Hace ya más de 65 años, en un elocuente voto concurrente, el juez Robert Jackson explicaba así una de las más crudas lógicas de la jerarquía judicial: “No somos inapelables porque seamos infalibles, sino que somos infalibles solo porque somos inapelables”.1

El integrante de la Corte Suprema estadounidense enfatizaba, de esta forma, las diferencias de criterio que invariablemente surgen entre órganos revisores y revisados. “Siempre que las decisiones de un tribunal son revisadas por otro, un porcentaje de ellas son revocadas. […] Sin embargo, la revocación por parte de un tribunal superior no es prueba de que con ello se haga mejor justicia”.

La lógica de Jackson vale también para la relación entre un órgano constitucional autónomo, como el Instituto Nacional Electoral (INE), y una corte especializada de última instancia, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Que algunas decisiones del primero sean revocadas por el segundo no debería sorprendernos. Eso es inevitable. Pero ello de ninguna forma implica que lo votado en Carlota Armero siempre sea más razonable que lo decidido en Tlalpan. Los juzgadores electorales podrán tener la última palabra, pero no son infalibles.

La sentencia dictada en el caso Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón vs. Consejo General del Instituto Nacional Electoral es un buen ejemplo de los yerros de nuestra justicia electoral. Con esta decisión, cuatro integrantes de la Sala Superior alteraron el curso de la elección presidencial al permitir que apareciera en la boleta un aspirante que —de acuerdo con la verificación realizada por el INE— incumplió con los requisitos que marca la ley.

La condena fue casi unánime. Ninguna sentencia del TEPJF ha levantado tantas críticas como la dictada en el caso de “El Bronco”. No al menos en los últimos años. Y si bien se ha vertido no poca tinta para abordar aspectos puntuales del fallo, lo cierto es que hacía falta un análisis de conjunto.

Bajo el postulado de que la crítica seria e informada fortalece la legitimidad de los impartidores de justicia, el 26 de abril de 2018, un grupo juristas se reunió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) a fin de realizar un análisis técnico-jurídico de esta polémica decisión. En el encuentro participaron, a título individual, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana (UIA), la UNAM y la Universidad Panamericana (UP), así como integrantes de la Barra Mexicana de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.2

La (in)justicia electoral frente a las candidaturas independientes a la Presidencia, recientemente publicado por el IIJ-UNAM, es producto de dicho ejercicio deliberativo. Además de recoger las principales conclusiones del encuentro, dicha publicación incluye el guion temático usado durante la discusión, así como un texto introductorio3 que contextualiza la relevancia política del caso.

Las conclusiones del ejercicio —como podrá constatar el lector en el documento— por desgracia no son alentadoras. El TEPJF enfrentaba un problema complejo, pero ciertamente acotado: fijar estándares adecuados para la revisión, en sede judicial, de un procedimiento administrativo que tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de una regla. Y, sin embargo, mediante la cita arbitraria de precedentes, el uso de una espuria retórica garantista y empleo de argumentos falaces, la mayoría de la Sala Superior optó por plantear un falso dilema de derechos.

Versión íntegra del documento: La (in)justicia electoral frente a las candidaturas independientes a la Presidencia: Análisis jurídico del caso Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón vs. Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.


1 Brown v. Allen (1953) 344 U.S. 443, 540. La cita completa en inglés es la siguiente: “Whenever decisions of one court are reviewed by another, a percentage of them are reversed. That reflects a difference in outlook normally found between personnel comprising different courts. However, reversal by a higher court is not proof that justice is thereby better done. There is no doubt that if there were a super-Supreme Court, a substantial proportion of our reversals of state courts would also be reversed. We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final”. La traducción es propia.

2 Participaron en el encuentro Juan Manuel Acuña, José Luis Caballero Ochoa, Iván Castillo Estrada, Hugo Concha Cantú, Óscar Cruz Barney, Arturo Espinosa Silis, Rubén Fierro, Raymundo Gama Leyva, Francisco Ibarra Palafox, Sergio López Ayllón, Saúl López Noriega, María Marván Laborde, Raúl Pérez, Francisca Pou, Joel Reyes Martínez, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés. José Roldán Xopa no pudo asistir, pero envió sus comentarios por escrito. La deliberación fue conducida por Héctor Fix-Fierro y fungió como secretario Javier Martín Reyes.

3 Elaborado por María Marván Laborde y Mauricio Merino Huerta.