Después de la lectura del libro “La lucha contra la tortura en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y excusas contemporáneas para justificar la tortura”, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2017), siento no sólo entusiasmo por compartirlo con ustedes, sino también la obligación moral de hacerlo. Un libro, diría yo, indispensable para la discusión actual sobre la tortura y urgente en el contexto de nuestro país.

En el libro, Esther Pino Gamero efectúa una amplia investigación sobre una de las más graves violaciones de los derechos humanos, cuya prohibición ha quedado reflejada en un sinfín de convenciones internacionales de derechos humanos de carácter tanto internacional como regional. Ello no ha impedido que la tortura aún constituya una práctica común y sistemática en muchos países y, en otros, se sigan practicando torturas y malos tratos de manera más o menos velada y consentida por los Estados con independencia de sus ideologías, sistemas políticos y económicos. Como pone de manifiesto la autora, la tortura sigue siendo un instrumento de la política de seguridad de los gobiernos para reprimir a los disidentes políticos o para luchar contra el terrorismo, para obtener información o una confesión, para castigar, para intimidar o con otros fines.

La autora comienza el citado trabajo situándonos en el lugar de las víctimas de torturas en diferentes momentos históricos y lugares geográficos. A través de sus sobrecogedores testimonios entendemos la destrucción y negación de la persona y, por ende, de la dignidad humana, que conlleva la tortura. Este arranque es en sí mismo una declaración de intenciones de la autora de, en sus palabras, “ofrecer a las personas que han sido torturadas el protagonismo que se merecen en la lucha contra la tortura”.

A continuación, en el capítulo segundo analiza cómo se ha plasmado la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los instrumentos internacionales. Allí la autora profundiza en la condición de norma de ius cogens conforme al derecho internacional consuetudinario que la doctrina le reconoce desde hace décadas, lo que determina su carácter fundamental e imperativo y conlleva la obligación de todos los Estados de impedirla, abolirla y no respaldar, adoptar o reconocer actitudes que vulneren su prohibición.

En el tercer capítulo, a partir del estudio de estos instrumentos y de la jurisprudencia de los órganos de control de Naciones Unidas y de los diferentes sistemas regionales de protección de los derechos humanos, Pino analiza el concepto de “tortura” y de “tratos o penas inhumanos y/o degradantes”. La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975), la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) arrojan un consenso mínimo exigible a todos los Estados sobre la noción de tortura y “otros tratos”, según el cual la configuración normativa de la tortura requiere la concurrencia de un elemento material, la titularidad del sujeto activo, un elemento teleológico o de finalidad de la conducta, y un elemento de intencionalidad. Sin embargo, no hay en los textos internacionales un criterio único para la delimitación entre la “tortura” y los “tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes”, ni una unidad interpretativa entre los diferentes órganos de control. No obstante, ha de reseñarse que, de los tres instrumentos internacionales citados, la  Convención Interamericana es la que contempla un ámbito de protección mayor en todos los elementos constitutivos del concepto de tortura y tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han demostrado una mayor flexibilidad a la hora de adoptar una definición más extensiva de la tortura y de la responsabilidad estatal. En todo caso, ha de celebrarse que la jurisprudencia internacional y regional refleje el avance y desarrollo de los estándares internacionales a medida que avanza la cultura de los derechos humanos y que los diferentes órganos se inspiren mutuamente, enriqueciendo y dotando de cada vez mayor coherencia al derecho internacional de los derechos humanos

Tras este análisis, en el capítulo cuarto, Pino estudia la amplia variedad de mecanismos que el derecho internacional y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos han empleado para erradicar la tortura, con mandatos, ámbitos geográficos y competencias diferenciadas, profundizando en la forma en que cada uno ejerce el control de la prohibición de la tortura, su capacidad para inducir cambios en la actuación de los Estados y sus resultados. La autora muestra cómo  los instrumentos tradicionales de carácter universal en materia de derechos humanos han demostrado su eficacia para cierto tipo de violaciones –con una actuación fundamentalmente reactiva- y sus limitaciones para otro tipo de violaciones, a lo que se añade la disparidad de los procedimientos de control existentes y el carácter facultativo de la mayor parte de ellos.

El libro dedica el último capítulo a examinar cómo la tortura pasó de ser una práctica clandestina en países democráticos a ser defendida públicamente por juristas, filósofos, políticos e intelectuales, amenazando los valores y garantías fundamentales del Estado de derecho. Asimismo efectúa un análisis crítico de la discusión que ha tenido lugar en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI en torno a la legitimidad jurídica y moral del uso de la tortura en situaciones excepcionales y a los intentos de debilitar o reinterpretar la prohibición absoluta de la tortura. Es interesante al respecto reflexionar sobre nuestro país, que si bien cuenta con un poderoso arsenal jurídico para hacer frente a este flagelo, en sintonía con un rotundo compromiso constitucional con los derechos humanos, aún convive cotidianamente con altos índices de tortura. Quizá una muestra de esta “tolerancia” velada sea el corroborar como lo anterior convive con un discurso de tolerancia cero hacia la delincuencia organizada y medidas punitivas de excepción que en su nombre se han llevado adelante.

El libro finaliza con un apartado de conclusiones y dos útiles anexos con los instrumentos de derechos humanos que prohíben la tortura y los mecanismos internacionales de control de la prohibición de la tortura. En palabras de Esther Pino Gamero: “…hoy podemos estar más cerca que nunca de acercarnos a la erradicación de la tortura o, por el contrario, de distanciarnos de los logros obtenidos con la democratización de muchos Estados y la protección jurídica frente a la tortura establecida a nivel internacional, regional y nacional”. Como decía al inicio, ser conscientes de esto en nuestro contexto particular es urgente. Por ello,  libros como el comentado aquí deben aplaudirse, por la rigurosidad de la investigación, por la invitación al debate, por la crítica abierta y por ser un llamado a alzar la voz contra la persistencia de la tortura en nuestras sociedades.

Micaela Alterio. Profesora e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM.