Imagine usted, lectora, que tras revisar su vagina y preguntarle a usted y a su esposo sobre el modo en que desarrollan su vida, su ginecólogo desaprobara sus actividades profesionales para “prescribirle” que usted como mujer debería quedarse a cuidar de la casa y no pasarse todo el día trabajando en una oficina como lo hace. Que agregara que en una casa “no puede haber dos cabezas, siempre debe haber una y esa es la del hombre, el proveedor”. Y rematara con la conclusión de que las personas homosexuales deberían ser vomitadas. Si además de tener que padecer a un doctor machista como éste, usted tuviera el infortunio de que su pareja también lo fuera, seguramente una “opinión médica” de ese tipo validaría a los ojos de su pareja todos sus prejuicios, estereotipos de género y posturas discriminatorias.

Lo anterior no fue para nosotros una mera hipótesis, sino una perturbadora experiencia. Aunque le pedimos que se abstuviera de seguir emitiendo semejantes “consejos”, nuestro ginecólogo insistió en hacer gala de su misoginia y homofobia. Al salir del consultorio, no pudimos evitar una mezcla de rabia y frustración.

Decidimos, un día después, que como abogados deberíamos tratar de utilizar la vía institucional a fin de tratar de concientizar a este médico sobre su quehacer, pues su conducta discriminatoria es lesiva de derechos humanos. La primera cuestión, en este sentido, consistió en dilucidar qué camino seguir. ¿Una denuncia ante la fiscalía? Tanto a nivel federal como estatal la discriminación está considerada como un delito. Sin embargo, pensar en (i) tener que lidiar con fiscales que ni siquiera pueden combatir debidamente feminicidios y en (ii) exponer al médico y a nosotros al suplicio que conlleva un proceso penal parecía algo demasiado tortuoso y desproporcional para ambas partes.

¿Qué tal, entonces, un proceso ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? Pensamos que valdría la pena explorar esta opción; pero, aunque preparamos el escrito de queja, para iniciar el procedimiento era forzoso la presencia de la paciente ante dicha institución, lo que implicaba dedicar toda una mañana laboral a dicho propósito. De tal manera que esta exigencia resultó ser un obstáculo insalvable con relación a las propias actividades profesionales. Por si lo anterior no fuese suficiente, por vía telefónica nos informaron que el tipo de caso planteado “no procedía”.

¿Acudir a CONAPRED? Buscando información advertimos que, en Morelos, entidad en donde residimos, había sido creada recientemente una “unidad administrativa” perteneciente a la Secretaría de Gobierno que se encargaba de atender todo tipo de quejas relacionadas con casos de discriminación —una especie de CONAPRED local. Optamos por explorar esta opción.

Así fue como presentamos la queja SG/SSAYAS/DADS/003/2016 ante dicha Unidad Administrativa que a pesar de atender casos de toda clase de discriminación se denominaba solo “Dirección de Atención a la Diversidad Sexual”, como si la discriminación solo ocurriera en torno a cuestiones de diversidad sexual. El rótulo en sí de esta dependencia no era un buen presagio.

En su acuerdo del 19 de julio de 2016, el Director de Atención a la Diversidad Sexual determinó desechar “por notoriamente improcedente” la queja interpuesta en contra del actuar del ginecólogo en cuestión. A pesar de que ordenó que el médico tenía que recibir orientación, formación y capacitación en temas de igualdad y no discriminación mediante cursos en línea, la autoridad estimó que “no puede entenderse la conducta denunciada como violencia de género, pues no existe en sí misma una negación de los derechos humanos de la quejosa por el simple hecho de expresar el discurso hostil y ofensivo que se describe”.

Ante tal decisión, interpusimos el recurso de revisión SG/SSAyAS/001/2016 ante la propia Secretaría de Gobierno a fin de impugnar el acuerdo de desechamiento. Mediante la resolución de 28 de diciembre de 2016, la Subsecretaría de Asesoría y Atención Social confirmó el acuerdo de improcedencia estableciendo que “la violencia de género implica la existencia de relaciones de subordinación; es decir, relaciones patriarcales entre mujeres y hombres, las cuales, tienen como resultado el impedir u obstaculizar de diversas maneras el ejercicio de sus derechos”. De acuerdo a esta resolución, al no haber impedido el ginecólogo el ejercicio de ningún derecho, no había conducta que reprochar. Como consecuencia de esto, en la queja se habría confundido “el lenguaje discriminatorio con el fenómeno de la discriminación” pues, “la externalización de un lenguaje discriminatorio no implica la actualización de manifestaciones discriminatorias o de discurso del odio”. Es decir, para la autoridad no logramos “comprender lo que real y efectivamente constituye la discriminación”.

Tras estas dos instancias administrativas, promovimos el juicio TJA/1aS/30/2017 ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. En la correspondiente sentencia, se consideró que sí se había violentado el artículo primero constitucional y la Convención Belem do Pará, de tal manera que este Tribunal declaró ilegal la decisión de la Subsecretaría de Asesoría y Atención Social, ordenando su revocación para que a su vez se ordenara a la “Dirección de Atención a la Diversidad Sexual” dar trámite a la queja presentada en un inicio desde hace año y medio. Así, después de una queja, un recurso de revisión y un juicio de nulidad, la unidad administrativa local responsable del diseño de las políticas públicas de no discriminación del estado de Morelos tendrá que reiniciar el procedimiento administrativo previsto por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la entidad.

Este breve recorrido procesal da cuenta del enrevesado camino institucional que hay que seguir para luchar contra los micromachismos que las mujeres padecen a lo largo de su vida. No sólo hay que batallar contra los agentes discriminadores (que se presentan como médicos, pero también como profesores, jefes, familiares, parejas, desconocidos en la calle, etcétera), sino que además hay que lidiar con el propio Estado que, en lugar de erigirse en un factor de cambio cultural y social, encarna la misma discriminación que legalmente debe combatir. Si nosotros hemos podido seguir la vía administrativa y judicial, prevista por el marco normativo local, es en gran parte a que somos abogados y, por ello, logramos plantear un reclamo por nosotros mismos. Para otras personas, sin embargo, dedicar tiempo y dinero a este tipo de procesos no es una opción. Lo más fácil para la mayor parte de la gente sería cambiar de doctor, tragarse el mal rato y seguir con su vida; otras mujeres, quizá, optarían por seguir los consejos de su doctor y ceder ante las presiones patriarcales de su pareja. Cuando las respuestas institucionales constituyen más un obstáculo que una posibilidad de solución o cambio, lo que debe concluirse es que esas respuestas son o una simulación, o un eslabón más del problema.

Alejandra Cuevas Hernández. Estudiante de maestría en la Escuela Libre de Derecho.

Erick López Serrano. Maestro en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg, Holanda. Proyectista en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Cuernavaca, Morelos.
Twitter: @eLoseRR