Amparo directo 40/2016 y revisión administrativa 3/2016

En noviembre de 2008, se estrelló una aeronave propiedad de la Secretaría de Gobernación; en la misma había seis pasajeros, entre los cuales se encontraban el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al determinar la causa probable del accidente, se concluyó que obedeció a “la pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno, por encuentro con la turbulencia de estela precedida por la aeronave que le precedía”. Al caer la aeronave se impactó sobre un automóvil en el que se encontraba una persona que sufrió quemaduras y lesiones de suma gravedad. Dos años después, esta misma persona interpuso reclamación de indemnización por daños causados por el Estado, en contra de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgándole un finiquito por $29,898,480 M.N. Después de varias inconformidades y diversas resoluciones administrativas, el involucrado promovió juicio de amparo directo mientras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso recurso de revisión. Ahí la Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de ambos procedimientos y sostuvo que los particulares son titulares de un derecho de rango constitucional que les permite reclamar una indemnización cuando, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de un acto que algún órgano estatal llevó a cabo sin acatar la normativa aplicable o los lineamientos, parámetros o protocolos administrativos respectivos, sin tener que demandar al funcionario en lo personal, y sin tener que demostrar si éste actuó de manera ilícita, dolosa o culposa. El hecho de que los daños se hayan generado por un accidente no excluye la posibilidad de que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado, pues resulta factible que el accidente se haya producido con motivo de una actividad administrativa irregular. Así, la perspectiva de derechos humanos se ve reflejada al momento en que se devela una íntima relación entre el derecho a obtener una reparación integral del daño y la dignidad de la persona, de la que derivan distintos derechos involucrados para su desarrollo integral, de lo cual se desprende la obligación del Estado de restituir a la persona en las condiciones de vida que debería tener, y de las cuales carece en virtud del daño que el propio Estado le ocasionó. Quizá solo valga tener en cuenta que el concepto de reparación integral a partir de lo construido en la sentencia se confunde con una indemnización, ya que la reparación integral involucra medidas pecuniarias y no pecuniarias –tal y como lo afirmó dicho órgano jurisdiccional–, sin embargo, esta no se limita a una indemnización, por lo que difícilmente se puede afirmar que con un pago de dinero a la víctima ya se reparó de forma integral el daño. El concepto llevado a la práctica difícilmente puede seguirse si antes no es congruente con los elementos que lo conforman.

Amparo en revisión 641/2017. Exigibilidad del derecho al medio ambiente sano a través de la omisión de diversas autoridades

San Andrés Mixquic es un pueblo campesino ubicado a las afueras de ciudad de México, que su economía se basa en la agricultura, en el turismo de ciertas épocas del año que reciben por las trajineras y por la construcción de los pozos de extracción de agua en sus canales. Sin embargo, la contaminación del agua provocada como efecto del descuido de diversas construcciones de índole privada, generó que las corrientes de dichos canales se convirtieran en aguas negras, imposibilitando el desarrollo de fauna marina y de su uso para el cultivo de plantas y frutos. Así, en febrero de 2014, diversos habitantes de dicho poblado promovieron una demanda de amparo; planteando como acto reclamado la omisión de las autoridades administrativas, tanto de ciudad de México como del gobierno federal, por “la omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear los canales del Pueblo de San Andrés Mixquic, en específico los canales del Barrio de San Miguel”. La Segunda Sala dictaminó que las autoridades responsables no han estado haciendo su labor de protección, restauración y vigilancia de las aguas de los canales en cuestión. Aunado, ya al alto grado de contaminación, las autoridades tampoco se están haciendo responsables para corregir ese daño dentro de los canales, por lo que incurren en una violación al derecho humano al medio ambiente para los habitantes de esa comunidad. Alegando que el derecho fundamental a un medio ambiente sano no puede concebirse meramente como “buenos deseos constitucionalizados” ni como “poesía constitucional”, la Corte afirmó que este derecho goza de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la autoridad para asegurar tales condiciones ambientales. Al momento en que la Segunda Sala pone el acento en la responsabilidad derivada de la contaminación de los particulares (afirmando que  le corresponde a las autoridades vigilar y castigar a cualquier ente que afecte el medio ambiente), así como la invocación a precedentes internacionales y el llamado de atención sobre la vulneración a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural “toda vez que la zona de San Andrés Mixquic es parte de la zona declarada patrimonio mundial de la UNESCO en 1987, por lo que se violó el artículo 4 de dicho instrumento internacional”, vienen a ejemplificar y bosquejar distintos principios subyacentes a los derechos humanos sobre los cuales descansa una visión activa de la Corte. Visión que, en definitiva, dependerá del cumplimiento de la sentencia en cuestión.

Amparo en revisión 158/2017. Usos y costumbres no se extienden a aquellos que no son parte de una comunidad indígena

La comunidad de Magdalena, Teitipac Tlacolula, en el estado de Oaxaca, conserva una práctica comercial desde años atrás con empresas como Coca-Cola, Pepsi, Sabritas y Corona. Por motivos de su fiesta anual, la comunidad habitúa contar con el apoyo de dichas empresas. Sin embargo, en 2013 ocurrieron una serie de desencuentros que terminaron en la negación de la empresa cervecera Corona para brindarles el apoyo de bebidas alcohólicas. Como resultado, la asamblea general de Magdalena, Teitipac Distrito de Tlacolula, Oaxaca, en conformidad con sus usos y costumbres, avisó a la empresa involucrada que quedaba prohibida la distribución y venta de bebidas embriagantes en dicho territorio, así como también que la autoridad municipal no se hacía responsable de algún daño o delito que surja a los vehículos repartidores de la empresa. A aquellos que distribuyan bebidas embriagantes en la jurisdicción aducida se les detendrá y se les sancionará con multa, se notificó. Así, la empresa tomó acción al promover una demanda en contra de lo resuelto por dicha asamblea. Y, en un primer momento, un juez de Distrito que conoció́ del asunto, falló en su contra, al determinar que si bien la asamblea está obligada a respetar la competencia federal en materia de restricciones al comercio, también resultaba cierto que el articulo dos constitucional reconfigura el sentido de tal prohibición, permitiendo a las comunidades indígenas su autodeterminación, ya que la restricción está ligada a la práctica de una actividad comercial (distribución y venta de bebidas embriagantes) que afecta su vida interna. Dicho caso representa un claro ejemplo de que los derechos humanos no son absolutos, que la existencia de límites a cualquier derecho fundamental puede ejercerse, siempre y cuando nunca vayan más allá de su contenido esencial. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión y, en ese sentido, la Segunda Sala dentro de sus facultades resolvió el caso y sentenció que la “libre determinación no debe ser un elemento constitutivo para la creación de Estado dentro del Estado Mexicano”, ya que la prohibición de acceso a la comunidad indígena constituye un acto ilegal y arbitrario que no encuentra justificación constitucional alguna. Para el caso concreto, ordenar la detención de vehículos o personas que circulen por la comunidad indígena aducida vulnera la constitución en la medida en que no permiten el libre desplazamiento por el territorio nacional. La interpretación que despliega la Segunda Sala de la SCJN en este caso no hace más que evitar la tergiversación y confusión de ciertos parámetros que invitan al uso indiscriminado y alegre de los derechos humanos. La interpretación armónica y la racionalidad práctica resultan fundamentales para poder dar coherencia y posibilitar la coexistencia de distintos sistemas normativos.

Conclusiones

Es necesario que cuando estudiemos el derecho en sede judicial vayamos dejando atrás esa estrecha visión, donde se cree que la SCJN es un tribunal unidimensional, en la que sus decisiones se pueden juzgar como si este fuera un ente uniforme o donde sus integrantes de forma indefectible emitan sus fallos conforme a su ideología. Resulta indispensable ampliar nuestro horizonte y aceptar que habrá sentencias que nos persuadan y otras que no, resoluciones buenas y resoluciones malas cuyos parámetros se irán construyendo conforme los casos que se presenten; comprendiendo que sus labores institucionales constituyen una garantía de la sociedad misma, que, bien encaminadas, sirven de apoyo para generar acciones transformadoras, porque “las sentencias no necesariamente pone fin al litigio, algunas veces es ahí donde germina y se perfilan cambios como el despertar de conciencia, el empoderamiento de grupos, la reivindicación de minorías, la modificación de estándares”.1

En ese sentido, no puedo más que emitir un juicio favorable sobre la mayoría de las sentencias de la Segunda Sala relacionadas con temas de derechos humanos que fueron seleccionadas para su análisis en el presente espacio. Antes que dejarnos guiar por posturas tan efímeras como extremas o propias de la siempre atractiva coyuntura, sería interesante estar cada vez más al pendiente de lo que deciden nuestros tribunales, pues el debate teórico y la discusión intelectual de la actividad jurisdiccional no es más que el motor de futuras sentencias y procesos que puedan propulsar, a su vez, otras ideas el día de mañana. Ideas que revolucionen a la sociedad y también la forma cómo entendemos el derecho.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre


1 Vid. VILLARREAL, Martha, “El litigio estratégico como herramienta del Derecho de Interés Público”, en El Litigio Estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Distrito Federal, 2007, pp. 29 y 30.