Tres mujeres hñähñú originarias de los estados de México y Querétaro fueron víctimas de un encarcelamiento injusto a partir del 3 de agosto de 2006K; elementos de la Agencia Federal de Investigación (hoy Policía Federal Ministerial), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), fabricaron pruebas y reunieron tres calidades procesales distintas en una misma averiguación previa: fueron supuestas víctimas, testigos e investigadores.

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Después de su detención arbitraria, bajo engaños, Jacinta, Alberta y Teresa no tuvieron acceso a un intérprete por lo que no pudieron saber los motivos de su detención y, a partir de pruebas fabricadas, permanecieron más de tres años en prisión preventiva. Posteriormente, un Juez de Distrito las condenó a 21 años de prisión y a 90 mil pesos de multa.

En el caso de Jacinta, fue necesario que un tribunal unitario ordenara la reposición del procedimiento para que los agentes federales se carearan con testigos. Luego, la propia PGR presentó conclusiones de no acusación en su favor para provocar su libertad, el 15 de septiembre de 2009.

Al tiempo que la PGR se desdecía de la acusación contra Jacinta, acusaba por segunda ocasión a Alberta y a Teresa. El juez de distrito correspondiente las condenó nuevamente. Frente al clamor de justicia de las mujeres otomíes, acompañado de organizaciones y de la sociedad en general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de apelación interpuesto y ordenó su inmediata libertad el 28 de abril de 2010.

Pero la historia de las indígenas hñähñú no terminó ahí; en demandas separadas exigieron una reparación del daño a la PGR por medio de un mecanismo legal novedoso en esos años: la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 109, último párrafo, de la Constitución. En los tres procedimientos, la dirección de juicios federales de la propia institución desechó la demanda puesto que consideró que sus funcionarios habían actuado de modo regular y, en todo caso, no existía nexo causal entre un eventual daño producido y la conducta desplegada por los agentes federales y el agente del ministerio público.

Frente a ello, en marzo de 2013, el Centro Prodh inició -en representación de Jacinta, Alberta y Teresa- juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) y alegó que la PGR no había sido congruente y exhaustiva en su sentencia, vulnerando su derecho a la impartición de justicia. Por esa razón, solicitamos a este tribunal, que revocará las sentencias dictadas, que se avocara al conocimiento del estudio del caso y ordenara que fuera reparado el daño a las tres mujeres indígenas.

En procesos y sentencias separadas, el TFJFA ordenó a la PGR que se disculpara públicamente con Jacinta, Alberta y Teresa, que reconociera su inocencia y que las indemnizara por el daño moral y material que sufrieron como consecuencia del actuar irregular de servidores públicos de la PGR. Este tribunal, básicamente, estimó irregular la deficiente valoración y consignación de la averiguación previa que dio vida al injusto proceso penal seguido en contra de las tres indígenas a partir del universo de prueba disponible: la causa penal, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las conclusiones de no acusación en el caso de Jacinta, la sentencia de apelación emitida por la Primera Sala de la SCJN en los casos de Alberta y Teresa, así como peritajes antropológicos elaborados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras.

La PGR se mostró inconforme con las decisiones que le condenaban y presentó recursos de revisión fiscal e incluso solicitó a la SCJN que atrajera los casos y revocara las sentencias del TFJFA. No obstante, todas las sentencias quedaron firmes y este 21 de febrero de 2017, el actual titular de la PGR cumplió cabalmente con las sentencias. Es decir, se disculpó públicamente con las mujeres hñähñú, reconoció públicamente su inocencia y las indemnizó.

El acto del pasado martes fue un evento inédito puesto que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia fue ordenado por un tribunal nacional, fue encabezado por el titular de la institución que violó los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa y, además, implicó la implementación de una medida de reparación vinculante que no estaba sujeta a la aceptación o discreción de la autoridad. De esta manera, se sentó un precedente a fin de que víctimas de encarcelamiento injusto, acudan a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de exigir una reparación integral del daño.

Sin embargo, y es por demás relevante subrayarlo, la SCJN ha puesto en riesgo esta vía en ciernes al resolver el amparo directo 6/2016, debido a que siguiendo esta sentencia emitió diversos criterios, entre los que se destacan las tesis aisladas 2a. CIX/2016 (10a.) y 2a. CVII/2016 (10a.), en los que afirmó fundamentalmente lo siguiente:

…el daño reclamado por el particular consistente en la privación de su libertad es una resolución estrictamente jurisdiccional y, por ende, la lesividad que en todo caso derivó de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión dictados dentro de la causa penal son determinaciones que se encuentran fuera del ámbito del sistema de responsabilidad patrimonial, al relacionarse con funciones materialmente jurisdiccionales.

Además, la Segunda Sala de la SCJN sostuvo que una sentencia condenatoria “…sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia del derecho a la defensa adecuada permita refutar las pruebas aportadas por las partes. Asimismo, indicó que atendiendo a la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial “…la actividad administrativa irregular debe concebirse como aquella que se genera excepcionalmente, y que la irregularidad de la conducta no debe vincularse con su ilicitud”.

Estas posiciones nos preocupan y, desde nuestra perspectiva, indican que la Segunda Sala de la SCJN rehúye su función de garante de derechos humanos, por las siguientes razones:

a) Afirmar que la privación de la libertad es un acto puramente jurisdiccional se aleja de la realidad de nuestro sistema jurídico y de la práctica constante de los cuerpos policiacos en México. Es decir, de las tres causas de detención previstas en la Constitución mexicana, sólo una se refiere a la ejecución de una orden –judicial- de aprehensión, en tanto que las demás ocurren fuera de esta intervención: la detención en flagrancia –un supuesto en el que ocurren la mayoría de las detenciones en México- y; por caso urgente, en virtud de una orden ministerial. En esa medida, las afirmaciones de la Segunda Sala dejan abierta la puerta a que se cometan detenciones arbitrarias sin consecuencias para las autoridades y sin que las personas puedan solicitar una reparación integral del daño.

b) Por otra parte, nos parece que amparar a las privaciones de libertad como actos estrictamente jurisdiccionales no les reviste de legalidad por ese solo hecho, sino que abre la puerta a la impunidad en los casos donde personas han sido injustamente condenadas por error judicial, por ejemplo. En ese sentido, la Segunda Sala se rehusó a realizar un control de convencionalidad a propósito del contenido del artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece puntualmente: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

c) También realizó una inexacta interpretación de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial con la cual revirtió la razón de ser de la ley, pues lo que motivó el nacimiento del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado fue la complejidad que conllevaba para las personas, demostrar la actuación ilícita (subjetiva) de un funcionario. Es decir, cuando se afirmó que la irregularidad de la conducta no debía vincularse con la ilicitud, el legislador se refería a que no era necesario demostrar el actuar ilícito para afirmar que se actualizaba la actividad irregular. En el dictamen del Senado del 6 de diciembre de 2001, relativo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial se señaló: “…siempre que la actividad del Estado cause daño a los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular.”1 En otras palabras, lo que se buscaba era construir un sistema amplio de responsabilidad a fin de hacerse cargo de los actos irregulares e impunes del Estado.

Finalmente, si lo que se busca es garantizar que casos como los de Jacinta, Alberta y Teresa no se repitan, la SCJN y otros tribunales nacionales deberán tomar en cuenta el parámetro de control de regularidad constitucional con el objetivo de ampliar el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado para que las conductas irregulares de los tres poderes estén amparadas bajo dicha ley. Al menos en el ámbito jurisdiccional, la Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara y establece el derecho a indeminización por  error judicial de todas las personas en territorio mexicano, gracias a nuestro artículo 1º constitucional.

Centro Prodh. Equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. Twitter: @CentroProdh


1 DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en lo general y en lo particular, por 90 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Se turnó a las Legislaturas de los Estados para sus efectos constitucionales.