La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió la suspensión de la trasmisión en radio y televisión del promocional de la organización Mexicanos Primero, denominado ¿Y si los niños fueran candidatos? En el contexto de esta decisión, el propósito de este ensayo consiste en destacar la relevancia de las sentencias emitidas por el TEPJF, como políticas públicas que tienen la capacidad de incidir en el cambio de prácticas que caracterizan la cultura política en nuestro país. Es decir, de modificar conductas sumamente arraigadas que explican el comportamiento de los actores políticos y sociales.

La decisión del TEPJF

Los partidos Encuentro Social y MORENA, así como diversos ciudadanos denunciaron a la organización Mexicanos Primero por la difusión del promocional ¿Y si los niños fueran candidatos? en radio y televisión. Desde su punto de vista, la difusión del promocional contraviene la norma constitucional que prohíbe a las personas físicas y morales contratar propaganda en radio y televisión con el propósito de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos (Art. 41, fracción III, apartado A, inciso g), párrafo tercero). Por lo tanto, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que suspendiera la difusión de los promocionales, como medida cautelar.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió no suspender la difusión del promocional porque, en su opinión, trataba sobre un tema de interés público que no hacía un llamado expreso al voto o presentaba un mensaje que inequívocamente tuviera la finalidad de influir en las preferencias en favor o en contra de un candidato. No obstante, los denunciantes no estuvieron conformes, por lo que llevaron el asunto ante la Sala Superior con el fin de que esta revocara la decisión y suspendiera la difusión del promocional.

La Sala Superior resolvió, por mayoría de votos, que el promocional debía suspenderse debido a que, a partir de un análisis preliminar, dicha propaganda sí contiene elementos que indican una posible contratación de tiempo en televisión con el fin de influir en las preferencias del electorado.

Ciudadanía y cultura política

De manera cautelar, la sentencia consideró la posible infracción al artículo 41 constitucional. Al tratar sobre una posible violación a un artículo constitucional, el problema está inscrito en el ámbito de la cultura política, específicamente, en el de la cultura de la legalidad. Quisiera centrar el análisis en ese ámbito, fijándolo de manera abstracta en las causas del cumplimiento o incumplimiento de lo estipulado en la Constitución y en la posible incidencia de las sentencias del TEPJF al respecto.

Ahora bien, la cultura política puede ser entendida como la “…red de relaciones que se concreta en ideas y valores, en símbolos y normas compartidos por una sociedad”, o sea una mentalidad “que adquiere sentido en un contexto social y que guía y condiciona el pensar, el actuar y el sentir de los actores políticos.”1 Dieter Nohlen2 considera que la cultura política es, actualmente, la variable más importante en el desarrollo de la democracia en América Latina. Es decir, es el factor explicativo más fuerte de por qué los actores políticos y la ciudadanía, por ejemplo, cumplen o incumplen la ley. Es relevante destacar que en el informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, en el capítulo de cultura de la legalidad, la mayoría de los encuestados considera que la ley se respeta poco o nada.3

Otra idea relevante para sostener la hipótesis señalada es que la cultura política, es decir, esa forma de comportamiento que se traduce en prácticas muy arraigadas como la mentalidad que se tiene respecto al cumplimiento de la ley, o la cultura de la legalidad, es trasversal a políticos y ciudadanos. La clase política es un producto de la sociedad mexicana y su comportamiento no podría ser ajeno a ella. El problema de los partidos y de la élite en México está íntimamente vinculado con la sociedad mexicana, su mentalidad, su percepción de la vida, del otro y de la política. Sin embargo, cuando los defectos de la cultura política son atribuidos exclusivamente a los partidos políticos y a las élites, parece considerarse que los partidos no tienen nada que ver con la sociedad de donde surgen o en la que operan. Como si fuera posible que en un país existieran partidos y elites políticas que provinieran de una cultura diferente a la del propio país. Es decir, como si los políticos no fueran ciudadanos mexicanos y no compartieran con ellos sus virtudes y defectos, como si las virtudes se concentraran en los ciudadanos y los defectos en los políticos.

Por ello, la participación de la sociedad civil o la inclusión de nuevos actores en el debate público no modifica la situación en lo fundamental, en tanto no cambie la cultura política del país. Este cambio requiere de un proceso lento que debe comenzar en la sociedad, porque en el cambio requerido están involucrados muchos más actores que tan sólo las elites políticas.

Relevancia de la decisión. Políticas públicas en el ámbito judicial para la cultura de la legalidad

¿Cómo puede incidir el TEPJF en ese cambio? Aharon Barak, quien fue juez de la Suprema Corte de Israel durante casi treinta años, diez de los cuales fue el presidente, ha señalado que:

…la principal preocupación del tribunal constitucional de una democracia no es corregir los errores individuales en los juicios de los tribunales menores. Ese es el trabajo de los tribunales de apelación. La principal preocupación del tribunal constitucional es la más amplia acción correctiva de todo el sistema. Esta acción correctiva se debería enfocar en dos problemas principales: cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger a la democracia.4

Pero, entonces, ¿cómo conseguirlo? Una forma de cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger a la democracia es a través de sentencias que incidan en las causas que separan al derecho de la sociedad. Una de las causas que, en nuestro país separan al derecho de la sociedad, es la cultura política prevaleciente. Ya fue expuesto con anterioridad que la cultura política está integrada de prácticas muy arraigadas en el comportamiento de los actores; también fue señalado que esas prácticas son trasversales a la política y a la sociedad. En este sentido, si como señala Dieter Nohlen (2008), la cultura política es la principal variable explicativa del comportamiento político en América Latina, entonces los esfuerzos para corregir los defectos de la cultura política se deben dirigir a incidir en la cultura política.

Los esfuerzos para modificar los defectos de la cultura política se han concentrado principalmente en la educación cívica. Con ella se pretende incidir en la modificación de prácticas tan arraigadas como la falta de respeto a la ley. Así lo ha hecho el INE con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Sin embargo, es de gran relevancia que las decisiones del TEPJF también puedan contribuir a revertir los defectos de la cultura política, si se me permite utilizar el concepto de Aharon Barak, cerrando la brecha entre el derecho y la sociedad, protegiendo de esta manera la democracia. Esto es posible de hacer si el TEPJF, como protector de la democracia, asume sus sentencias, en términos de Robert Dahl,5 como políticas públicas.

En el lenguaje de la ciencia política, el término anglosajón policy corresponde al de política pública y constituye una de las tres manifestaciones o dimensiones de la política, junto con polity y politics.6 Polity se refiere a las normas o instituciones ya establecidas, politics a los procesos políticos, por ejemplo, el procedimiento de aprobación de una ley por el Congreso o la deliberación al interior de un tribunal. Policies (comúnmente conocido en español como políticas públicas) se refiere a la forma que adquieren las decisiones tomadas por los actores en el proceso político para la solución de algún problema en concreto. Así, el TEPJF puede asumir sus sentencias como políticas públicas para incidir en la solución de problemas específicos como la falta de respeto a la ley y por tanto la deficiencia en la cultura de la legalidad.

Desde este punto de vista, la relevancia de la decisión contenida en la sentencia SUP-REP-131/2018 consiste en que constituye una política pública que puede incidir en el corto plazo como un incentivo para el cumplimiento de la Constitución y, en el largo plazo, como una política pública que fortalece la democracia, a través de la educación cívica, a través del civismo en la política y a través del fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

José Reynoso Núñez. Doctor en ciencia política por la Universidad de Heidelberg.


1 Nohlen, Dieter. (2008). “Instituciones y cultura política”. Postdata, (13), 27-47. Recuperado el 05 de abril de 2018.

2 Id.

3 Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. Resumen ejecutivo, INE, El Colegio de México, 2015, pág. 17.

4 Barak, Aharon, “Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia”, en Tribunales Constitucionales y Democracia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, pág. 633.

5 Dahl, Robert, La toma de decisiones en una democracia: La Suprema Corte como creadora de políticas nacionales, Tribunales Constitucionales y Democracia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 141.

6 Véase Schubert, Klaus (2006): “Polity” en Nohlen, Dieter, Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos, Tomo II, México, Porrúa, El Colegio de Veracruz, pág. 1094.