Con todo afecto para mi amigo y maestro, Héctor Fix Fierro

Las reformas a la justicia en la historia reciente de México y su secuencia (1994, 1999, 2011, 2013) junto a la incidencia creciente de asuntos por resolver ante tribunales federales, demuestran un camino que no ha generado los resultados esperados durante los pasados años. La política se judicializa; la litigiosidad aumenta, pero no se satisfacen las exigencias sociales de justicia. Como ocurre siempre en nuestro país, exigimos cuentas a la instancia más alta. Que aunque siendo la más alejada al ámbito cotidiano del justiciable común, genera la percepción pública de que debe pagar quien dirige las instituciones, en su más alto rango. Los magistrados deben retractarse. Arrepentirse. Renunciar. Ir a la cárcel.

A juzgar por los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, la ciudadanía tiene un agravio directo hacia el establishment. Que no por casualidad, se encarna en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero emprender medidas que impliquen una sanción ejemplar hacia las derivas que ocurrieron, no debe significar un ataque al Poder Judicial de la Federación (PJF). Tan solo porque es de éste que pende nuestro Estado de Derecho. Es con esta prioridad que se enuncia el presente diagnóstico, que esboza algunas ideas sobre el esquema de reformas a nuestro aparato de justicia. Segúramente se tiene detectada una lista muy amplia de aspectos por cambiar. A continuación enuncio algunas de las que me parecen más evidentes. 

Ilustración: Víctor Solís

1. Qué es lo que no funciona.

Actualmente en México, la percepción pública se inclina a considerar que los jueces no asumen responsabilidades frente al Estado y frente a los justiciables. Que sus actos y omisiones siempre pueden llegar a justificar que los resultados de un litigio no resolvieron las ambigüedades que esconde la ley. Que todo este poder se refugia tras la independencia judicial para evitar erigirse como un poder responsable; en suma, que se trata de un poder que no está acostumbrado a rendir cuentas.

Debido a las exigencias que impone el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a todos los juzgadores federales, consistente en resolver un determinado número de expedientes, el trabajo de muchos tribunales termina empeorando esta percepción pública, al fomentar entre el personal judicial la experticia para encontrar causas de improcedencia en amparo. Lo importante es desechar sin importar si se trata de abiertas denegaciones de justicia, pero reportando que el caso se cerró. Pues bien, al referir esta actitud, que en ocasiones pareciera penetrar dentro del personal de la SCJN, se puede afirmar que este tribunal se ha concentrado en resolver expedientes. No en resolver problemas. Acaso, tratando de no incomodar o invadir parcelas que no convenía alterar.

Otro aspecto jurisdiccional que no funciona concierne al control de convencionalidad. Aunque el Pleno determinó desde el Caso Radilla Pacheco que todos los jueces del país son jueces interamericanos, y si bien se han hecho progresos importantes para permitir que las convenciones sean vinculantes a nivel de la justicia local, sigue existiendo una suerte de control (de facto) que coloca a los jueces federales por encima de los locales. Y esto, siguiendo nuestra tradición centralizadora, a través del juicio de amparo. La justicia federal nunca será suficiente mientras los jueces locales no asuman la última instancia en la mayoría de causas; igual que las convenciones internacionales seguirán siendo aplicadas hasta en tanto sean interpretadas correctamente por los tribunales revisores; esto es, hasta llegado el momento que aparece el amparo (a nivel federal).

Pero esta actitud (o complejo de superioridad de los jueces federales sobre los locales) también es fomentada por el diseño institucional; y se justifica porque la ley lo permite. Porque nuestros ministros están facultados (y con frecuencia obligados) a razonar bajo una lógica de estricto derecho; con una mecánica casacionista de corrección de lo producido en las instancias inferiores. Lo cual les impide erigirse en intérpretes constitucionales. Léase, actuar bajo la lógica de plena jurisdicción. En cambio, siguen respondiendo agravios. Como si fueran un tribunal de instancia.

El exceso de recursos económicos ha provocado, indirectemente, vicios administrativos mayúsculos. La primera irregularidad operativa que se genera dentro de la SCJN no emana de su función judicial, sino de la administrativa. La clave del descontrol en los gastos inicia por la opaca e incontrolada administración que va de la SCJN al CJF. Con espacios de discrecionalidad que permiten todos los excesos, que se disfrazan bajo una máxima burocrática que pareciera grabada en piedra: "así se ha hecho siempre". Ocurre en la gestión de la infraestructura y de los recursos humanos. La presupuestación anual esconde numerosos incentivos y pocos controles para pedir más dinero del que se va a necesitar. Los sub-ejercicios presupuestales parecieran deliberados. Como práctica común, se transfieren recursos sin restricciones, de la SCJN al CJF. Como si un órgano tuviera que financiar al otro. El PJF compra edificios que no había previsto adquirir. Tal vez, ni siquiera utilizar. Parece poco creíble que la Auditoría Superior de la Federación no haya detectado esta práctica hasta ahora, común durante las pasadas dos décadas. Y ninguna sospecha aparece, ni siquiera porque numerosos inmuebles se compren (como es frecuente)  durante las últimas semanas del año.

La administración no funciona porque la presidencia de la SCJN tampoco sirve para ejercer las funciones que tendría que ejecutar en prioridad: coordinar el trabajo judicial. Y aunque las intenciones de un aspirante a presidir el tribunal se dirijan a consolidar el trabajo jurisdiccional (como ocurre con casi todos los ungidos cada 4 años), la inercia del cargo redirige estos propósitos hacia lo administraivo. Es por esta segunda causa que entre los ministros, se generan numerosos incentivos para buscar la presidencia del órgano. Para favorecer el reparto de puestos, ascensos para los cercanos, asignar de contratos; la notoriedad pública suele ser lo que menos importa.

El dinamismo de las administraciones fluye al ritmo de cada nuevo presidente. Pero al menos durante las pasadas cinco administraciones, un patrón de comportamiento parece repetirse. El primer año del período de un presidente transcurre entre la disolución del equipo administrativo saliente y la designación un equipo completamente nuevo. Mientras tanto, la nueva administración se dedica a archivar todo lo hecho por la administración anterior. Además de dedicar sus primeros meses a detectar las prioridades del período, y otros tantos a poner en blanco y negro el proyecto que el recién electo Ministro Presidente presentó a sus pares para ganar la votación. Los dos siguientes años del período serán para trabajar; y por último, el cuarto año, para preparar la sucesión.

Internamente, entre los diez ministros que no lograron la presidencia, empezarán a competir para ser ungidos al siguiente cuatrienio. A algunos de ellos se les puede ver en campaña permanente, convenciendo a sus pares de la conveniencia de votar por ellos a la siguiente oportunidad. La intención de buscar apoyos se proyecta en la discusión pública de cada asunto. Por lo que las intenciones de ser elegido son una restricción a la independencia de cada ministro.

Esta lógica de transacción ha ido permeando hacia todo el aparato administrativo del alto tribunal. Pues buena parte de quienes laboran en la SCJN gozan de la protección de un padrino. Casi siempre, un ministro. Y la transacción empieza cuando se imponen nombramientos (casi siempre cruzados) sin tomar en cuenta las competencias del designado. Desde luego, esto no impide que haya gente talentosa en todas las áreas; con frecuencia en porcentajes elevados.

Sin embargo, entre los funcionarios de la SCJN, los incentivos económicos introducidos después del 2000 generaron amplias zonas de confort a todos los niveles. Los efectos dentro de las prácticas laborales distan de ser positivos. Algunas tareas gozan de personal en exceso. Otras áreas, exigen que un número reducido de funcionarios realice las funciones de toda una oficina. Pero todo mundo trabaja todo el día, en áreas propias o ajenas. El común denominador es que todos buscan estabilidad. Se vive una ínfima rotación de personal. Pero se goza de prestaciones y sueldos envidiables (no obstante que un halo de austeridad, visto desde dentro, estriba en que no ha habido aumentos salariales al personal desde que la Corte era presidida por el ministro Góngora, a inicios de 2000).

Quienes más reclaman la disparidad salarial frente a la percepción de los jefes, son los secretarios de estudio y cuenta. Sin darse cuenta que con frecuencia, son ellos mismos quienes renuncian a seguir la carrera judicial. Los buenos sueldos y prestaciones fomentan una permanencia de años, de funcionarios que debieran pasar períodos mucho más cortos haciendo proyectos de resolución; que debieran dejar que las generaciones más jóvenes los fueran sustituyendo.

La carrera judicial debería ser un camino certero; luego del entrenamiento en la SCJN como auxiliar de algun Ministro, el camino lógico sería asumir la función judicial. Primero como jueces; luego como magistrados. Pero esto no ya no ocurre. Con frecuencia, por decisión propia. Las prestaciones son muy buenas, y el riesgo de trabajar en otras ciudades, o las amenazas que pueden representar ser juez (sobre todo de causas penales), vuelve cada vez menos atractivo asumir la titularidad de un juzgado. Es mejor sufrir del tráfico de la ciudad para llegar al Zócalo todos los días.

Y como moneda de cambio, los secretarios auxiliares y los secretarios de estudio y cuenta tienen que dedicar tiempo a tareas intrascendentes, respaldadas por las reglas internas de funcionamiento del tribunal.  Para amarrarse al escritorio sin fecha de salida.

2. ¿Es este el momento para un cambio radical para la justicia?

Todo indica que si. No solo porque sea pertinente, sino porque quien lo está impulsando, cuenta un amplio bono democrático y suficientes diputados y senadores afines para promoverlo. Se ha dicho en medios periodísticos que nuestro aparato de justicia será sometido a cirujía mayor, pero nadie sabe todavía cuales son los detalles de la operación. En la prensa circulan versiones sobre la intención de crear un Tribunal Constitucional (TC). Pero nadie se atreve a decir mucho más.

Habiendo afirmado desde mi tesis de licenciatura que la reforma de 1994 quedó lejos de crear un TC en México, habiendo dedicado años a analizar la funcionalidad política de los tribunales constitucionales en los regímenes parlamentarios europeos, pero sobre todo, habiendo conocido desde dentro el funcionamiento de nuestro alto tribunal, me vuelvo a preguntar si la superposición de una jurisdicción por encima de la SCJN conduce al resultado que se busca, de crear una justicia eficiente. Pronta y expedita, como lo mandata la Constitución. Pero la respuesta, mediante la implantación de un TC, no me parece que pueda ser afirmativa. Ni siquiera en el largo plazo. Pero, ¿es posible evitarlo? A mi me parece que si.

No podemos negar que las condiciones de las elecciones presidenciales de 2018 anuncian una coyuntura que permitiría plantear responsablemente un cambio de estructura que genere eficacia y eficiencia en la justicia. Que implica aspectos sustantivos, mucho más relevantes que bajarle el sueldo a los ministros; que debiera ampliarse a la renuncia de las prebendas que disfrutan los integrantes del PJF en todos sus niveles.  Pues bien, creo que un ajuste completo de la cabeza de la rama judicial del estado mexicano, podría plantearse a partir de un elemento tangible y real: esto es, analizando las posibles evoluciones de los esquemas de trabajo interno, que esperan generarse dentro de todos los tribunales del país tras la "inminente" reforma a toda la estructura judicial. Y no sólo de la cúpula del edificio.

Para explorar una ruta hacia la eficiencia de la SCJN, partiendo de su esquema actual (y no creando nuevas estructuras), acudo a sus mecánicas de trabajo cotidiano. Parece una solución simplista, pero en vez de crear un nuevo tribunal, nada impediría depositar las funciones del Pleno en una Tercera Sala (encargada de acciones, controversias y otros conflictos sustantivos). Y valdría la pena poner a discusión si esta Tercera sala pudiera fungir como árbitro electoral en año de elecciones, absorbiendo el trabajo de la Sala Superior del TEPJF (aunque lo electoral también sobrepase estas páginas). Pero para eficientar el aparato de justicia federal que tenemos, la única vía posíble es simplificar. Que lo que menos va a desenredar este nudo es añadir otra cuerda al embrollo. Esto me lleva a adelantar algunos otros aspectos que vale la pena someter a modificaciones importantes.

3. ¿Qué se tendría que cambiar?

En vez de seguir creando instancias, me parece que lo que debe impulsar la nueva administración es depurar al aparato judicial sin aumentar su volúmen (esto es, sin tener que contratar más personal) y su complejidad (igualmente, sin tener que seguirle asignando atribuciones). Mejor aún, las reformas tendrían que tener como fin último disminuir considerablemente las dimensiones de la cúspide. Para lo cual, habrá que considerar redistribuir trabajo a las instancias inferiores, borrando de una buena vez el celo que tienen los ministros y juzgadores federales por concentrar las decisiones en el Pleno de la SCJN. Terminar con la desconfianza hacia la justicia de proximidad.

Una primera clave: reforzando la justicia local, que es la de primer contacto. Una segunda clave: sometiendo a un control real la administración del PJF. Permitir que aquellos funcionarios y jueces federales que son independientes (que sí los hay, y muchos) continúen en la carrera judicial. Pero que también se debe identificar con criterios no partidistas a aquellos malos elementos (que se detectan no solo a simple vista, a lo largo y ancho del país pero sin mucha dificultad). Son ellos quienes deben irse.

En el plano laboral, tampoco se debe descartar la necesidad de hacer responsables a todos los funcionarios nombrados. Pues en el estado actual, buena parte de la plantilla del personal de confianza (al menos en la Suprema Corte) tiene demasiados incentivos para permanecer en el cargo; del que es difícilmente separado contra su voluntad. Más por cortesía o respeto de los padrinazgos, que en ocasiones remontan hasta los ministros en retiro. Tal vez sea esta la oportunidad de que de una vez por todas se terminen los apadrinamientos que actualmente justifican un número considerable de nombramientos en la SCJN, y que cada vez permea más al resto del aparato judicial federal.

Las administraciones de los tribunales (al menos las de los federales) trabajan sin descanso. De eso se da cuenta cualquiera que trabaja en el PJF. Pero las estadísticas no mienten: mientras más horas trabaja la burocracia judicial, más se degrada la percepción pública sobre la justicia en México. Para nadie es un secreto que la impunidad registra su máximo histórico.

Pero sería un riesgo enorme tratar de solucionar los problemas de la justicia creando nuevas instituciones. Sobre todo porque a los mexicanos nos gusta pensar siempre en grande; en crear instituciones de dimensiones únicas, listas para afrontar los retos mas grandes de la historia. Que contamos con una pléyade de oficinas (siempre a nivel federal); mientras más grandes, mejores… y que las dotamos de recursos a raudales. Que generamos burocracias doradas, y nuestros sueldos en el sector público son la envidia de los países de la OCDE. Lo justificamos diciendo que nuestros burócratas trabajan mucho (si bien, efectívamente, en el rubro de número de horas laborables por semana también somos quienes más trabajamos entre los países desarrollados). Pero los inconvenientes terminan dominando. Que en el PJF refieren a la duplicidad de funciones, al nepotismo, o a los nombramientos cruzados.

Paralelo a la intención de terminar con la impunidad, con la corrupción y apuntalar el estado de derecho, el presidente electo sólo ha planteado terminar con los privilegios en esta rama del Estado. Sobre todo, en la SCJN. Pero parece que todo su esfuerzo se centra en los ministros. Poco se ha dicho de los más de 40,000 burócratas judiciales, que cuestan al erario unos 25,000 millones de pesos en sueldos cada año. Muy pocos señalan como anomalía que todos ellos (y no solo los ministros) cobran 15 meses de salario al año más aguinaldo, debido a los bonos de productividad. La prebenda de cobrar 3 meses adicionales, cubre sólo a los integrantes de algunas dependencias de la administración pública federal (como en el INAI o en el INE); pero esas prebendas no se extienden a todo el personal de sus dependencias. Incluso, hay oficinas del PJF que llevan esos privilegios al extremo, como en el TEPJF. Sin considerar la materia electoral, los sobresueldos de 15 meses en el resto de la justicia federal suman un sobrecosto presupuestal de no menos de 5,000 millones de pesos cada año. Sin contar tampoco el seguro de separación, y múltiples prebendas exclusivas de este poder. Entonces, el problema no son los 11 ministros. Es más profundo que eso.

Desde que inició la Novena Época, en 1994, se volvió prioritario que los ministros dejaran las tareas administrativas para dedicarse a las jurisdiccionales. Y la SCJN terminó siendo víctima de su propio éxito. Muchos de los arbitrajes políticos (que antes se resolvían en Los Pinos) empezaron a plantarse en nuestro más alto tribunal. Y resultó muy bien. En un primer momento, los arbitrajes parecieron dejar satisfechos a todos. Pero al proliferar y abarcarlo todo, los ministros no se dieron abasto. Tuvieron que confiar los proyectos y los votos en sus subordinados. Se generó entonces una justicia de secretarios. En sus peores momentos se dictaban sentencias de 800 o más páginas. Porque había que incluir argumentos de los numerosos secretarios que aportaban páginas y más páginas a la sentencia final. Hay que decir que en años más recientes, esa tendencia se ha reducido, pero la naturaleza de los farragosos procesos constitucionales no impide que regresemos a esa innecesaria fundamentación y motivación de cada palabra que se redacta.

Otro cambio que se gestó luego de la reforma de 1994, implicó que buena parte del trabajo del tribunal se trató de concentrar en el Pleno. La necesidad de dar publicidad a su existencia, llevó incluso a la creación de un costosísimo canal judicial, en 2005. Durante los primeros años del Canal, el propósito pareció lograrse. Los mexicanos empezaron a ver en sus televisores que existía un canal de la SCJN. Donde no dejaban de referirse a esta jurisdicción como un TC.

Pero cuando vino la reforma en derechos humanos, en junio de 2011, el Pleno empezó a dejar de tener la centralidad que antes ocupaba (baste contrastar el número de asuntos que se resuelven en las Salas frente a los de Pleno).  Esta reforma colocó la protección de los derechos fundamentales en el mismo plano de relevancia que a la separación de competencias. Esto fue una gran noticia, que equiparó al Pleno con las Salas. Pero internamente, no se hizo nada por ajustar el trabajo diario del tribunal. Se siguió trabajando 3 días en pleno y un sólo dia en salas. Tal vez sea más factible empezar por pequeños pasos, para tratar de eficientar lo que existe.

4. ¿Por dónde empezar?

Desde la academia se han preparado trabajos que plantean alternativas para reforzar al PJF.1 Abundando sobre ese mismo debate, planteo que en vez de crear nuevas instancias, sería más oportuno revisar la estructura de la SCJN. Concretamente, estudiar si es factible que el Pleno mude  la mayor parte de sus funciones a una Tercera Sala, de nueva creación. Aunque no se trataría de ser disuelto en su totalidad, pues se seguiría convocando (de manera muy excepcional) para resolver un número muy reducido de asuntos, y acaso anunciar el inicio y término de los períodos de sesiones semestrales. Además, se le tendrían que quitar múltiples tareas protocolarias sin ningún sentido (como la toma de protesta de jueces y magistrados; la recepción formal de los informes del TEPJF y del CJF, que dicho sea de paso, bien valdría replantear por completo, aunque aquello sobrepasa el presente trabajo). Para hacer funcional a la SCJN, se plantean analizar las siguientes vertientes, al interior del tribunal:

En primer lugar, si bien el Pleno seguiría existiendo como tal, sesionaría como instancia mucho más esporádica, para analizar casos estimados no sólo relevantes y trascendentes, sino paradigmáticos. Digamos, los 5 más importantes del año. Pero para ello tendría que solicitarse por no menos de 3 ministros en cada una de las tres salas. Las peticiones serían validadas en una Conferencia de Presidentes semanal (el modelo funciona en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Para efectos de protocolo y orden, el presidente de cada Sala presidiría el citado Pleno, por orden rotativo de un año. Y presidiría todo el tribunal como antes de 1994, si bien la presidencia de la SCJN se plantearía rotativa entre las salas, en un orden constitucionalmente establecido. Conservando su titular las funciones de representación del PJF.

– Al desaparecer la Presidencia de la SCJN como se conoce hasta ahora y hacerla rotativa (a razón de un año por cada presidente de Sala), se evitarían las campañas internas cada cuatro años. Las sesiones semanales de la Conferencia de Presidentes (cada viernes) serviría para que los asuntos con eventuales intromisiones de una sala a la otra, pudieran conciliarse semanalmente entre los tres presidentes de las Salas. Otorgando voto de calidad al presidente, quien como primo entre pares podría ir haciendo la agenda de los asuntos paradigmáticos, que se revisarían ocasionalmente en el Pleno.

– Los secretarios de estudio y cuenta, así como el resto de los integrantes de las ponencias, podrían ser contratados por plazos máximos de dos años. Ninguna definitividad podría admitirse. Por lo que lo primero que debiera plantearse es escalonar la salida de los actuales funcionarios en cada ponencia, de suerte que a partir de 2021, saliera la mitad, y al año siguiente, se renovara la totalidad de los auxiliares de los ministros.

– Cosa distinta ocurriría con los servicios administrativos, comúnes a las tres Salas. Donde debería implantarse un servicio civil de carrera, funcionando estríctamente bajo criterios de mérito. Con características que también sobrepasan este trabajo, pero que darían la certeza a cada ministro de poder dedicar todo su tiempo a estudiar sus asuntos.

– En cuanto a las tareas adjetivas, la actual administración dependiente del Ministro Presidente, sería sustituida por servicios administrativos comúnes a las tres salas, obedeciendo a los tres presidentes en función de las necesidades de cada una de ellas. Esto, para desincentivar que proliferen actividades de protocolo y difusión (incluídas conmemoraciones, que acaso podrían ser competencia del Centro de Estudios Constitucionales, que también integraría los servicios administrativos de las tres Salas). Las ponencias se reducirían por mitad en su personal. Con la mitad restante, se aseguraría el funcionamiento de la Tercera Sala. Y otra parte del personal de carrera iría a reforzar la Conferencia de Presidentes, con la creación de una Secretaría Técnica encargada de coordinar la jurisprudencia y del Semanario Judicial.

– La administración quedaría confiada en una Secretaría General,  Si bien, la administración de la SCJN quedaría reducida a su mínima expresión, suprimiéndose las llamadas áreas sustantivas actuales.

En segundo lugar, para que funcione la cúspide, tendrían que funcionar las partes que integran el aparato de justicia. Una mejora sustantiva al funcionamiento de la SCJN tendría que contemplar necesariamente dos ámbitos externos a esta jurisdicción; no son los únicos pero sí son de los que menos se habla: las justicia local, y la justicia administrativa. Dijimos antes que por su complejidad, la necesaria reformulación de la Sala Superior del TEPJF y la reasignación de funciones del CJF quedarían para después.

– Ya había adelantado que la justicia federal desconfía en erigir a los Tribunales Superiores de los Estados en órganos de última instancia. Y las razones no son pocas. Pero esto nos hace entender mal el pacto federal en materia judicial. El amparo sigue siendo el único juicio confiable; si bien, terminó concentrando todas las atribuciones para la federación. Que dejó de ser procedimiento excepcional, para convertirse en regla. Diversos mecanismos de protección de derechos y de garantía de las competencias fueron creados a nivel local (la mayoría de ellos entre 2001 y 2007) pero solo añadieron un escalón a la justicia en los estados. Porque la justicia federal debía prevalecer, prácticamente para todos los litigios. Los primeros en oponerse fueron jueces federales (incluso, la SCJN reafirmó la cláusula federal al desacreditar carácter de última instancia a tribunales locales en 2001). La principal razón, percatarse que los magistrados locales deben sus nombramientos a los gobernadores. Y eso es cierto en una parte del país. Pero hay estados más funcionales que otros. Se propone entonces que al mismo tiempo que se ajuste el edificio en la cúspide (federal) se haga lo propio en el basamento del edificio, logrando instaurar un sistema de justicia estatal independiente y eficaz. Si este no se cambia, la justicia federal solo va a seguir sirviendo como paliativo de una justicia de proximidad a muchas velocidades.

– La siguiente resistencia que habría que revisar es frente a los tribunales administrativos. Que por fin se han logrado evadir del ámbito protector del Ejecutivo. Pues bien, este sería un momento oportuno para reorganizar todas las jurisdicciones administrativas que se fueron añadiendo, como parches a un gran globo amorfo. Se fueron creando nuevas jurisdicciones especializadas; incluso, dentro del propio Poder Judicial Federal (como los tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones). Pero después de haberlas creado, no se lograron articular entre sí.

– Un efecto semejante se produjo con la dispersión legal que emana de la proliferación de órganos constitucionales autónomos. Al mismo tiempo que se generaró una ruta administrativa ultra especializada (como la CONAGUA, el INAI, el INE, la COFETEL), se inició una moda de crear jurisdicciones ad hoc que lograran entender cada una de estas tecnicidades y complejidades. Pero no se planteó, desde un inicio, regresar al común denominador. Esto es, regresar a que las jurisdicciones administativas (empezando por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) retomen el control de áreas que parecen abarcarlo todo, como la electoral.

La intención de mejorar cualitatívamente a la burocracia judicial y de remodelar sustantívamente la arquitectura de Poder Judicial Federal requiere cambios importantes, donde la creación de un TC no parece ser una solución providencial. Que en nuestra lógica casacionista no haría más que inundarse de asuntos de las instancias inferiores. Antes de plantear una nueva instancia reparadora del desastre, concentremos los esfuerzos en hacer funcionar lo que existe. O al menos en debatir los ajustes que más puedan convenir.  

En un seminario en la Hebrew University en Jerusalem, pregunté a Ahron Barak, antiguo presidente de la Corte Suprema de Israel y uno de los constitucionalistas más preclaros con quien he hablado, si alguna vez se había propuesto en su país la creación de un Tribunal Constitucional. Se rió, y me contestó que cada que cambiaba la mayoría en la Knesset, el primer ministro solía recordar al presidente del tribunal que su gobierno estaba considerando instaurar una jurisdicción constitucional especializada. Pero que en charlas privadas, los jueces de su tribunal debatían la cuestión. Y considerando las circunstancias del momento, concluían con sinceridad que una instancia de este tipo en un país donde se implantó el modelo americano de Corte suprema, terminaría generando más sinsabores y enfrentamientos que seguridades. Pero que al final, la reforma tampoco prosperaba; o ni se proponía. Tal vez es eso lo que deberían estar discutiendo, en charlas privadas, los actuales ministros de la SCJN. Admitir que comparten la misma pesadilla; y que esa pesadilla es recurrente desde que el Presidente Zedillo jubiló en bloque a todo el tribunal en 1994. Pero esto, sin que el temor entrañe quedarse súbitamente sin trabajo, sino por la mera intención de imaginar un sistema judicial que tiene todo para funcionar mejor.

 

Francisco Tortolero. Investigador del IIJ-UNAM.


1 Fix Fierro, Héctor (ed.), Ocho propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y completar su transformación, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2018.