El 12 y 13 de marzo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente resolvió las acciones de inconstitucionalidad que desde abril de 2014 presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH) y el entonces IFAI, en contra varias disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Entre las disposiciones impugnadas se encuentran las fracciones III y V del artículo 251 del código, las cuales establecen que las inspecciones a personas y a vehículos no requieren la autorización por parte de un juez de control.1

En los últimos días se han planteado las más variadas posturas frente a la resolución de la SCJN, quien estimó –en una votación dividida– que dichas fracciones eran constitucionales. Mucho se ha dicho en notas periodísticas, entrevistas, artículos y tuits. No obstante, valdría la pena explorar las implicaciones que, en la práctica, esta decisión de la SCJN tendrá para el día a día de los ciudadanos. Por tal motivo, planteo un caso hipotético como base para desarrollar el siguiente análisis (específicamente, sobre una inspección vehicular).2

Un caso hipotético

Suponga usted que le roban una bicicleta plegable cerca de su casa. De inmediato acude al ministerio público a presentar su denuncia. Después de una larga espera, hace la narrativa de los hechos, presenta algunas fotografías y hasta la factura de la bicicleta. Suponga, pues, que usted ha hecho todo lo necesario para que el sistema de procuración de justicia haga su trabajo.

Transcurre una semana y, un día, saliendo de un local, observa que en el interior de una camioneta estacionada está una bicicleta plegable, idéntica a la que le robaron. Usted se asoma al interior de la camioneta y su sospecha se incrementa: no sólo parece idéntica; es su bicicleta. Por los golpes y los accesorios que le ha comprado, está prácticamente seguro. ¿Qué hacer en una situación así?

Suponga, además, que comienza a caminar y ve a un policía a media cuadra. Acude con él a decirle lo que pasó. Le muestra las fotos de su bicicleta que lleva en su celular, hasta una foto del acuse de recibo de su denuncia. El policía observa las fotografías y le pide que le indique dónde está la camioneta, para hacer así la inspección correspondiente.

Al aproximarse, observan que también un joven se acerca a la camioneta y la abre. El oficial de policía pregunta al joven si es el propietario de la camioneta. El joven asiente y el policía le comunica que está realizando una investigación, que le tomará sus datos y hará una breve inspección en su camioneta, específicamente, ver la bicicleta que lleva en el interior. El joven accede y responde que la bicicleta no es de su propiedad, que es de su novia. El policía le pide que abra las puertas traseras del vehículo para observarla a mayor detalle. Ahí las dudas desaparecen: usted sabe que es su bicicleta y así se lo dice al policía. El policía comunica al joven que la bicicleta tiene un reporte de robo y que procederá a asegurarla.

Para entender cómo este hipotético caso se relaciona con el criterio de la SCJN, conviene responder a varias preguntas.

¿Es este un caso de flagrancia?

No, no estamos frente un caso de flagrancia. No se actualiza ninguna de las hipótesis del artículo 16 constitucional, ni del artículo 146 del CNPP. El robo ocurrió en días anteriores. Además, de los hechos narrados no se podría inferir que el joven de la camioneta está cometiendo de un delito. Al contrario: el policía actuó conforme a las facultades que le otorga el artículo 251 del CNPP, fracción V; es decir, realizó una inspección de vehículo, para lo cual no se requiere autorización previa de un juez de control.

¿Ocurrió esta inspección en el curso de una investigación?

Por los comentarios que se han realizado los últimos días, es importante enfatizar una distinción entre tres conceptos: investigación en sentido amplio, investigación como etapa procesal y actos de investigación. Así, el primer concepto se refiere al conjunto de acciones que realizan la policía y el ministerio público para obtener información, el segundo se refiere a un momento específico en el proceso penal en el cual se lleva a cabo la investigación.  Y, por otro lado, los actos de investigación son las acciones o diligencias que realiza un policía o agente del ministerio público a fin de esclarecer un hecho delictivo. En su caso, la policía los puede llevar a cabo con independencia del ministerio público pues no es necesaria una orden expresa e, incluso, el policía los podría ejecutar con o sin conocimiento previo del ministerio público.

Aunque el artículo 21 constitucional señala que el ministerio público debe ejercer la conducción y mando de las policías en la investigación de los delitos, debe entenderse que, bajo la lógica del sistema acusatorio y, en la práctica cotidiana, hay una distribución de funciones entre el ministerio público y la policía de tal forma que, esta última, es la principal encargada de materializar los actos de investigación y, por lo tanto, debe gozar de un cierto grado de autonomía para ello.

Regreso al caso hipotético. Efectivamente, el hecho delictivo se había denunciado en días anteriores y el asunto se encontraba en la etapa de investigación inicial.3 Sin embargo, para evaluar si la inspección vehicular se realizó en forma correcta y legal, no se debería de atender a la etapa procesal en la que pueda encontrarse el caso, sino más bien analizar el contexto en el cuál se realizó y ponderar el estándar bajo el cual actuó el policía.

¿Cómo sabemos si la actuación del policía fue adecuada?

Dicho de otro modo, ¿cuál sería el estándar para determinar si un acto es o no legal? De acuerdo con el proyecto de sentencia, el estándar aplicable es el de “sospecha razonable”.   Durante la sesión de la SCJN, el ministro Javier Laynez Potisek enfatizó lo siguiente:

…el requerimiento de que se acredite una sospecha razonable no es menor y no debe confundirse con una mera suposición subjetiva, carente de datos objetivos que sustenten la procedencia constitucional de la inspección como control preventivo provisional […]. La sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta, como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse. No puede derivar de una simple sospecha que provenga de un criterio subjetivo del agente, basado en la presunción de que, por la simple apariencia del sujeto, es posible que sea un delincuente […].  El agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, apenas en el momento anterior de su aproximación o acercamiento al sujeto, que lo llevaron a concluir que objetivamente se encontraba ante una sospecha razonable de que cometía un delito o de que portaba dentro de una investigación los instrumentos del delito.4

¿Qué es la sospecha razonable? Regresemos al caso hipotético. El agente de policía contaba con toda la información que usted había proporcionado –las fotografías de la bicicleta y del acuse recibo de la denuncia que tenía en su celular–. Había observado, además, la bicicleta desde el exterior de la camioneta e incluso contaba con el dicho del joven, quien reconoció que la bicicleta no era de su propiedad. El agente de policía, por tanto, contaba con elementos suficientes para alcanzar el estándar apuntado. Dicho de otro modo: el policía pudo sospechar, razonablemente, que la bicicleta se encontraba vinculada con la comisión de un delito.

Aquí vale hacer otra precisión. No es lo mismo sospecha razonable, que causa probable, que duda razonable. En general, el estándar usado por la SCJN –sospecha razonable– es un estándar inferior a la causa probable5 y también es un parámetro muy distinto al de la duda razonable.6

Ahora, volvamos al caso y sitúese en el momento en que pide apoyo al policía. ¿Qué pensaría usted si el policía, después de escuchar su narración, hubiera contestado: “no puedo ayudarle sin que el ministerio público me consiga una orden del juez de control para hacer la inspección de la camioneta”?

¿Cuáles son los límites y contrapesos a la actuación de la policía?

La decisión de la mayoría de la SCJN no implica que la actuación de la policía sea irrestricta o carente de contrapesos. De acuerdo al proyecto, la policía debe respetar, como mínimo, el estándar de sospecha razonable, así como los derechos de las personas. Sin duda, este es un ejemplo y casos e hipótesis son innumerables. Es, por esta misma razón, que las inspecciones deben analizarse caso por caso y, con base en los estándares, ponderar lo que es válido frente a lo que no lo es en el desarrollo de una inspección. Por otra parte, es relevante señalar que sí existen contrapesos frente a este tipo de actuaciones, específicamente, el control judicial ex post.

Me explico. En los casos de detención en flagrancia, el control judicial se realiza en la audiencia de control de detención y, si hubo una actuación arbitraria, la detención debe declararse ilegal junto con las evidencias ahí obtenidas.  En los casos en que las inspecciones se realizan en el marco de una investigación criminal –como en nuestro caso hipotético–, el control deberá realizarlo el ministerio público, en un primer momento y, posteriormente, el juzgador en la audiencia intermedia. Si el acto se considera ilegal, las pruebas serán declaradas ilícitas y se hará la exclusión de las mismas conforme al artículo 346 del CNPP.

¿La resolución de la SCJN permite arbitrariedades y violaciones a derechos humanos?

La resolución de la SCJN ni da más poder a la policía ni quita los contrapesos que se establecen la ley. No promueve, pero tampoco evita, arbitrariedades o violaciones a derechos humanos. La resolución confirma la constitucionalidad de ciertas facultades de investigación –por demás importantes– que existen desde que el CNPP entró en vigor a partir de 2014. Si estas fuesen fuente de los más terribles abusos, el sistema de justicia estaría saturado de juicios de amparo en contra de estos actos de investigación.

Las causas de los abusos policiales –una realidad innegable y preocupante– son otras. El problema de abuso policial es mucho más complejo y profundo. Si una mayoría de ocho ministros hubiese declarado la inconstitucionalidad de las fracciones controvertidas, tampoco hubiésemos solucionado el problema de abuso policial. Y, en cambio, se hubiese eliminado una herramienta imprescindible de las investigaciones criminales.

¿Cuáles son los retos después de la sentencia de la SCJN?

Hay enormes retos estructurales y también otros a nivel operativo. Esta parece una coyuntura más que nos recuerda los profundos problemas que aquejan a los cuerpos de seguridad pública. La ineficiencia, las pésimas condiciones laborales, los sistemas de cuotas de consigna, la corrupción, las violaciones a derechos humanos, la falta de definición del papel de la policía en la investigación criminal y la falta de estándares de actuación sobre uso de la fuerza son sólo algunos de los principales problemas.

Pero, pese a todo, la decisión de la SCJN pretende abonar a la construcción de un sistema de justicia que cuente con estándares de actuación adecuados para todos los actores involucrados. Por supuesto, no se trata de una panacea. Los casos de inspecciones de personas o de vehículos también involucran a otros actores: la revisión que haga de ello el ministerio público, lo que debata la defensa en audiencia, lo que resuelvan los jueces de control al igual que los magistrados penales y, de última instancia, los jueces de distrito vía juicio de amparo.

Los controles procesales definitivamente existen. El reto es echarlos a andar. Amordazar a la policía no es la solución. Y si algo nos deja la sentencia de la SCJN –además de la declaratoria de constitucionalidad– es una invitación a seguir reflexionando sobre lo que estamos haciendo de nuestro sistema de justicia y a orientar nuestras acciones a consolidarlo.

Gabriela Ortiz Quintero. Abogada especialista en justicia penal


1 “Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control.
No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación:[…] III. La inspección de personas; […] V. La inspección de vehículos”.

2 Para la elaboración del presente análisis tomo como base lo expuesto por el ministro Laynez Potisek en proyecto de sentencia presentado en la sesión del 12 de marzo de 2018.

3 “Artículo 221. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia…”

4 La versión taquigráfica de la sesión se encuentra disponible aquí. La cita se encuentra en la página 15.

5 La causa probable (o probable cause) es un estándar de origen estadounidense, y es aquel mediante el cual la policía puede realizar una detención en flagrancia, entre otras actuaciones. Su base positiva es la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense y suele definirse como “la creencia razonable de que se ha cometido un delito”.

6 El estándar de duda razonable, aunque igualmente de fuente anglosajona, se encuentra plenamente incorporado al ordenamiento nacional. El artículo 359 del CNPP (“Valoración de la prueba”) señala lo siguiente: “Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado.”