De un tiempo para acá la mediatización de nuestro entorno se ha visto revolucionada de forma vertiginosa a través de la profusión de vías de comunicación que antes resultaban impensables. Los canales de televisión que transmiten noticias veinticuatro horas al día, las redes sociales donde se comparten discrecionalmente tanto rumores como primicias informativas, los diarios a los que ahora, en sus versiones digitales, les resulta indiferente el transcurso del tiempo para su actualización… Este nuevo escenario acarrea consecuencias que, por su misma propulsión, generalmente no tenemos en cuenta.1

Dicho escenario tan vertiginoso no escapa a las formas y maneras cómo comprendemos el derecho y nos enteramos de sus dinámicas y transformaciones. Precisamente, Carlos María Cárcova ha llamado la atención sobre la quimera que implica presuponer que se conoce al derecho por el solo hecho de su publicación, puesto que los actuales modelos jurídicos son tan vastos y complejos que ni aun los expertos pueden conocerlo de forma íntegra.2

En ese orden de ideas, bien vale la pena detenerse unos momentos para prestar atención a distintos casos interesantes que, por varios motivos, han pasado desapercibidos por la opinión pública.

A continuación, y sin el ánimo de ser exhaustivos, se presenta un breve análisis de seis diferentes sentencias en las que durante los últimos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre múltiples aspectos en los que se involucran complejas y trascendentales cuestiones de derechos humanos. Esto antes que emitir un meticuloso balance respecto a sus labores en dicha materia, hacer un seguimiento puntual de sus fallos o bien entender de forma general sus formas de razonamiento, simple y sencillamente responde a un intento por aproximarse a importantes temas que ameritan una reflexión no solo respecto a cómo nos enteramos e informamos sobre lo que pasa en el ámbito jurídico sino también y, sobre todo, en relación al papel que está teniendo el máximo tribunal del país en torno a uno de los muchos aspectos que implica la salvaguarda y garantía de los derechos fundamentales bajo los esquemas que postula el actual modelo de democracia constitucional.

Amparo directo 18/2015. Sobre la reparación del daño mediante indemnización, con motivo del contagio del VIH/SIDA

Ejerciendo su facultad de atracción, la Segunda Sala conoció de un grave caso de negligencia por parte de servidores públicos del Centro Médico Nacional en el que debido a diversos descuidos en materia de trasfusión de sangre un menor de edad contrajo la infección de VIH/SIDA. Los hechos relatados en la sentencia resultan lamentables y dejan en evidencia la urgencia por elevar la calidad de los servicios en las instituciones públicas que prestan servicios de salud. La revictimización resulta una nota común al momento en que los familiares de la víctima enfrentan los procesos para intentar reparar el daño causado por parte del Estado. En ese sentido, la sentencia se enfoca en contemplar a la reparación por vía de indemnización como una de las maneras más adecuadas para solventar lo sucedido, pero no ejerciendo o cuantificando la misma de forma mecánica, o parámetros exclusivamente objetivos (como lo había realizado el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa), sino debiéndose de acoplarse de forma directa a la afectación que la persona y sus familiares sufrieron. En definitiva, un criterio sensato y conforme a estándares de derechos humanos que condena al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a pagar la responsabilidad patrimonial del Estado por concepto de daño personal y moral atendiendo a las circunstancias específicas del grave caso ocurrido. Llama la atención, solo el declarar infundado la solicitud en la demanda para que el tratamiento médico del afectado sea prestado de manera subrogada (o sea en un hospital que no perteneciera al IMSS). Esto, aunque controversial por los inconvenientes que significaría el proceso de reencuentro de la víctima ante dicha institución, encuentra justificación, bajo una óptica integral, entendiendo que el Estado necesariamente tienen que encontrar soluciones de fondo a estos problemas, haciéndolos compatibles con las finalidades del régimen de responsabilidad patrimonial.

Amparo directo en revisión 6043/2016. Pensión por viudez sin distinción de género

En 2015, un hombre cuya esposa falleció después de haber trabajado durante varios años en el IMSS, promovió́ un juicio en materia  laboral para exigir el otorgamiento de una pensión por viudez. La Junta que conoció́ del asunto, emitió el laudo correspondiente en el que declaró como legítimo beneficiario al cónyuge, sin embargo, también determinó que el pago de la pensión por parte del IMSS solo sería factible cuando aquel demostrara su incapacitad absoluta y que dependía económicamente de su esposa fallecida, lo cual no pudo ser demostrado. Al inconformarse y solicitar amparo de la justicia federal, de nueva cuenta se le vuelven a negar sus pretensiones y el asunto es conocido por la Segunda Sala en revisión. La cual sentencia que la distinción establecida mediante la normatividad aplicable (es decir Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social), no resultó fundada en algún criterio objetivo que justifique la distinción en el trato entre hombres y mujeres; esto contraviene el principio de igualdad pues se hace una discriminación fundada en el género, exigiendo el cumplimiento de más requisitos de forma injustificada para casos específicos. Así, la presente sentencia viene a constituirse como garantía del principio de igualdad entendido como propulsor de situaciones jurídicas diferenciadas, para las que su establecimiento se encuentra exclusivamente condicionado a que se presenten elementos objetivos que justifiquen su existencia. El razonamiento desplegado por este proyecto viene a confirmar que la consistencia y congruencia de la Segunda Sala en relación con otros precedentes aplicables a problemáticas similares. Da gusto, saber que, por lo menos en estos temas específicos, pero de crucial importancia el máximo tribunal viene marcando una pauta (y corrigiendo otras a diferentes autoridades) respecto y siendo consecuentes con sus anteriores resoluciones.

Contradicción de tesis 422/2016. Carga probatoria a trabajadora despedida a causa de su embarazo depende del patrón

A partir de una posible contradicción de tesis entre los criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados de Circuito, la Segunda Sala dirimió la controversia a partir de dos asuntos similares en los que una trabajadora fue despedida de manera discriminatoria, aludiendo su situación de embarazo o periodo de licencia post natal. Al denunciar los hechos ante la justicia aboral, quedó constancia que la empresa ofreció de buena fe trabajo a la involucrada, por lo que la carga de probar el despido injustificado le correspondió a ella. Así, invocando el artículo primer constitucional, el máximo tribunal estableció que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana, por lo que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de evitar cualquier clase de discriminación. En ese sentido, se sentenció que la condición física y social en que se encuentra la trabajadora embarazada la coloca en una situación de vulnerabilidad, por lo que la tutela de la trabajadora embarazada llega al extremo de constituir lo que se denomina como un “fuero maternal” o de “estabilidad reformada”, que exige una mayor y particular protección del Estado. De modo que cualquier decisión que se tome desconociendo esta protección indebidamente, constituirá un claro ejemplo de discriminación por razón de sexo. El caso resulta interesante en el sentido que la jurisprudencia final de la Segunda Sala afirma que dicho tema en concreto obliga a aplicar la herramienta de perspectiva de género, la cual “implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular”. Sin duda, la resolución marca un interesante precedente en materia laboral pero cuando se pensaría que la perspectiva de género debe ser aplicada de manera invariable, el mismo fallo levanta sospechas sobre cuándo un tema debe o no ser abordado bajo dicha óptica.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 Vid. CARR, Nicholas, Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Taurus, Madrid, 2011,  p. 22, 240 y 241.

2 Vid. CÁRCOVA, Carlos María, La opacidad del derecho, Trotta, Madrid, 1998, p. 28.