La desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero ha sido una de las tantas páginas rojas en la reciente historia mexicana. La importancia de este suceso, desde luego, no debiese enmarcarse en una contienda de jerarquización de los males de México, ni por el trato de los medios, ni por el número de víctimas directas o indirectas, y menos aún por alguna condición geográfica. Han sido escritas muchas páginas y se generado material audiovisual de gran relevancia, que ha venido a complementar el interés de la opinión pública para conocer cómo sucedieron las cosas. Esto con independencia de la propia lucha —legítima— en la que se encuentran inmersos los propios familiares, así como distintos representantes de la sociedad civil.

La resolución aprobada el pasado 31 de mayo del presente año, de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (Tamaulipas), derivada del amparo en revisión 203/2017 y hecha pública hasta el cuatro de junio, representa un nuevo capítulo para los hechos que han sido catalogados como de lesa humanidad.1 Esta resolución abarca múltiples temas, entre los cuales destaca, esencialmente, la necesidad de una Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia. En sus 712 páginas, la sentencia se aparta de la lógica minimalista, para adentrarse en una gran arquitectura argumentativa que lleva a las partes —y al lector en general— a comprender las violaciones que pueden encontrar durante el proceso que fue llevado a cabo.

De esta manera la sentencia emitida por el Primer Tribunal sería una de las resoluciones más extensas que se hayan dictado en la historia reciente de nuestro país.2 Dejando de lado la precisión de cada una de las omisiones que se hacen notar dentro de la resolución, las múltiples pruebas a las que alude e, incluso, los tópicos relativos a la tortura padecida por los imputados. En este texto pretendo rescatar algunos elementos fundamentales que podrían despejar ciertas dudas, en torno a la posibilidad de que un Tribunal Colegiado pueda ordenar la creación de una Comisión de la Verdad:

1. A manera de síntesis, la resolución dispone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como elementos fundamentales para una investigación, el que esta sea: inmediata, efectiva, independiente e imparcial. Sobre cada uno de estos elementos, profundizan los magistrados y la conclusión a la que arriban es que todos estos preceptos fueron incumplidos de forma olímpica por la Procuraduría General de la República. Esto implica que sobre una gran injusticia recaiga una gran medida, como lo es el ordenar la creación de la Comisión para la Verdad.

2. La resolución hace un cuantioso recuento de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lejos de asemejarse a las prácticas del copy paste normativo y jurisprudencial, los criterios parecen elegidos metódicamente de acuerdo a la evolución argumentativa que transita por los elementos que debe contener una investigación, las violaciones acontecidas y la forma en la que esto tendría que repararse y, a la par, la restitución de cada uno de los derechos quebrantados por una ineficiente investigación.

Entre los criterios en los que se fundamenta esta sentencia, destacan son los siguientes: Favela Nova Brasilia contra Brasil (consecuencias de falta de diligencia en una investigación y la independencia de los órganos encargados de esta); Acosta contra Nicaragua (asegurar el cumplimiento, en tiempo razonable, de los derechos de las víctimas); Myrna Mack Chang contra Guatemala (en las investigaciones atribuibles a fuerzas estatales, suele haber conflictos de interés); Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal contra Guatemala (prohibición de obstaculizar la investigación); Radilla Pacheco contra México (obligación del Estado para llevar una investigación efectiva); Vereda La Esperanza contra Colombia (relevancia del derecho a la verdad); Rosendo Cantú y otra contra México (la investigación es un deber jurídico y no una mera formalidad); Cantuta contra Perú (la privación de la verdad sobre el destino de un desaparecido constituye un trato inhumano y degradante para los familiares cercanos); Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela (obligación de autoridades para adoptar medidas para asegurar la independencia de los órganos de investigación); Baldeón García contra Perú (investigar es una obligación estatal imperativa cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado); Anzualdo Castro contra Perú (posibilidad de establecer comisiones para arribar a la verdad de los hechos); Pacheco León y otros contra Honduras (seguimiento de líneas lógicas de investigación); y Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) contra Colombia (la investigación debe encontrar la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables de los hechos).

3. Así también, realiza una antología ad hoc de los criterios vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a diferencia de los criterios citados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, se hace un menor razonamiento en torno a la aplicabilidad de cada criterio. No obstante, dicha técnica puede ser justificable, en la medida en que la propia densidad argumentativa requiere de una transición desde las violaciones reconocidas hasta el planteamiento que se hará con posterioridad: la instauración de la Comisión de la Verdad.

Entre los criterios que subraya, resaltan los siguientes: jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sobre obligatoriedad de los principios que conlleva el acceso a la impartición de justicia; jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), que enuncia las etapas y derechos que le corresponden al derecho de acceso efectivo a la justicia; jurisprudencia P./J. 47/95, en torno a las formalidades esenciales del procedimiento; jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), tesis 1a. CCLXXVI/2013 (10a.) y tesis 1a. IV/2014 (10a.), relativas al derecho al debido proceso, sus ámbitos de aplicación y elementos; tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), sobre el contenido y alcance el principio pro persona; tesis 1a. CXCII/2009, sobre monopolio de la investigación del Ministerio Público y prohibición de negar intervención a la víctima u ofendido; jurisprudencia 1a./J. 6/95, relativa a los impedimentos; y jurisprudencia 1a./J. 57/2007, la cual destaca que las autoridades no señaladas como responsables también pueden tener obligaciones para el cumplimiento de la ejecutoria.

4. Asimismo, destaca el pronunciamiento realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través del Informe sobre violaciones a Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, en el sentido de que por un lado han existido serias omisiones en contra de los derechos a conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y sancionar a los responsables; mientras que también la autoridad centró parte de su actuar en violentar los derechos fundamentales de los imputados.

5. En el caso particular de la efectividad de la investigación, hace un reconocimiento expreso a que el órgano ministerial limitó al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para desarrollar su investigación. Esto fue ejemplificado en la falta de atención a las líneas de investigación propuestas por estos, en la insistencia en aquellas carentes de consistencia y con características de revictimización, en las negativas de autorización para reentrevistar a inculpados y en la negación de acceso pleno a todas las actuaciones. Con esto, el Primer Tribunal de Circuito realiza una especie de ratificación, sobre los propios señalamientos hechos por este Grupo, en el tema de la obstaculización de su labor.3

6. Hace un pronunciamiento en torno a la transformación suspendida de la PGR a una Fiscalía General de la República y destaca que el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la misma PGR, de forma directa e indirecta, mantiene una relación de subordinación con el Titular del Ejecutivo Federal y además, coincidan constantemente en el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, previsto por los artículos 7 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Finalmente reconoce, en este argumento, el hecho de que existan manifestaciones conocidas coloquialmente como No al Fiscal-Carnal, con lo cual cierra el círculo argumentativo en torno al incumplimiento a la imparcialidad ministerial, en sus facetas orgánica y material.  Incluso, se apuntilla en esta crítica jurisdiccional, en los puntos 1028 – 1029, lo siguiente:

Partiendo de lo expuesto, a fin de determinar si la investigación se ha efectuado con imparcialidad, cabe recapitular que en el caso se da la circunstancia de que tanto el órgano investigador, como al menos dos de las dependencias que deben ser investigadas, tienen cierto grado de subordinación hacia el Presidente de la República, lo que actualiza una especie de conflicto de interés natural.

Esto es, hay probables responsables que no sólo pertenecen al mismo aparato burocrático del Ejecutivo Federal, sino que además, se trata de autoridades con estrecha relación institucional entre sí, lo que conlleva que se dé entre ellas una amplia comunicación, contacto y colaboración continua desde hace muchos años.

7. El Tribunal también hace hincapié en que la inobservancia a los principios relativos a la investigación no solo fue violentada por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), sino que también hubo negligencia en la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Razón por la cual, califica el suceso como negligente, el cual atañe, en su integralidad, a la PGR.

8. Por otro lado, como elementos para justificar la instauración de la Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia, hace la transición argumentativa, que resumo en los siguientes diez puntos:

a) Ante la ausencia de imparcialidad o independencia, debe establecerse un procedimiento que permita que la investigación cumpla con los elementos necesarios;

b) Aunque la Corte ha señalado que el Ministerio Público ostenta el monopolio de la investigación, también ha reconocido la obligación de que las víctimas u ofendidos puedan intervenir;

c) Si bien el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad en general, así como de las víctimas, en el caso concreto se da un quiebre en la confianza hacia el órgano, por la propia intervención de las autoridades en los hechos delictivos;

d) Del escrutinio de la investigación ministerial, se constató que la investigación no cumplió sus elementos convencionales, y tal situación debe ser remediada;

e) En una sociedad democrática debe conocerse la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos, para lo cual es necesario remover cualquier obstáculo de iure y de facto que impida la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.

f) Por ello, debe buscarse un procedimiento alternativo que sea armónico, constitucional y convencional;

g) En el caso de la Fiscalía, este órgano no es autónomo, sin embargo, si lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual tiene la potestad de investigar graves violaciones a los derechos humanos;

h) La investigación debe realizarse, pues, de lo contrario el Estado acarrearía responsabilidad internacional;

i) Un ejemplo internacional se dio en el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como Protocolo de Minnesota, en el cual se establece que, en ciertos supuestos, la única alternativa para lograr una investigación eficaz consiste en establecer una comisión especial de indagación. En esos mismos términos, está el Protocolo de Estambul, relativo a la tortura.

j) En el caso concreto, el procedimiento alternativo no puede ser otro, más que el permitir que sean los propios familiares de los estudiantes desaparecidos, a través de sus representantes, quienes dirijan la investigación, con la participación del Ministerio Público y la asistencia de un organismo que si es autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

9. Consecuentemente, el Tribunal detalla los elementos que deberán caracterizar a esta Comisión para la Verdad y destaca lo siguiente:

– Podrá fortalecerse con la integración y participación de otras organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras;

– Se exceptúa de lo anterior a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que esto impediría que en el futuro se presentara el caso ante dicha instancia;

– Dicha instancia, si puede continuar con la supervisión en el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas al Estado mexicano;

– Es recomendable un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), puesto que ambos han dejado constancia de una labor objetiva, exhaustiva, independiente e imparcial.

– De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, se podría acudir ante órganos internacionales como la Interpol;

– La intervención del Ministerio Público en la Comisión de la Verdad, será para dotar de legalidad a la propia investigación;

– Las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos decidirán las líneas de investigación a explorarse, pruebas a llevar a cabo y deberán estar presentes en todas las diligencias;

– Los fiscales que intervengan, por parte de la PGR, deberán ser diversos a los que hasta ahora habían participado;

– Cualquier agente ministerial, peritos y demás personal que hubiese actuado dentro de las averiguaciones previas, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando en la indagatoria;

– Cualquier proceder lesivo en contra de los elementos de la investigación (inmediatez, efectividad, independencia e imparcialidad) podrá ser incluso, considerada como un desacato a dicha ejecutoria de amparo;

– Los miembros de la Comisión para la Verdad, deberán tener acceso libre e inmediato a todo centro de detención y cada una de las dependencias, cuando se considere que pueda obtenerse información de estos, incluyendo a los lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense;

– El Estado deberá destinar recursos presupuestarios correspondientes, sin perjuicio de que haya un mecanismo formado por la sociedad civil para complementar la obtención de estos;

– Cualquier duda sobre el funcionamiento de la Comisión para la Verdad deberá ser resuelta de acuerdo al Protocolo de Minnesota, concretamente conforme a las directrices que se prevén en el Apartado D, de dicho documento.

Vale cerrar este texto, con la siguiente conclusión de este Tribunal Colegiado, plasmada en los puntos 1188 al 1192 de su mencionada sentencia:

En esta ocasión fueron ellos quienes resultaron afectados, pero en realidad, dada la magnitud de los ataques, las víctimas pudieron ser más personas, sin distingo alguno. Por ello resulta muy importante que la sociedad en general se interese e involucre en la legítima demanda de verdad y justicia, que incansablemente han exigido las víctimas. […] Finalmente, es importante señalar, que para este Tribunal Colegiado, está claro que hasta en tanto no se tenga certeza de lo ocurrido a los estudiantes desaparecidos, sus familiares no verán colmados sus legítimos anhelos de verdad y justicia, pues sólo alcanzando esos extremos, podrán trabajar en la superación de la dolorosa y grave experiencia que han venido enfrentando desde entonces.4

Joseph Irwing Olid Aranda. Licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara.


1 Al respecto, el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, señaló que en el contexto de la desaparición de los estudiantes en mención hay delitos de lesa humanidad, en razón del atentado y las graves omisiones en materia de seguridad pública que se propiciaron. Cfr. https://www.proceso.com.mx/383971/desaparicion-de-normalistas-delito-de-lesa-humanidad-cndh

2 En un texto elaborado por la redacción de la Revista Nexos, se hace un recuento de distintas resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya extensión excede de las diez mil palabras, y sitúa como la más extensa de dicho recuento a la Acción de Inconstitucionalidad 61/2008, redactada por el ministro Fernando Franco, cuya extensión rondó las casi 280 mil palabras, en cuya versión pública son 1331 páginas. Cfr. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=877

3 Nájar, A. (2016). México: Expertos del caso Ayotzinapa se despiden y denuncian obstáculos en su investigación. México: BBC Mundo, 24 de abril. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160424_ayotzinapa_giei_informe_final_an

4 La resolución íntegra puede consultarse en el sistema de seguimientos de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, este a menudo presenta fallas, por lo que pueden consultarlo en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1KAFtQA3WTF0aN57Foo5sbjS58cRZnsug/view?usp=sharing