En 2002, Daniel García y Reyes Alpízar fueron consignados por su presunta participación en un delito que su defensa insiste, no cometieron. Con las reglas procesales de entonces y dada la calificación del delito como grave, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Más de 15 años después, siguen sujetos a un proceso judicial del sistema tradicional. En próximos días, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz resolverá un incidente que puede cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar para continuar su proceso en libertad.

La campaña #PenaSinCulpa busca evidenciar las problemáticas de la prisión preventiva oficiosa, la falta de garantía efectiva de la presunción de inocencia, los tiempos excesivos de resolución de recursos judiciales para personas privadas de la libertad y el uso del litigio frente a condiciones que vulneran los derechos humanos. Además, en agosto de 2017, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU recomendó al Estado mexicano disponer la libertad inmediata de Daniel y Reyes.

Los más de 15 años de proceso en primera instancia tienen origen en el obstáculo sistemático a sus derechos procesales, la falta de exclusión de pruebas ilícitas, incluso obtenidas bajo tortura, la falta de continuidad de las audiencias y la excesiva demora en la resolución de recursos judiciales. La subsistencia de la prisión preventiva es imputable a las autoridades. Entre otras, destacan casi 5 años entre el auto de formal prisión y su revisión judicial en apelación y amparo indirecto, 8 años entre la petición reiterada de acceder a la averiguación previa –incluido un juicio de amparo– y a partir de ella, tener oportunidad de ofrecer pruebas, más de 50 ocasiones que uno de los procesados no ha sido presentado a audiencias, u 8 meses –requiriendo otro juicio de amparo– que demoró la remisión de un recurso del Juzgado a la Sala Penal cuando el plazo legal es de 3 días. Esta es la ruta de defensa que ha seguido su caso.

Primer recurso nacional

En junio de 2016, presentaron un incidente no especificado solicitando el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva. A partir de un fundamento exclusivamente convencional se argumentó que la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la jurisprudencia internacional, tutelan el derecho a ser procesado en un plazo razonable o ser puesto el libertad, la revisión judicial periódica y de oficio de medidas restrictivas de la libertad, que la prisión preventiva no constituyan pena anticipada, y el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato, así como violaciones al principio de progresividad en relación al desarrollo de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.1

En agosto de 2016, el Juzgado denegó la petición. Argumentó que la prisión preventiva es una medida oficiosa para delitos graves que constituía una restricción constitucional. En diciembre de 2017, el Primer Tribunal de Alzada de Tlalnepantla resolvió la apelación. En una resolución relevante por su perspectiva de derechos humanos, estableció que no existe una restricción constitucional al derecho a ser juzgado en un plazo razonable en relación con la presunción de inocencia. Destacó la obligación convencional de revisar periódicamente las medidas que impliquen afectación a la libertad. Además, retomó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la revisión de medidas cautelares del sistema tradicional bajo las reglas del sistema acusatorio (contradicción de tesis 64/2017), desarrollada durante el trámite de la apelación, y los precedentes de la Corte Interamericana invocados por Daniel y Reyes. Finalmente, tomó nota de la resolución del Grupo de Detenciones Arbitrarias y la obligación de “observar los pronunciamientos internacionales […] cuando involucren cuestiones en el ámbito nacional”.2

El Tribunal ordenó al Juzgado revisar la medida cautelar bajo la jurisprudencia interamericana, que recabe pruebas y la valore a la luz de las circunstancias actuales y no de las que existieron al momento de su imposición, analice si la medida satisface criterios de razonabilidad e idoneidad para “determinar si la prisión preventiva sigue siendo legítima” en relación al plazo, y en caso contrario “deberá ordenar la libertad de los procesados sin perjuicio de que pueda imponerles otra medida cautelar”.3 La audiencia se desarrollará esta semana y representa una oportunidad valiosa para cumplir con la sentencia y con la resolución internacional.

Segundo recurso nacional

Un segundo incidente se promovió a partir de la Miscelánea Penal que introdujo en una disposición transitoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de la revisión y cambio de la prisión preventiva impuesta en el sistema penal tradicional bajo las reglas del sistema acusatorio. La petición fue desechada de plano a pesar de la fuerza legal de la disposición procesal y de criterios aislados de Tribunales Colegiados que sostenían su constitucionalidad.

La defensa de Daniel y Reyes promovió un juicio de amparo. El Juzgado Cuarto de Distrito de Tlalnepantla falló a su favor.4 En el trascurso del juicio, la Suprema Corte estableció (CT 64/2017) que la revisión de medidas cautelares no es contraria a la reforma constitucional de 2008, que involucra cuestiones sustantivas y no solo procesales y representa una facultad extraordinaria para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios del sistema acusatorio al revisar la prisión preventiva.5

Sin embargo, la sentencia de amparo tuvo efectos limitados. Aunque retomó la doctrina constitucional reciente sobre prisión preventiva y su revisión y ordenó analizar la solicitud de su revisión, lo hizo bajo las reglas procesales del sistema escrito, sin inmediación ni debate de las partes. Ante ello, se interpuso un recurso de revisión que, tras cuatro meses, sigue pendiente de resolución por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Toluca.6

El recurso internacional

Ante la falta de respuesta rápida y efectiva de los recursos judiciales, Daniel y Reyes acudieron al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, un mecanismo especial del sistema universal de protección de los derechos humanos.7 En la Opinión 66/2017, consideró que su detención tiene un carácter arbitrario porque fueron detenidos sin orden judicial y arraigados sin que existieran pruebas en su contra y que los señalamientos públicos en su contra afectaron la presunción de inocencia. Destacó la falta de investigación sobre la tortura y la falta de tutela judicial durante varios años, a pesar de la existencia de prueba oficial que la acredita en la causa penal. Por ello, recomendó al Estado mexicano disponga su libertad inmediata.

Este caso es ilustrativo del uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, que se impone sin valoración judicial y sin debate entre las partes, incluso en el sistema acusatorio, relevando al ministerio público de acreditar, en cada caso, su necesidad. También de la ausencia de revisión periódica y de oficio de las medidas cautelares restrictivas de la libertad personal. La resolución positiva del caso ayudaría a equilibrar los derechos de víctimas y personas imputadas, retomar el carácter excepcional de la prisión preventiva para evitar que, como sucede actualmente en México, 5 de cada 10 personas se encuentren en prisión sin sentencia y fortalecer el sistema penal bajo un paradigma democrático y de derecho.8 Ni un día más.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Twitter: @hele_simon


1 Los procedentes invocados bajo el principio pro persona, la contradicción de tesis 293/2012, y el efecto de la res interpretata de la Corte Interamericana fueron los casos Bayarri vs. Argentina, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Tibi vs. Ecuador, Acosta Calderón vs. Ecuador, “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Suárez Rosero vs. Ecuador, Ricardo Canese vs. Paraguay e Yvon Neptune vs. Haití.

2 Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, acuerdo de 27 de octubre de 2017.

3 Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla Toca de apelación 160/2017, sentencia de 12 de diciembre de 2017, p. 27. El Tribunal reitera que el análisis de la medida debe realizarse conforme al test desarrollado por la Corte Interamericana y valorar la razonabilidad del plazo en función de a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal de los interesados, c) la conducta de las autoridades judiciales.

4 Juzgado Cuarto de Distrito del Segundo Circuito con sede en Tlalnepantla, amparo indirecto 878/2017-V.

5 La Primera Sala emitió la tesis 1a./J. 74/2017 (10a.) PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.

6  Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, amparo en revisión 312/2017.

7 El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42 y se compone por cinco expertos independientes internacionales. Tiene por objetivo investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los instrumentos internacionales. Su mandato fue ampliado por la resolución 1997/50 de la actual Comisión de Derechos Humanos.

8 Información del Estado mexicano proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocía que en 2015 el 55% de las personas en reclusión se encontraban sin sentencia. Comisión IDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.163 Doc. 105, 217, nota 11.