Los países latinoamericanos han depositado su confianza en los jueces y, en los últimos 30 años, han tratado de consolidar su justicia constitucional a través de la creación de sus tribunales, salas o cortes constitucionales; así como, de la modificación de sus normas fundamentales para darles a éstos el monopolio de la interpretación constitucional, quitarles competencias sobre temas de mera legalidad y para que elijan los asuntos que resuelven.

Asimismo, la tendencia en esta zona ha sido la creación de nuevos medios de control judicial de constitucionalidad (por ejemplo, la Constitución de Brasil de 1988, en su artículo 103.2, creó la figura de la inconstitucionalidad por omisión; y la Constitución bolivariana de 1999, que estableció un control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales a solicitud del presidente de la República o de la Asamblea Nacional antes su ratificación);1  la incorporación del derecho internacional al derecho interno; la adopción de sistemas mixtos donde coexisten medios de control judicial de constitucionalidad difusos, concretos, con efectos inter partes y que se retrotraen hacia el pasado (declarativos) en manos de todos los jueces; y concentrados reservados para un tribunal constitucional quien cuenta con el monopolio de la interpretación constitucional y de la declaratoria general de inconstitucionalidad de normas, cuyos análisis son abstractos, con efectos generales y con efectos constitutivos a futuro.

Dicho lo anterior, me parece que el siguiente paso en este proceso de consolidación de la justicia constitucional latinoamericana es que las constituciones creen dos nuevos mecanismos de control judicial de constitucionalidad: la revisión de constitucionalidad de las suspensiones a derechos humanos y la colaboración de los tribunales constitucionales en el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales internacionales.

Para evidenciar ello, dividiré este trabajo en dos grandes apartados; el primero, lo dedicaré a la revisión de constitucionalidad de las suspensiones a derechos humanos; mientras que el segundo, a la colaboración en el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales internacionales, a fin de analizar su finalidad, sus principales características y la forma en que aportan elementos para consolidar los procesos de constitucionalización de los Estados latinoamericanos.

Controlar la constitucionalidad de las suspensiones al ejercicio y goce de derechos humanos

Según Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Alfonso Herrera García, las constituciones liberales de Latinoamérica han buscado regular las suspensiones a derechos humanos establecidas por una declaración de excepción o de emergencia, a fin de habilitar mecanismos que permitan salvaguardar el propio Estado democrático de derecho.2

Por otro lado, es importante tener presente que los derechos humanos y sus garantías son susceptibles de ser suspendidos. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que en caso de guerra, peligro público o de amenaza a la independencia o seguridad del Estado parte, éste puede suspender las obligaciones que prevé la Convención siempre que sean compatibles con las obligaciones que impone el derecho internacional, no entrañen discriminación alguna y no suspendan determinados derechos humanos.3

Bajo esa idea, las constituciones modernas latinoamericanas han adoptado la figura del “estado de excepción” y si bien lo han hecho con diferentes denominaciones, entre las que destacan “estado de sitio”, “estado de urgencia” o “medidas prontas de seguridad”, el punto que tienen en común es que reconocen que es posible suspender el ejercicio y goce de ciertos derechos humanos y desconocer ciertos principales constitucionales (como el división de poderes), ante situaciones de crisis y/o emergencia a fin de proteger otros bienes constitucionalmente tutelados como la existencia (presente y futura), supremacía y exacta observancia de la propia Constitución, la seguridad, independencia y seguridad nacionales, el Estado de derecho y los principios democráticos.

Asimismo, las constituciones modernas protegen a los gobernados de los abusos de poder de la autoridad a través del establecimiento de dos principios que, en términos modernos, conocemos como división horizontal de poderes y derechos humanos. Sin embargo, si bien estos pactos fundamentales establecen que los principios constitucionales deben regir todo acto de autoridad, el Estado puede desconocerlos cuando enfrente situaciones de emergencia en aras de salvaguardar la existencia y seguridad del Estado.

Si ello es así y si la tendencia de las constituciones de América Latina es a crear nuevos medios de control judicial de constitucionalidad y de salvaguarda de derechos humanos y a autorizar y regular el establecimiento de “estados de excepción” por parte de los poderes constituidos; entonces, me parece que el siguiente paso en el proceso de consolidación de la justicia constitucional en América Latina, consiste en incorporar como una facultad de los tribunales constitucionales la revisión judicial de constitucionalidad de los decretos suspensorios de derecho humanos y sus garantías –y de establecimientos de estados de excepción. Esto a a fin de que, aun en situaciones de crisis y emergencia, ningún poder se exceda en el ejercicio de sus facultades y que la Constitución siga siendo observada.

Si otra tendencia en América Latina es incorporar el derecho internacional a sus órdenes jurídicos nacionales, la revisión judicial de constitucionalidad de las suspensiones a derechos humanos debe tener como finalidad verificar que los derechos suspendidos no sean los previstos en el artículo 27.2 de la Convención Americana. Es decir, que la situación que origine la suspensión sea un peligro real, inminente, grave e insuperable para la existencia (presente y futura), supremacía y exacta observancia de la Constitución, la seguridad, independencia y seguridad nacionales, el Estado de derecho y/o los principios democráticos; que la medida tenga como finalidad restablecer a la brevedad posible el orden constitucional regular y el ejercicio pleno de los derechos suspendidos; que sea necesaria y proporcional; que esté motivada; y que haya sido decretada por autoridad competente.

Colaborar en el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales internacionales

La doctrina y la jurisprudencia han estado de acuerdo en que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende tres etapas: a) antes de comenzar el juicio y consagra el derecho humano de acceso a la jurisdicción, b) el juicio que finaliza con una sentencia definitiva que resuelve las pretensiones planteadas y c) la ejecución de la sentencia en los términos en los que fue dictada, es decir, comprende el derecho a ejecutar la sentencia y a “obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa”.4

La importancia del derecho señalado en el inciso c) radica en que sin él, las sentencias y los derechos que declaren o constituyan serían meros documentos para enmarcarlos, pues nunca alcanzarían efectividad práctica ni surtirían efectos.

Para aterrizar la ejecución de sentencias dictadas por tribunales internacionales, hay que tener presente que la mayoría de los países latinoamericanos son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo cual los obliga a acatar, cumplir, hacer cumplir y ejecutar las sentencias que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que adquiere competencia para conocer un caso en tanto el Estado demandado la reconozca como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial. Esto es, se trata de una jurisdicción es facultativa, pues los Estados pueden aceptarla o no, pero cuando la aceptan, la reconocen como obligatoria de pleno derecho y aceptan todos los derechos reconocidos en la Convención.5

No es una crítica novedosa que las sentencias dictadas por los tribunales internacionales no tienen dientes, que son definitivas, obligatorias y no ejecutivas. Sin embargo, en el sistema interamericano, el propio artículo 68.1 de la Convención Americana,6 obliga a sus Estados parte a cumplir y ejecutar las sentencias que dicte la Corte Interamericana. Asimismo, otra crítica a la ejecución de sentencias internacionales es que depende enteramente de la buena fe y disposición de los Estados, pues si quieren van a cumplir; en caso contrario, no hay forma de obligarlos a hacerlo.

En este sentido, mi propuesta consiste esencialmente en la colaboración entre Cortes. Los jueces confían en otros jueces. La premisa esencial de mi propuesta es que ningún juez en el mundo tiene competencia sobre todas las materias y sobre todos los territorios; por ello, en muchos Estados de América Latina y del mundo existen los exhortos entre jueces. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define “exhorto” como “oficio que un juez o tribunal dirige a otro recabando auxilio para realizar una diligencia procesal fuera del ámbito de su jurisdicción”.

Así, los jueces o tribunales que necesitan realizar diligencias procesales en lugares donde no tienen jurisdicción o competencia, solicitan la ayuda de los jueces o tribunales que sí los tienen en esos sitios, bajo el principio de reciprocidad. De ahí que sugiero que la Corte Interamericana puede solicitar el apoyo y la ayuda de los tribunales nacionales de los Estados condenados para hacer cumplir y ejecutar sus determinaciones y sentencias. Incluso, propongo que esta ayuda la pidieran únicamente al tribunal de mayor jerarquía de cada Estado, que normalmente es su tribunal constitucional encargado de velar e interpretar la Constitución que lo creó.

Esto porque las sentencias internacionales necesariamente tienen que ser ejecutadas de acuerdo a los procedimientos internos de cada Estado, necesitan del imperium de los jueces nacionales; se dirigen al Estado como tal y se debe especificar quienes son las autoridades encargadas de cumplir cada uno de los lineamientos establecidos en ella, según su competencia. Es decir, hay que interpretar la sentencia a cumplir y ajustarla al derecho nacional y, en el caso de la Corte Interamericana, las sentencias versan sobre reparaciones a derechos humanos contenidos en las constituciones nacionales y se podría ampliar la protección y catálogo de derechos. ¿Quién mejor que un tribunal constitucional para realizar esas funciones?

Si ello es así y si la tendencia en América Latina ha sido ampliar el catálogo de derechos humanos y darles la mejor interpretación posible, me parece que deberían existir mecanismos de recepción y reconocimiento de sentencias de tribunales extranjeros en los tribunales constitucionales de cada Estado a fin de que reconozcan estas sentencias, determinen los aspectos ya enunciados (autoridades y efectos) a fin de ajustarlas al derecho interno y giren instrucciones precisas a las autoridades encargadas de cumplir. Pero con el apercibimiento de que en caso de no obedecer, se le tendrá incumpliendo con una sentencia, se les destituirá de sus cargos y se les procesará por delitos contra la administración de justicia (dotarlas de imperium).

Los países de América Latina han buscado fortalecer a sus tribunales y a su justicia constitucional, crear nuevos mecanismos de control judicial de constitucionalidad y de defensa de derecho humanos e incorporar el derecho internacional a sus ordenamientos jurídicos internos. Por ende, el siguiente paso en este proceso de consolidación de la justicia constitucional latinoamericano es crear medios de control judicial que revisen la constitucionalidad y validez de las suspensiones al ejercicio y goce de derechos humanos, y que hagan que los Estados cumplan, hagan cumplir y ejecuten, incluso de forma coactiva, las sentencias dictadas por los tribunales internacionales a quienes han reconocido jurisdicción y competencia, pues normalmente éstas versan sobre derechos humanos que están incorporados dentro de sus propias constituciones nacionales.

Gilberto Nava Hernández. Licenciado en derecho por el ITAM, estudiante de la maestría en derecho procesal constitucional en la UP y colaborador en la ponencia del ministro Cossío Díaz en la Suprema Corte. Twitter: @gnavah93

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Bibliografía

Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, y Herrera García, Jorge, “La Suspensión de Derechos Humanos y Garantías. Una Perspectiva de Derecho Comparado y desde la Convención Americana de Derechos Humanos” en Cien Ensayos para el Centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo 2: Estudios Jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 786, México, 2017.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/32.pdf
Miranda Burgos, Marcos José, “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico Interno” en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Volumen 60, Julio-Diciembre 2014.
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34021.pdf
Nogueira Alcalá, Humberto, “La Jurisdicción Constitucional Sudamericana y su Evolución en las Últimas Décadas: Algunos Aspectos Relevantes”.
http://www.crdc.unige.it/docs/articles/jurisdiccion%20constitucional%20en%20America.pdf
García Camino, Bernardo, “Estados de Excepción, Revolución y Constitución Mexicana” en Revolución Mexicana, Constitución de 1917 y Neoconstitucionalismo coordinada por Juan Ricardo Jiménez Gómez, Instituto de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, 2011, pp. 125 y 126.
Giardina, Andrea. Citada por Ruiz Miguel, Carlos, La Ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1997.
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Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1997.
Sentencia C-136/09 de la Corte Constitucional de la República de Colombia.
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-136-09.htm
Tesis con los siguientes datos de identificación: Época: Novena Época; Registro: 172759; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 42/2007; Página: 124; y de rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.
Tesis con los siguientes datos de identificación: Época: Décima Época; Registro: 2009046; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.3o.C.71 K (10a.); Página: 2157; y de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE.


1 Nogueira Alcalá, Humberto, “La Jurisdicción Constitucional Sudamericana y su Evolución en las Últimas Décadas: Algunos Aspectos Relevantes”, pp. 1-6.
http://www.crdc.unige.it/docs/articles/jurisdiccion%20constitucional%20en%20America.pdf
Consultado el lunes 30 de abril de 2018 a las 14:19 horas.

2 Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo, y Herrera García, Jorge, “La Suspensión de Derechos Humanos y Garantías. Una Perspectiva de Derecho Comparado y desde la Convención Americana de Derechos Humanos” en Cien Ensayos para el Centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo 2: Estudios Jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 786, México, 2017, pp. 105-107.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/32.pdf

3 De acuerdo al artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no son susceptibles de suspensión los derechos previstos en sus artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

4 Veáse la tesis aislada con los siguientes datos de identifcación: Época: Décima Época; Registro: 2009046; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.3o.C.71 K (10a.); Página: 2157; y de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE.

5 Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1997, pp. 9.

6 Artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos “1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.”