de una secuela procesal cuyo resultado le ha sido totalmente favorable; y —sobre todo— a realizar un ejercicio especulativo, pues tendrían que adivinar una posible interpretación novedosa por parte del tribunal colegiado para enderezar contra ella conceptos de violación en materia de constitucionalidad de normas.”

En ese sentido, diría la Corte, se debe entender este supuesto como una ventaja del particular para inconformarse con normas que pueden resultar lesivas. Ahora para determinar si la resolución original fue favorable, se debe en última instancia, atender a la interpretación más favorable y darle trámite a la demanda de amparo, no considerando que precluyó el derecho a promover el juicio de amparo.8

SEGUNDO. La ley de amparo habla de la obligación por parte de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados de circuito, de publicar los proyectos de sentencia.9 Sin embargo, se argumentaba que la normatividad no indicaba la manera de hacer la publicación, ni las consecuencias de no hacerlo, lo que afectaba derechos de legalidad y seguridad jurídica.

A lo anterior, la Corte resolvería que se ha interpretado este precepto de obligación de publicación de sentencias, con un fin de transparentar la función jurisdiccional y no con el objetivo de otorgar mayor seguridad o certeza jurídica a los particulares.10

TERCERO. Debe tomarse en cuenta que la empresa promotora del amparo en estudio, se dedica a la comercialización de productos que considera alimenticios, los cuales a su parecer, deben ser gravados a tasa 0% y no con la tasa general del 16%. Como consecuencia de ello, solicitaba la devolución de la cantidad del impuesto al valor agregado.

En este orden de ideas, se estaba solicitando valorar la normatividad que se refería al calculo de la tasa del 0%, al igual que a la afirmación de que los productos que comercializaba debían ser valorados en el 16% por ser suplementos alimenticios y no propiamente alimentos.

La Corte argumentaría que el marco jurídico es adecuado, ya que no se puede exigir al legislador una lista exhaustiva de los productos considerados alimentos, al igual que no es posible igualmente exigirle las razones por las que decidió no poner a tasa 0% los suplementos alimenticios, más allá de lo expuesto por él acerca de apoyar al sistema alimentario mexicano y reducir el impacto de los precios en el público consumidor. Igualmente, el sentido de la norma es apoyar a los productos que aporten nutrientes de manera directa, sin mezcla ni transformación, como argumentaba el quejoso.11

Laboral. Instituciones de seguridad pública.12

El objetivo del asunto era definir si en los cuerpos de seguridad pública, en el marco de un procedimiento administrativo de separación del cargo, por incumplir con los requisitos de ingreso y permanencia, procede la suplencia de la deficiencia de la queja indicada en la ley de amparo.13 La interrogante partía de la naturaleza administrativa de la regulación de la relación empleador-empleado y no laboral.

El problema se entiende más si se considera que en la anterior ley de amparo, esta esta suplencia no se aceptaba en razón, precisamente, de esta naturaleza normativa no laboral.

Sin embargo, con la nueva ley de amparo la redacción se cambió para aceptar la suplencia, con independencia de si la relación es administrativa o laboral.

En tal sentido, diría la Corte, es aplicable el supuesto de suplencia en este caso, ya que los integrantes de estas instituciones de seguridad, se reconocen como sujetos al servicio del Estado y la protección de sus derechos se encuentran contemplados en el 123 constitucional.14

Electoral local15

Se analizaba el código electoral de Coahuila, en vista de la extensión de lo resuelto, exponemos algunos de los puntos estudiados.

Primero. Suspensión de los derechos político-electorales. El legislador estableció un impedimento para votar, cuando se está sujeto a proceso penal con efectos a partir del dictado del auto de vinculación a proceso, a pesar de que la persona inculpada no esté privada de la libertad. La Corte resolvería de acuerdo a su jurisprudencia, que debía considerarse válido, en la interpretación de que el sujeto esté recluido, ya que de estar en libertad, podría votar.16

Segundo. Se establecía un plazo de separación del cargo de presidentes municipales e integrantes de ayuntamiento en caso de reelección. Básicamente se resolvería que la norma debe considerarse válida siempre que se entendiera que no opera para la reelección.17

Tercero. Declaración de tres de tres y pruebas de confianza (no antecedentes penales y antidoping). Se estableció como requisito de elegibilidad para ser gobernador, diputado local o integrante del ayuntamiento, presentar declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así como carta de antecedentes penales y certificado médico de la prueba antidoping. En términos generales se definiría que estos no están comprendidos ni derivan de los requisitos de elegibilidad y no es constitucional que se exijan estos documentos. Sobre la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, se desestimaría.18 Carta de antecedentes no penales, se declaró inválido.19 Certificado médico de la prueba antidoping, se determinó igualmente inválido.20

Cuatro. Esta parte estaba compuesta de cuatro apartados, pero que al final sólo se discutieron dos debido a la votación en bloque. A. Condiciones adicionales para la reelección de diputados locales. De acuerdo con lo decidido, las legislaturas de los estados tienen libertad de configuración para determinar estos requisitos, con excepción de la elección consecutiva por cuatro periodos; la postulación hecha por el mismo partido o cualquier de los integrantes de la coalición, salvo renuncia o pérdida de la militancia antes de la mitad de su mandato.21 B. Condiciones adicionales de reelección de integrantes de ayuntamientos. Es válido sostener una regla implícita en el 115 constitucional sobre que los integrantes del ayuntamiento que se quieran reelegir podrán hacerlo mediante candidatura independiente, siempre que haya sido electo mediante tal mecanismo de participación política.

Quinto. No se garantiza la paridad de género horizontal en la integración de ayuntamientos, al establecerse como obligatorio dividir los municipios en cuatro bloques y registrar al menos el cuarenta por ciento de las postulaciones de un género distinto. A ello la Corte definiría que no hay disposición expresa para las entidades federativas para la conformación de candidaturas, aunque sí una directriz para promover y garantizar la paridad de género en la postulación de los candidatos a los cargos de elección popular, además los institutos electorales tienen la facultad para rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la paridad, al igual que dar un plazo improrrogable al partido para su sustitución.22

Sexto. Elecciones concurrentes. La ley en estudio determinó que todas las elecciones concurrentes con las elecciones federales se realizarán el primer domingo de julio. Sin embargo, diría la Corte, el mandato constitucional es que en estos casos, deberá darse la elección el primer domingo de junio a partir de 2015, con excepción de 2018 que deberá ser el primer domingo de julio, por lo que la norma debe ser considerada inválida.23

Séptimo. Omisión de regular convenios de participación entre partidos y agrupaciones políticas. Sin embargo, indicaría la Corte que respecto de agrupaciones políticas estatales, existe libertad de configuración de las legislaturas locales.24

Octavo. Deficiente regulación sobre la realización de debates que organicen los medios de comunicación entre todos los candidatos registrados al mismo cargo de elección popular, lo que podría llevar a una adquisición indebida de tiempo o cobertura informática. De acuerdo con la Corte no existe confusión, ya que la disposición local debe observarse sistemáticamente con la legislación general, en el sentido de que existe libertad para los medios de comunicación nacional y local en torno a la organización de debates, siempre que se cumplan con determinados requisitos y en este caso, se comunique a los institutos electorales nacional y/o local.25

Noveno. Financiamiento público estatal condicionado a contar por lo menos con un representante en el Congreso local. Se argumentaba la necesidad de esta representación además de haber conservado el registro de partido político. La Corte indicaría que la normatividad es adecuada, ya que en ella se reguló el financiamiento de los partidos políticos locales en los mismos términos que la legislación general.26

Décimo. Haber de retiro para los magistrados electorales locales. Esto se encuentra en la libertad de configuración de las legislaturas locales, indicaría la Corte.27

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco los comentarios hechos al presente, por parte de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de Israel Neftalí Naal Zarate alumno de la licenciatura en Derecho de la UAC. www.victorcolliek.com

 


1 Controversia Constitucional 32/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada los días 3 y 6 de octubre de 2016.

2 Mayoría de siete votos en contra del proyecto y por la improcedencia de la controversia constitucional. Sesión del 6 de octubre de 2016, p. 34.

3 Acción de Inconstitucionalidad 121/2015. Ponente Min. Margarita Beatriz Luna Ramos. Sesionada el 13 de octubre de 2016. Ley de Pensiones para los integrantes de las Instituciones Policiales de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

4 Acción de inconstitucionalidad 101/2014 — se puede ver un resumen en el informe de agosto de 2015 y – la Acción de inconstitucionalidad 19/2015.

5 Mayoría de nueve votos, p. 32.

6 Acción de Inconstitucionalidad 90/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el 13 de octubre de 2016. Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Votación favorable, p. 50.

7 Amparo Directo en Revisión 1537/2014. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionado los días 21 de abril y 17 de octubre de 2016.

8 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta, p. 18.

9 Artículo 73 segundo párrafo.

10 Unanimidad de nueve votos a favor, p. 21.

11 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, p. 25.

12 Contradicción de Tesis 228/2014. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada el 20 de octubre de 2016.

13 Específicamente la indicada en el artículo 79 fracción V.

14 Mayoría de siete votos a favor de la propuesta, p. 30.

15 Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas. Ponente Min. José Fernando González Salas. Sesionada el 27 de octubre de 2016.

16 Votación favorable, p. 8.

17 La votación es compleja, por lo que habría que atender a lo que se indica en las páginas 15-17.

18 Falta de votos para lograr la invalidez propuesta (7 votos), p. 22.

19 Ocho votos por la invalidez, ídem.

20 Solo un voto en contra de la invalidez, ídem.

21 Mayoría de nueve votos, p. 26.

22 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, p. 43.

23 Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 63.

24 Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 65.

25 Votación favorable, p. 78.

26 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 81.

27 Votación favorable, p. 104.