En más de una ocasión, personas ajenas al sistema juridico mexicano han dicho que los mexicanos estamos “obsesionados” con el control de convencionalidad. Y tienen razón. Sin embargo, creo que esa obstinación ha sido, en muchos casos, acotada en cuanto a las posibilidades del tema. Por ejemplo, no son pocas las discusiones entre juristas y/o estudiantes que no logran salir del redil de la sentencia “Radilla” y la jurisprudencia clásica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el control de convencionalidad. En contraste, las interpretaciones realizadas por los Comités de la Organización de las Naciones Unidas (Comités ONU), en materia de derechos humanos, han recibido poca o nula atención dentro de nuestro constitucionalismo.

No es de extrañarse que la CIDH haya acaparado los reflectores del control de constitucionalidad, puesto que ésta corte fue la que acuñó el término.1 Incluso, en repetidas ocasiones, ha señalado la obligación que poseen las personas operadoras de justicia en velar por la misma. Además, los efectos de las disposiciones de la Convención, así como de su jurisprudencia, tienen que no verse mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y a su fin.2

En la caso Radilla Pacheco Vs. México, popularmente conocida como sentencia “Radilla”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que todas los jueces del país deben ejercer un control de convencionalidad ex oficio.3 No obstante, la SCJN “amplió” el concepto de “control de convencionalidad” para incluir no únicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la “jurisprudencia vinculante”4 de la CIDH, sino todos los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por nuestro país.5 De ahí que exista una carencia social por no cuestionar el papel que tienen (o que deberían y podrían tener) las interpretaciones realizadas por los Comités ONU. Aun cuando se tratan de instancias cuasi jurisdiccionales, las interpretaciones de la ONU son las encargadas de garantizar el debido cumplimiento de distintos tratados. Por ello, ¿qué impacto poseen en la actividad de las personas encargadas de la operación de justicia? ¿Son vinculantes? ¿Deberían serlo?

Uno de los primeros reparos que podría plantearse es el hecho de que las Observaciones Generales de los Comités ONU suelen identificarse como parte del soft law.6 Sin embargo, debe advertirse que esto no quiere decir —como mucha gente pareciera concluir— que “no sean nada”, jurídicamente hablando. En referencia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), Fernando M. Mariño señaló, a finales del siglo pasado, que la adopción de Observaciones Generales por parte de los Comités ONU podrían generar una norma consuetudinaria vinculante; según la cual, las interpretaciones dadas por el Comité por vía de observación general son vinculantes para los Estados parte.7 En efecto, aunque las normas del soft law no generen por sí mismas obligaciones de cumplimiento para los Estados, estas son “especialmente relevantes en el proceso de elaboración del Derecho Internacional”.8 Además, no carecen de efecto jurídico pues reflejan el estado de desarrollo de normas consuetudinarias y son la base para el desarrollo futuro de normas vinculantes.9

Desde el derecho internacional existen razones de derecho interno para considerar que en México las interpretaciones de los Comités de la ONU poseen, al menos, una especie de “carácter orientador con especial relevancia constitucional”. Lo anterior se justifica por una fuente real del derecho —bastante ignorada en nuestro país— que es la práctica judicial. Esta figura refiere a la metodología reiterada que los jueces utilizan para llegar a sus conclusiones. Un aspecto que difícilmente podra ser identificado en los reducidos y fragmentarios criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación; esto sólo será identificado en estudios de sentencias más o menos vinculadas entre sí por temática. Por  mencionar un ejemplo, tanto el Pleno como las Salas de la SCJN se han remitido de manera constante a las Observaciones Generales como instrumentos que complementan o ayudan a interpretar los derechos reconocidos en la Constitución. Así, la SCJN ha hecho uso de estas resoluciones para analizar el derecho a la salud,10 el derecho de personas con VIH/Sida a tratamientos médicos,11 el derecho a la vivienda,12 el derecho a la educación13 y el derecho al trabajo,14 entre otros.

Existen algunas sentencias que confirman la legitimidad que se les ha dado a estas resoluciones al interior de nuestra SCJN. Por ejemplo, la Primera Sala de la SCJN ha considerado que los criterios reconocidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en la Observación General Número 4 “constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4º [constitucional]”.15 Si bien, la SCJN, en un caso, afirmó que esos criterios no son vinculatorios para la misma, advirtió que “son útiles para conocer cuál es la evolución que ha tenido el derecho fundamental a la vivienda en el ámbito internacional, así como, el objetivo que persigue la comunidad internacional en torno al derecho a una vivienda adecuada”.16

De manera general, las sentencias que destacan los vínculos entre el texto constitucional y el desarrollo de los derechos en las Observaciones Generales demuestran algún tipo de resistencia para la interpretación judicial. Se destacan sentencias como, por ejemplo, la del amparo en revisión 315/2010, en la cual el Pleno de la SCJN declaró que la Observación General Número 14 del Comité DESC esclarece el contenido y el alcance jurídico mínimo consensuado del derecho a la salud reconocido constitucionalmente.17 Por ello, utilizar las Observaciones Generales de los Comités de la ONU para interpretar derechos no es una práctica exclusiva de la SCJN, puesto que, de forma reiterada, distintos Tribunales Colegiados de Circuito han utilizado estas observancias para determinar el contenido de los derechos constitucionales a la vivienda,18 a la salud,19 de los niños,20 al agua,21 de seguridad social22 y non bis in ídem,23 entre otros.

No sería aceptable, pues, proponer que los jueces pueden, arbitraria y caprichosamente en cada caso, decidir si una Observación General sirve o no de guía para interpretar los derechos constitucionales. Esto debido a que la práctica judicial reiterada parece revestirles de una legitimidad cada vez mayor. Y no pareciera que la tendencia vaya a cambiar. Además, las Observaciones Generales de los Comité ONU resultan sumamente ricas por la variedad de temas que abordan y por la profundidad con la que son atendidos. El catálogo de criterios y de herramientas para la interpretación judicial es, en muchos casos, incluso más amplio que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la fecha. Así ocurre, por ejemplo, en materia de personas con discapacidad.24

Antes de concluir, cabe señalar que un tema obligatorio sobre el papel de los Comités ONU en nuestro sistema jurídico es la vinculatoriedad de las resoluciones emitidas en casos contra México. A partir de ello, es necesario plantearse la necesidad de que la SCJN genere un “Expediente Varios” para determinar cómo comprometen al aparato estatal mexicano. Esto, debido a que los tratados de la ONU son, claramente, vinculantes para todas las autoridades. De esta manera, sería ilógico pensar lo contrario de las decisiones emitidas en casos concretos por los organismos creados para garantizar su cumplimiento.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Consultor y litigante independiente en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @kalycho


1 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124.

2 Véase: Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124. Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr. 103. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330, párr. 93.

3 SCJN. Pleno, Varios 912/2011, sentencia del 14 de julio de 2011, Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos, párrs. 23 – 36.

4 Debe recordarse que, en esa misma ocasión, la SCJN determinó que únicamente eran criterios vinculantes para las y los jueces del país aquellos emitidos por la CorteIDH en casos contra México. No obstante, posteriormente reconoció que también son vinculantes los criterios contenidos en casos contra otros países cuando sean más garantistas. Véase: SCJN. Pleno, Contradicción de tesis 293/2011, sentencia del 3 de septiembre de 2013, Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

5 SCJN. Pleno, Varios 912/2011, sentencia del 14 de julio de 2011, Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos, párr. 31.

6 Colmegna, Pablo Damián; “Impacto de las normas de soft law en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos”, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja” – Año VI, Número 8, 2012, pág. 35.

7 Mariño Menéndez, Fernando; “Avances jurídicos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del marco de Naciones Unidas”, Derechos y Libertades: revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Febrero 1998, pág. 91.

8 Manzuelos Bellido, Ángeles; “Soft Law: ¿mucho ruido y pocas nueces?” Revista electrónica de estudios internacionales (REEI), 2004, no 8, pág. 8.

9 Del Toro Huerta, Mauricio Iván; “El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del derecho internacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2006, Número VI, pág. 538

10 SCJN. Pleno, Amparo en revisión 315/2010, sentencia del 28 de marzo de 2011. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Primera Sala, Amparo en revisión 173/2008, sentencia del 30 de abril de 2008. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

11 SCJN. Segunda Sala, Amparo en Revisión 378/2014, sentencia del 15 de octubre de 2014. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán.

12 SCJN. Primera Sala, Amparo directo en revisión 3516/2013, sentencia del 22 de enero de 2014. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pleno, Amparo en revisión 295/2014, sentencia del 29 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas.

13 SCJN. Primera Sala, Amparo en revisión 323/2014, sentencia del 11 de marzo de 2015. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Primera Sala, Amparo directo en revisión 3799/2014, sentencia del 25 de febrero de 2015. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

14 SCJN. Pleno, Amparo en revisión 295/2014, sentencia del 29 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Pleno, Amparo en revisión 311/2014, sentencia del 29 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Pleno, Amparo en revisión 317/2014, sentencia del 29 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Pleno, Amparo en revisión 298/2014, sentencia 30 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Pleno, Amparo en revisión 316/2014, sentencia del 30 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas

15 SCJN. Primera Sala, Amparo directo en revisión 3516/2013, sentencia del 22 de enero de 2014. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pleno, Amparo en revisión 295/2014, sentencia del 29 de junio de 2015. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Esta valoración ha sido retomada en el Semanario Judicial de la Federación. Véase: Época: Décima Época; Registro: 2006171; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 5, Abril de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.); Página: 801. DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Disponible en: http://bit.ly/2Ffl0jU.

16 SCJN. Primera Sala, Amparo directo en revisión 3516/2013, sentencia del 22 de enero de 2014, págs. 42.

17 SCJN. Pleno, Amparo en revisión 315/2010, sentencia del 28 de marzo de 2011. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Esta valoración ha sido retomada en el Semanario Judicial de la Federación. Véase: Época: Novena Época; Registro: 161333; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. XVI/2011; Página: 29. DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Disponible en: http://bit.ly/2D149eL.

18 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Amparo directo 251/2011, sentencia del 4 de noviembre de 2011, Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, Amparo en revisión 27/2012, sentencia del 24 de mayo de 2012, Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Amparo directo 679/2014, sentencia del 22 de enero de 2015, Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Amparo directo 815/2014, sentencia del 19 de febrero de 2015, Ponente: José Manuel de Alba de Alba.

19 Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Amparo directo 190/2012, sentencia del 28 de junio de 2012, Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 19/2013, sentencia del 30 de mayo de 2013, Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Incidente de suspensión (revisión) 148/2014, sentencia del 3 de julio de 2014, Ponente: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Incidente de suspensión (revisión) 91/2015, sentencia del 24 de febrero de 2015, Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Queja 59/2017, sentencia del 8 de marzo de 2017, Ponente: María de los Ángeles Estrada Sedano.

20 Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, Amparo en revisión 315/2012 (cuaderno auxiliar 801/2012), sentencia del 31 de octubre de 2012, Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, Amparo en revisión 435/2014, sentencia del 4 de marzo de 2015, Ponente: Freddy Gabriel Celis Fuentes. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo directo 163/2016, sentencia del 25 de agosto de 2016, Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo directo 185/2017, sentencia del 27 de octubre de 2017, Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara.

21 Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo en revisión 158/2014, 2 de octubre de 2014, Ponente: Emma Meza Fonseca. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 378/2014, sentencia del 22 de enero de 2015, Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Amparo en revisión 301/2014, sentencia del 9 de febrero de 2015, Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Amparo en revisión 280/2014, sentencia del 9 de febrero de 2015, Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en revisión 259/2015, sentencia del 9 de noviembre de 2015, Ponente: Armando Cruz Espinosa. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Amparo en revisión 235/2016, sentencia del 5 de octubre de 2016, Ponente: Diógenes Cruz Figueroa.

22 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Amparo directo 633/2016, sentencia del 19 de enero de 2017, Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero.

23 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Amparo directo 158/2012, sentencia del 17 de mayo de 2012, Ponente: Francisco J. Sandoval López. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo directo 1/2016, sentencia del 7 de julio de 2016, Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo directo 2/2016, sentencia del 7 de julio de 2016, Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Amparo directo 14/2016, sentencia del 7 de julio de 2016, Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez.

24 Véase: Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 9: los derechos del niño con discapacidad; Comité DESC, Observación general Número 5: Las personas con discapacidad; Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Número 1: el derecho de las personas con discapacidad a ser iguales ante la ley; entre otros.