El pasado 18 de enero de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 104/2015, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Luna Ramos. En este proyecto se estudia e interpreta la prohibición de vender y distribuir alimentos y bebidas preparados y procesados en instituciones de educación superior que no acreditan cumplir con el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el   expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único”.

comida

Este caso no era nuevo para la Segunda Sala. Se presentó anteriormente en sesión del 17 de agosto de 2016, con un proyecto del ministro Franco González Salas, en el que proponía revocar el amparo otorgado por un juez de distrito y declarar como válida la prohibición a la venta de estos productos en las escuelas. Lo anterior, en línea con los argumentos esgrimidos por las autoridades recurrentes al caso (Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública), que señalaron que los lineamientos generales para el expendio de alimentos en escuelas deberían de ser aplicado en instituciones de educación superior. Lo anterior, fue retomado por el ministro Franco quien, en su proyecto, señalaba que el derecho a la salud debería de prevalecer sobre las afectaciones que se pudieran generar al comercio. Sin embargo, este proyecto fue votado en contra por cuatro de los cinco que integran la sala y fue returnado a la ministra Luna.

En su proyecto, la Luna Ramos especifica que “en esta ejecutoria se deberá emitir una decisión en torno a si la prohibición de mérito implica una restricción injustificada a la libertad de trabajo y de comercio de la quejosa, de acuerdo con el contenido del 5º, de la Carta Magna, o por el contrario, si se acredita constitucionalmente la limitación de tales libertades con el propósito de proteger el derecho a la salud de los alumnos que se encuentran en instituciones de nivel superior, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 de la Carta Magna”.

En el proyecto de discusión, se plantea que, en efecto, la normatividad emitida por las Secretarías de Salud y Educación vulnera el derecho al libre comercio y trabajo. En este sentido se señala que “en ese caso, la ley no debe incidir en la libertad con la que cuenta un adulto para comprar un producto que está dentro del mercado y es lícito”. Lo anterior toda vez que el comprador que se encuentra en una institución de educación superior, al ser mayor de edad “ya no requiere de aprobación del estado para convalidar y dar eficacia jurídica a esa operación”.

Uno de los derechos fundamentales del consumidor es su libertad de elección, para el caso, el proyecto hace énfasis en que la normatividad viola esta libertad “al margen de que el propósito de dicha restricción sea, entre otros, el cuidado de la salud de los estudiantes, evitar la obesidad y el sobrepeso de éstos, este objetivo no puede realizarse a costa de la restricción de las garantías individuales, sino a través de programas de información nutricional a la población”. Con este razonamiento la Corte otorgó el amparo a la empresa y ratificó la decisión que había tomado anteriormente el juzgado sexto de distrito. Es importante señalar que de los ministros que conforman la sala, tres votaron a favor (Laynez, Medina Mora y Pérez Dayán) y dos en contra (la propia Luna Ramos y el Franco González Salas).

La resolución de la SCJN en este caso es una defensa a la libertad de elección en el consumo. A su vez, la sentencia ratifica que para el caso de los menores de edad existe la tutela especial del Estado y, por lo tanto, en escuelas desde preescolar hasta media superior, prevalece la prohibición y la vigencia de los lineamientos. Mientras que para mayores de edad, esta restricción no tiene sentido, pues no hay impedimento de compra de estos productos en otros establecimientos. Adicionalmente, se señala que en los espacios en los que las instituciones de educación superior concurran con niveles educativos inferiores, prevalecerá la protección del Estado y la prohibición de venta de los productos que no cumplan con los lineamientos.

Lo anterior, es consistente con otros de los casos que ha resuelto la Suprema Corte en cuanto a los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en el caso del amparo (A.R. 237/2014) para el consumo de mariguana, la Corte determinó que las prohibiciones administrativas violaban el principio de libre desarrollo de la personalidad de los consumidores. En otro caso, el de la inconstitucionalidad de la norma 29 del Distrito Federal, que prohibía la instalación de tiendas de conveniencia en colonias populares, la Corte determinó que esta regulación eliminaba eficiencias del mercado, imponía costos a los consumidores y eliminaba opciones de consumo.

Hay que reconocer, sin embargo, que los argumentos hechos por la autoridad y por el ministro Franco son importantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSAMUTMC) 2016, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adulto, de 20 años o más, fue de 72.5%, un aumento de 1.3 puntos respecto a la ENSANUT 2012. En niños, entre 5 y 11 años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 33.2%, 1.2 puntos menos que en 2012; y en adolescentes, entre 12 y 19 años, fue de 36.3%, 1.4 puntos mayor a lo reportado en 2012. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con el aumento del riesgo de contraer otras enfermedades -por lo que debe haber, en principio- intervención del Estado para contrarrestar los efectos negativos.

La Suprema Corte no ha sido omisa en el tema de la obesidad. En casos anteriores (expedientes A.R. 212/2014 y A.R. 636/2015), en los que las empresas se ampararon en contra del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alta densidad calórica, la Corte ratificó la constitucionalidad del IEPS y su importancia para los fines fiscales (recaudatoria) y extra-fiscales (modificar el consumo de ciertos productos), que expuso el legislador como los fines de su creación.

En el caso que nos ocupa, la Corte propone que “debería incluirse en los planes de estudio de todo el Sistema Educativo Nacional, temas atinentes a alimentación saludable y nutritiva, para que desde la infancia a la adultez la población demás de tener conocimiento de la alimentación saludable”. Asimismo, en el caso de las instituciones de educación superior, éstas podrían adoptar un programa de autorregulación, coordinado por la ANUIES, en el que decidan qué alimentos van a ofrecer a los estudiantes en sus centros de estudios.

Uno de los riesgos derivados de esta decisión, que habrá que vigilar, es el tema de competencia económica. Este amparo permite a una sola empresa vender este tipo de productos en instituciones de educación superior, lo anterior podría tener el efecto de que se generen monopolios dentro de las universidades, con lo que se limitaría el número de opciones que tendría disponible el consumidor. Como consecuencia, el ejecutivo federal tendría que revisar los lineamientos, excluir de su aplicación a las universidades, y evitar estas ventajas indebidas de una empresa. La revisión de los lineamientos se tendría que acompañar con iniciativas como las anteriormente descritas, para hacer efectivo el derecho a la salud.1

Carlos Martínez Velázquez. Director de la asociación civil Central Ciudadano y Consumidor. Especialista en temas de competencia económica, regulación de mercados y derechos del consumidor.


1 En 2013, en Central Ciudadano y Consumidor propusimos una agenda amplia para el desarrollo de un entorno sano para los consumidores. La agenda se puede consultar aquí.