La posibilidad de contar con candidaturas independientes surgió a partir de la reforma constitucional de 2012, y desde entonces se ha venido discutiendo la razonabilidad de los requisitos para acceder a éstas, así como sus condiciones de competitividad frente a los partidos políticos. Entre los asuntos más delicados vinculados con las candidaturas independientes están el umbral de firmas a recabar y la forma de llevar a cabo su recolección, los tiempos oficiales en radio y televisión y el financiamiento público y privado.

Sobre este último tema, la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió un asunto, en el que una vez más reiteró un criterio que prácticamente va en contrasentido con uno de los principios básicos que rigen y justifican el modelo de financiamiento mixto en nuestro sistema electoral. El artículo 41, fracción II, de la Constitución refiere que en la ley se contendrán las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Esa disposición constitucional ha sido entendida como una regla básica que debe regir todo financiamiento destinado a la política y a las campañas, mejor conocido como principio de prevalencia o preeminencia.

No obstante, el TEPJF ha razonado que ese principio no le resulta aplicable a las candidaturas independientes, ya que las normas están dirigidas exclusivamente a los partidos políticos.1 De manera tal que resulta factible que en el caso de las candidaturas independientes se pueda ingresar más dinero privado que público para llevar a cabo sus actividades de campaña.

Margarita Zavala y otros

Amparados en los criterios antes referidos, Margarita Zavala, Luisa María Calderón, Manuel Clouthier y Pablo Salazar Mendiguchía impugnaron un acuerdo del INE2 en que se estableció los límites al financiamiento privado que podrían recibir las candidaturas independientes en el periodo de campaña para los cargos federales en el proceso electoral 2017-2018. El fondo del asunto residió en que los consejeros del INE, al emitir el acuerdo impugnado por dichos candidatos independientes, aplicaron de manera literal lo dispuesto en el artículo 399 de la Ley Electoral.3

Esa disposición legal establece que el financiamiento privado que reciban las candidaturas independientes, en ningún caso podrá rebasar el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. Lo que implica una desigualdad enorme respecto de cualquier otra candidatura postulada por un partido político, ya que estas últimas sí tienen posibilidad de llegar al tope de gastos de campaña, mientras que las candidaturas independientes se les impone una restricción legal en el financiamiento privado.

El trato diferenciado en el financiamiento de las candidaturas independientes es más evidente si lo vemos reflejado en números de acuerdo con la tabla que se inserta enseguida:4

Candidatas (os) Tope de gasto de campaña Financiamiento público Límite de financiamiento privado Monto que podrían erogar Porcentaje de gasto que podrían erogar
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo $429,633,325.00 $7,160,555.00 $42,963,332.50 $50,123,887,50 11.67%
Manuel Jesús Clouthier Carrillo $10,024,777,00 $2,045,872.00 $1,002,477.70 $3,048,349.70 30.41%
Pablo Abner Salazar Mendiguchia $18,617,443.00 $2,045,872.00 $1,861,744.30 $3,907,616.30 20.99%
Luisa Maria de Guadalupe Calderón Hinojosa $1,432,11,00 $387,057.00 $143,211.10 $530,268.10 37.03%

De la tabla anterior es claro que ninguna de las candidaturas independientes que acudieron a impugnar el acuerdo del INE tendría la posibilidad de siquiera llegar al 38% del tope del financiamiento, que en el caso de una candidaturas de partido político podría llegar hasta el máximo. Ello implica naturalmente una desventaja de las candidaturas independientes frente a sus demás competidores en los partidos políticos. Por esa razón, el TEPJF razonó que la norma resultaba desproporcional y determinó inaplicar el artículo 399 de la Ley al caso concreto y, con ello, revocar el acuerdo del INE para que emitiera uno nuevo en el que se les permitiera a las candidaturas independientes alcanzar los topes de campaña correspondientes a su elección y así competir en igualdad de condiciones con las candidaturas de partidos políticos.

Las consecuencias de tener mayor financiamiento privado que público

El viernes pasado, el Consejo General del INE acató la sentencia del TEPJF y emitió un nuevo acuerdo, en el que fijó como límite de financiamiento privado la diferencia entre el tope de gastos de campaña y el financiamiento público. De manera tal, que a través del financiamiento privado cualquier candidatura independiente pudiera alcanzar el tope de gastos al igual que una candidatura de partido. Sin embargo, lo interesante del tema se dio en la discusión que sostuvieron los Consejeros Electoral del INE al aprobar el acuerdo.

En primer lugar, respecto del alcance de las facultades del INE para que a partir de un ejercicio interpretativo pudieran dejar de aplicar una norma que beneficiara o potenciara un derecho fundamental como es el ser votado. Por otra parte, la preocupación que manifestó la consejera Zavala, en el sentido de que al hacer prevalecer el dinero privado en las campañas de los independientes se corría el riesgo de que la política buscara un beneficio particular, lo cual es contrario al interés público si no se cuenta con los límites respectivos. Así también, el consejero Baños advirtió que aun cuando se ampliaron los límites al financiamiento privado, la obligación de reportar cómo se obtienen esos ingresos y su fiscalización por parte el INE seguía igual.

Un tema adicional que no se trató en la discusión y que involucra tanto al INE como al TEPJF son los efectos de las decisiones de las autoridades electorales. Es decir, el TEPJF está facultado para inaplicar una norma, que en el argot jurídico es conocido como una facultad de control concreto de constitucionalidad, pero no puede dar efectos generales a esa disposición.

Sin embargo, de facto, en este caso a través del mandamiento ordenado al INE se estaría dejando de lado lo dispuesto por el artículo 399 de la Ley y abriendo la posibilidad a todas las candidaturas independientes a nivel federal para que obtengan un financiamiento privado superior al 10% del tope de gastos de campaña. En suma, en el tema de las candidaturas independientes estamos ante una verdadera “caja de Pandora” que el legislador tendrá que atender en la próxima reforma electoral para dar mayor claridad al esquema de las candidaturas independientes y evitar mayores riesgos en la operación electoral.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.  Twitter: @pacozorrilla


1 Ver. SUP-REC-193/2015 y SUP-JRC-582/2015.

2 INE/CG281/2018

3 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4 Fuente: Sentencia SUP-JDC-222/2018 y Acumuladas p. 42.