Sorprende la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de echar abajo las modificaciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) había realizado a su reglamento para garantizar a la ciudadanía conocer los resultados el mismo día de la elección. Sorprende porque no es la primera vez que el INE realiza modificaciones importantes para garantizar el desarrollo de los comicios y porque ante casos prácticamente iguales el razonamiento de los magistrados fue diametralmente opuesto.

Organizar elecciones es una competencia exclusiva del INE. Y desde que nuestro país cuenta con un organismo exclusivamente dedicado a ello, nunca antes se había enfrentado a un reto del tamaño que representa este 2018, en donde el Instituto tiene a su cargo la realización de elecciones federales y locales en 30 entidades, que representan la renovación de 18,311 cargos. Para hacer posible esta titánica tarea, el INE echa mano de su facultad reglamentaria, que no es otra cosa sino la capacidad reconocida para emitir normas generales que hagan materialmente posible llevar a cabo sus objetivos establecidos en la ley.

Así, por ejemplo, en las elecciones para diputaciones federal de 2015 se modificó el desarrollo de la sesión de cómputos distritales establecido en ley para permitir agilizar el ejercicio de escrutinio y cómputo permitiendo que el cotejo de actas y el recuento parcial de votos por los grupos de trabajo se realizaran de forma paralela. Para ello, los Consejos debían tener una junta previa al inicio de los cómputos distritales para identificar cuáles paquetes ser irán a recuento total o parcial y, así, definir la integración de los grupos de trabajo. La ley1establece que la sesión debe desarrollarse por etapas y no de manera simultánea. Sin embargo, el TEPJF calificó únicamente como medida de carácter instrumental la decisión del INE. En el mismo proceso y pensando precisamente en las elecciones de este año, el INE además previó reducir el plazo para el cómputo distrital a un máximo de 28 horas, cuando el mismo ordenamiento legal contempla hasta 72 hrs. En aquella ocasión, el propio TEPJF señaló que las adecuaciones eran pertinentes a la luz del nuevo marco legal de la reforma de 2014.2 Así que ambas decisiones del INE para eficientar el trabajo de escrutinio y cómputo fueron confirmadas por el TEPJF.

Otros supuestos incluso han llevado al INE a ejercer sus facultades para ir más allá de las leyes locales o estandarizar la forma en que deben llevarse a cabo determinados procesos. Por ejemplo, decidir sobre el funcionamiento de las casillas especiales, el número de boletas que podrán recibir u homologando los supuestos en los que pueden votar los electores en tránsito, pues había entidades como Yucatán, Nuevo León, Baja California o Sonora que contemplaban supuestos distintos. El INE decidió emitir lineamientos generales a fin de brindar certeza en el electorado y asegurar su voto en condiciones de igualdad. Casos parecidos se vivieron con los requisitos para ser funcionario de casilla, observador electoral o en las características que debía tener la documentación electoral. En todos los casos, el criterio que imperó fue el de homologar las leyes locales con la federal.

El INE también ha emitido lineamientos para la realización de los cómputos distritales y municipales de las elecciones locales, en donde se homologaron las causales de recuento de votos en las casillas3 y se estandarizaron procesos y actividades para mejorar el desarrollo de las sesiones a fin de agilizarlas. En la misma línea, para las elecciones locales de 2017, se contempló la posibilidad de decretar recesos en los cómputos distritales, mismos que no están establecidos en la ley y que por el contrario, ordena que las sesiones de cómputo deben llevarse a cabo de forma permanente. Una vez más, el TEPJF no fue intransigente en la lectura de la norma y confirmó la decisión de la autoridad administrativa. Hoy los recesos se encuentran contemplados para poder llevarse a cabo también en 2018.4

Otro ajuste necesario para el proceso electoral en curso y confirmado en sede jurisdiccional, fue el de homologar el calendario electoral de todas las entidades federativas del país y ajustar la fecha de conclusión para el periodo de precampañas, para recolectar el apoyo ciudadano de candidaturas independientes y para establecer una fecha única de registro de las candidaturas. Lo anterior, pese a que cada ley local establecía plazos distintos. El TEPJF, sin embargo, reconoció las circunstancias extraordinarias que exigían dar este paso.5

En otros temas, la autoridad jurisdiccional confirmó también modificaciones reglamentarias relacionadas con la fiscalización, como la obligación de los partidos para integrar un identificador único (una especie de folio) en los espectaculares que contraten (no contemplado por la ley)6, así como la obligación de formalizar mediante contrato todas las operaciones que superen las 500 UMAS (de nuevo, cantidad no establecida en norma)7. La propia aplicación para recabar el apoyo de candidaturas independientes, nació a raíz de la facultad reglamentaria del Instituto.8

Cabe resaltar que en todos estos casos, los partidos impugnaron los ajustes reglamentarios del INE ante el TEPJF, arguyendo que el INE se excedía en dicha facultad. En algunas ocasiones que estaban regulando aspectos que solo pueden ser definidos por el legislador y que iba en contra de los principios de certeza y legalidad. Sin embargo, en cada una de estas batallas se privilegiaron las razones dadas por el INE para llevar a cabo sus funciones.

Como puede verse, el INE ha tomado decisiones conforme a su facultad reglamentaria y lo ha hecho en más de una ocasión, por ello la modificación que se proponía únicamente para establecer la identificación (que no conteo) de las boletas de cada elección y pudieran obtenerse los resultados de manera separada para conocer a tiempo las estimaciones del Conteo Rápido y del PREP no iban en contra de la norma. Pues desde 2014 que empezó a ponerse a prueba el modelo centralizado, el INE ha incursionado en el diseño de procedimientos y la exploración de caminos novedosos que han significado la modificación de plazos contemplados por la ley, procedimientos que no se ajustaban a lo estrictamente señalado por la ley en la materia pero que abría nuevos caminos a efectos de ajustar el sistema electoral a la realidad. Como bien decía Cicerón, desde tiempos inmemorables, el derecho riguroso es una especie de injusticia.

Bárbara Torres. Licenciada en Derecho por la UNAM.


1 Art. 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

2 SUP-RAP-9/2015

3 En entidades como Baja California o D.F. no existía causa de recuento total.

4 SUP-RAP-713/2017

5 SUP-RAP-605/2017

6 SUP-RAP-786/2017

7 SUP-RAP-114/2017

8 SUP-JDC-841/2017