El día de ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la validez de diversas disposiciones de la Constitución de Jalisco y del Código Electoral y de Participación Social de dicha entidad federativa;1 el conjunto de reformas políticas agrupadas y popularmente conocidas bajo el rubro de #SinVotoNoHayDinero.

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Impugnada por los partidos políticos Nueva Alianza, Verde Ecologista y Morena, a través de las acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, el ahora fallido proyecto propuesto por el ministro Jorge Pardo Rebolledo giraba, preponderantemente, en torno a la idea de inequidad en la distribución de recursos entre partidos políticos nacionales y estatales (no hay que olvidar que estos actores políticos reciben sus ingresos a partir de un sistema dualista, diferenciado a partir de su registro).

Así, cuando las reformas lideradas por el diputado independiente Pedro Kumamoto pretendían reducir los gastos electorales —a partir de la modificación de la fórmula con la que se destinan los recursos estatales en Jalisco para los partidos políticos con registro nacional—, lo proyectado por Pardo declaraba la inconstitucionalidad de la propuesta, pues a su entender el nuevo modelo no resultaba acorde con la Constitución federal ni con la Ley General de Partidos Políticos.

Respecto a la fórmula en cuestión, es pertinente mencionar que antes de la reforma el monto total del financiamiento partidista en Jalisco se obtenía al multiplicar el número de personas inscritas anualmente cada julio en el padrón electoral local por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo así el presupuesto distribuido entre todos los partidos políticos involucrados, sin importar el origen de su registro. Partiendo de bases distintas, #SinVotoNoHayDinero prevé modificaciones en la fórmula de asignación de recursos a partidos con registro nacional a partir de dos premisas: por un lado, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local por el 20% de la UMA en años no electorales y, por el otro, el número total de votos válidos obtenidos en la elección previa por el 65% de la UMA en año electoral.

En virtud del establecimiento de bases que atentan y distorsionan un modelo tendiente a generar equidad entre los partidos políticos locales y los partidos políticos nacionales (que mantengan su acreditación en la entidad federativa en cuestión para la realización de actividades ordinarias), según el ministro ponente, mediante #SinVotoNoHayDinero lo que se buscaba era únicamente reducir el financiamiento de los partidos políticos nacionales, sin que exista justificación clara para generar tal diferencia, causando un efecto desigual entre los partidos políticos dependiendo del nivel de gobierno al que se encuentren adscritos.

Si bien las entidades federativas gozan de libertad para configurar el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales, lo cierto es que esto debe ser acorde con las bases constitucionales y federales en juego. Así, la propuesta del ministro Pardo concluye planteando que la reforma de Kumamoto en Jalisco, por imprecisa, en realidad no reduce el gasto público, sino que lo incrementa al crear “bolsas” separadas para partidos nacionales y locales.

La votación final sobre este asunto en concreto fue de siete votos contra la invalidez, propuesta de Pardo, es decir, siete ministros defendieron la constitucionalidad de #SinVotoNoHayDinero, frente a una minoría de cuatro (Pardo, Aguilar, Luna y Piña).

Bajo ese orden de ideas, resulta un tanto contradictorio que los argumentos esgrimidos por la mayoría se focalizaran en el tema de la libertad configurativa de las entidades federativas. Debate añejo, pero constantemente resucitado y renovado que devela una de las mayores obsesiones que, en mayor o menor medida, tanto esta integración de la SCJN como otras anteriores, han venido construyendo no solo en torno al entendimiento del federalismo sino también respecto a los usos y abusos de sus propios precedentes.

Y es que parecería que la aplicabilidad y vinculatoriedad de las decisiones previas del máximo tribunal obedecen a una disparatada lógica contextual, quedando, muchas veces, completamente al arbitrio de los ánimos e intereses de los juzgadores en turno. El problema, por supuesto, no reside en que la Suprema Corte no pueda cambiar de criterio. Nada más errado. No obstante, lo que preocupa es que se cambie tan esporádica y radicalmente de posturas, ignorando muchos de sus precedentes y provocando una absoluta indeterminación respecto a las resoluciones en juego.

Que todo cambie para que todo siga igual. El gatopardismo nunca pasa de moda, parecería que en casos recientes la SCJN ha asumido de forma vehemente su rol como actor político, antes que como garante y generador de certeza jurídica y congruencia institucionales por medio de sus decisiones.

Cuando a mediados del siglo pasado los realistas norteamericanos entendían al derecho como un conjunto de predicciones respecto al trabajo de los jueces, promoviendo entre los abogados una especie de actividad profética, no imaginaron los niveles de volubilidad e indefinición que alcanzarían las labores jurisdiccionales hoy en día.

En ese sentido, el acceso a la justicia, la popularmente afamada #JusticiaAbierta, no solo radica en escribir sentencias cortas y evitar el uso de lenguaje rimbombante, estrafalario y dominguero, tampoco en transparentar y fomentar la interacción de nuestros juzgadores en redes sociales, mucho menos en televisar o transmitir por Internet sus deliberaciones. El aspecto sustantivo de una verdadera posibilidad de alcanzar la justiciablidad efectiva de los derechos conlleva una gran responsabilidad en cada decisión, implicando una coherencia dialógica entre sus titulares y provocando un andamiaje institucional sólido que resista no solo el mínimo examen de estabilidad sino también contextos y escenarios distintos. La discusión implica reflexión y la toma de decisiones una sólida fundamentación. Para nada se propone una apología de la tradición, simplemente se pretende fomentar la construcción de puentes que permitan visualizar un destino cierto.

De ahí entonces que resulta llamativo que, a pesar del gran interés en el tema, el proyecto de Pardo nunca se divulgó, ni se ventiló de forma pública hasta el momento de su discusión en sede jurisdiccional. De hecho, extrañamente, fue gracias a un conocido medio de información nacional en donde desde hace dos días se adelantaron algunas de las líneas argumentativas del sentido en el que serían proyectados los preceptos impugnados.

Si bien es posible criticar las reformas en cuestión por aducir un beneficio exclusivo a los partidos políticos más aventajados, desnivelando así la competencia entre todos los demás participantes, lo cierto es que #SinVotoNoHayDinero no es otra efímera reforma de índole electorera. Es una iniciativa que se ha convertido en un movimiento nacional, que viene a capitalizar el hartazgo social hacia los partidos políticos en México. Hacia esos entes descarados carentes de toda legitimidad que, precisamente, en días recientes abrazaron con gusto la noticia de que recibirán un presupuesto histórico de 6.7 mil millones de pesos para su financiamiento de cara a las elecciones de 2018.

Durante siglos, el derecho se ha enfrascado en una álgida batalla por separar la moral de sus aposentos. Tal vez, ya va siendo tiempo de dejar atrás dicha discusión y analizar las intrincadas relaciones entre esta disciplina y la política.

Estudiar el fallo de forma aislada, en definitiva, puede resultar útil exclusivamente en términos jurídicos. Sin embargo, bajo una visión integral y sobre todo en retrospectiva con otras decisiones, la magnitud del precedente que ayer se erigió devela al máximo tribunal del país como un actor político activo dentro del panorama nacional. Actor, por tanto, que debe asumir sus responsabilidades, dejando de confundir y aparentar criterios políticos con jurídicos.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 A pesar de abordarse otros importantes temas como el de paridad horizontal, en cuanto al estudio de fondo, que se desarrolla a partir del considerando séptimo del proyecto del ministro Pardo, el presente análisis se centrará en el numeral octavo relativo específicamente al financiamiento público de los partidos políticos nacionales.