La criminalización de la protesta social

La criminalización de la protesta social y los derechos humanos que se materializan en su ejercicio, como la libertad de expresión y reunión, se basa en el uso perverso del sistema de justicia penal para responder a los conflictos sociales. Con frecuencia, las personas que lideran o participan en manifestaciones para expresar oposición o disenso frente a decisiones estatales enfrentan agresiones, detenciones arbitrarias, en algunos casos seguidas de procesos penales injustos.

El uso del derecho penal como forma de responder y limitar de manera arbitraria y desproporcional en contextos de manifestaciones y frente al ejercicio de la libertad de expresión, es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia y que muestra características similares en América Latina. Así fue documentado por organizaciones de ocho países de la región que señalaron que “el repertorio de tipos penales usados para criminalizar a la protesta es semejante en los diferentes países. Además, proliferaron […]reformas legales que incluyeron la creación de nuevos tipos penales, el aumento de las penas, la creación de agravantes y la flexibilización de las garantías procesales.”1

De acuerdo con Rodrigo Uprimmy, existen diferentes tipos de riesgo de criminalización de la protesta a nivel de la tipificación de las conductas, a saber: 1) tipificación de conductas que en sí mismas no deberían ser objeto de tratamiento penal, al contener legítimos actos de protesta social (por ejemplo, sedición, ultrajes o incluso calumnia) 2) tipos penales ambiguos o con una dosis considerable de indeterminación que favorecen interpretaciones extensivas (por ejemplo, el delito de ataques a la paz pública o terrorismo), 3) tipos penales de conductas reprochables que son utilizados de manera excesiva o desproporcional al ocurrir en contextos de manifestación (por ejemplo, ataques a las vías generales de comunicación, delincuencia organizada, pandilla, daño en propiedad ajena).

De acuerdo con los principios que rigen el derecho penal, los tipos penales deben ser claros y precisos, de manera que expresen sin equívoco la conducta incriminada, deslindándola de otros comportamientos.2 Pero además, no deben establecer como reprochables conductas que de ser entendidas en un contexto democrático, derivarían en ejercicio legítimo de derechos, como puede ser la manifestación, reunión y participación. Así lo ha manifestado la CIDH al establecer que

…el uso indebido de leyes antiterroristas y otras leyes relativas a la seguridad del Estado en contra de defensoras y defensores bajo el pretexto de proteger la seguridad y el orden público, utilizando para ello tipos penales como sedición y terrorismo […]  estaría motivado por la tendencia actual en muchos países de asimilar a las y los defensores de derechos humanos, así como a los movimientos de protesta social con grupos terroristas o subversivos.”3

Por eso, incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU recomendó “revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita.”4

El caso de Raymundo y el “desempolvamiento” del delito político de sedición

A pesar de lo anterior, en México se sigue criminalizando la protesta social. La existencia de delitos como el de sedición (en el que nos centraremos en estas líneas), que por muchos años parecía solamente un mal recuerdo de regímenes autoritarios que consideraban como delito el rechazo a la autoridad, hacen posible que se revivan en situaciones de conflictividad social y que sean utilizados para detener arbitrariamente y procesar injustamente a personas como sucedió en el caso de Raymundo Pascual García,5 indígena ñhoñho, originario de San Ildefonso Tultepec, Municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, que fue detenido arbitrariamente por policía estatal, en su domicilio, golpeado, asfixiado y amenazado de muerte, debido a su participación en una reunión comunitaria, celebrada el día anterior, en la que mostraba su preocupación y rechazo al gasolinazo.6

El caso de Raymundo reflejó la criminalización del derecho humano de reunión, la libertad de manifestación y la protesta social, a través del uso desviado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que se tradujo en su detención arbitraria, su vinculación a proceso por el delito de sedición7 y posterior prisión preventiva, violando con ellos sus derechos a la presunción de inocencia, la libertad e integridad personales y la libertad de expresión. Este proceso desarrollado en un sistema penal que busca ser garantista y de corte adversarial, estuvo plagado de los peores vicios de un sistema penal inquisitivo: detención arbitraria declarada indebidamente de legal, tortura, presunción de culpabilidad, prisión preventiva oficiosa y uso desproporcionado de la justicia penal.

El 2 de marzo de 2017, la defensa de Raymundo logró la sustitución de la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares. Sin embargo, una de las nuevas medidas impuestas le prohibió participar en reuniones y manifestaciones, es decir, una jueza de control restringió ilegalmente el derecho de Raymundo de mostrar disenso público bajo el apercibimiento de revocar su libertad.

Por otra parte, frente al auto de vinculación a proceso dictado por el delito de sedición, su defensa presentó juicio de amparo indirecto el cual confirmó el ilegal auto, por ello, se presentó una revisión de amparo. El 13 de julio de 2017, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Querétaro, resolvió amparar a Raymundo para efectos de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso, así como las medidas cautelares accesorias a éste, y, ordenó dictar nueva resolución que colmase las violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Colegiado sostuvo que:

[…]el acto reclamado resulta violatorio de los derechos y libertades fundamentales del quejoso, pues la Jueza responsable estableció los elementos del hecho que la ley señala como delito de sedición sin haber tenido en consideración ni por ende, ponderado debidamente, el contenido íntegro del discurso de protesta enarbolado públicamente por el quejoso, en aras de apreciar si sus expresiones y acciones podrían encontrar o no respaldo constitucional en las citadas libertades de manifestación de la opinión o de las ideas, petición y asociación. [Resaltado del autor]

A pesar de lo positiva que fue la resolución, Raymundo tuvo que seguir luchando contra el sistema de justicia, pues la Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Amealco de Bonfil declaró insubsistente el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares pero dejó vigente la orden de aprehensión. Por lo que Raymundo, con el acompañamiento legal del Centro Prodh, presentó un escrito argumentando que la Jueza estaba cumpliendo de forma parcial la sentencia del tribunal colegiado. Por esa razón, el Juez de Distrito declaró incumplida la sentencia. En acatamiento de dicha sentencia, el 2 de octubre, la Jueza de Control declaró cancelada la orden de aprehensión. Ello significó el fin del uso desproporcionado, innecesario y arbitrario del sistema penal para restringir la libertad de expresión de Raymundo.

Una buena interpretación del Poder Judicial

Ahora bien, la decisión adoptada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de Querétaro al resolver el amparo en revisión 133/2017, además de significar gratamente la recuperación de la libertad que injustamente le arrebataron a Raymundo, derivó en la adopción de 5 tesis aisladas. Una de ellas relacionada con la necesidad de revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la ejecución de una orden de aprehensión, a través de una audiencia de control de la detención en el sistema penal acusatorio y no sólo cuando se trata de detenciones provenientes de caso urgente o flagrancia,8 y cuatro tesis más relacionadas con el análisis del delito de sedición.9 A continuación, retomamos la línea de argumentación que identificamos en las tesis relacionadas con el delito de sedición (aplicables también para otros delitos político) y que constituyen una guía de actuación judicial:

• Tomar en cuenta el momento histórico en el que surgieron delitos como el de sedición, asociado a contextos autoritarios en los que cualquier forma de disenso con el régimen o la monarquía imperante era castigada con cárcel, a fin de realizar un ajuste razonable de las normas penales antiguas que sean acordes con una sociedad que se considera democrática, partiendo de entender el reclamo y la protesta de manera progresista, para que lejos de castigarse se respete, garantice y proteja.

• La importancia de identificar el contexto en el que supuestamente se comete la conducta delictiva al momento de realizar una ponderación entre el reclamo o resistencia y la respuesta de la autoridad, considerando incluso que puede tratarse de un legítimo de ejercicio de derechos (como los es la manifestación y la protesta social) y, por lo tanto, se actualizaría una causa de exclusión de delito.10

• La relevancia de entender el conflicto social, el desacuerdo o el disentimiento como características inherentes a las sociedades plurales, por lo que en una sociedad democrática, el Estado tiene la obligación de realizar un esfuerzo serio, objetivo y probado, con disposición institucional previa para entablar un diálogo en término similares al derecho a la consulta, antes que emplear la fuerza o el derecho penal frente a expresiones de resistencia.

• La trascendencia de analizar y aplicar el delito de sedición (como delito político) a través de los principios de interpretación conforme y pro persona en función del parámetro de regularidad constitucional, entendiendo que el sujeto activo de este delito suele ser una persona o un grupo de personas que ejercen derechos y libertades asociadas con la protesta social, es necesario que el órgano jurisdiccional utilice un parámetro de racionalidad y de menor intervención posible.

• El Tribunal Colegiado envió un mensaje a los jueces de control que revisan autos de vinculación a proceso en los que se imputan delitos políticos: el escrutinio normativo se eleva, por lo consiguiente el estándar fáctico y de prueba para demostrar la conducta es mayor que cuando se trata de delitos ordinarios. Es decir, los policías y las fiscalías adquieren un grado superlativo de carga probatoria para demostrar que las conductas cometidas en ejercicio de derechos humanos como el derecho de petición, de reunión, la libertad de expresión y de reunión actualizan el tipo penal que se está utilizando.

Las tesis analizadas constituyen un avance en la impartición de justicia y una interpretación progresiva del derecho humano a la libertad de expresión en sus modalidades de libertad de manifestación y protesta social. Los magistrados se separaron de criterios judiciales prevalecientes en gobiernos de corte autoritario y que incluso fueron utilizados en primera instancia al acusar a Raymundo al grado de que una de las medidas cautelares que le impusieron le prohibían ejercer los derechos que le fueron violentamente reprimidos, incompatibles en una sociedad que se dice democrática y colocando por encima de éstos una nueva línea interpretativa soportada en las obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Además, no debe perderse de vista que la acusación y detención de Raymundo, generó afectaciones no solamente para él y su familia, sino para la sociedad queretana pues existen otros casos de criminalización sucedidos en el estado en fechas cercanas a la detención de Raymundo, en los cuales el gobierno local utilizó tipos penales del mismo capítulo de delitos políticos del código penal en contra de luchadores sociales que manifestaban su oposición pública a medidas gubernamentales.

Sentencias e interpretaciones judiciales como las observadas en este caso, abren el debate sobre el tratamiento de este tipo de conductas y genera la posibilidad de romper el efecto inhibitorio que conlleva la criminalización no solo para quienes resienten directamente las detenciones arbitrarias y los injustos cargos penales sino para la sociedad en general que recibe el mensaje de que si protesta será violentamente reprimida y sometida a un proceso penal.

Por esa razón, adquiere preponderancia el papel del poder judicial en su rol de garante de derechos en los casos concretos, pero también de importante contrapeso frente al ejercicio del poder arbitrario y punitivo del Estado, lo que resulta indispensable para fortalecer un sistema democrático en el que existan instituciones judiciales independientes del poder legislativo y ejecutivo capaces de controlar la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de sus actos.

No dejamos de señalar que mucho se ha dicho sobre los cambios procesales que implicó el tránsito a un sistema penal acusatorio (derivadas de la reforma constitucional que tuvo lugar en 2008), sin embargo, consideramos que dicho cambio normativo de carácter procesal, para cumplir su objetivo de generar un sistema garantista, debería incorporar también algunos cambios sustantivos que implicaría la revisión de los tipos penales bajo un esquema democrático. Por ello, consideramos que la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado debería ser la pauta que rija los debates legislativos en torno a una eventual creación de un código penal único, en el que la premisa sea expulsar del código sustantivo penal las conductas típicas de carácter político y que suponen una intervención excesiva y autoritaria del poder estatal, en particular, frente a la libre manifestación y protesta en tanto garantía social de exigencia de derechos.

En suma, celebramos el fallo judicial del Tribunal Colegiado y las tesis que emanaron de él, pues para Raymundo significó que se pusiera fin a la criminalización de la que fue víctima junto con su familia y la injusta acusación que se le hizo, pero también celebramos la sentencia en la medida que marca un estándar judicial progresista y novedoso, leyendo la aplicación de los delitos políticos a partir de un contexto diferente a aquél en que fueron concebidos, pero sobre todo poniendo en el centro el ejercicio de los derechos, como la libertad de expresión, manifestación, participación y protesta social y enviando con ello un fuerte mensaje al poder ejecutivo del estado de Querétaro, en el sentido de que no será admisible la utilización perversa del derecho penal para reprimir la demostración de disenso y resistencia.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.


1 Informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social” coordinado por CELS, 2016.

2 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279.

3 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 2015, párr. 139.

4 ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/13/66, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, 3 de marzo de 2010, párr. 48 y 85.

5 Centro Prodh, “Raymundo y el castigo a la libertad de manifestación”, Animal Político, 16 de octubre de 2017.

6 A raíz del anuncio sobre el alza en el precio de la gasolina que dio el gobierno federal al final el 2016 y que entro en vigor inicialmente el primero de enero de 2017, aunado al desabasto del combustible que generó afectaciones en diversas comunidades, principalmente afectando fuentes de trabajo y el derecho a la movilidad, se generó en diversas zonas del país un clima de inconformidad y rechazo a las medidas implementadas por el gobierno federal y las consecuencias que éstas estaban teniendo en la vida de las comunidades, generando un ambiente de movilizaciones, protestas

7 Delito de Sedición, contemplado en el artículo 247 del Código Penal del estado de Querétaro: A los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el Artículo 249 de este Código se les aplicará prisión de 1 a 6 años. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición se les sancionará con prisión de 2 a 12 años.

8 CONTROL DE LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN. COMPRENDE LA DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, EN ARAS DE PREVENIR SU REALIZACIÓN ARBITRARIA, CON TORTURA Y/O MALOS TRATOS (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO).

9 SEDICIÓN Y DELITOS CONTRA EL ESTADO. SU CONFIGURACIÓN COMO HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EXIGE DEL OPERADOR JURÍDICO COMPRENDER SU ORIGEN HISTÓRICO Y SU ACTUAL PROYECCIÓN PROGRESIVA Y FUNCIONAL EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO. Registro No. 2 016 271. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1554. XXII.P.A.13 P (10a.).

SEDICIÓN EN SU HIPÓTESIS DE RESISTENCIA. DADO QUE ESTE DELITO SUPONE EL CHOQUE DE FUERZAS, LA DE LOS PARTICULARES CONTRA LA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO, SU CONFIGURACIÓN EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO SUPONE PONDERAR LA RACIONALIDAD E INTENSIDAD DE CADA UNA, A FIN DE NO CRIMINALIZAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). Registro No. 2 016 269. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1552. XXII.P.A.14 P (10a.).

SEDICIÓN. SU CONFIGURACIÓN CON BASE EN EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EXIGE DEMOSTRAR LA PREVIA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO A SEMEJANZA DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA. Registro No. 2 016 270. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1553. XXII.P.A.15 P (10a.).

DELITOS POLÍTICOS O CONTRA EL ESTADO. EL ESTÁNDAR PARA EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EXIGE NATURALMENTE LA PONDERACIÓN INTEGRAL Y CUIDADOSA DE LAS EXCLUYENTES DEL DELITO O CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. Registro No. 2 016 235. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 51, Febrero de 2018; Tomo III; Pág. 1409. XXII.P.A.12 P (10a.).

10 El artículo 15 del Código Penal Federal establece en su fracción VI como causa de exclusión la siguiente conducta: La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro;