El presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, anunció el pasado 8 de marzo que se van a abrir dos concursos solo para mujeres para que puedan convertirse en Juezas de Distrito y Magistradas de Circuito. La medida tiene el propósito de remediar la enorme disparidad que aún existe entre hombres y mujeres en estos puestos.

Para dar una idea de su tamaño: según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, las mujeres representan solo el 21% de quienes encabezan los Juzgados de Distrito, el 18.1% en los Tribunales Colegiados y el 22.6% en los Tribunales Unitarios.1

De acuerdo a un estudio realizado por el Consejo de la Judicatura en el 2014, estas brechas no pueden explicarse simplemente porque las mujeres no quieren o no pueden desempeñar esta labor jurisdiccional. Los números se explican, más bien, por una serie de barreras que existen en la operación institucional que hace que sea particularmente difícil que las mujeres, sobre todo, escalen de puesto. Lo que hay, en otras palabras, es un “techo de cristal”.2

Que estos obstáculos existen no es novedad: el estudio elaborado por el mismo Consejo los demuestra. Que la solución a ellos sea un concurso solo para mujeres, sí lo es.

En cuanto anunciaron los concursos, por supuesto, hubo quienes se opusieron. ¿Qué no se supone –arguyen– que el género debe ser irrelevante para determinar quién ocupa un cargo? ¿Qué no se trata de una discriminación en contra de los hombres, impidiéndoles de manera absoluta concursar por estos puestos, por el solo hecho de “ser hombres”?

El orden jurídico nacional ya ofrece una respuesta a estas preguntas. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) es clara en cuanto a que las “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” –como lo son estos concursos– no serán consideradas discriminatorias para efectos de la Convención (artículo 4).  La misma Suprema Corte ha resuelto varios casos en los que validó medidas similares.3 De estos, destaca, en particular, la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas, en la que analizó la constitucionalidad de las cuotas de género que se introdujeron en la legislación electoral de Chiapas.

Este fallo es importante porque la Suprema Corte reconoció una obviedad: que “la implementación de estas medidas no puede ser arbitraria” y, por lo mismo, también se encuentran sujetas a un análisis de constitucionalidad.4 ¿Cuál? La Corte es clara: no se les puede someter al test de escrutinio estricto –porque “sería absurdo [que] el juez constitucional contemplara dichas medidas con especial sospecha”–5, sino a un análisis de razonabilidad. Para que sean válidas estas medidas:

• Deben ser temporales (una vez que cumplen con su objetivo, deben erradicarse);

• Deben tener como propósito acelerar la igualdad sustantiva (lo que significa que están llamadas a remediar una desigualdad de hecho, como es el caso);

• Deben ser un medio para lograr ese fin (los concursos, en otras palabras, tendrían que aumentar el número de juezas y magistradas a nivel federal, para ser válidos);

• Y no deben implicar una “transgresión desmedida” a los derechos de los hombres (lo que en el caso se traduciría, por ejemplo, en un impedimento de participar indefinidamente en estos concursos).6 Esto último es clave: al hablar de una “transgresión desmedida”, la Corte reconoce que puede haber una afectación a los derechos de los hombres. Pero eso, per se, no invalida las medidas. Lo que las invalida es que sean desproporcionadas en su afectación.

Esto es, de hecho, lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC-1080/2013, el antecedente más similar en la materia. En este caso, la Sala Superior tuvo que analizar la decisión del entonces Instituto Federal Electoral de abrir un concurso solo para mujeres para ocupar 106 plazas en el servicio profesional electoral.

En aquel momento, los hombres ocupaban el 78.20% de las plazas, mientras que las mujeres ocupaban el 21.80%. Adicionalmente: las mujeres ni siquiera se encontraban distribuidas en la misma medida en todos los puestos de la estructura. Entre más alto era el cargo, menos mujeres había. Con el concurso, los números cambiarían ligeramente: los hombres pasarían a ocupar el 74.80% del servicio profesional electoral y las mujeres el 25.20%.7

Con todo, veintisiete hombres impugnaron el acuerdo de la autoridad electoral. La Sala fue puntual: la medida pretendía acelerar el cierre de la brecha entre hombres y mujeres en el servicio profesional electoral y servía para lograrlo. Más aún: no implicaba un pase automático para las mujeres; éstas tenían que cumplir con los mismos requisitos que hubieran tenido que cumplir en un concurso mixto. Y crucial: no afectaba las plazas ya ocupadas, ni las vacantes del futuro. La medida era solo para esta ocasión, para estas plazas. Por lo mismo, era “proporcional”.

Francamente: a mí no me preocupa la constitucionalidad de los concursos que anunció Luis María Aguilar (salvo que los diseñen de forma tal que no pasen un análisis de constitucionalidad). Me preocupa su insuficiencia. Me preocupa que, fuera de estos concursos, no se tomen más medidas para erradicar los obstáculos que enfrentan las mujeres al interior del Poder Judicial Federal, obstáculos que ya fueron identificados por el mismo Consejo de la Judicatura. Me preocupa que la operación cotidiana de los tribunales quede inalterada, a pesar de que ese estudio reveló cómo, exactamente, repercute en la igualdad de oportunidades.

Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género?8 ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad? Si saben que la discriminación está tejida en el funcionamiento institucional mismo, ¿qué más están haciendo para reestructurarlo?Preguntas, por supuesto, que pueden extenderse al resto del Poder Judicial, tanto federal, como local.

Estefanía Vela Barba. Licenciada en derecho en el ITAM y maestra en derecho en la Universidad de Yale, en donde está desarrollando sus estudios de doctorado. Recientemente escribió un libro sobre La discriminación en el empleo en México, que fue publicado por el Instituto Belisario Domínguez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.


1 A nivel local, los números son similares: según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017, las mujeres ocupan el 30.4% de los asientos en los Tribunales Superiores de Justicia y el 25.2% en los Consejos de la Judicatura. Valga mencionar también que, de los once asientos de la Suprema Corte, solo dos son ocupados por mujeres; de los siete de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, dos son ocupados por mujeres; de los quince asientos de las Salas Regionales, tres son ocupados por mujeres (aunque los dos asientos de la Sala Regional Especializada son ocupados por mujeres); y de los siete en el Consejo de la Judicatura Federal, dos son ocupados por mujeres.

2 En el estudio del Consejo se refieren, más bien, a un “laberinto” y se hace una crítica de lo inadecuada que resulta la metáfora de los “techos de cristal” para entender lo que ocurre en el Poder Judicial Federal de México. Usan el concepto del “laberinto” para transmitir lo que ocurre: cómo, si bien hay un punto de entrada y de salida de la carrera judicial, es tan complejo el entramado institucional y son tantos los obstáculos para avanzar, que muchas mujeres (por lo general) se pierden en el trayecto.

3 Están la acción de inconstitucionalidad 57/2012 y sus acumuladas 58/2012, 59/2012 y 60/2012 (cuotas de género en Zacatecas); la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009 (cuotas en Chihuahua); la acción de inconstitucionalidad 21/2009 (cuotas en Tamaulipas); en el Amparo Directo en Revisión 1464/2013 hace referencia a estas medidas también.

4 Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, resuelta el 2 de octubre de 2014, p. 165.

5 Ibid., p. 170.

6 “En atención a los argumentos aquí esgrimidos, esta Suprema Corte de Justicia estima que las medidas impugnadas […] son razonables pues cumplen con una finalidad no solamente constitucionalmente válida, sino constitucionalmente exigida y no implican una transgresión desmedida a los derechos del género masculino.

Las acciones afirmativas consistentes en preferir a las mujeres en casos de integración impar, si bien implican un trato diferente a los candidatos del género masculino, no constituyen un trato arbitrario ya que se encuentra justificado constitucionalmente pues tiene una finalidad acorde con los principios de un Estado democrático de Derecho y es adecuado para alcanzar el fin.” Ibid., p. 174.

7 Es importante mencionar que uno de los efectos imprevistos que tuvo el concurso del entonces IFE es que multiplicó por 6 el número de mujeres que participaron. Algo increíble considerando, de nuevo, que los requisitos del concurso eran exactamente los mismos que las ediciones anteriores. Esto sugiere algo crucial: si las mujeres no se presentan a concursar (como también ocurre en el Poder Judicial), no es porque no les interesa el trabajo en cuestión. Bien puede ser que crean que no van a ser elegidas, por lo que ni siquiera se presentan.

8 En el caso del Poder Judicial Federal, en el estudio que realizó el Consejo de la Judicatura, se detectó que la escasa participación de las mujeres en los concursos se debía, en parte, a la política de adscripción. Al hecho de que, al ganar, podían ser transferidas a otro lugar. Dado que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación indirecta –aquella que ocurre como resultado de normas que bien pueden ser neutrales en sus términos, pero no en sus efectos–, sería importante que se justifique esta política de adscripción. Para que sea válida, tiene que cumplir con el test de escrutinio estricto, que ya la Corte perfiló en el Amparo Directo 19/2014 (párrafos 94-95), para los casos de discriminación indirecta. En otras palabras: 1) tiene que tener un fin constitucionalmente imperativo; 2) ser un medio exactamente diseñado para alcanzar ese fin; y 3) tiene que ser la medida menos restrictiva posible. Esto significa que, si existe otra manera de asignar la adscripción a un lugar que no tiene ese impacto diferenciado, se tiene que optar por ella.

9 Obviamente, no toda la desigualdad que se manifiesta en un centro de trabajo es responsabilidad del centro de trabajo. En una sociedad como la mexicana, en la que la desigualdad está presente en tantos ámbitos de la vida, hay mucho que queda fuera del control de los lugares de trabajo (véase, en este libro, las páginas 95-99 y siguientes). Esto también lo reconoce el estudio del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, hay mucho que sí depende de los lugares de trabajo y es en esto en lo que se tienen que enfocar.