Esta semana empezó a discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el segundo grupo de impugnaciones que se presentaron en contra de la nueva Constitución política de la Ciudad de México (CPCDMX).1 Recordemos que dos partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron sendas impugnaciones a la misma. El tema se va a discutir por el Pleno de la Corte a lo largo de algunas semanas. Esta es la primera, de una serie de especie de crónicas, que busca registrar este debate y; por supuesto, también ofrecer una dosis de análisis del mismo.

El ministro ponente de este asunto es Javier Laynez y el lunes comenzó con la exposición de su proyecto. Esta semana se discutieron dos paquetes –por así decirlo- de impugnaciones. La primera tuvo como objeto la “Carta de derechos” de la CPCDMX y lo que impugnó la PGR fue una cuestión que se enuncia rápidamente, pero nada trivial: ¿tuvo competencia el Constituyente de la Ciudad de México para establecer un catálogo local en derechos humanos? ¿Tenía facultades para ampliar los ya reconocidos por la Constitución federal? y, más aún, ¿se podrían crear nuevos derechos? En la segunda discusión los ministros entraron a dilucidar la constitucionalidad de algunos artículos de la CPCDMX.

Digo que la primera discusión parecería trivial porque para muchos juristas la respuesta sería obvia: sí. Uno de los principios del constitucionalismo moderno es que los derechos fundamentales tienen una fisionomía expansiva, es decir, cualquier autoridad podría, en principio, desarrollar su contenido. Más aún, varios no dudarían en decir que también podría crear nuevos derechos. Pero una cosa es decir esto de forma pedagógica y otra es justificar este postulado en sede jurisdiccional. Esto fue lo que hizo la Corte.

Empecemos por la conclusión: la mayoría de los ministros concluyeron que sí, en efecto, el Constituyente de la CDMX tenía facultades para legislar sobre derechos humanos, desarrollarlos e, incluso, crear nuevos derechos.2

El proyecto del Ministro Laynez argumentaba que la facultad del Constituyente derivó – y deriva para las demás autoridades- de que los derechos humanos se expresan constitucionalmente –en su mayoría- en forma de principios. Es decir, como normas cuyas condiciones de aplicación son abiertas. Y no como reglas, cuyas condiciones de aplicación se encuentran más delimitadas y se pueden reducir a la forma lógica de supuesto normativo y consecuencia jurídica. Al tener esta textura –de principios- los derechos humanos precisan de un ejercicio legislativo posterior para su concreción y desarrollo. Por tanto, sería la propia irradiación de las normas de derechos humanos –de su contenido- lo que faculta a las autoridades a legislar sobre estos. Lo anterior se fundamenta en el artículo primero constitucional que establece el rango de los mismos y su jerarquía respecto al orden jurídico mexicano.

Después apareció otra postura que puso un tema central en la discusión. El ministro Cossío intervino y expresó que para responder si estaba facultado el Constituyente se debía analizar, primero, su esquema normativo competencial. Según Cossío, el proyecto aborda la cuestión planteada con una metodología defectuosa ya que la pregunta planteada a la Corte por la PGR hace referencia a una pregunta competencial, de forma, y no directiva o material. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. En otras palabras: es cierto que las autoridades deben promover y desarrollar el contenido material de los derechos humanos que conforman el parámetro de control constitucional, pero siempre y cuando estén facultadas competencialmente para ello.

Por tanto, son dos temas distintos: una cosa es que el Constituyente de la CDMX sí esté facultado para legislar sobre derechos humanos, otra muy distinta es que las normas de derechos humanos –el famoso apartado de “Carta de Derechos”- emitidas sean constitucionales.

La postura que colocó el tema competencial como central es la que más fue compartida por los demás ministros. Seis analizaron el asunto desde esta óptica.

Derivado del tema competencial, otro tema interesante – y por demás importante- que emergió es el relativo a la distribución de facultades que hace nuestra Constitución y a la naturaleza propia de nuestro federalismo. En algunos precedentes (el 75/2015, por ejemplo) se sostuvo que

…la Constitución Federal consagró de manera implícita la facultad a favor del Congreso de la Unión de expedir las leyes reglamentarias de los derechos humanos contenidos en la Constitución, a fin de establecer sus alcances. Consecuentemente, no corresponde a Legislaturas de los Estados reglamentarlo, matizarlo o de cualquier forma referirse a él, no solamente porque carecen de competencia para ello, sino porque, de permitirse esa regulación podría generar un esquema diferenciado y múltiple en cada una de las entidades federativas, lo que lejos de coadyuvar a la generación de criterios uniformes y homogéneos en materia de la protección de derechos humanos en el Estado mexicano, se traduciría en el detrimento de tales derechos en perjuicio de las personas.

Al parecer, con este asunto, este criterio será dejado atrás. Y como bien dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena: parecería ser que con este asunto estamos superando “los criterios de la hegemonía de un solo sistema y estamos realmente entrando a un entendimiento de lo que debe ser el federalismo”.  Es decir, un sistema de derechos humanos universal, sí, pero no uniforme, sino diferenciado y de acuerdo a las características de cada entidad federativa. Esta posición también la recalcó el ministro Zaldívar.

Al final, todos compartieron el sentido del proyecto –en este paquete de impugnación- pero por consideraciones distintas, por lo que es complicado percibir una postura de Corte, como tal. La postura que a mí me parece que mejor resumiría una conclusión de este apartado es la expuesta por Zaldívar que dijo:

De tal suerte que estoy de acuerdo con el proyecto, me parece que las entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, pueden ampliar, desarrollar, crear y reconocer nuevos derechos, siempre y cuando se respeten los ámbitos de competencia de la de Federación, de las otras entidades federativas; y, obviamente, el contenido de los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Hasta aquí lo dicho en la primera parte de la discusión de esta semana. El segundo paquete de impugnación ya fue dirigido a artículos en específico de la CPCDMX y a temas, sin duda, controvertidos. Lo que llamó la atención es que, en realidad, no entraron al fondo de los temas –creo que además hubiera sido imposible por la cantidad y profundidad de los mismos- sino que fueron resolviendo la constitucionalidad de cada artículo con el criterio competencial por delante.

La pregunta que reinó en este apartado de discusión fue, ¿de quién es la competencia para regular tal o cuál materia? ¿De la federación o de la CDMX? Si no invadía competencia alguna de la federación, entonces, se declaró constitucional. Así se discutió el tema del uso de mariguana, de muerte digna, de los derechos sexuales y reproductivos, justicia cívica, migrantes, derecho al agua, y patrimonio de la ciudad. De todos se confirmó la constitucionalidad total o parcialmente. Ya veremos cómo se desenvuelve este debate para el constitucionalismo del país en las siguientes sesiones.

Martin Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Doctorando en Derecho por la Universidad de Chile.
Twitter: @MartinVivanco Página web: martinvivanco.mx


1 El primero se resolvió el año pasado, por versar sobre la materia electoral.

2 Sólo la Ministra Luna Ramos fue tajante en cuanto a que no podía crear nuevos derechos.