Las prácticas clientelares están presentes prácticamente en todas las democracias del mundo. No son un fenómeno exclusivo ni de México ni de la región latinoamericana. Tampoco son un rasgo al que —al igual que la corrupción— nuestra sociedad esté determinada naturalmente.

Los factores electorales que favorecen el clientelismo son múltiples y variados. Entre ellos destacan el tipo de elección, el monto de financiamiento público, el tamaño de los distritos e incluso el número de competidores en la contienda. No obstante, también ciertas condiciones sociales pueden fungir como terreno fértil para las prácticas clientelares.

El clientelismo es un fenómeno alarmante dentro de un país en el que la mitad de la población —53. 4 millones de personas— se encuentra en situación de pobreza, y en donde casi el 10 % de ellos —es decir, 7.6 millones— viven en pobreza extrema.1 En tanto que serían las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica las que, por necesidad, podrían verse orilladas a “vender su voto”.

Si aceptamos que los problemas deben atacarse, no por sus consecuencias, sino desde sus raíces, tenemos que si queremos enfrentar elclientelismo, entonces, debemos combatir la profunda desigualdad económica y social de nuestro país.2 Si bien esto se trata de una hipótesis abierta aún a una constatación empírica, lo cierto es que no podemos decir que las personas que se encuentran en situación de pobreza (o de pobreza extrema) son “libres” de decidir y, aún más, de participar en la vida pública, cuando ni siquiera tienen aseguradas las condiciones necesarias para vivir.

Cuando pensamos en clientelismo, la imagen más común que tenemos es la “compra de sufragios”, es decir, el “intercambio” que hace un ciudadano de su voto por dinero o algún otro bien material: despensas, material de construcción, tinacos, electrodomésticos y ahora hasta monederos electrónicos, por mencionar los ejemplos más representativos. Sin embargo, bajo esta etiqueta pueden englobarse otras prácticas que igualmente intentan supeditar las intenciones del electorado, como el condicionamiento de los programas sociales. Éste tiene dos caras: por un lado, la asignación de incentivos sociales como premio a la lealtad política y/o para atraer a los seguidores de las fuerzas políticas rivales y a los indecisos. Y, por otro, la exclusión de los beneficios sociales a aquellos que no simpatizan con la fuerza política que ofrece los incentivos.

Los programas sociales se han convertido en una herramienta electoral tanto de la clase política como de los candidatos y los partidos, para crear y mantener sus redes clientelares. Según el reporte (2013-2014) emitido por el Coneval, del total de 6,491 programas sociales registrados a nivel nacional (152 federales, 2,528 estatales y 3,811 municipales), sólo el 14% de tiene cierto grado de transparencia. El 26% no reportaba su presupuesto, 14% no tenía reglas de operación y 46% presentaba dos fallas: ni tenía reglas de operación ni reportaba su presupuesto. Esto supone un campo discrecional a las autoridades estatales para un manejo arbitrario y opaco de los programas sociales.3

Además, no debe perderse de vista que “casualmente” los programas sociales suelen aumentar dentro de las entidades federativas en años electorales, con lo que fungen como una especie de nómina para las estructuras partidistas, cuadros o bases de adeptos. Sobre este punto recomiendo ampliamente el informe “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México”,4 coordinado por Mario Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, Ximena Mata y Leonardo Nuñez.

Es importante no reducir el clientelismo únicamente a la compra de votos. Parecen aún más preocupantes las “transacciones” que tras bambalinas se dan entre los políticos de todos los colores y los grandes empresarios. Esto es lo que podríamos llamar como el clientelismo de cuello blanco. Asimismo, son igualmente inquietantes los “trueques” entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, la federación y las entidades federativas, y entre éstas y los municipios. En una frase, el ejercicio clientelar de la función pública.

En estos casos ya no se trata de un simple “intercambio” entre votos y dádivas. En la relación políticos-empresarios la petición consiste en otorgar dinero a cambio de favores: contratos, permisos, concesiones y regulación favorable. Un ejemplo paradigmático es el de los “Amigos de Fox”, en el que se detectaron 91 millones de pesos de dinero ilegal privado. Habría que recordar, sin embargo, que los recursos provenientes de personas morales (como las sociedades mercantiles) y el dinero no reportado de las personas físicas son fuentes de financiamiento prohibidas por las leyes electorales.

Las formas más comunes de clientelismo que involucran a los funcionarios públicos son dos. El primero consiste en condicionar la repartición de partidas presupuestales al apoyo político. Piénsese en el Ramo 23, conocido como el “fondo de los moches”, tal vez uno de los ramos del Presupuesto de Egresos de la federación más discrecionales y arbitrarios, que ha servido para premiar o castigar a los gobiernos locales según su lealtad política. El segundo trata sobre el desvío de recursos públicos (ya sea materiales o incluso recursos humanos) a la campaña de algún candidato, partido o coalición. Uno de los asuntos más conocidos (aún abierto) es el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, denunciado por desviar 80 millones de pesos del erario para financiar campañas electorales federales. Debido a esto, el grave problema de corrupción que enfrenta México es un amigo-aliado del clientelismo.

Los intentos de condicionar las orientaciones políticas de la gente comprenden comportamientos aún más agresivos como las amenazas o castigos a quien no otorgue su apoyo a una fuerza política determinada. Esto constituye actos abiertos de coacción a las intenciones del electorado. Golpear, mutilar e incluso asesinar a los simpatizantes y operadores de las fuerzas políticas contrarias se ha convertido en uno de los fenómenos más alarmantes durante el proceso electoral en curso. Las cifras varían según la fuente consultada. De acuerdo con el indicador de violencia de la consultora privada Etellekt, desde septiembre del año pasado, han sido detectados 112 políticos asesinados, 400 agresiones y 127 casos de amenazas o actos de intimidación en todo el país. Los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz parecen ser los más afectados.5

La espiral de violencia en la que el país se encuentra ha creado un efecto molotov contra el ejercicio del voto libre y, en general, de las libertades de los mexicanos. En un contexto en el que la misma autonomía de las instituciones especializadas en la persecución de los delitos electorales ni siquiera está garantizada, pedirles a los ciudadanos que denuncien las irregularidades resulta absurdo. Esto es debido a que sería como decirles que se pongan en “charola de plata” para ser perseguidos políticamente. El pacto de impunidad entre el Estado y el crimen organizado en algunas partes del país deja en un silencio mortal a la ciudadanía.

Entonces para finalizar dos últimas cuestiones: ¿por qué es tan atractivo el clientelismo en México? Tal vez porque la recepción de dádivas a vísperas de las elecciones es de las pocas manifestaciones de la política (si no es que la única) que tiene un impacto real y directo (por mísero que sea) en la vida de las personas. ¿Por qué los políticos y los partidos tienen que recurrir a prácticas clientelares para captar votos? Quizá por la falta de legitimidad que atraviesan. Porque han fracasado en su tarea de captar, recoger y procesar las aspiraciones e intereses de la gente de manera limpia y honesta. Porque se han vuelto una casta autorreferencial que vela por sus propios intereses y busca mantener su status quo.

Contrario a algunas opiniones que consideran la entrega de cualquier tipo material durante las campañas como una forma de propaganda política, la oferta de regalos a cambio de votos convierte a los ciudadanos en meros consumidores o, peor aún, en siervos contentos.

Guadalupe Salmorán. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

NOTA: Reflexiones con motivo de mi participación en la mesa “Clientes vs ciudadanía: ¿en qué usan el recurso público los partidos y los candidatos?” del Tercer ciclo de diálogos democráticos sobre “Los desafíos que enfrenta para su democratización”, realizado el lunes pasado, 11 de junio de 2018, en Acapulco, Guerrero.


1 A pesar de que en los últimos años según datos del Coneval (2016), ha disminuido el número de personas en pobreza extrema, ha aumentado el número global de pobres.

2 Sobre este tema véase: http://desigualdades.colmex.mx/informe2018

3 Disponible en: Inventario Nacional CONEVAL de Programas y Acciones para el Desarrollo Social Para ver el resumen aquí.

4 Disponible en: http://dinerobajolamesa.org/

5Elecciones México 2018: 112 asesinados”, Excelsior, 9 de junio de 2018. Disponible en: