“Necesitamos más ideas menos spots”,1 una frase que representa el sentimiento de muchos mexicanos por las precampañas. Si bien en esta etapa del proceso electoral, los mensajes van dirigidos a la militancia de cada uno de los partidos, éstos llegan a todos los ciudadanos. Además, estas precampañas han estado llenas de mensajes vacíos que se han vuelto populares por su mercadotecnia y la ocurrencia de los mexicanos, más que por su contenido. En sí, desde el punto de vista de los mexicanos, las precampañas no dado resultados deseables.

Por ello, junto con otros factores, la etapa de precampañas —recién concluida— resultó controversial. Razón por la que en el Seminario Permanente de Justicia Electoral2 fue analizado el expediente del procedimiento especial sancionador SUP- REP 159 /2017; en el cual, un partido político solicitó la imposición de una medida cautelar para retirar los spots de un precandidato único por considerarlos como actos anticipados de campaña. La importancia de este asunto radica en que al tener un precandidato único es necesario que este se comunique con la militancia. A partir de esto, un grupo de expertos, José Roldán Xopa, Javier Ortiz Flores y Javier Martín Reyes, discutieron este tema y sus implicaciones.

La primera intervención estuvo a cargo de José Roldán Xopa,3 quien tocó diversos puntos torales sobre este asunto. Primero, el ponente explicó la evolución del procedimiento especial sancionador (PES) y su efecto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es importante señalar que las sanciones administrativas que se imponen con el PES son un medio para garantizar una finalidad social y combatir la desconfianza en los resultados y la falta de legitimidad. Sin embargo, Xopa señaló que el problema de esta sentencia deriva del diseño institucional de este procedimiento, pues se enfoca en lo sancionatorio para dejar a un lado los efectos correctivos que son el objetivo de las medidas cautelares. Respecto a la resolución, el ponente mencionó que esta facultad se enfoca demasiado en no generar un sistema inequitativo, pero ignora que, de facto, ya existe uno. Además, el investigador criticó que no se haya realizado el análisis del mensaje; este análisis era importante por la propia naturaleza de los partidos políticos, puesto que no se puede evitar que su objetivo sea establecer una posición de ventaja o reducir una desventaja. Xopa, al hablar de los partidos políticos, destacó que es necesario recordar que son entes de interés público, pues sus actos importan y afectan a todos los ciudadanos. Por ello, el carácter público de los partidos políticos exige que se comporten de una manera leal y transparente en sus actos. Como último punto, el ponente realizó una reflexión sobre el TEPJF y señaló que desde el inicio ya se podía considerar como una batalla pérdida, porque los partidos políticos están diseñados para la competencia electoral, es decir, buscan ventajas. Esto significa que es una incoherencia pedirles que no lo hagan. En el caso del TEPJF, Xopa sostiene que Éste le teme a la potestad sancionadora, puesto que con este principio, podía hacer política jurisdiccional como garantía del proceso.

En representación del TEPJF acudió Javier Ortiz Flores,4 quien comenzó su participación señalando que el Seminario permite ampliar dos compromisos del TEPJF: justicia abierta y mejorar la calidad de las sentencias; con ello, se está reconociendo que, aunque éste sea un órgano límite, no significa que sea infalible. Ya en el fondo del asunto, Ortiz señaló que si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) reconoce el derecho de los precandidatos a tener acceso a los tiempos de radio y de televisión, no dice expresamente, “precandidatos únicos”. Por ello, la cuestión jurídica radicaba en determinar si era justificado conceder una medida cautelar para un spot en el que aparezca la figura, la voz y el nombre de este tipo de precandidatos. Para hacer frente a este dilema, el TEPJF redujo la controversia de tal forma que pudo establecer un criterio razonable que marcara una pauta para resolver este caso en concreto, el cual fue evaluar si el mensaje transmitido era legítimo a la luz de los valores institucionales. Dentro de esto, el TEPJF determinó que requerían evaluar si contenía o no un llamado expreso al voto y concluyeron que, en el caso citado, no se actualizaba tal supuesto. Además, Ortiz sostuvo que la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se contraponía con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral donde negaban concederles prerrogativas a los precandidatos en materia de radio y de televisión. Incluso, en la acción de inconstitucionalidad 57/2010, la SCJN validó el uso de los tiempos de radio y de televisión para las precampañas, por lo cual el criterio establecido no resultaría contrario al SUP-PES 159/2017. También, el ponente destacó que el problema central era determinar la licitud del material, a lo cual remarcó que, con dicha decisión, el TEPJF proporcionó condiciones adecuadas para la contienda, sin vulnerar la equidad. Incluso, esta postura evitó adoptar una perspectiva paternalista y permitió que la ciudadanía pudiera formar un criterio respecto al contenido de los spots. Para concluir, Ortiz mencionó que este criterio ha sido aplicado a dos nuevos asuntos: en el promocional de “La Bamba” y en el comercial de “Ya sabes quién”.

Para terminar con la discusión, Javier Martín Reyes5 sintetizó los puntos principales tratados en la mesa y realizó varias especificaciones. En primer lugar, el ponente criticó el expediente y su perspectiva de la realidad, porque si el objetivo del TEPJF era determinar el efecto de la propaganda electoral, entonces debía preguntarse qué efecto tenía el mensaje en la intención del voto. Esto no sucedió porque requeriría de pruebas empíricas que hubieran hecho que el TEPJF cambiara su argumentación en el caso. El segundo problema, que señaló Martín, consistió en la noción de equidad donde estableció que tenemos un sistema inequitativo por diseño.  El tercer punto radicó en la naturaleza de los partidos para pedir votos y su dificultad de exigirles a los mismos no hacerlo. Dentro de ello, el ponente enfatizó la reflexión que debe realizarse sobre cuál es el papel del TEPJF y cuál es el tipo de incentivos que está generando. En este punto, Martín coincidió con Ortiz al señalar que existe un problema estructural en el diseño del sistema electoral y que las restricciones del TEPJF lo obligan a adaptarse al contexto normativo actual. A pesar de que la sentencia establece criterios claros sobre el tema, no soluciona las limitaciones del estudio del contenido de los spots. Esto podría ocasionar que los partidos busquen atención mediática por medio de impugnaciones sobre los spots. Ante esto, el ponente sugirió que los TEPJF establezcan requisitos más estrictos para la admisibilidad de los asuntos, lo cual produciría que sean presentados impugnaciones serias con relevancia jurídica alta. Respecto a las finalidades de los precandidatos para acceder a los medios de comunicación, Martín señaló dos tendencias: la primera es que la SCJN sostiene que el objeto de esta concesión es informar a la opinión pública general y; la segunda, es que el TEPJF concluye que su fin es comunicarse con los militantes. Suponiendo que la posición adecuada sea la de la SCJN, el tipo de mensaje requerido debería ser distinto al que se debería expresar si el objetivo es tener contacto con la militancia. En contradicción, el TEPJF determinó que los mensajes en las precampañas son para los militantes de un partido, lo cual da la impresión de que la prerrogativa no fue una medida idónea.

A modo de conclusión, el seminario permitió establecer varios puntos relevantes en cuanto al sistema electoral mexicano, al plantear la necesidad de modificar el sistema de partidos actual y entender a estas instituciones como figuras de interés público. Por ello, es necesario exigir a los partidos políticos que vinculen sus actuaciones y sean más responsables; debido a que bajo sus actuaciones actuales sólo buscan defender sus intereses, degastan el sistema y deslegitiman a la democracia. También es necesario cuestionar el diseño normativo de las precampañas, pues, aunque tuvieron una modificación con la reforma de 2014, parecería que los spots difundidos en dicha etapa sólo contribuyen al hartazgo social. Un logro más del debate fue exigir que las sentencias del TEPJF tomen en cuenta la realidad social. Con ello, las resoluciones deben tener en cuenta diversos factores porque, aun con sus limitaciones, ignorar el contexto social desencadena otro tipo de problemas mayores.

Edith Celeste García Ramírez. Estudiante de la licenciatura en derecho del CIDE y Consejera Distrital en el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Twitter: @CelesteGR7


1 Frase atribuida a José Woldenberg citado por Javier Ortiz Flores.

2 La sesión tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

3 Profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

4 Secretario de estudio y cuenta en el TEPJF de la ponencia de Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

5 Profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.