Esta semana hemos estado escuchando una noticia de manera constante: el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió los debates entre candidatos en el período intercampañas. Para algunos, la decisión del INE busca favorecer a aquellos que se han mostrado renuentes a deliberar públicamente; para otros, es un exceso de la autoridad electoral que limita la libertad de expresión. Sin embargo, la imposibilidad de realizar debates a partir de ahora y hasta el próximo 30 de marzo (fecha en que inician las campañas electorales) es consecuencia de la aplicación de la ley electoral que decidieron aprobar los Diputados y Senadores.

El Acuerdo del que resulta dicha restricción tiene como origen las consultas que MORENA y el Partido del Trabajo presentaron al Consejo General del INE para responder a varias preguntas que, fundamentalmente, pueden resumirse en la siguiente: ¿qué pueden y qué no pueden hacer los candidatos, partidos y coaliciones durante las intercampañas?1

El período de intercampañas es aquél comprendido entre el fin de las precampañas (11 de febrero, en este caso) y el inicio de las campañas (como ya se dijo, 30 de marzo).2 Definirlo puede parecer sencillo pero, en realidad, su denominación se debe a un ejercicio creativo de quienes se dedican a la materia electoral, ya que la ley no hace nunca referencia expresa a dicho término. Esto refleja de manera clara el vacío legal que rodea lo que sucederá en esta etapa del proceso electoral. De acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3 (TEPJF), éste es un espacio destinado a resolver las diferencias que pudieran surgir de los procesos de selección interna de los partidos políticos para elegir a sus candidatos a elección popular.

De una lectura literal de la ley, no es posible tener mayor claridad sobre lo que está permitido –o prohibido– durante las intercampañas, pues no son mencionadas ni una vez en todo el texto de la LGIPE; sin embargo, sí es posible llegar a ciertos criterios orientadores por exclusión. Tal y como lo argumentaron la mayoría de los Consejeros del INE4, todas aquellas actividades previstas para las campañas (actos de proselitismo en general) son exclusivas a éstas y, por lo tanto, estarían prohibidas durante las intercampañas. Es decir, los candidatos no están autorizados a realizar ningún acto que tenga como intención llamar al voto ni que tenga como objetivo presentar la plataforma electoral de algún partido o coalición, pues éstos configurarían inmediatamente un acto anticipado de campaña5 que podría ameritar hasta la pérdida de registro de una candidatura.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del INE resolvió que los candidatos sí pueden asistir a eventos privados para hablar sobre temas de interés público. Además, con el objetivo de no imponer límites desproporcionados a la libertad de expresión, se mantienen los parámetros emitidos previamente por la Sala Superior del TEPJF para el período de intercampañas,6 que son:

• Es válido incluir referencias a cuestiones de interés general y con carácter informativo.

• Es válida la alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública.

• Es válida la difusión de cuestionamientos o logros de la actividad gubernamental.

• No se debe mencionar ni identificar a un candidato o partido para posicionarlo de forma negativa o positiva.

En suma, es claro que los candidatos no pueden aparecer en spots de los partidos políticos, ni realizar actos públicos de proselitismo (como mítines, asambleas, marchas, etc.) ni hacer ningún tipo de llamado expreso al voto por estar éstos definidos en la ley como actos de campaña. Sin embargo, aún quedaba por resolver la cuestión específica de si podrían participar en debates públicos antes del 30 de marzo.

Al respecto, creo que el INE tomó una decisión lógica y correcta, aunque restrictiva, en esta materia. Me resulta imposible imaginar un debate público entre candidatos donde no se haga referencia a las propuestas y plataformas electorales de cada uno de ellos, o que no tengan como objetivo mover a los potenciales electores a preferir sus candidaturas y, eventualmente, votar por ellos. Incluso, un ejercicio que se apegara a dichas limitantes dejaría de ser un debate entre candidatos a puestos de elección popular y no cumpliría con su objetivo fundamental de informar a la ciudadanía sobre la contienda política. Dejar la puerta abierta a la realización de debates en el período intercampaña es abrir un espacio para hacer un fraude a la ley y adelantarse a una etapa del proceso electoral que aún no ha comenzado. Por lo tanto, me parece sensata la decisión del INE sobre considerar cualquier debate público entre candidatos como un acto anticipado de campaña sujeto a sanción.

Pese a que la pretensión de MORENA y del PT era que el INE emitiera lineamientos sobre el período intercampaña, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido más de una vez que el Instituto no puede fijar criterios que no se encuentren expresamente sustentados en la ley, ya que estarían invadiendo una competencia exclusiva del poder legislativo. Es entonces responsabilidad del legislador desarrollar todo lo referente a intercampañas pero, en tanto lo hace, el INE estará obligado a emitir criterios generales y a analizar posibles conductas violatorias de la ley de forma individual. El TEPJF, por su parte, tendrá que resolver las impugnaciones que se presenten en cada caso hasta que los diputados y senadores regulen, en ejercicio pleno de sus atribuciones, lo que puede y no puede hacerse en este período.

Vale la pena decir que el INE decidió permitir la aparición de los candidatos en programas de radio y televisión siempre y cuando no estén acompañados por otro candidato al mismo cargo de elección (sin duda eventualmente eso se convertiría en un debate). La intención no es imponer una veda o silencio a candidatos o medios de comunicación, sino sólo apegarse a las restricciones legales descritas. Asimismo, la autoridad electoral tiene prevista la organización de al menos tres debates entre los candidatos presidenciales –por supuesto, durante el período de campaña– y podrán participar en otros ejercicios de esta naturaleza organizados por medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, etc.

En conclusión, una ley, por detallada que sea, no puede prever todos los supuestos posibles (sobre todo cuando pretende regular actores particularmente creativos, como son quienes participan en la política mexicana). Así, una decisión sencilla que permita mantener la equidad en la contienda debe ser privilegiada y, en mi opinión, eso fue lo que hizo el INE. La determinación de mantener actividades previstas para el período de campaña como exclusivas del período de campaña tiene sentido. Las autoridades electorales, particularmente el INE, se encuentran en un momento muy delicado en que se exige de ellas la resolución de diversos conflictos inherentes a la organización del proceso electoral; sin embargo, encontrar el equilibrio entre una aplicación literal de una norma compleja pero insuficiente y una excesiva interpretación se ha convertido en motivo constante de cuestionamiento. La alternativa es optar por una ley que regule menos lo que pueden y no pueden hacer autoridades, partidos y candidatos. Pero, en un sistema electoral que tiene como base fundamental la desconfianza, este tipo de solución parece lejana.

Judith Nieto. Especialista en derecho electoral. Twitter @JudithANieto


1 Las consultas abordaban temas específicos sobre los límites para partidos y candidatos en: publicaciones de redes sociales; intervenciones en foros, coloquios y conferencia; participación en actividades partidistas; aparición en spots y la promoción del voto de mexicanos residentes en el extranjero fuera del territorio nacional. El texto integral de las consultas y del Acuerdo emitido por el INE puede consultarse aquí.

2 La referencia más clara en cuanto a este espacio temporal se encuentra en el artículo 41, base III, apartado A, inciso a) de la CPEUM.

3 Ver SUP-REP-109/2015

4 La respuesta a algunas de las preguntas formuladas por PT y MORENA se tomó con votaciones diferenciadas. La discusión integral y el detalle de la votación puede verse en aquí.

5 Al respecto, el artículo 3, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como “actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.

6  Ver SUP-REP-45/2017