“Amo esta tierra ajena por lo que me da, por lo que no me da.”
—Juan Gelman

José de la Paz Ferman Cruz es un salvadoreño que en 2015 huyó de su país y solicitó asilo en México porque su vida se encontraba en riesgo. Permaneció detenido 358 días en una estación migratoria de forma ilegal y arbitraria. En la actualidad es representado por la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana. En su caso, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitirá una resolución trascedente relacionada con la detención migratoria y los efectos que produce en la integridad personal de los solicitantes de asilo y la posibilidad de acreditarlos dentro del juicio de amparo mediante una prueba técnica.

El mismo Tribunal Colegiado ya estableció un precedente significativo sobre la suspensión de la detención migratoria en el juicio de amparo.1 Organizaciones de derechos humanos y entidades académicas también presentaron un amicus curiae. Por su trascendencia, el fallo fue reconocido en un comunicado conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como por la Comisión Interamericana.

Proceso judicial

En mayo de 2016, tras casi medio año en detención, José de la Paz pudo tener representación legal por gestión del ACNUR. Su defensa solicitó la salida de la estación migratoria por razones humanitarias, un derecho garantizado en la Ley de Migración y su Reglamento.2 La petición fue negada por el Instituto Nacional de Migración (INM) por lo que interpuso el juicio de amparo 1076/2016 ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa. En el amparo se reclamaron violaciones a la libertad y a la integridad personales, legalidad, entre otras, derivadas de la negativa a conceder la salida de la estación migratoria a pesar de cumplir con todos los requisitos legales.

En sus informes justificados el INM sostiene que una disposición administrativa interna le da facultades para concentrar a todas las personas solicitantes de asilo en la estación migratoria de la Ciudad de México y que ninguna pueda salir de ella hasta que concluya el procedimiento de asilo. Además, en su caso, el Instituto negó reiteradamente el acceso al expediente migratorio a José de la Paz y a su representación legal, por lo que el Juzgado ordenó su presentación. Con ello, se descubrió que meses antes de solicitarlo, el propio INM había acordado cesara la detención administrativa, recuperara su libertad y se regularizada su situación migratoria en tanto se definía su petición de asilo.

Ante ello, se realizaron dos ampliaciones del amparo: por el régimen de detención dirigido a todos los solicitantes de asilo y por la omisión de notificar y dar cumplimiento al acuerdo que ordenaba su libertad. Se argumentó el impacto diferenciado de la detención en personas solicitantes de asilo por su condición de vulnerabilidad. Además, se ofreció una prueba técnica para determinar el impacto y su magnitud como elemento de análisis de la violación a la integridad personal. El Juzgado de Distrito desechó la prueba. Con una incorrecta aplicación de los precedentes del caso Israel Arzate, sostuvo que la tortura no puede ser analizada jurisdiccionalmente en vía de amparo y que sólo constituye un delito.

Así, el caso llegó nuevamente ante el Tribunal Colegiado, quien esta semana resuelve el recurso de queja 180/2017 en el que tendrá una oportunidad valiosa para ampliar la doctrina constitucional de la Primera Sala sobre tortura como una violación de derechos humanos en el marco de procedimientos administrativos, dar contenido a la definición de tortura como “pena o sufrimiento mental”, y desentrañar las formas de tortura contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes cuando tienen como propósito la intimidación, el castigo, o es provocada por motivos de discriminación, y determinar su forma de acreditación y el estándar de prueba dentro del juicio de amparo.

Por la relevancia del caso, una articulación de entidades académicas y organizaciones de derechos humanos presentaron un memorial amicus curiae, entre ellas el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios ambos de la Universidad Iberoamericana, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Servicio Jesuita a Refugiados México y Sin Fronteras.

Es importante señalar que en la actualidad no existen precedente judiciales que den contenido específico a situaciones de tortura en la vertiente de violación a derechos humanos en el ámbito migratorio, cuyo factor agravante es la prolongación indefinida de la detención administrativa, con efectos en personas en situación de vulnerabilidad agravada y discriminación intersectorial, y que pueden ser valoradas desde una dimensión técnica especializada, para a partir de dicha prueba, informar el criterio del órgano de protección constitucional en relación a las violaciones alegadas en el juicio.

La resolución del Tribunal Colegiado supone una oportunidad histórica para analizar el alcance y las afectaciones a la integridad personal en el juicio de amparo: angustia, depresión y temor que pueden ser consideradas como tortura psicológica, cuyo vínculo de origen y factor detonante no son solo las condiciones de detención, sino su prolongación indefinida.3 La valoración de los efectos de la detención mediante una prueba a especializada, sería un precedente novedoso para determinar, en un medio de control constitucional, las afectaciones a la integridad personal que tienen como origen la detención administrativa de solicitantes de asilo y como parte de las obligaciones diferenciadas que deben asumir las autoridades nacionales frente a personas refugiadas.4

Contexto

México ha dejado de ser un país de tránsito de migrantes y refugiados para convertirse en un país de destino de las personas que requieren protección internacional. La violencia provocada por agentes estatales, grupos organizados como las pandillas o la delincuencia organizada nacional y trasnacional y la incapacidad de los gobiernos para brindar protección a las personas, son el origen de la mayoría de las peticiones de asilo en el país.

Según datos de ACNUR las peticiones de asilo en México aumentaron 1060% en los últimos 6 años.5 En 2017 las solicitudes ascendieron a más de 10 mil.6 El 90% provienen del denominado “Triángulo Norte” conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala.7 En años recientes, tanto el ACNUR como la Comisión Interamericana han mostrado su preocupación por los abusos hacia migrantes y refugiados que transitan o buscan permanecer en México en un contexto de una grave crisis de derechos humanos.8

En México subsisten prácticas estructurales que vulneran los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo: la detención generalizada, el maltrato y discriminación en las estaciones migratorias son constantes en el país.9 En general, los solicitantes de asilo no son informadas sobre sus derechos, enfrentan limitaciones para acceder a una representación jurídica que asegure su defensa ante autoridades administrativas y judiciales y la detención administrativa sigue siendo la regla y no la excepción.10

El caso de José de la Paz es el caso de cientos de personas que no tienen opciones en sus países, pero que enfrentan discriminación en México y abusos de parte de las autoridades. Es importante reconocernos en los otros, particularmente en un contexto global de regresión conversadora, de ascenso de un discurso xenófobo y de legislaciones y políticas que criminalizan y persiguen la migración e imponen “políticas de miedo”.11 El Vigésimo Tribunal Colegiado tiene la oportunidad de revertir estas prácticas discriminatorias y establecer límites frente al abuso a las personas inmigrantes en un país que históricamente se ha destacado por su tradición de asilo.

Simón Hernández León. Abogado del Instituto Procesal Penal.
Twitter: @hele_simon


1 Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Amparo en revisión 311/2016.

2 Artículo 136 de la Ley de Migración y articulo 240 V del Reglamento de la Ley de Migración.

3 La relación entre integridad personal y régimen de detención de migrantes ha sido analizada jurisdiccionalmente por la Corte Europea: A and others vs United Kingfom (Application no. 3455/05), 19 de febrero de 2009, así como en estudios doctrinales: Alfred de Zayas, “Human rights and indefinite detention”, en: International Review of the Red Cross, núm. 875, Comité Internacional de la Cruz Roja, marzo de 2005, Ginebra, pp. 17-42; Servicio Jesuita a Refugiados, Becoming Vulnerable in Detention. Civil Society Report on the Detention of Vulnerable Asylum Seekers and Irregular Migrants in the European Union, Bruselas, 2010. Para el caso mexicano: Sin Fronteras, La Ruta del Encierro: Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales, México, 2013; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Informe Preliminar acerca de tortura y maltrato en estaciones migratorias, México, 2015; Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia, México, 2017.

4 Corte IDH, Caso Pacheco Tineo vs Estado Plurinacional de Bolivia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de noviembre de 2012, Serie C No. 272, párrs. 217 y 218, Corte IDH, Fornerón e Hija vs. Argentina, Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242. párr. 45.

5 Centro de Información de las Naciones Unidas, “Juntos: Respeto, Seguridad y Dignidad para todos”, Comunicado No. 17/005, 16 de marzo de 2017.

6 Centro de Noticias ONU, “Los refugiados centroamericanos en México necesitan más protección: ACNUR”, 13 de marzo de 2017.

7 United Nations High Commissioner for Refugees, “México: Ficha de datos”, 2016.

8 ONU, “Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México”, Comunicado, 7 de octubre de 2015; CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Informe de país, 31 diciembre 2015, párr. 30.

9 Documentadas por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, Personas en detención migratoria en México. Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, México, 2017.

10 ONU, Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez (Adición), Misión a México, A/HRC/28/68/Add.3, 2014, párr. 73; ONU, Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. México, A/HRC/34/54/Add.4, 2017, párr. 91.

11 Slavoj Žižek, Sobre la violencia: seis reflexiones marginales, Paidos, Barcelona, 2009, p. 55.