El derecho a la vivienda es, en gran medida, la base de los principales símbolos y de las más graves consecuencias de la desigualdad. No es casualidad que en distintas obras de ciencia ficción sobre sociedades en decadencia se le ha dado importancia a detallar quiénes son las personas que poseen vivienda, de qué tipo y dónde se localizan en el plano urbano: La máquina del tiempo (1895) de H.G. Wells, Metrópolis (1927) de Fritz Lang, 1984 (1948) de George Orwell, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) de Philip K Dick y Elysium (2013) de Neill Blomkamp, entre otras.

Contrario a lo que podemos creer, el peligro de que las ciudades de América Latina se conviertan en urbes cyberpunk es cada día más real. Fenómenos como los asentamientos urbanos informales, las viviendas de hacinamiento, la gentrificación, la acumulación por desposesión, los mercados inmobiliarios basados en la especulación, la segregación por estratos socioeconómicos, entre otros, forman parte de la ignorada pero aguda crisis. Esto no es una consecuencia azarosa o inminente del crecimiento urbano; más bien, es causa y efecto de la crisis de derechos que caracterizan a nuestros países.

En el caso de México, el sistema jurídico pareciera no dar opción para que el derecho a la vivienda sea por fin tomado en serio. Pongamos, por ejemplo, el tema central de este artículo: los alcances que le ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con sus indudables excepciones, las sentencias sobre vivienda digna que ha emitido nuestro máximo tribunal se caracterizan por constantes disonancias entre el discurso heredado por la reforma constitucional del 2011 y el grado de protección reconocido para el caso concreto.

Recordemos, por ejemplo, la sentencia del Caso Bahía de Banderas1. En aquella ocasión, la Primera Sala de la SCJN realizó un extenso e interesante análisis del derecho a la vivienda en el marco constitucional e internacional. Si bien de ese fallo se desprenden criterios muy importantes,2 gran parte del análisis se vio auto-saboteado con un argumento circular bastante peligroso. A criterio de la Primera Sala, el núcleo esencial del derecho a la vivienda –y las obligaciones estatales que de él se desprenden- estaría determinado por las normas creadas por el mismo Estado.

Atendiendo a lo anterior, ese estándar mínimo con el que debe cumplir la vivienda, por regla general estará establecido en la normatividad emitida por el Estado, de manera que solo la vivienda que cumpla con la normatividad aplicable podrá considerarse adecuada.3

Este criterio otorga un cheque en blanco para restringir un derecho reconocido a nivel internacional en virtud del derecho interno. Lo anterior no solo es incorrecto conforme al derecho internacional de los tratados, sino que constituye un despropósito en la protección de derechos. Basta pensar en las consecuencias que ese criterio podría tener en casos, por ejemplo, en los que se busca combatir por vía de amparo es precisamente una reglamentación en materia de vivienda. Este argumento circular fue advertido y criticado por el ministro José Ramón Cossío en el voto particular que emitió para dicha sentencia.4

Posteriormente, en el Caso Leonarda Cayetano,5 la Primera Sala consideró que la afectación producida por una decisión jurisdiccional que resuelve sobre la propiedad y la posesión de una casa no implica una vulneración al derecho a la vivienda.6 Si bien el criterio pudiera ser razonable a prima facie bajo ciertos presupuestos,7 no resulta así el análisis del núcleo esencial del derecho a la vivienda que se realiza en el fallo.

En aquella ocasión, la Primera Sala concluyó que no hubo violación al derecho a la vivienda por dos argumentos centrales: i) que la pérdida de la casa fue el resultado de un juicio civil, lo que afectaría la propiedad pero no la vivienda al tratarse de derechos distintos;8 ii) que la pérdida de la propiedad del inmueble fue producto de “un procedimiento en el cual fue oída y vencida, teniendo la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar al respecto”.9 Casi al cierre, la Primera Sala señala que el juicio civil por el cual se perdió la casa otorgó

…seguridad jurídica sobre la posesión del bien inmueble, incluido el destinado a la vivienda. Como ya se dijo, se está protegiendo la propiedad privada al mismo tiempo que el interés público, al procurar el respeto de los derechos reales de terceros.10
[Énfasis añadido]

Si bien no se trata de un criterio determinante y algunas líneas dejarían espacio para futuras correcciones, no deja de ser un análisis preocupante. Lo es por al menos tres razones: i) demuestra una falta de voluntad judicial por esclarecer las diferencias y relaciones entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad; ii) en su lugar, juega –ingenuamente, en el mejor de los casos- con la idea de que pueden aislarse los efectos de la pérdida de propiedad de una casa del ejercicio del derecho a la vivienda y; por último, iii) erróneamente sugiere que las únicas obligaciones derivadas del derecho a la vivienda en el marco de un juicio, son meramente de legalidad del proceso (en este caso, la formalidad de garantía de audiencia).

Preocupa que siga rondando por las salas de la SCJN el fantasma de las garantías individuales. Aquél que pregonó por décadas la idea de que los únicos derechos justiciables eran aquellos que pudiesen encajar en el modelo restringido y liberal del derecho a la propiedad. Si bien el bloque de constitucionalidad ha subido el nivel de discusión e incluido el análisis del derecho internacional para resolver los casos, el resultado sigue atendiendo a ciertas lógicas previas a la reforma del 2011.

Aún estamos lejos de sentencias hito en materia de derecho a la vivienda (y de derechos económicos, sociales y culturales en general). Le seguimos teniendo miedo. Hace falta una homologa mexicana a Republic of South Africa and Others v Grootboomde la Corte Constitucional de Sudáfrica o de la T-025 de la Corte Constitucional de Colombia. En efecto, quizá aún no ha llegado el Caso (así, en mayúsculas) con las condiciones fácticas, jurídicas y sociales para emitir un fallo hito en el tema. Sin embargo, la realidad de nuestro país nos exige jurisprudencia con más dientes. No tardarán en tocar las puertas de la SCJN casos que expongan los distintos problemas que enfrenta México en materia de derecho a la vivienda: desplazamientos forzados internos, asentamientos informales, responsabilidad de autoridades y empresas constructoras –como ha salido a flote a raíz de los sismos de septiembre y el reciente desplome de un edificio en Monterrey-, progresividad y no regresividad en el Infonavit, entre otros.

Los últimos precedentes de la SCJN no dan mucho aliento. Recientemente, en el Caso Ciudad de las Artes,11 se realizaron valoraciones bastante cuestionables acerca de las medidas regresivas en materia de derechos económicos, sociales y culturales –en el caso concreto, sobre el derecho a la cultura- que confirman esa preocupación. La posibilidad de cambio en la trayectoria dependerá en gran medida de nuestra capacidad de posicionar el tema en la agenda, de generar debate público alrededor de él y en la constancia en exigir estándares más amplios.

A pesar de los altos niveles de desigualdad en América Latina, en nuestros países se sigue apostando por ver la vivienda únicamente como un objeto de mercado para la acumulación y la especulación. El diseño urbano ha pasado de ser objeto de las políticas públicas a una despreocupada consecuencia del vaivén de la oferta y la demanda. El acceso a servicios básicos y a los espacios públicos se ha ido reservando a determinadas áreas urbanas. Todo ello abonando a la preocupante tendencia que busca reemplazar al “ciudadano”12 por el consumidor.

El estado del reconocimiento del derecho a la vivienda en un país es un síntoma clave de su compromiso contra la desigualdad. En México, la jurisprudencia es uno de los escenarios simbólicos, jurídicos, comunicacionales y políticos en los que queda aún mucho por hacer.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Consultor y litigante en materia de derechos humanos.


1 SCJN. Primera Sala. Sentencia de Amparo directo en revisión 3516/2013 del 22 de enero de 2014, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

2 En este mismo espacio ya me he referido a algunos de los efectos positivos de dicha sentencia. Véase: “Los sismos y el derecho a la vivienda en México”, El Juego de la Corte, Nexos, 28 de septiembre de 2017. Disponible en el enlace: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=6937

3 SCJN. Primera Sala. Sentencia de Amparo directo en revisión 3516/2013 del 22 de enero de 2014, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, pág. 46.

4 Véase: José Ramón Cossío Díaz, Voto particular en Sentencia de Amparo directo en revisión 3516/2013 del 22 de enero de 2014, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disponible en formato digital a través del enlace: http://bit.ly/2jls54n

5 SCJN. Primera Sala. Sentencia de Amparo directo en revisión 5456/2014 del 9 de septiembre de 2015, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

6 Precisamente la única tesis aislada rescatada de esa sentencia y publicada en el Semanario Judicial de la Federación hace referencia a ello. Véase: DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. LA AFECTACIÓN PRODUCIDA POR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL QUE RESUELVE SOBRE LA PROPIEDAD Y LA POSESIÓN NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESE DERECHO. Registro No. 2 010 962; Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 27, Febrero de 2016; Tomo I; Pág. 670. 1a. XXXV/2016 (10a.). Disponible en formato digital a través del enlace: http://bit.ly/2iNk2OA

7 A criterio del autor, en todo caso debería aclararse que se trata de una restricción proporcional en los casos en los que la pérdida de la vivienda deviene, entre otros: i) de un juicio en el que ha sido desarrollado en todas sus etapas y formalidades conforme a la ley; ii) a partir de una sentencia debidamente fundada y motivada que tenga en cuenta la proporcionalidad de la medida; iii) de un proceso de desalojo conforme a los estándares establecidos por instancias como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; y iv) atendiendo las necesidades específicas cuando la persona que pierde la casa en la que habita es menor de edad, adulto mayor o de cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad.

8 SCJN. Primera Sala. Sentencia de Amparo directo en revisión 5456/2014 del 9 de septiembre de 2015, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, pág. 32.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 SCJN. Primera Sala. Sentencia de Amparo en revisión 566/2015 del 15 de febrero de 2017, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pág. 34.

12 O, más bien, a la persona humana en general.