“the block button on Twitter is unconstitutional”

La era digital contiene una larga lista de temas en los que se encuentra relacionado el derecho, desde la privacidad en el entorno digital,1 la regulación del ciberespacio, la propiedad intelectual, los delitos cibernéticos y, desde luego, la libertad de expresión (entro muchos otros).

Hace unos días un tribunal federal de Estados Unidos resolvió una demanda en la que se sujetaba una litis de completa novedad y relevancia: el bloqueo de ciertos usuarios en Twitter por parte del presidente Donald J. Trump. En México ha sucedido algo similar. En septiembre de 2017, un Juez de Distrito dictó una sentencia en la cual el litigio se basaba en el bloqueo que realizó el presidente municipal de Nogales, Sonora, a un usuario de Twitter.2

A casi nueve meses de dicha sentencia, el tema volvió a tomar relevancia y a sonar dentro del campo de los juristas derivado de lo que resolvió recientemente la Juez de Distrito en Nueva York, Naomi Reice Buchwald.

En su momento, derivado de la decisión que dictó el Juez Quinto de Distrito en Sonora condenando al edil municipal de Nogales a desbloquear al ciudadano que decidió ampararse, escribí un análisis de dicha sentencia.3 Sin embargo, la sentencia del tribunal federal estadounidense contiene ciertos aspectos que enriquecen aún más estos criterios judiciales.

Es importante mencionar que la controversia que se presentó en contra del presidente de Estados Unidos fue promovida por la Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, conjuntamente con los ciudadanos que fueron bloqueados por Donald Trump en Twitter. Dicho instituto fue fundado en 2016, y desde entonces se dedica a proteger la libertad de expresión a través del litigio estratégico con un especial énfasis en los retos que implica para la libertad de expresión la era digital.4

Como dato curioso, la sentencia contiene un apartado que analiza la legitimación de la Knight First Amendment Institute para la procedencia del juicio. Así, el sistema jurídico americano establece que cuando una persona jurídica demanda en su propio nombre, esta debe satisfacer ciertos requisitos individuales para su legitimación.5 En ese sentido, uno de los requisitos exigidos es que ésta acredite contar con un interés jurídico6 y, para acreditarlo, argumentó únicamente como agravio personal y directo la imposibilidad de poder leer las respuestas directas de los twits del presidente Trump que podrían hacer los demandantes bloqueados; imposibilidad derivada del bloqueo realizado por el mandatario americano. Por tanto, si estos fuesen desbloqueados, el instituto podría leer las respuestas directas a los twits del presidente. Por lo anterior, la juez Reice determinó que sí tenía legitimación dicho instituto.7

Uno de los puntos fundamentales que contiene la sentencia, consiste en que se determinó a la plataforma de Twitter como un espacio interactivo en la que los usuarios pueden participar directamente con el contenido publicado por el presidente; lo anterior fue analizado bajo la doctrina de “espacio público”. Al ser considerado Twitter como espacio público resultó inconstitucional bloquear a los demandantes solamente por no compartir las mismas ideas políticas del mandatario Trump, lo cual constituye un acto de discriminación vulnerando directamente la primera enmienda de la Constitución estadounidense. De igual forma, es importante mencionar que la juez Reice no compartió el argumento de los abogados de Trump, consistente en que la primera enmienda no era aplicable a dicho caso, ya que los intereses del mandatario contenidos en la multicitada enmienda, sobrepasaban los intereses de los demandantes. Argumento que fue rechazado.

Lo anterior también fue resuelto por el Juzgado Quinto de Sonora, ya que el edil municipal argumentaba que su cuenta de twitter era de carácter privado; argumento que el juzgador federal desestimó ya que compartía a través de su cuenta información de interés público. Lo cual tenía completa relación con su actuar como edil municipal, ya que el ejercicio de cargos públicos por su relación con la cosa pública es de interés social.8

Es decir, que los funcionarios públicos se encuentran a un escrutinio mayor en cuanto a su actuar, a diferencia del ciudadano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo mismo:

En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no sólo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.9

Al final de la sentencia, la juez Reice compartió lo que en su momento se estableció en el caso Marbury Vs. Madison: “La competencia y el deber del Poder Judicial es decir enfáticamente lo que es la ley” y, por lo tanto, el bloqueo en Twitter por parte del presidente Donald Trump es inconstitucional conforme a la primera enmienda.

No obstante, los efectos de dicha sentencia fueron muy diferentes a los que ordenó el juez de amparo en el caso de Nogales, ya que en el caso mexicano el Juez de Distrito decidió restituir al quejoso en sus derechos ordenando al presidente municipal a desbloquearlo de su cuenta twitter. Por su parte, si bien la Juez Reice realizó una manifestación importantísima avalando el sistema de pesos y contrapesos en los Estados Unidos estableciendo que: “Ningún servidor público está por encima de la ley, y se presume que estos deben seguir la ley una vez que el Poder Judicial ha establecido lo que es la ley; por lo tanto, asumimos que el Presidente y Scavino10 remediarán el bloqueo que hemos sostenido inconstitucional”.11

Óscar Leonardo Ríos García. Abogado por la universidad Marista de Mérida y escribo para el Diario de Yucatán, La Jornada Maya, Derecho en Acción del CIDE, The Mexican Times y la revista El Mundo del Abogado.


1 Pablo García Mexía, “Derechos y libertades, internet y TIC”, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 21.

2 Ya se ha escrito sobre dicho tema en estas mismas páginas. Comparto aquí el artículo de Juan Jesús Garza Onofre y el de Ixchel Daniel Martínez.

3 Oscar Leonardo Ríos García, “Los Derechos y las Redes Sociales”, El Mundo del Abogado, 05 de mayo de 2018.

4 https://knightcolumbia.org/content/faq

5 Knife Rights, Inc. Vs. Vance.

6 La sentencia lo define como: “To establish injury in fact, a plantiff must show that he or she suffered an invasión of a legally protectec interest that is concrete and particularized and actual or inminente, not conjectural or hypothetical”.

7 Case 1:17-cv-05205-NRB Document 72 Filed 05/23/18 Page 36.

8 Amparo indirecto 216/20187-VI, pág. 34.

9 Corte IDH, Fontevecchia y D’amico vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 29 de noviembre de 2011, párr. 47.

10 Daniel Scavino es el Director de Medios Sociales en la Casa Blanca. Fue demandando también ya que éste es quien controla la cuenta de Twitter de Donald Trump.

11 Case 1:17-cv-05205-NRB Document 72 Filed 05/23/18 Page 74.