En los Estados Unidos se espera un año electoral muy ocupado, y con una gran complejidad política tomando en cuenta las divisiones tan profundas que ha mostrado el electorado estadounidense en las últimas elecciones.

En este sentido, a partir de marzo se celebrarán en diversos estados elecciones primarias para elegir a los candidatos que competirán en las diversas elecciones en el 2018. Tan solo a nivel estatal se renovarán 87 de 99 congresos locales y, a su vez, se llevarán a cabo elecciones especiales para elegir a congresistas en algunos distritos electorales de Michigan, Ohio, Pennsylvania y Arizona.

Sin embargo, el 6 de noviembre es la fecha crucial de las elecciones norteamericanas, en las que se renuevan los 435 espacios de la cámara de representantes, un tercio de los senadores y 36 gubernaturas, además de los delegados en el Distrito de Columbia y en tres territorios estadounidenses.

En medio de la batalla electoral estadounidense está la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyas decisiones podrían definir el rumbo de las elecciones y la política de ese país.

Los mapas electorales

En efecto, a principios de este año, la Corte Suprema anunció que conocería de diversas impugnaciones relacionadas con redistritaciones en los mapas electorales de Texas, Maryland y Wisconsin que podrían afectar o discriminar a minorías y/o que estarían favoreciendo en algunos casos al partido demócrata y, en otros, al partido republicano.1

De tal manera, que el mes pasado esta Corte suspendió la orden dictada por un panel de tres jueces federales, que obligaba a la legislatura estatal de Carolina del Norte a trazar un nuevo mapa electoral para la elección de los distritos correspondientes a la cámara de diputados, porque en opinión del panel la distritación actual favorece desproporcionadamente a los republicanos.2

Estos asuntos son el telón de fondo de un debate que tendrá lugar en los próximos meses en la Suprema Corte y que durante varias décadas se ha venido discutiendo en ese tribunal, sin llegar a establecerse un criterio definitivo. El fondo del asunto consiste en determinar si los jueces norteamericanos pueden conocer sobre demandas que aleguen excesiva parcialidad en la redistritación electoral o, más bien, se trata de asuntos que deben resolverse en el ámbito político.

Apenas en octubre de 2017, durante una audiencia pública de la Corte, el chief justice, John Roberts, expresaba su preocupación sobre cómo se afectaría la percepción pública sobre la integridad de la Corte Suprema si los jueces se empezaran a pronunciar sobre qué mapa electoral era más favorable para uno u otro partido. Ya que tendrían que decidir caso por caso y, por tanto, definir si en determinada elección el triunfo corresponde a los demócratas o a los republicanos. Lo cual incentiva la percepción de que la Corte resolvió de esa forma no por razones técnicas o jurídicas, sino porque prefiere a un partido por sobre otro.3

En cambio, la justice Ruth Ginsburg señaló que en su opinión en la manipulación de las circunscripciones electorales se afectaba el derecho a votar de los ciudadanos. Si las legislaturas hacían mapas electorales a modo, entonces, ¿cuáles serían los incentivos de la gente para ir a votar?4

Gerrymandering

La manipulación de las circunscripciones electorales en los Estados Unidos no es algo nuevo y se le conoce oficialmente como “gerrymandering” en referencia al entonces gobernador de Massachusetts Elbridge Gerry. Quien en 1812 modificó las circunscripciones electorales de forma desproporcionada a favor de su partido, adoptando el mapa electoral de tal estado la forma de una salamandra. Desde entonces la Corte Suprema estadounidense se ha pronunciado sobre un importante número de casos y sus criterios han ido transformándose en el tiempo.

Primero con la adopción de la doctrina de las cuestiones políticas como no justiciables Luther v Borden 48 US (1849) y, luego, en la década de los años sesenta del siglo pasado, en que se consideró que los asuntos sobre redistritación electoral sí podían ser del conocimiento de los tribunales Baker v. Carr 369 US 186 (1962).5

Posteriormente vendría la doctrina de “un hombre, un voto” Wesberry v Sanders 376 US 1 (1964) y Reynolds v. Sims 377 US 533 (1964) al estimar que el principio de proporcionalidad poblacional derivaba del artículo I, sección 2, de la Constitución de ese país, cuya interpretación hacía que los representantes fueran electos de manera tal que el voto de una persona valiera tanto como el de cualquier otra.6

De manera general, podríamos decir que los asuntos más relevantes que han llegado a la Corte estadounidense relacionados con la manipulación de circunscripciones electorales se dividen en dos grandes vertientes. Aquellos vinculados con manipulaciones distritales motivadas por temas raciales o de minorías y aquellos con fines políticos.

Redistritar con fines raciales

En 1965, el Congreso estadounidense aprobó la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) que comprende entre otros temas, una serie de medidas legales dirigidas a combatir la discriminación racial al votar en los Estados Unidos. Entre las medidas legales implementadas está la eliminación de pruebas de alfabetismo como requisito para votar y otras similares.

La primera controversia legal que se presentó en contra de esta ley ante la Corte Suprema fue al año siguiente a su aprobación en South Carolina v. Katzenbach, 383 U.S. 301 (1966), en la que la Corte consideró conforme a derecho, el que la autoridad federal pudiera conocer de los cambios a los mapas electorales en ciertos estados, antes de que entraran en vigor.7 Por otra parte, la sección 4 de la Ley del Derecho al Voto establece una “fórmula de cobertura” para identificar las regiones del país que mantienen pruebas u otros requisitos previos para votar y que tienen un bajo registro de votantes. Asimismo, la sección 5 de la ley contempla la suspensión temporal de cualquier legislación estatal en materia electoral que sea aprobada en determinadas regiones de los Estados Unidos, hasta en tanto pueda ser revisada por las autoridades federales, para determinar si esas normas discriminan a los votantes por cuestiones raciales.

Originalmente la medida prevista en la sección 5 de la Ley debía expirar después de cinco años de aprobada la norma. Sin embargo, 50 años después, esa norma sigue en vigor y el Congreso autorizó su vigencia hasta el año 2031.

Sin embargo, en 2013 la Corte resolvió el caso Shelby County v. Holder 570 U.S. 2 (2013). Y, en una votación cerrada, decidió invalidar la sección 4 de la ley que establece la fórmula de cobertura. De acuerdo con la opinión mayoritaria de los justices, la fórmula está basada en datos de hace 40 años y, por lo tanto, no es posible aplicar la revisión previa a los distritos electorales por parte de la autoridad federal, hasta en tanto el Congreso no apruebe una nueva fórmula de cobertura.

El razonamiento de los justices que integraron la mayoría en el caso sostiene que, no hay duda de que las condiciones que originaron la creación de la fórmula de cobertura ya no son las mismas en las jurisdicciones o en los estados comprendidos, ya que de los datos estadísticos se advierte que los votantes afroamericanos registrados, exceden a los blancos en cinco de seis estados originalmente comprendidos por esa medida.

En cambio, la justice Ginsburg en su voto disidente sostuvo que en aquellos lugares en los que se registra mayor discriminación al votar, se requieren de medida profilácticas para prevenir la discriminación deliberada al votante por cuestiones raciales, de manera similar a la necesidad de que la construcción de edificios en California requiera medidas antisísmicas debido a los temblores de la zona.

Redistritar con fines políticos

A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, la Corte Suprema resolvió el caso Davis v. Bandemer, 478 US 109 (1986) en el que reconoció que los tribunales de ese país tienen competencia para conocer sobre redistritaciones con fines partidistas. El voto mayoritario en esa decisión sostuvo que los casos de manipulaciones distritales con fines partidistas deben analizarse según el principio de igualdad. Sin embargo, los justices no establecieron un estándar para definir cuándo una redistritación resulta ilegal o contraria a la Constitución.

Dieciocho años después, la Corte volvió a conocer de un asunto vinculado con redistritaciones con fines partidistas en el estado de Pennsylvania. En el caso Vieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 (2004), la Corte adoptó una decisión dividida. Por una parte, cuatro justices sostuvieron que las manipulaciones distritales con fines partidistas no deberían ser del conocimiento de los tribunales, ya que no existen estándares manejables y discernibles para juzgar cuándo un mapa electoral viola la Constitución; en cambio, otros justices ministros sostuvieron lo contrario. El empate lo destrabó el justice Anthony Kennedy al inclinarse por considerar que esos asuntos sí los pueden conocer los tribunales pero que ninguno de los estándares propuestos era suficientes para demostrar la inconstitucionalidad de la redistritación electoral. Posteriormente, el justice Stephen Breyer afirmaría sobre ese caso lo siguiente:

…Si tuviera hoy tres deseos para convertir mis votos disidentes en opiniones mayoritarias, colocaría este caso en la lista. La razón es que la práctica de la manipulación de circunscripciones electorales no ha disminuido; y esa manipulación, al aislar a los legisladores de una contienda electoral fidedigna, con frecuencia los ha persuadido de tomar posiciones más extremas, haciendo más difícil gobernar la nación como un todo…8

En 2006, se presentaría un nuevo caso ante la Corte en League of United Latin American Citizens v. Perry, 548 U.S. 399 (2006), en el que un grupo de ciudadanos controvirtió la redistritación aprobada por el legislativo del estado de Texas porque diluía la fuerza de un grupo minoritario. La posición de la mayoría, redactada por el justice Kennedy, sostuvo que la redistritación realizada por el legislativo de Texas no tenía las características para generar un estándar que le permitiera a la Corte advertir una redistritación con fines partidarios contrarios a la Constitución. No obstante, se reconoció que las nuevas circunscripciones electorales sí se hicieron de manera tal que se les impidiera a los votantes de origen latino la posibilidad de elegir un candidato propio y, con ello, se violaba la Ley del Derecho al Voto.

¿Por qué la Corte puede cambiar el panorama político estadounidense?

Si revisamos con atención los precedentes más relevantes de la Corte Suprema estadounidense de los últimos cincuenta años relacionados con problemas en las circunscripciones electorales por cuestiones raciales o partidarias, nos daremos cuenta que muchos de esos casos han sido resueltos por una mayoría apretada de votos de los justices que integran ese órgano.

El ala conservadora de la Corte ha sido reticente a que los tribunales conozcan de juicios vinculados con temas electorales, ya que considera que esos asuntos pertenecen más bien al ámbito político. Por otra parte, los ministros más liberales han expresado su preocupación al estimar que la definición de circunscripciones electorales sí puede afectar los derechos ciudadanos salvaguardados por la Constitución.

Ahora bien, debido a una coyuntura histórica y política, durante su mandato el presidente Trump tiene la posibilidad de designar a prácticamente la mitad de los jueces federales que integran la judicatura9 y, probablemente, a algún nuevo integrante de la Suprema Corte.10 Todos ellos presumiblemente con perfil conservador. Ese cambio en la integración del poder judicial estadounidense puede alejar definitivamente a las cuestiones electorales del conocimiento de los tribunales. Ya en la audiencia oral del caso Gill v. Whitford, pendiente de resolverse en la Corte, una de las partes hacía ver a los justices que si la Corte no establecía una solución judicial a estos casos, para el censo de 2020, se tendría un festival de gerrymandering en diferentes entidades federativas como nunca se ha visto en la historia de ese país.11

Una decisión de ese tipo permitiría a los partidos en el poder perpetuarse aun en contra del voto popular. Más aun, el excluir del conocimiento de los jueces a las cuestiones sobre distritaciones electorales en Estados Unidos implicaría un retroceso en las conquistas obtenidas por diversas minorías en los años sesenta y setenta del siglo pasado en materia de derechos civiles y, en este sentido, podría reavivar los conflictos raciales en todo el país, con las consecuencias que ello implica.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 http://bit.ly/2Eo4ahn

2 http://reut.rs/2BerGLK y http://abcn.ws/2Er31pq  Cabe destacar que en junio de 2016 la Corte suspendió también la decisión de una corte federal de invalidar un plan para redistritar el estado de Wisconsin.

3 https://bloom.bg/2BJpehr

4 Ibidem.

5 Ver. González Oropeza, Manuel, Reforma Judicial Revista Mexicana de Justicia, “La geografía electoral a la luz de la justicia constitucional”, Número 12, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 2016.

6 Idem.

7 En Shaw v. Reno 509 U.S. 630 (1993) la Corte sostuvo que las redistritaciones basadas en cuestiones raciales deben de analizarse bajo el estándar de escrutinio estricto, de acuerdo con la cláusula de igualdad contenida en la Constitución.

8 Breyer Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.

9 Ver. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7170

10 En abril de 2017, el Senado norteamericano confirmó la designación del ministro Neil Gorsuch, propuesto por el Presidente Trump. La designación fue aprobada por mayoría de 54 contra 45 votos. Ver. http://bit.ly/2nPPf59

11 Ver. http://bit.ly/2C0shxq