El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


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1. Independencia judicial. Haber de retiro1

La particularidad de este asunto es que se estudiaba la falta de legislación sobre el haber de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, indicado por el ministro ponente como una omisión legislativa absoluta.2

De acuerdo con la resolución de la Corte, el haber de retiro de los magistrados, no debe formar parte de su remuneración, por considerarse un concepto diferente y específico, el cual tiene que estar expresamente previsto en una norma materialmente legislativa a fin de considerar su otorgamiento válido constitucionalmente. De igual manera no debe estar condicionado, ni limitado de forma alguna. La deficiencia normativa entonces se traduce en la afectación a una garantía constitucional de la función judicial y es un detrimento de su independencia. Aunque los estados, indicó la Corte, tienen reconocida una libertad de configuración legislativa sobre integración, funcionamiento, nombramiento y ratificación de los poderes judiciales locales, estos elementos deben respetar la estabilidad del cargo y el aseguramiento de la independencia, cuestiones que al no estar legislado lo relativo al haber de retiro, no se encuentran satisfechas.3

2. Derecho a un recurso efectivo4

¿Cuál es la lectura que debe darse al hecho de que la Ley de Amparo establezca una excepción para la concesión de la suspensión, cuando esta se pida sobre la ejecución de una técnica de investigación o una medida cautelar concedida por autoridad judicial?

La CNDH como actora en este asunto, argumentó que este régimen de excepción llevaba automáticamente a una violación a derechos humanos, ya que permitía que estos supuestos se ejecutaran de manera irreparable y, en consecuencia, no pudieren ser recurribles. De igual manera se argumentó que no existe una disposición en la Constitución mexicana sobre la prohibición de otorgar la suspensión en estos casos. Otro argumento llevado a la Corte por parte de la CNDH, fue que el planteamiento normativo no abría la posibilidad de un estudio de la apariencia del buen derecho y la no afectación de interés social.

La Corte, al analizar el asunto hizo una confronta de esta excepción con el sistema penal acusatorio adversarial. Sobre ello, un argumento planteado en el Pleno fue que justamente el diseño y la dinámica de este nuevo sistema procesal penal, encaminado a diversos objetivos –como dar un correcto desarrollo de las investigaciones de los delitos, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento- requería que no existieran medidas que afectaran su ágil desenvolvimiento y permitir la suspensión en estos casos, implicaba la existencia de este tipo de medidas.

Otra línea de desarrollo en el Pleno fue el analizar la facultad que tiene el legislador secundario –creador de la Ley de Amparo- para determinar los casos de procedencia de la suspensión, lo que llevó a leer el artículo 107, fracción X, de la Constitución. De igual manera, se afirmó que la existencia de estas medidas podrían estar afectando el derecho humano al recurso efectivo reconocido en la CPEUM, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que llevaría en el proyecto original a hacer una lectura –interpretación conforme- de la norma en estudio, que permitiera extraer una facultad del juez para tomar la medida de excepción como una regla no tajante y donde existiera la posibilidad de verificar al caso concreto la concesión de la suspensión.

Pero, finalmente, existió una modificación al proyecto original –eliminando la interpretación conforme-, y la Corte resolvió que debía leerse la normatividad en estudio como válida, pero no en términos de una negación absoluta,5 sino dejando margen a decidir sobre casos en los que sí proceda.6

3. Discriminación, libertad laboral y retiro forzoso de jueces7

La reforma a la Constitución local en estudio contempló como causa de remoción de jueces de primera instancia el haber cumplido sesenta y cinco años. Para la CNDH, la cual fungió como actora en el presente asunto, esta determinación resultaba discriminatoria por no haber una justificación razonable y, a su vez, generar una violación a la libertad de trabajo.

La Corte subrayó que el artículo impugnado hacía una distinción entre dos grupos, con base en una categoría protegida, la edad. Así, primero, los jueces menores de 75 años y los jueces con 75 años. Para los primeros, la causa de remoción podría ser falta de probidad, honradez, sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, etcétera; mientras que para los segundos podrían ser removidos por el mero alcance de la edad.

El estudio de la Corte determinó dos finalidades imperiosas: por un lado, la estabilidad y el derecho de acceso al cargo en igualdad de circunstancias y, por el otro, el retiro. Ahora bien, el retiro indicado por este nuevo esquema, dijo la Corte, debía entenderse como forzoso o, dicho de otra forma, como la actualización inmediata de una causa de remoción no condicionada a otra causa o voluntad. En tal sentido, no condicionada a un procedimiento administrativo de responsabilidad y no condicionada a la voluntad de otra autoridad, como por ejemplo, una posible intervención del Consejo de la Judicatura para decidir si cumplida la edad, podía estudiarse la procedencia del retiro o no. Una regla de medida igual para todos en la misma hipótesis.

Finalmente, calificó a la medida –retiro por cumplir 75 años de edad- como la menos restrictiva de los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo.8

4. Transparencia9

La normatividad en estudio hacía obligatorio el mantenimiento de la versión pública de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para los sujetos obligados en Ciudad de México. Sobre ello, los actores del asunto –Poder Judicial de Ciudad de México- argumentaron básicamente las siguientes violaciones: primero, sus derechos humanos; segundo, inconsistencia con la Ley general que es más benéfica al hacer determinar esas declaraciones como optativas y; tercero, violación a los principio de división de poderes e independencia judicial.

Lo primeramente discutido en la Corte fueron las potenciales violaciones a derechos humanos planteadas por los actores, que en resumen del ponente eran: “el principio de debido procedimiento, debida motivación y fundamentación, reserva de datos personales y protección del individuo y sus derechos humanos”. Es decir, se reclamó la “violación a los derechos fundamentales de los tribunales actores” e igualmente que la normatividad en estudio “atenta contra los derechos humanos de los servidores públicos obligados de la Ciudad de México, su persona y su familia”. Sobre esto, el punto a resolver era si el medio procesal bajo el que se estaba haciendo el análisis –controversia constitucional- resultaba el adecuado para verificar este tipo de violaciones.

Este punto es interesante en la Corte, la intervención del ministro Zaldívar –quien había expresado esta opinión en casos anteriores- lo deja ver, porque para él sí es posible que mediante controversia constitucional se pueda estudiar violaciones a derechos humanos de particulares potencialmente afectados.

Sin embargo, en el caso concreto, los actores pretendían hacer valer violaciones a sus derechos humanos como autoridades. Lo cual, como expresaron los ministros, podría generar que la controversia constitucional se convirtiera en una especie de “amparo para funcionarios” algo que finalmente no fue aceptado. Sumado a esta línea argumentativa, igualmente se afirmó que aceptar esta posibilidad generaría una situación de inequidad, por reconocer un trato especial para los funcionarios judiciales.10

A continuación se analizó la argumentación planteada por los actores en el sentido de una potencial transgresión a la división de poderes y la esfera de atribuciones del poder judicial, indicando que la normativa en estudio básicamente podría provocar temor de acciones de los individuos que son partes en los procesos resueltos por jueces y magistrados y, por tanto, que pudieren quedar insatisfechos con los fallos. A ello, la Corte resolvió que no se trataba de un argumento de afectación competencial, no comprobable empíricamente, como tampoco se encontró argumento que suplir.11

5. Matrimonio igualitario12

La legislación en estudio contemplaba el matrimonio como aquél contraído entre “el hombre y la mujer”. De tal supuesto, se argumentó –por los actores- que violaba los derechos a la autodeterminación de las personas, libre desarrollo de la personalidad y el principio de igualdad por trato discriminatorio a las parejas del mismo sexo en relación con las heterosexuales. La Corte definió que efectivamente existen estas violaciones13 y la ponente trajo a la atención lo siguiente sobre ello: “si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que en pleno respeto a la dignidad humana es exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones bajo las modalidades que en un momento dado se decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).”14 En el mismo sentido, se decidió por extensión la afirmación de la norma en estudio sobre “perpetuación de la especie” como condición del matrimonio válido.

ministros

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual este análisis es un producto. El estudio se realiza con la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAC. Agradezco la colaboración y los puntuales comentarios del Dr. Gustavo González Galindo, líder del Cuerpo Académico “Eficacia Jurídica y Derechos Humanos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sin duda mejoran el contenido del presente estudio.


1 Controversia Constitucional 18/2016. Ponente Min. Eduardo Medina Mora. Sesionada el día 3 de julio de 2017. CPEUM artículo 116 párrafo segundo y quinto.

2 Sobre este término, la ministra Luna Ramos y el ministro Franco González Salas, se pronunciaron sobre las omisiones como no criterio de procedencia de la Controversia Constitucional, y en específico de que aquí no se trataba de una omisión sin falta de cumplimiento pues había iniciativas en estudio en el Congreso local para suplir este defecto. Sin embargo la mayoría indicaría que sí era procedente en este sentido. Mayoría de 9 votos a favor del proyecto, p. 9.

3 Unanimidad de 11 votos a favor del proyecto, p. 10. Se dio al Congreso local la obligación de emitir las normas correspondientes, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, mayoría de 9 votos a favor de los efectos, p. 12.

4 Acción de Inconstitucionalidad 62/2016. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada los días 4 y 6 de julio de 2017. Ley de Amparo, artículo 128, párrafo tercero.

5 Sesión del 6 de julio, p. 47.

6 Seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Ibídem, p. 49.

7 Acción de Inconstitucionalidad 128/2015. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 10 de julio de 2017. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

8 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, p. 11. El Min. Cossío anunció voto concurrente.

9 Controversia Constitucional 62/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada el 11 de julio de 2017. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 121, fracción XIII. Texto: “Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: […] XIII. La Versión Pública en los sistemas habilitados para ello, de las Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados, que deban presentarlas de acuerdo a la normatividad aplicable”. Relacionada con la Controversia Constitucional 54/2009 de 27 de mayo de 2010, donde se resolvió que este medio procesal no analiza violaciones a derechos humanos. El análisis se realizó desde el vigente 122 constitucional y no bajo la nueva Constitución de la Ciudad de México que entraría en vigencia el 17 de septiembre del año entrante. Igualmente hay una discusión sobre el reconocimiento de la legitimación activa para el Tribunal Administrativo y el Electoral de la CDMX en cuanto controversia constitucional, aunque el criterio vencedor es que no la tienen, p. 8.

10 Nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 16.

11 Mayoría de seis votos a favor del sentido del proyecto, p. 27.

12 Acción de Inconstitucionalidad 32/2016. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada el 11 de julio de 2017. Código Civil del Estado de Chiapas. Se trajo a la atención como antecedente la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015, analizada en este mismo espacio en el informe de enero-marzo 2016, consultable en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5786

13 Unanimidad de votos a favor del sentido de proyecto, p. 50.

14 Página 32.