En agosto de 2016, publicamos en este espacio un artículo titulado La titubeante postura de la Suprema Corte frente la tortura en México, en el que alertamos sobre una tesis regresiva adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de tortura. Se trataba de la tesis aislada 1a. CCV/2016 (10a.) de rubro “TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO”.

Si el contenido de esta tesis representaba una postura titubeante frente a la tortura, podíamos esperar que la entrada en vigor en junio de 2017 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante la Ley General o la Ley) llevara a la SCJN a armonizar sus criterios con la regla de exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura, objeto de un capítulo de la Ley (Arts. 50-54) y obligación del Estado bajo el derecho internacional. Lejos de cumplir esta expectativa, meses después de la entrada en vigor de la Ley, la SCJN adoptó el citado criterio como tesis de jurisprudencia.

El mensaje altamente preocupante que envía la adopción de tal jurisprudencia regresiva se suma a la publicación reciente de otros criterios poco claros en la materia por parte del Pleno, lo cual muestra que la SCJN no ha garantizado plenamente la regla de exclusión probatoria. En este artículo, analizamos los citados criterios.

Falta de reconocimiento del carácter absoluto de la regla de exclusión de las pruebas ilícitas

En relación a la regla de exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura, en nuestro artículo anterior desarrollamos las razones por las cuales la entonces tesis aislada de la Primera Sala contravenía las obligaciones del Estado mexicano.

En esta ocasión, el problema planteado es el siguiente: tanto los estándares internacionales y la jurisprudencia anterior de la SCJN reconocen que ninguna prueba obtenida mediante tortura es admisible (salvo en un eventual proceso penal contra el torturador). Esta regla de exclusión se basa en el sentido común. Las declaraciones y pruebas construidas bajo tortura no son evidencias confiables, sino que, al contrario, en casos documentados por organismos mexicanos e internacionales, nos alejan de la verdad de los hechos como sucedió en el caso Ayotzinapa,1 vulnerando los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas, como lo documentó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU respecto al mismo caso.2

En contraste, el citado criterio de la Primera Sala, al limitar la reposición del procedimiento a casos donde exista autoincriminación, deja la puerta abierta a confirmar sentencias condenatorias basadas en otras declaraciones obtenidas bajo tortura (por ejemplo, de coimputados, una situación presente en diversos casos documentados por nuestro Centro) o en otras pruebas que también podrían ser obtenidas bajo tortura.

Por esa razón, una larga lista de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra del criterio aislado (en ese momento) de agosto de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó los argumentos planteados por las organizaciones en un informe sobre México. El Estado mexicano no defendió el contenido de la tesis, sino que informó a la CIDH que de conformidad con la legislación nacional las tesis aisladas de la SCJN no son criterios obligatorios para el resto de los operadores jurisdiccionales, sino orientativos.3

En junio de 2017, entró en vigor la Ley General contra la Tortura, cuyo artículo 50 establece en lo pertinente, “[s]erán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”.4

De esta manera, la decisión de publicar como jurisprudencia un criterio violatorio de la Ley meses después de su entrada en vigor despierta serias preocupaciones sobre el sentido de la evolución de la postura de la SCJN en esta materia y además genera confusión, a la luz de las contradicciones existentes en las ejecutorias que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia, mismas que citan la doctrina anteriormente construida de la SCJN en materia de exclusión de toda prueba ilícita, al mismo tiempo que la contradicen.5

Si bien las demás autoridades judiciales deberán aplicar dicho criterio de una manera compatible con el derecho internacional —y podrán y deberán resolver que no resulta aplicable en juicios de amparo promovidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General— la SCJN dificulta esa labor en el mejor de los escenarios.

Más importante que la confusión y obstáculos que genera para los juzgadores, desde luego, es el impacto que puede tener este criterio aplicado en las vidas de personas condenadas con base en pruebas ilícitas y la de sus familias, así como en perpetuar un modelo de “investigación” penal que históricamente ha privilegiado la fabricación por encima de la recolección de pruebas reales.

2018: La SCJN sigue sin acusar recibo de la Ley General

En abril del año en curso, el Pleno de la SCJN se pronunció sobre la tortura en dos tesis aisladas. El incidente de inejecución que las motivó fue declarado sin materia; la presunta víctima había logrado la exclusión de las pruebas ilícitas y, por lo tanto, no tenía por qué seguir impulsando su denuncia de tortura como medio de fabricación de pruebas; de hecho, fue absuelta y recuperó su libertad más de un año antes de la resolución de la SCJN.6

La primera tesis publicada es la P. I/2018 (10a.) de rubro “TORTURA. MECANISMOS PARA PROBARLA DENTRO DEL PROCESO PENAL EN EL QUE SE DENUNCIA”. Dicha tesis reconoce, de manera positiva, que la realización de un examen médico-psicológico especializado siguiendo las directrices del Protocolo de Estambul, referencia internacional en la materia, no es la única manera de acreditar la comisión del delito de tortura. Sin embargo, después afirma que sí “es necesaria la práctica de exámenes” para comprobar la tortura.

La tesis incurre en una contradicción interna y perpetua el tradicional enfoque desproporcionado en la realización de exámenes a la víctima como único método para acreditar la tortura, el cual no tiene fundamento en el DIDH y se erige como un obstáculo generalmente insuperable en la investigación y acreditación de este grave delito. En la mayoría de los casos, las víctimas de tortura no tienen acceso a un examen independiente e imparcial. Si tienen acceso a un examen por peritos especializados en la materia, éstos trabajan en la misma institución que los acusa de haber cometido un delito y éste suele practicarse meses o años después de los hechos. Lo anterior fue confirmado por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura en su visita a México.7

Por ello, el Relator insistió en la necesidad del “uso del Protocolo como una guía para la adecuada investigación de tortura, y evit[ar] que el mismo sustituya la investigación y se utilice en modos que pueden intimidar a la víctima o como determinante de si su alegación es veraz”.8

La Ley responde a esta problemática y precisa que la tortura se investigará conforme lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) (art. 33); que dicha investigación incluirá como mínimo, además de exámenes a la víctima, declaraciones de la víctima/denunciante y de testigos (art. 35.II), análisis pericial del probable lugar de los hechos (art. 35.V) y que “[l]as Víctimas […] tienen derecho a presentar, en cualquier momento, todos los medios de prueba que estimen convenientes” (art. 37), especificando en su artículo 37: “[c]on independencia de los dictámenes médico-psicológicos, se podrán presentar otras pruebas periciales […], mismas que deberán ser tomadas en consideración […] de acuerdo con los principios de libre valoración de la prueba”.

El segundo criterio aislado adoptado en abril de 2018 por el Pleno, es la tesis P. II/2018 (10a.) de rubro: “TORTURA. LA IMPOSIBILIDAD DE INVESTIGAR SU COMISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL, GENERADA POR LA NEGATIVA DEL DENUNCIANTE DE PRACTICARSE LOS EXÁMENES NECESARIOS, CUANDO ÉSTOS RESULTEN ESENCIALES Y NO EXISTAN OTROS ELEMENTOS PARA COMPROBARLA, DEJA SIN EFECTO LA DENUNCIA QUE SE HIZO PARA TALES EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO”.

Esta tesis profundiza en el enfoque de exámenes como medio decisivo para investigar la tortura, al grado de anular los efectos de una denuncia de tortura en ausencia de tales exámenes. Además, desconoce las obligaciones de las autoridades judiciales frente a alegaciones de tortura dentro de un proceso penal.

El DIDH y ahora la Ley General contemplan dos efectos distintos de una denuncia de tortura dentro de un proceso penal: por un lado, el deber de investigar penalmente los hechos con miras a sancionar a los responsables9 y por otro, el deber de excluir pruebas obtenidas bajo tortura.10 Esta misma división (tortura como delito y como violación a derechos humanos) ha sido reconocida por la Suprema Corte, incluso en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.) analizada supra y en las ejecutorias que llevaron a la misma.

La diferencia entre las dos vertientes radica en los estándares y carga de la prueba aplicables, así como en los resultados. A saber, para acreditar la tortura como delito, es necesario demostrar su comisión y la responsabilidad del torturador más allá de una duda razonable, y la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, igual que ocurre en cualquier otro delito.

En contraste, frente a una denuncia dentro de un proceso penal seguido en contra de la persona denunciante de tortura, según la Ley General, “[c]uando a petición de parte se solicite la exclusión o nulidad de un medio de prueba sobre el que haya razones fundadas para presumir que hubiere sido obtenido de actos de tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, el órgano jurisdiccional, escuchando a las partes, se pronunciará al respecto. En todos los casos, el Ministerio Público tendrá la carga de acreditar que la prueba ha sido obtenida de manera lícita”.11

La modificación de la carga de la prueba ante alegaciones de tortura en un proceso penal se basa en que es el Ministerio Público quien tiene la posibilidad de demostrar los orígenes de una prueba de cargo, pues lleva registro de lo actuado en la investigación y dispone de los recursos y facultades para recabar datos relevantes.

Ahora bien, en el contexto mexicano, las alegaciones de una víctima de tortura, aunadas al contenido de las pruebas cuestionadas, suelen contener en sí razones para presumir que se está ante la presencia de una prueba ilícita. Concretamente, cuando una persona alega que su declaración ministerial se obtuvo bajo tortura y es falsa, hay dos categorías de posibles explicaciones, que se pueden resumir de la siguiente manera:

1) El o la delincuente, a pesar de violar la ley esperando beneficiarse de manera impune de actos ilícitos, cambia de parecer tan pronto como es detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, y decide voluntariamente confesar sus crímenes y los de sus compañeros, a pesar de saber que lo que diga será utilizado en su contra y llevará a que lo condenen, y a pesar de la presencia del abogado defensor que lo habrá asesorado sobre las consecuencias de incriminarse. Pero luego, este cambio repentino es reemplazado por otro: decide que ya no quiere ir a la cárcel, y cambia otra vez su versión, mintiendo ante el juez o jueza para negar su declaración anterior y afirmando que fue torturado.

2) La persona detenida no quiere incriminarse ni ir a la cárcel. Declara bajo tortura (u otra forma de coacción), en un país en el que la tortura sigue siendo una práctica generalizada utilizada precisamente para coaccionar declaraciones,12 tal como ha sido documentado en un sinnúmero de casos anteriores.

El primer escenario resulta difícil de creer a simple vista. El segundo escenario resulta acorde con un patrón ampliamente documentado. En estas circunstancias, una denuncia de tortura como medio de producción de pruebas ilícitas difícilmente se podría descartar sin tomar la acción básica requerida por el derecho internacional: pedir a la parte que presenta la prueba —al Ministerio Público— que justifique su origen lícito. Esto significa, inter alia, que la representación social explique y demuestre ante la autoridad judicial qué circunstancias o qué línea de investigación le llevó a detener o acusar a la persona imputada, o a descubrir la prueba cuestionada.

Al mismo tiempo, la autoridad judicial ordenará diligencias para buscar posibles evidencias físicas o periciales de tortura, y la persona denunciante podría presentar otras, o podría señalar contradicciones o irregularidades en los partes informativos o declaraciones que tienden a demostrar que la versión del Estado no es cierta.

En todo caso, la modificación de la carga de la prueba prevista en la Ley General significa que incluso en ausencia de pruebas de la comisión de tortura, corresponde al MP brindar y fundamentar una versión lógica y creíble de cómo llegó, sin coacción, a la prueba sospechosa en cuestión. Si la versión oficial no cumple estos requisitos (carece de lógica al seguir el guion del escenario #1 descrito supra, incluye saltos inexplicables a descubrimientos importantes de pruebas, carece de elementos para demostrarse, etc.), el MP no ha justificado la licitud de la prueba.

Habida cuenta de todo lo anterior, volvemos a la segunda tesis aislada del Pleno. Dicha tesis, lejos de referir los estándares y carga de la prueba aplicable a cada vertiente de la tortura de forma separada, aborda las dos vertientes de manera confusa:

[E]l alegato de la comisión de un acto de tortura dentro de un proceso penal, tendrá como efecto la realización de una investigación que permita determinar su existencia y sancionar a los responsables, lo que genera consecuencias dentro del mismo proceso por violaciones a derechos humanos y la apertura de una investigación criminal por la comisión del delito de tortura, lo que significa que la denuncia de actos de tortura, por sí misma, no lleva a terminar con el proceso penal del que sea parte la persona que alega haberla sufrido, sino a investigar los hechos y sancionar a los responsables, para lo cual deberá generarse un registro fiable, preciso y detallado de los acontecimientos, que tome en cuenta la situación personal y la condición médico-psicológica del individuo. En ese sentido, la falta de exámenes médicos y psicológicos o de otra índole a la víctima, cuando resulten esenciales para determinar la actualización de actos de tortura, genera impunidad, pues impide conocer su existencia y, por ende, su investigación y persecución. Así, la negativa del quejoso a practicarse los exámenes mandatados por el juzgador de amparo, suprime la posibilidad de constatar la actualización de actos de tortura, debido a que no es posible para la autoridad judicial determinar su existencia. [Énfasis del autor]

La tesis alterna entre frases asociadas con la investigación penal de la tortura, y otras que hacen referencia a los efectos de la tortura dentro del proceso penal sin hacer mención alguna al deber del MP de demostrar la licitud de la prueba. En suma, esta tesis parece desconocer la línea argumentativa que ha construido la SCJN en el tratamiento de la tortura, lo cual, en el contexto nacional, puede generar consecuencias nefastas en perjuicio de las víctimas.

Conclusión

La Suprema Corte, con o sin Ley General contra la tortura, debería ser la primera institución interesada en sentar precedentes claros para guiar a los poderes judiciales del país en la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Este tema no es menor: en una encuesta13 realizada por Inmujeres a los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas, ante la pregunta: “Su institución ha actuado con debida diligencia para prevenir tortura”, solamente 15 de los Tribunales Superiores de los estados contestaron que “sí”; 14 contestaron que “no”, mientras otros 3 prefirieron no responder.

Si la SCJN no es capaz de trasladar al Ministerio Público la exigencia mínima de que justifique sus propias pruebas sospechosas, podemos concluir que el liderazgo que alguna vez caracterizaba a la Corte en el tema de exclusión de pruebas ilícitas quedó en el pasado. Hacemos un llamado enérgico a que dicho liderazgo —o cuando menos, el cumplimiento de las normas aplicables— pronto vuelva a caracterizar al máximo tribunal.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Twitter: @CentroProdh


1 Cfr. Carreón, Gabriela y Luis Tapia. Ayotzinapa, cuando la tortura aleja la verdad. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CENTRO PRODH) en “Derecho a la verdad en México”. Article 19, México, 2018, pp. 136 171.

2 Cfr. Doble injusticia, Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2017, Capítulo V, SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CIDH EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MEXICO, párr. 87.

4 El artículo transitorio segundo de la misma norma también aclara: “Aquellas personas, sentenciadas o procesadas, cuyas pruebas presentadas en su contra, carezcan de valor probatorio, por haber sido obtenidas directamente a través de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, podrán interponer los recursos e incidentes correspondientes”.

5 Se trata de los amparos directos en revisión 6160/2016, 5391/2015, 6295/2015, 6086/2016 y 7372/2016. En las ejecutorias, la SCJN reitera, por un lado, la obligación que había reconocido en tesis anteriores de excluir toda prueba obtenida bajo tortura. Sin embargo, afirma simultáneamente que las únicas pruebas que pueden tener un impacto en el proceso penal para propósitos de la exclusión son pruebas autoincriminatorias (casi siempre hace esta afirmación de manera absoluta, aunque en ocasiones refiere que se trata de una regla general). El resultado es que, al leer las ejecutorias, no se entiende cómo los dos principios pueden coexistir.

6 Incidente de inejecución de sentencia 290/2016, derivado del juicio de amparo directo 463/2015.

7 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Adición, Misión a México, 29 de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 40.

8 Id., párr. 41.

9 Arts. 33-49, 53-54.

10 Arts. 50-52.

11 Art. 51.

12 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, Adición, Misión a México, 29 de diciembre de 2014, A/HRC/28/68/Add.3, Resumen. Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, México, 17 de febrero de 2017, A/HRC/34/54/Add.4, párr. 21.

13 Noveno informe periódico del Estado mexicano ante el Comité CEDAW, Anexo 24bis, p. 14, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1171&Lang=en.