En estos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra discutiendo una acción de inconstitucionalidad trascendente para el futuro de la materia penal en el país.

Al respecto, vale recordar que el pasado 5 de marzo de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales que unificó en una sola pieza legislativa la totalidad de los procedimientos en materia penal que previamente se encontraban en treinta y dos códigos distintos. En respuesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) presentaron, de manera separada, acciones de inconstitucionalidad contra distintos artículos del mencionado código. Para la resolución del asunto, ambas acciones se acumularon y ahora se discuten en un proyecto a cargo del ministro Javier Laynez Potisek.

Uno de los temas más relevantes que se ha discutido en estas sesiones tiene que ver con la inspección de personas y vehículos por parte de la policía sin una orden judicial previa y de manera escrita. La importancia de este tema radica en la posible afectación a la libertad de movimiento de millones de ciudadanos por parte de la policía en un país donde el abuso y la brutalidad policíaca son más la regla que la excepción.

En los últimos dos días, las críticas a la SCJN por parte de la opinión pública se han lanzado desde distintos frentes, pero han convergido en punto clave: la resolución del pleno otorga a las policías márgenes amplísimos de actuación para detener de manera arbitraria a personas que aparentemente no se encuentran cometiendo ningún delito. En el presente artículo, en aras de clarificar lo resuelto por nuestro tribunal constitucional, quisiera explicar las razones por las que se declaró la validez de los artículos cuyo contenido se señaló en los párrafos anteriores.

El proyecto de sentencia –hay que recordar que dado que sigue en discusión el asunto, aún no hay una sentencia definitiva como documento (engrose)- estudió diversas causales en las que la policía podía inspeccionar a determinados sujetos y objetos; por ejemplo, concedió la validez de las inspecciones a cargo de la policía en caso de flagrancia; es decir, cuando un agente del Estado percibe o presencia directamente la comisión de un delito, o sea, se percata a simple vista o con los sentidos de que se está cometiendo en ese mismo instante un hecho ilícito. En ese supuesto, es evidente que los elementos policiacos pueden no sólo inspeccionar, sino detener al individuo.

Pero la Corte evaluó la inspección en otros supuestos fácticos, siendo los más delicados dos de ellos: el relacionado con personas u objetos durante la investigación de delitos y  el vinculado con vehículos particulares. En ambos casos se encuentran como posibles sujetos pasivos de la norma todos los ciudadanos y no sólo aquellos que se encuentren cometiendo un acto ilícito.

A estas medidas, las que implican una detención momentánea y no definitiva, la Corte vía jurisprudencia las ha denominado como “controles preventivos provisionales”: se trata de restricciones temporales a un derecho, pero no pueden confundirse con una detención propiamente dicha (como sí sucede con la flagrancia). La mayoría del Pleno consideró que conforme a diversos precedentes, dichas medidas sólo pueden ser ejercidas en caso de que exista una “sospecha razonable”, de modo tal que estos controles no pueden resultar arbitrarios ni caprichosos.

Una de las razones que motivó a la SCJN a arribar a esta conclusión es la intencionalidad de la reforma constitucional en materia penal. Dicha reforma cambió la concepción misma de la policía: de ser un mero ejecutor de las instrucciones del Ministerio Público, ahora es una pieza central de las investigaciones criminales, en donde tiene la obligación de recabar el material probatorio y presentárselo al Ministerio Público para que éste robustezca la carpeta de investigación de que se trate.

En este sentido, la SCJN estimó que las inspecciones policíacas son una tarea esencial a la función investigadora de los delitos; por ese motivo, las consideró una “restricción admisible constitucionalmente al derecho de libertad deambulatoria, siempre que se lleven a cabo respetando cabalmente los requerimientos constitucionales correspondientes”. Pero, entonces, ¿cuáles son esos requerimientos constitucionales? En el caso de las inspecciones vinculadas con investigaciones, el código señala que cuando existan indicios de que una persona “oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga”, la policía sólo procederá a la inspección cuando exista una suposición razonable sobre lo anterior, ya que sólo así se cumple con el principio de legalidad. Así, la sospecha razonable comienza a partir de los datos e informaciones con que se cuenta derivados de la denuncia previamente recibida. Lo anterior se puede dar a partir de la descripción física o apariencia del sujeto aportados en la denuncia, información obtenida sobre su ubicación o posible zona o lugar de localización, la descripción de un vehículo en el que conducía o se encontraba al momento de los hechos, entre otros supuestos.

De ello se deriva que la inspección, inicialmente, no puede ser aplicada a cualquiera, sino que tendría que existir una mínima -y razonable- correlación entre el inspeccionado y los datos aportados en la denuncia o querella respectiva. Pero esto resulta insuficiente. Si bien es necesario, el agente, a partir de la sospecha, tendría que aproximarse al individuo en cuestión, identificarse y pedirle hacer lo mismo, para iniciar una entrevista que explique las razones por las que se está realizando tal ejercicio policiaco. A partir de las contestaciones y/o actitudes recibidas del inspeccionado, el agente decidirá si está colmada la suposición razonable y, en su caso, definirá si procede o no la inspección física.

El proyecto de sentencia indica que el inculpado podría objetar las pruebas obtenidas a raíz de la inspección ante el juez competente si considera que no se actualizaba la suposición razonable. El juzgador, posteriormente, deberá pronunciarse sobre la conducta del agente y resolver si admite la prueba que se derivó de la inspección.

Por otra parte, respecto a las inspecciones a automóviles, el proyecto construye algunos matices para adecuar los requisitos que son necesarios para la inspección durante la investigación. Así, de manera similar a lo que ocurre con la inspección a personas, el agente debe identificarse y explicar al conductor el motivo por el cual “paró” el vehículo (en el proyecto se usa este verbo para no confundirlo con “detención”, que sí presupone una afectación a la liberad personal en mayor grado). Puede solicitar la documentación correspondiente (registro vehicular, licencia, etcétera) y hacer la entrevista al conductor. El proyecto sostiene: “Durante este proceso el agente queda autorizado para, desde su posición, observar o mirar a simple vista hacia el interior del vehículo”.

A partir de la información, datos y conductas que observe el policía durante la entrevista, podrá tener una sospecha razonable de que en ese instante se está cometiendo un delito y podría proceder a realizar una inspección física del automóvil. Es evidente que al igual que con la inspección durante la investigación, la inspección sobre automóviles también deberá someterse al escrutinio jurisdiccional.

Finalmente, el proyecto de sentencia -aprobado en ese aspecto por la mayoría- sostiene que la inspección puede ser llevada a cabo de manera forzosa. Alega que, de ser consensual, no se estaría frente a la fuerza del Estado o de alguna autoridad. Así, aunque no debe ser la primera opción del policía, la coacción debe proceder cuando el particular se niegue a la inspección.

Vale mencionar que sobre la “suposición” o “sospecha razonable”, existen posiciones divergentes entre los ministros que conformaron la mayoría. Hay quienes la entienden de manera más robusta y otros que no. De ahí que en este asunto, es imprescindible conocer las razones últimas de la mayoría –que debiesen acabar plasmadas en el llamado engrose o la sentencia como documento- para poder comprender los alcances y márgenes que tendrá la policía para usar las técnicas de investigación que el código les otorga, tales como la inspección. En tal documento, y las razones que ahí se hilvanen, será la última oportunidad que tenga la SCJN para limitar la discrecionalidad policíaca en un país que necesita de una policía que investigue con inteligencia y límites.

Juan I. Zavala. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt