Es probable que el caso de San Antonio Ebulá sea el primer intento en México de exigir, vía amparo, la restitución de viviendas de una población víctima de un desplazamiento forzado interno (DFI). Ojalá alguien pudiese confirmar si estoy equivocado. Pero, independientemente de su aparente carácter inédito, la reciente resolución que niega la protección a la comunidad, expone la distancia que aún nos separa de dos horizontes jurídicos actuales: por un lado, que el amparo puede ser un verdadero recurso para un juicio de derechos humanos contra las distintas formas de violaciones y; por otro, que estos juicios pueden generar criterios jurisprudenciales para atender la crisis de DFI que sufre el país.

La semana pasada, el Tribunal Colegiado de Campeche notificó su resolución del recurso de revisión de amparo indirecto 337/2016, en la cual considera que los quejosos no habían “acreditado” ser víctimas de DFI conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 —el Tribunal en ningún momento trajo a colación otra fuente del derecho internacional para interpretar sus alcances—. De esta manera concluye que las víctimas no sufrieron DFI ya que no demostraron ser propietarios de sus tierras.

Por lo tanto, la simple tenencia material de un bien, no puede dar lugar a la protección constitucional, de manera que para que pueda hablarse de incumplimiento en la obligación del Gobierno del Estado para tutelar el libre tránsito y el derecho de las personas a residir en el lugar que consideren más adecuado a sus intereses dentro del territorio estatal, conforme a las normas internacionales, es necesario que los gobernador demuestren la existencia de un desplazamiento forzado del lugar de su residencia ocurrido con motivo de un conflicto armado, de situación de violencia generalizada, de violación de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, así como que haya tenido la posesión derivada u originaria del mismo, pues de lo contrario no surgiría a la vida jurídica una obligación constitucionalmente protegida, y por ende tampoco la exigencia de su cumplimiento ante la inexistencia de esa obligación.2

La valoración del Tribunal Colegiado de Campeche es preocupante. Por un lado, debido a que las víctimas estaban en posesión de las tierras y que las mismas son, hasta la fecha, objeto de un litigio agrario que lleva más de 20 años. Por otro, porque la resolución desatiente el concepto de DFI conforme al derecho internacional en materia de derechos humanos. De modo que considero pertinente desarrollar brevemente los hechos del caso de la población de San Antonio Ebulá para poder apreciar, de mejor manera, la fragilidad de sus argumentos.

La comunidad de San Antonio Ebulá, fundada a mediados de los años 60 del siglo pasado, estaba localizada a pocos kilómetros de la ciudad de Campeche. Para el año 2009, algunos de sus habitantes eran titulares del programa oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde el año 2002, la comunidad contaba con una escuela avalada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Al menos desde 1991, su población contaba con identificaciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en las cuales se registraba como domicilio el poblado de San Antonio Ebulá. A mediados de los 80, los pobladores solicitaron la dotación de tierras, proceso que hasta la fecha sigue pendiente.

Sin embargo, desde el año 2007, un empresario campechano reclamó la propiedad de las tierras de San Antonio Ebulá para la construcción de un complejo residencial de clase alta. En dos ocasiones fueron realizados intentos forzados de desalojo, destruyendo veinte casas en 2007 y seis en 2009 como amenaza implícita al resto de la población.3 Finalmente, el 13 de agosto de 2009 un grupo de personas –sin previo aviso, ni orden judicial- entró violentamente a la comunidad, resguardados por cerca de cien elementos de la policía estatal preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y algunas camionetas de la constructora del empresario. Las casas y pertenencias de 76 familias fueron destruidas y quemadas en el acto. La gente también perdió a sus animales, ya sea por el paso de los tractores o por robo. Hombres, mujeres, niñas y niños tuvieron que huir al monte. Varias personas recibieron golpes, seis resultaron lesionadas.

Después de días de protesta a los pies del Palacio de Gobierno, los pobladores firmaron un convenio con el Poder Ejecutivo de Campeche a través del cual éste les garantizaba la inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas cerca de su lugar de origen. En el documento, las partes reconocieron que los integrantes de la comunidad se encontraban “en una situación de desplazados, debido a un desalojo […] realizado por un particular”.

El 6 de octubre de 2014, la comunidad de San Antonio Ebulá solicitó al gobierno de Campeche la reparación de su derecho a la vivienda, incluyendo el acceso a los servicios básicos. Además de haber perdido sus casas, actualmente se encuentran en el “Nuevo San Antonio Ebulá” sin varios de los servicios públicos mínimos. En su respuesta, el gobierno de Campeche se limitó a negar que eran víctimas de DFI debido a que los hechos habían ocurrido fuera de un contexto de conflicto armado. Al conocer la demanda de amparo, el Juzgado de Distrito compartió esa opinión. No obstante, es indispensable señalar que las autoridades demandadas nunca negaron los hechos en sus informes justificados, incluyendo el desalojo sin una orden judicial a manos de particulares con maquinaria pesada y aquiescencia de la policía de Campeche. Sin embargo, la sentencia del Juzgado de Distrito no tomó en consideración esos detalles a la hora de llegar a una resolución.

¿Es verdad, como argumenta el Tribunal Colegiado de Campeche, que para ser considerado víctima de desplazamiento forzado interno debe acreditarse la propiedad de las tierras en las que se vive? El derecho internacional ha definido como víctimas de DFI a las personas que se han visto forzadas u obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia sin salir del territorio de su país de origen, como resultado o para evitar los efectos de: i) un conflicto armado; ii) situaciones de violencia generalizada; iii) violaciones de derechos humanos; y iv) catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.4

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reconocido que el DFI es una violación múltiple de derechos5 que si bien incluye el contenido del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la trasciende. Esto es debido a que puede abarcar el derecho a la propiedad privada (artículo 21), el respeto a la vida privada y al domicilio (artículo 11.2).6 Asimismo, la Corte IDH ha reconocido que el DFI es una violación en diversas formas al derecho a la integridad personal (artículo 5), tanto por el daño sufrido durante el desplazamiento, como las condiciones de vida posteriores al mismo, y por la desintegración del núcleo familiar y social.7

Si bien el DFI implica, la mayoría de las veces, una violación al derecho a la propiedad, éste no se refiere en sí a la propiedad de la tierra, sino que engloba todas las formas de patrimonio perdido. En los casos en los que la Corte IDH ha declarado que un DFI viola el derecho a la propiedad, no lo hace con referencia a la tenencia de un título sobre las tierras que se habitan, sino por la destrucción de bienes como las casas.8 Es por esto que los principios rectores de los desplazamientos internos hacen referencia a la pérdida de “propiedades o posesiones”.9

Entonces, tener documentos de propiedad no es un requisito para poder ser considerado víctima de DFI, como preocupantemente pretende sostener el Tribunal Colegiado de Campeche. Además, la violación a las obligaciones frente a víctimas de DFI no fue el único planteamiento en la demanda de amparo, puesto que también fue incluido el concepto de las violaciones al derecho a la vivienda, con el objetivo de atender la falta de servicios básicos en la comunidad. Durante el juicio ante el Juzgado Primero de Distrito, fue realizada una inspección ocular a la nueva comunidad, en la cual se constató que únicamente tenían acceso al agua debido a la organización de los vecinos para comprar una bomba, así como el combustible mensual para hacerla funcionar. Por si fuera poco, el coste por familia para ese remedio auto-gestionado es mayor al que se paga por el servicio público de agua en la ciudad de Campeche. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Colegiado se limita a señalar que “tienen acceso al agua”, por lo que argumentó que no existe una violación en materia de servicios básicos.

Poco importa si hay algo inédito en el planteamiento de la demanda de amparo: el caso de San Antonio Ebulá no es ni el primero, ni el único de DFI en nuestro país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido la existencia de DFI en el país desde hace décadas, principalmente por causas ajenas al contexto de conflicto armado10 como son las violaciones a derechos humanos y los megaproyectos.11 De esta manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado la construcción de megaproyectos como una de las principales causas para el desplazamiento forzado.12 El centro de monitoreo de Desplazados Internos registró una cifra de al menos 281,400 casos dentro de nuestro país para el año 2014.13 Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos documentó la gravedad de casos de DFI ocurridos durante el año 2017.14

La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Campeche dejó pasar una gran oportunidad para demostrar que el amparo puede ser un medio para garantizar el cumplimiento de las promesas constitucionales y convencionales. Sobre todo, porque los operadores judiciales, desde el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de prevenir y reparar las múltiples violaciones que se configuran en casos de DFI, como es el caso del poblado de San Antonio Ebulá.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Consultor y litigante independiente en derechos humanos. Miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @kalycho.


1 Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, Recurso de Revisión Administrativo 337/2016, 24 de mayo de 2016, p. 30.

2 Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, Recurso de Revisión Administrativo 337/2016, 24 de mayo de 2016, p. 31.

3 Carlos Luis Escoffié Duarte, “Tenemos que hablar del ‘domicidio’ y sus costos sociales,” El juego de la Suprema Corte, Nexos. Véase: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=8444.

4 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, párr. 2. AG/RES. 2508 (XXXIX-O/09). Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2508-2009.doc. Véase también: Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 140. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_esp.pdf. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 173. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf.

5 Véase: Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 328, párrs. 173 y 174. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf.

6 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 234. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf

7 Véase: Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 93. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf. Corte IDH. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párrs. 321-324. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf. Corte IDH. Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C No. 325, párr. 226. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf.

8 Véase: Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párrs. 177-200. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf. Corte IDH. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párrs. 352. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf.

9 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, Principios 21 y 29.2. AG/RES. 2508 (XXXIX-O/09). Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2508-2009.doc.

10 Al respecto, la CNDH únicamente considera desplazados internos por conflicto armado a aquellos que ocurrieron en el contexto de hostilidades en Chiapas a partir del año 1994. Véase: CNDH. Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. Mayo de 2016, p. 3. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf.

11 CNDH. Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. Mayo de 2016, p. 62. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf.

12 CIDH. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, 31 de diciembre de 2015, párr. 286. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf.

13 CIDH. Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, 31 de diciembre de 2015, párr. 287. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf.

14 CMDPDH. Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe 2017. Mayo 2018. Disponible en formato digital a través del enlace: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamiento-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf.