Finalmente, la semana pasada los partidos políticos del PAN, PRD, PT y Convergencia presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Peña Nieto que, entre otros cambios a la constitución del estado de México, eliminó la posibilidad de las candidaturas comunes. ¿Es constitucional esta reforma? ¿Cuál serían, en su caso, los aspectos constitucionales que estaría vulnerando? ¿Ha resuelto un caso similar la Suprema Corte? ¿En qué sentido? Con el propósito de observar y criticar de manera más informada la discusión de los ministros de la Corte sobre este caso, a continuación se rescata la parte jurisdiccional de un análisis más amplio sobre esta reforma elaborado por Andrés Lajous y Saúl López Noriega para el blog de la redacción de la revista Nexos.

Ahora bien, más allá de la lectura política de esta reforma a la Constitución local del Estado de México, es necesario agregarle a este análisis una serie de cuestionamientos a partir de una perspectiva jurídica. ¿Acaso es constitucional una reforma que elimina la posibilidad de las candidaturas comunes? ¿Cuáles son, en su caso, los derechos fundamentales que se estarían vulnerando? ¿Se ha pronunciado sobre este tema la Suprema Corte de Justicia? ¿Es probable que prospere una eventual impugnación de esta reforma por parte del PAN y PRD?

No es necesario ir muy atrás de la memoria de precedentes de la Corte, para encontrar su última resolución al respecto. Se trata de una opinión clara y contundente donde los ministros de manera unánime consideraron que era constitucional que una legislatura local expulsase de su sistema electoral las candidaturas comunes. En efecto, en enero de este año los ministros resolvieron un asunto en el que se sometió a escrutinio constitucional la reforma del Congreso del estado de Guanajuato que eliminó de su texto constitucional la figura de las candidaturas comunes. En esta ocasión, sin embargo, fue el PAN quien impulsó esta reforma a la Constitución local de esta entidad federativa, mientras que el PRD y el PT fueron los responsables de combatirla en la arena jurisdiccional. Lo cual deja entrever que la falta de congruencia, en el transcurso de tan sólo unos meses, de las fuerzas políticas en el tema de la prohibición de las candidaturas comunes, responde enteramente a motivaciones coyunturales para evitar procesos electorales difíciles o amenazantes para un determinado partido político. En el caso de Guanajuato para el PAN y ahora en el Estado México para el PRI.

Pero, ¿cuáles fueron los argumentos de la Corte para adoptar esta decisión? La respuesta argumentativa de la Corte, como sucede en cada asunto jurisdiccional, dependió de los ataques que presentaron tanto el PRD como el PT. A juicio de estos partidos políticos, la reforma del Congreso de Guanajuato que eliminó las candidaturas comunes era inconstitucional ya que vulneraba el derecho de asociación en materia política (artículo 9º de la Constitución federal) y, además, obstaculizaba que los partidos políticos cumpliesen con una de sus principales finalidades: promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional (artículo 41 de la Constitución federal).

En respuesta, en primer lugar, la Corte recordó como ha venido entendiendo el derecho de asociación en sus últimas resoluciones. Se trata de una libertad “que implica la potestad de los individuos para unirse y construir una entidad o personal moral, con sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente.” Esto significa, continúo la Corte, que la libertad de asociación es propia de los individuos, mas no de los partidos políticos. Y, por ello, no es posible desprender del derecho de asociación un derecho de los partidos políticos a las candidaturas comunes, ni tampoco concluir que la prohibición de las candidaturas comunes afecta el derecho de los individuos a asociarse para formar organizaciones políticas. No hay, pues, a criterio de nuestra Suprema Corte, una relación entre la libertad de los ciudadanos para asociarse políticamente y la manera en que los partidos políticos pueden participar en los procesos electorales (por ejemplo, mediante candidaturas comunes o coaliciones). Y, por tanto, la eliminación de las candidaturas comunes no afecta en ningún sentido la posibilidad de que un grupo de individuos constituya un partido político y, a través de éste, acceda eventualmente a los diversos puestos de representación popular.

En cuanto al segundo aspecto, que la prohibición de las candidaturas comunes dificulta que los partidos políticos cumplan con su finalidad de promover la participación ciudadana, la Corte consideró que en este tema tanto el congreso federal como las legislaturas locales tienen amplia discrecionalidad para determinar las modalidades en que los partidos políticos podrán participar en los procesos electorales. Varios de los aspectos que construyen la estructura de un sistema electoral son decisiones enteramente políticas donde los órganos legislativos tienen libertad de definirlos a partir de sus propias necesidades y circunstancias políticas.

Esto no significa, sin embargo, que esta libertad de configuración del legislador sea ilimitada. Los congresos podrán definir la forma de participación de los partidos políticos siempre y cuando no rebasen alguno de los límites establecidos en el artículo 116 fracción IV de la Constitución federal, tales como que los partidos políticos se puedan constituir sólo por ciudadanos sin participación de organizaciones gremiales, que tengan el derecho exclusivo para solicitar el registro a cargo de elección popular, que reciban financiamiento público de forma equitativa, que tengan acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, que exista una autoridad electoral administrativa que organice los procesos electorales y una jurisdiccional que resuelve los conflictos derivados de aquéllos, etc.

Asimismo, la Corte consideró que esta libertad del legislador para determinar las modalidades de participación de los partidos políticos encuentra otro límite en las principales finalidades de los partidos políticos (límite que fue precisamente señalado en su demanda por el PRD y el PT): promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. La pregunta clave aquí, entonces, es la siguiente: ¿Con la prohibición de las candidaturas comunes realmente se impide que los partidos políticos cumplan con estas finalidades o, más bien, sólo deja fuera una de las posibles formas (mas no la única) en que los partidos pueden asegurar tales objetivos?

Los ministros consideraron que sacar la figura de las candidaturas comunes de un escenario electoral en ningún momento impide cumplir con las finalidades de los partidos políticos, ni tampoco implica desconocer las exigencias señaladas por la Constitución federal a cada legislatura local al momento de que éstas definen el diseño de su sistema electoral. Las candidaturas comunes son formas de participación de los partidos políticos, cuya ausencia en un determinado sistema electoral puede calificarse de poco atinada al reducir el número de opciones de los partidos políticos para participar en los procesos electorales, pero no como inconstitucional. De esta manera, la Corte no sólo ratificó la constitucionalidad de la prohibición de las candidaturas comunes, sino que también emitió un criterio jurisprudencial que hace prácticamente imposible el éxito de una impugnación a la reforma del Estado de México.

CANDIDATURAS COMUNES. SU EXPULSIÓN DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL NO INFRINGE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA. El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los individuos el derecho de libre asociación; por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, constitucional, establece que en materia política la ley determinará las normas y los requisitos para el registro de los partidos políticos y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, de lo que se deduce que corresponde al legislador ordinario federal o local, según sea el caso, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinar las formas asociativas a las cuales pueden recurrir los partidos políticos, con la limitante de que dicha regulación no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad; además de guardar congruencia con la finalidad de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. En ese sentido, se concluye que la determinación del legislador ordinario de eliminar del marco constitucional o legal estatal, la posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos mediante la figura de las candidaturas comunes, no infringe el derecho de asociación política contenido en el artículo 9o., en relación con el 41, párrafo segundo, fracción I, ambos de la Constitución General de la República.[1]

En este contexto, la reforma del Estado de México, al menos en cuanto al tema de las candidaturas comunes, difícilmente se puede considerar como un retroceso democrático en sí, pese a revelar el interés del PRI del Estado de México por una estrategia política que se basa en reducir la competencia electoral, a poco menos de un año de la elección de gobernador. La presencia de la figura de candidaturas comunes, como de otros aspectos que definen a un sistema electoral, no determina la calidad democrática de éste.

El Juego de la Suprema Corte


[1] Tesis: P./J. 30/2010 Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de 2010; Pág. 2502.