Hace algunos años el ministro José Ramón Cossío escribía en este mismo espacio un interesante artículo relacionado con la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia; analizó el sistema de writ of certiorari utilizado por la Corte Suprema morteamericana y, finalmente, instó a la sociedad para aprovechar este importante mecanismo de atracción que, en ese momento, era poco conocido y utilizado por abogados, instituciones y el propio poder judicial.

Mediante esta facultad excepcional prevista en la Constitución,1 la Suprema Corte puede resolver no sólo los asuntos que son de su competencia originaria —como las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos directos en revisión, aunado a un sinfín de asuntos más que, a consideración de muchos, no tendrían por qué ser resueltos por nuestro máximo tribunal—; sino que también puede atraer de manera discrecional los juicios de amparo que considere que por su trascendencia jurídica o por el interés social que pudiera representar su resolución, generarán un precedente que impactará de manera directa en la vida jurídica o social del país.

A poco más de seis años de que el ministro Cossío haya escrito dicho artículo, la facultad de atracción de la Suprema Corte se instituye como el mecanismo idóneo, y cada vez más utilizado, mediante el cual la Corte ejerce la supremacía que nuestra Constitución le ha conferido y, a su vez, acerca a la sociedad de la posibilidad de que sus asuntos sean resueltos directamente por los ministros de la Corte.

Si bien es común escuchar que al analizar con detenimiento las resoluciones de los tribunales, podemos percatarnos de la visión y tendencia jurisdiccional de los juzgadores que los integran ——recordando que justo la diversidad de posiciones y pensamiento es lo que representa la esencia de un órgano colegiado—; en el caso de la Suprema Corte, el prestar interés a la generalidad de sus resoluciones implicaría incluir varios asuntos que han sido resueltos solamente por ser de su competencia originaria.

Esto es, gran parte de los asuntos resueltos por la Suprema Corte son estudiados únicamente porque tanto nuestra Constitución, como la propia Ley de Amparo, facultan solamente a ésta para conocerlos, y no necesariamente porque su resolución implique un pronunciamiento que trascenderá en el ámbito jurisdiccional. Sin desconocer, por supuesto, que existen varios asuntos que no fueron resueltos mediante atracción y en los que la Corte ha emitido criterios que merecen la pena de ser analizados con detenimiento por incluir diversas notas de interés.

Sin embargo, al analizar los asuntos en los que la Suprema Corte ejerce su facultad de atracción, es como podemos apreciar no sólo criterios que, en esencia, representan un especial interés y trascendencia en la vida jurídica del país, sino que con éstos podemos visualizar cuál es la agenda que los ministros tienen como prioritaria.

Cabe señalar que –como en su momento lo señaló el ministro Cossío– esta agenda no atiende a un interés político, sino que la Suprema Corte, al constituir la máxima expresión de un órgano jurisdiccional colegiado —integrado por abogados que provienen de la carrera judicial, la academia, el litigio privado, así como el servicio público—, tiene una agenda que atiende naturalmente a las posturas jurídicas, criterios y puntos vista personales de tales abogados.

Sentado lo anterior, ¿cuál es la agenda que la Segunda Sala de la Corte tiene pendiente de resolver en este año? Si bien es difícil delimitar a estas alturas del año la tendencia de interés de los ministros, los siguientes son algunos de los asuntos en los que la Sala ha determinado ejercer su facultad de atracción y se encuentran pendientes de ser resueltos. Los cuales, a mi parecer, darán de qué hablar por los controversiales aspectos jurídicos que, si se analiza el fondo de tales asuntos, representarán en la vida jurídica del país.

Seguridad social para trabajadores domésticos.2 Este asunto fue atraído recientemente, y de llegar a resolverse en cuanto al fondo, representará el primer precedente en el que la Suprema Corte se pronuncie de manera frontal para delimitar los derechos de los trabajadores del hogar y su incorporación a las instituciones de seguridad social como sujetos de aseguramiento obligatorio.

Cabe señalar que este asunto impactará de manera importante a un sector vulnerable de la sociedad, pues en la actualidad existen más de dos millones de personas en esa situación en México —de las cuales el 91% son mujeres—, por lo que la decisión que está en manos de los ministros tendrá efectos directos en el sistema jurídico, económico y social de la nación.

Responsabilidad patrimonial del Estado derivada de negligencia médica.3 Este asunto fue atraído por la Segunda Sala en un momento en el que la opinión pública respecto a la responsabilidad médica se encuentra polarizada por un caso de negligencia ocurrido en Oaxaca.

Con este asunto, la Segunda Sala podría establecer de qué medios de prueba se pueden allegar los juzgadores para determinar el monto indemnizatorio por responsabilidad patrimonial, específicamente tratándose de menores de edad y si resulta discriminatorio, tomar como parámetro el nivel socioeconómico y el nivel de vida de quien haya sido afectado.

Naturaleza de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad.4 El tema que se encuentra pendiente de ser resuelto por la Segunda Sala consiste en determinar si CFE, al cambiar su naturaleza de organismo paraestatal para convertirse en una empresa productiva del Estado, puede ser sujeta o no a procedimientos de responsabilidad conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Lo anterior, toda vez que recientemente los ministros de la Segunda Sala determinaron que, conforme a la nueva legislación, la naturaleza de los actos de suministro de energía eléctrica en los que interviene CFE son de índole mercantil; por lo que el asunto cobra relevancia toda vez que la Sala deberá analizar si,  a pesar de la naturaleza que se le ha atribuido, es posible que se reclame a CFE, luego de su actuar irregular, alguna indemnización de responsabilidad patrimonial.

Derecho al trabajo de personas con alguna discapacidad.5 El asunto derivado de un caso ocurrido en el estado de Baja California, implicaría analizar los derechos de las personas con discapacidad en relación a la bolsa de trabajo que debe ser ofrecida por el sector público, así como el alcance de la obligación prevista en las leyes de dicho Estado, respecto a garantizar cierto porcentaje de espacios en las plantillas laborales para personas con discapacidad.

La Segunda Sala deberá determinar si la obligación del Estado de garantizar el derecho al trabajo a personas con discapacidad, implica únicamente el ofertar determinado porcentaje de plazas a este sector de la sociedad o, si por el contrario, esta obligación implica que las instituciones necesariamente deban contratar ese número determinado de personas e incorporarlas en su plantilla laboral.

Intervención de las víctimas de una violación de derechos humanos en la investigación, llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.6 La parte quejosa de este asunto alegó que en la legislación de la Ciudad de México no se prevé mecanismo alguno en el que las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan intervenir en la investigación que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos en esta entidad.

Si bien la Primera Sala de la Corte ya se ha pronunciado al respecto,7 ésta podría ser la primera ocasión en que la Segunda Sala pueda analizar si los tribunales de amparo tienen facultades para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos hayan sido violados por omisiones legislativas absolutas; y si tal facultad contraviene o no al principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Con la resolución de estos asuntos, los ministros de la Segunda Sala tienen en sus manos una importante tarea que impactará de manera directa en la vida social del país, por lo que es necesario que hagan uso responsable de sus atribuciones y, con ello, emitan los criterios que deberán ser respetados por todos los tribunales del país, abogados y la sociedad en general, no sólo por su carácter de obligatoriedad, sino porque el nivel de análisis jurídico, profundidad y claridad de sus sentencias, legitimen a la Corte como un verdadero tribunal constitucional.

Alfonso Cruz Sotomayor. Abogado por la universidad Anáhuac.


1Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (…)
V. (…) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (…)
VIII. (…) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten”.

2 El asunto fue atraído al resolverse la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 568/2017, en sesión de 14 de febrero de 2018, bajo la Ponencia del Ministro Laynez Potisek.

3 El asunto fue atraído al resolverse la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 619/2017, en sesión de 22 de marzo de 2018, bajo la Ponencia del Ministro Pérez Dayán.

4 Varios de estos asuntos fueron atraídos por la Segunda Sala para emitir un criterio jurisprudencial; sin embargo, el primero de ellos se atrajo al resolverse la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 272/2017, en sesión de 25 de septiembre de 2017, bajo la Ponencia de la Ministra Luna Ramos.

5 El asunto fue atraído al resolverse la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 468/2017, en sesión de 24 de enero de 2018, bajo la Ponencia del Ministro Franco González Salas.

6 El asunto se atrajo al resolver la solicitud de reasunción de competencia 4/2018, en sesión de 7 de marzo de 2018, bajo la Ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora.

7 Al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en sesión de 15 de noviembre de 2017, bajo la Ponencia del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, por mayoría de cuatro votos de los Ministros: Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), Cossío Díaz, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente y la Ministra Piña Hernández, quien también se reservó el derecho de formular voto concurrente, en contra del emitido por el Ministro Pardo Rebolledo, quien se reservó su derecho a formular voto particular.