El 18 de junio del 2008 fue publicada la reforma constitucional en materia penal, la cual ha desembocado mares de críticas y de elogios. Durante el proceso de implementación, algunos capacitadores replicaban utópicamente que, a través del principio de publicidad, el proceso penal era la materialización plena de la transparencia y el acceso a la información pública. La consigna que ciertos políticos replicaban era que ¡la justicia por fin está al alcance del ciudadano común! Los mismos políticos que ahora desacreditan al sistema desde la trinchera del populismo criminal.

Durante los últimos años, esta materia ha tenido una evolución impresionante que hoy en día se traduce en un sistema nacional que distribuye competencias entre un organismo garante a nivel nacional (conoce de recursos y procedimientos seguidos en contra de sujetos obligados federales), así como de treinta y dos órganos garantes en las entidades federativas. En tal sentido, un elemento importante de esta materia es la obligación hacia los distintos órdenes de gobierno, poderes y organismos para hacer pública determinada información fundamental. En el caso del Poder Judicial se traduce, por lo menos, en cuestiones geográficas, estadísticas, orgánicas, recursos humanos y, lo más importante, publicidad de las resoluciones que emite.

Ante estas obligaciones, si se evalúa al sistema penal acusatorio, por lo menos en los principales órganos jurisdiccionales, se podría parafrasear un dicho popular de la siguiente forma: el sistema penal acusatorio en México es candil en la “publicidad” de sus audiencias y oscuridad en la “transparencia” de sus resoluciones. Esto se deriva del incumplimiento que están teniendo los Juzgados de Control y Oralidad a lo largo del país. Dichas obligaciones se encuentran descritas en el artículo 6, apartado A de la Constitución federal, así como las respectivas disposiciones reglamentarias en materia de transparencia. Cabe aclarar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece principios, directrices, distribución de competencias y aspectos generales que deben tener las respectivas leyes locales y la del orden federal. Esto con el fin de que exista armonía entre los tipos de actos e información que debe ser pública como obligación general, sin mediar solicitud de parte.

En lo concerniente al poder judicial existen distintas obligaciones que van desde cuestiones orgánicas, técnicas y estadísticas. En este texto vamos a analizar dos obligaciones muy puntuales. La primera se ubica en el artículo 70, fracción XXVI de la LGTAIP, y se refiere a la publicación de las resoluciones y los laudos que se emitan en procesos o en procedimientos seguidos en forma de juicio; la segunda, por su parte, se localiza en el artículo 73, fracción II de la misma norma, la cual obliga a tener visibles las versiones públicas de las sentencias de interés público. De esta manera, las dos resoluciones que pudiesen entrar bajo dichas hipótesis normativas del proceso penal acusatorio serian que las sentencias dictadas en un procedimiento abreviado y las dictadas en la etapa de juicio oral.

Al hacer una revisión exhaustiva de los medios electrónicos oficiales a los que hace referencia el artículo 70 de la LGTAIP, con respecto a las principales ordenes, se advierte que al menos en materia penal existe plena opacidad de los órganos jurisdiccionales y reticencia para cumplir cabalmente con las disposiciones en la materia; lo anterior se detalla con los siguientes casos:

Orden federal: La administración depende del Consejo de la Judicatura Federal, la cual cuenta con centros de justicia penal federal en las entidades federativas y, además, cuenta con diversas páginas oficiales donde —en el resto de las materias— se puede consultar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.

En su página oficial1 tienen la leyenda transparencia en donde al acceder se puede advertir que en el apartado de la información vinculada a la función jurisdiccional sólo pretende cumplir con la relativa a las sentencias públicas relevantes. Por un lado, las sentencias publicadas en los cinco estados consultados (Chihuahua, ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) son del 2016 hacia atrás y no existe ninguna conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, dicha página Web omite cumplir con la primera de las obligaciones citadas, es decir, las resoluciones en general. Asimismo, al consultarse la dirección general de estadística judicial,2 ésta también cuenta con un apartado de sentencias de versión pública en la que en ninguno de los treinta y dos circuitos aparece la opción de consultar sentencias de los centros de justicia penal federal.

Chihuahua: En el caso de esta entidad —un estado que resalta por sus excelentes resultados en estudios realizados para evaluar la implementación y operación del proceso penal acusatorio—3 sólo el Tribunal Superior de Justicia cuenta con una página Web,4 la cual no cumple con las obligaciones respectivas en la materia. Se afirma lo anterior porque la página menciona una leyenda relativa a que no se ha dictado ninguna sentencia –siendo absurdo que en ninguna materia se hubiesen dictado resoluciones de esa índole– y en resoluciones que hayan causado ejecutoria sólo genera información parcial de segunda instancia.

Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia de ciudad de México cuenta en su página Web5 con una estructura de la información con base en los artículos que norman sus obligaciones a nivel local. En tal sentido, la Ley de Transparencia de ciudad de México establece las obligaciones en los numerales 121, fracción XXXIX y 126, apartado I, fracciones VII y XV. No obstante, únicamente cumple con la publicación de versiones públicas de las sentencias de interés público, lo que realiza a través de la revista Anales de Jurisprudencia. De tal manera que también incumple con la publicación de sentencias en general que hayan causado estado, de acuerdo con el artículo 126, apartado I, fracción VII de la normativa en mención.

Jalisco. El Consejo de la Judicatura del estado es el que cuenta dentro de su página oficial con una sección dedicada al apartado de transparencia,6 en la cual destaca una estructura similar a la generalmente utilizada y en la que el interesado debe remitirse al apartado relativo al artículo 11, fracción X, de la Ley de Transparencia local que obliga a publicar sentencias definitivas y que hayan causado estado de, cuando menos, los últimos diez años.

Lo particular de esta entidad es que recientemente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Jalisco (ITEI) resolvió el recurso de transparencia 079/2017. En el cual un particular denunció el incumplimiento a mencionada obligación en el Juzgado de Control y Oralidad con residencia en Puente Grande, así como el que se ubica en el Centro de Justicia para la Mujer del Estado de Jalisco.7 En la resolución, los comisionados del ITEI reconocen que fue durante la tramitación del recurso cuando el Consejo de la Judicatura del estado cumplió con dicha obligación; puesto que, previo a ella, se acreditó el incumplimiento o la ausencia de la información en los medios electrónicos. Sin embargo, si en la página se revisan los juzgados de control ubicados fuera del distrito principal, ninguno de ellos cumple con la obligación en mención.

Nuevo León. En esta entidad, en lo concerniente al poder judicial, ha innovado tecnológicamente durante los últimos años, lo cual no se traduce en que cumpla cabalmente con las obligaciones relativas a la publicidad de las sentencias. En tal sentido, existe una página Web para el poder judicial del estado de Nuevo León, la cual concentra información del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior.8

En la interfaz de la página principal dirige a una sección que titula sentencias públicas; no obstante, en el apartado de sentencias penales solo tiene publicadas 12, cuando de acuerdo a sus propias estadísticas en lo que va del año se han dictado más de 500.9 Además, en lo relativo a las sentencias de interés público sólo existe publicada una en materia penal.

Ante este escenario, es obligado preguntarnos como sociedad si podemos presumir que el proceso penal establecido en el artículo 20 de la Constitución federal y tildado de transparente cumple en efecto con el principio de máxima publicidad establecido por el artículo 6º de nuestra norma constitucional.10

Un aspecto por demás relevante, aunque ignorado, es lo relativo a la coincidencia entre el proceso legislativo que dio vida al Código Nacional de Procedimientos Penales y la efervescencia que generó el documental Presunto Culpable. En ese contexto, diversos medios de comunicación y ciertos legisladores acusaron que la prohibición de grabar las audiencias por cualquier medio electrónico era una especie de claúsula presunto culpable.11 En este sentido, si, lamentablemente, como país prohibimos que los medios de comunicación pudieran grabar lo que acontece dentro de la sala (para aquellos que no pueden acudir de forma presencial a la audiencia), lo menos que deben hacer los órganos jurisdiccionales es cumplir con las obligaciones de transparencia y darle publicidad a las resoluciones que dictan, en especial a sus sentencias. Lo contrario, aleja a la instituciones impartidoras de justica de la sociedad y, peor aún, le dan sustento a las críticas que se esgrimen respecto la funcionalidad del sistema. Urge legitimar en el ejercicio diario al nuevo sistema penal.

Joseph Irwing Olid Aranda. Abogado por la Universidad de Guadalajara y Profesor Adjunto en la misma Institución. Coautor de los libros Juicio de Amparo. Introducción a la Justicia Constitucional y Código Penal para el Estado de Jalisco y sus Salidas Alternas en el Sistema Acusatorio Adversarial.


1 http://bit.ly/2DSqe0x

2 http://bit.ly/2C7g5MT

3 En Estadísticas judiciales en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo ubica en nivel alto y óptimo en todos los indicadores que evalúa; por su parte, el informe Hallazgos 2016, Seguimiento y Evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. lo destacó en diversos indicadores, ubicándolo en segundo lugar en el ranking del avance en la consolidación.

4 http://bit.ly/2pBI30Z

5 http://bit.ly/2zx48NI

6 http://bit.ly/2C9LIYI

7 Al hacer una revisión en la propia página del ITEI, hasta el 12 de diciembre del 2017 no había hecho pública dicha resolución dictada el 06 de diciembre del presente año, ni tampoco ha hecho pública la versión estenográfica de la sesión de pleno de dicho día.

8 http://bit.ly/2BEdx80

9 Datos obtenidos del apartado de Estadística, revisando los tres informes trimestrales publicados del año 2017. Cfr. http://bit.ly/2BT9nx7

10 Está contenido en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y sobre éste, han recaído algunos criterios relevantes como el señalado en la tesis I.4o.A.40 (10a.), cuyo rubro señala: ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

11 Entre diversas notas, destaca: http://bit.ly/2l2HyIi