Con ocasión de la Pascua,
el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad
a un condenado, a elección de la gente
—Evangelio según San Mateo, 27.

Entre estas líneas del nuevo testamento se relata el proceso de Jesús de Nazaret ante Poncio Pilato. Tras interrogarlo y no encontrarlo culpable, el gobernador de la provincia de Judea preguntó a la multitud si debía liberar a Jesús o a Barrabás, al “hijo de Dios” o al “preso famoso”, detenido por asesinato y sedición. El pueblo, pese a todo, clama por la liberación de Barrabás. Jesús es condenado y Pilato se lava las manos.

A partir de ese relato es factible reconocer el desencanto de las personas hacia la democracia.1 En todo caso, habría que analizar cuál es el uso adecuado de un instrumento participativo, cómo debe integrarse el demos, qué asuntos podemos someter al juicio popular, etcétera, básicamente hay que analizar los escenarios adecuados bajo los cuales es posible someter los procedimientos de decisión. Pero no siempre hay razones para condenar al mecanismo debido a los resultados. Incluso podría decirse que, bajo ciertas condiciones, el diálogo ciudadano, así como el intercambio de puntos de vista, posee un gran potencial para la toma de decisiones colectivas. Esta es una de las tesis primordiales de la democracia deliberativa.

En este sentido, la Constitución mexicana y la Ley Federal de Consulta Popular establecen claramente los temas que están vedados: cualquier restricción a los derechos humanos, el régimen de gobierno, temas de materia electoral, los ingresos del estado, la seguridad nacional y las fuerzas armadas. Además, son previstos los sujetos a quienes corresponde iniciar los procesos, así como los requisitos procedimentales que deben reunirse: plazos, sujeción a un análisis de constitucionalidad por la Suprema Corte, entre otros. Bajo este escenario, ¿hasta donde alcanza la sabiduría popular? ¿Podrían llevarse a cabo consultas sobre temas respecto de los cuales la Constitución mexicana guarda silencio? La pertinencia de la decisión y deliberación popular es una verdad indiscutible, tiene límites.

A pesar de que es el procedimiento con mejores credenciales para la toma de decisiones en sociedad no es confiable para decidir, por ejemplo, sobre temas de moralidad privada. Los acuerdos ciudadanos son impotentes a la hora de definir ideales de excelencia humana o de virtud personal, así como creencias espirituales y religiosas, tales como la salvación o el bienestar del alma. La deliberación popular sobre cuestiones de este tipo, por muy amplia y participativa, no genera obligaciones morales genuinas. La infecundidad de los consensos mayoritarios en torno a estos principios encuentra en la libertad para aceptarlos su fundamento más profundo. Recordemos, junto a Kant, que la autonomía de cada individuo es propia de la moral. Es por esto que el deliberativista reconoce sin rubor la debilidad de la voz popular para estos menesteres.

Esto es lo que aplicaría para un proyecto de debate colectivo sobre una Constitución moral, si por “moral” nos referimos a la privada o personal. Pero si lo entendemos en sentido de moral intersubjetiva2 —como un conjunto de estándares de orden público— de lo que estamos hablando, más bien, es de una Constitución política, en el sentido clásico del término, como la que ya está vigente en México.

La apuesta por una Constitución moral transita así entre la superfluidad y la esterilidad. Por un lado, un estándar de moral privada es válido sólo si el agente lo acepta libremente, con independencia del consenso democrático. Por otro, México ya cuenta con una Constitución política que define estándares para regular la vida en sociedad. Además, hay decisiones que escapan de la competencia del pueblo debido a la complejidad de una sociedad desarrollada. Este es el caso de las soluciones técnicas, las cuales únicamente pueden ser confiadas a personas expertas en el tema. Parecería una negación del principio que exige depositar las decisiones en la ciudadanía; sin embargo, la idoneidad del juicio popular es restringido a medida que las decisiones atañen a problemas puramente técnicos. De ahí que la tecnocracia (así como la burocratización del Estado, necesaria para que atienda pertinentemente las necesidades ciudadanas) constituyan para Norberto Bobbio3 paradojas de la democracia moderna, pues restringen las potencialidades de los instrumentos de participación.

La consulta popular puede ser un buen instrumento para que un órgano político ejerza presión sobre otro: ¿Ya ves cómo el pueblo está convencido de la verdad de mi propuesta? Pero cuando los poderes representativos podrían estar de acuerdo de iure y de facto sobre un tema de la agenda pública ¿cuál sería la ocasión estratégica para realizarla? Sea lo que sea, hay que evitar usar estos instrumentos para no ensuciarse las manos, como Poncio Pilatos, trasladando una decisión a la vox populi.

Leopoldo Gama. Doctor en derecho por la Universidad de Alicante, España. Twitter: @pologama


1 Desacreditar la democracia por ejemplos como ese le sirve a quien cree en las verdades absolutas (políticas y filosóficas) no en las relativas, decía Hans Kelsen ¿Qué es justicia? Editorial Ariel, Barcelona, 1992.

2 Carlos S. Nino, La Constitución de la democracia deliberativa, 1997, Gedisa, Barcelona

3 Norberto, Bobbio, ¿Qué Socialismo?, Plaza & Janes, 1986, Barcelona.