Existe evidencia científica que demuestra que los patrones climatológicos han sido afectados por la actividad humana, en particular, por las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) —que son las más altas de la historia—. La emisión continua de estos gases aumenta la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles hacia las personas y los ecosistemas.1 Los efectos de la variación climática inciden directa e indirectamente en el bienestar de las personas, dado que afectan al medio ambiente, la salud, la alimentación y la vivienda.

El cambio climático plantea una amenaza de gran alcance para la población y las comunidades de todo el mundo. Este fenómeno y sus efectos adversos pueden afectar el goce de derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y al agua. En los últimos años, esta relación entre el cambio climático y los derechos humanos ha sido objeto de cada vez mayor atención por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los gobiernos y los organismos internacionales.2

Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para proteger los derechos humanos de los efectos perniciosos del cambio climático y de diseñar marcos jurídicos e institucionales que protejan a las personas contra dichos efectos. En este sentido, el número y especificidad de disposiciones normativas vinculadas con el cambio climático ha aumentado en los últimos años.3 Además, se han materializado varios esfuerzos de la comunidad internacional para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático, incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París.

Ilustración: Raquel Moreno

Aunado a lo anterior, los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales están demandando a sus gobiernos y exigiendo el cumplimiento de los compromisos adoptados en materia de cambio climático.4 Por ello, los tribunales están resolviendo un número creciente de casos por acciones u omisiones relacionadas con el cambio climático. De acuerdo con los datos disponibles, en Estados Unidos se han iniciado más de 650 litigios, junto con otros 250 en 25 diferentes países.5 ¿Dónde se presentan estos casos? ¿Cómo reaccionan los tribunales frente a estos planteamientos? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué estrategias marcan la diferencia?

Para el estudio de los casos mencionados, es necesario precisar qué puede entenderse como litigio sobre cambio climático. Al respecto, varios autores han considerado que, en términos generales, se trata de cualquier litigio motivado por una preocupación por el cambio climático o su política. No obstante, esta definición puede plantear diversas dificultades para efectos de un estudio empírico. Por un lado, si seguimos esta definición, sería necesario identificar la motivación que subyace en la actuación de los promoventes; por otro lado, existen casos motivados por la preocupación por el cambio climático que no necesariamente involucran cuestiones de hecho o de derecho que tengan relación directa con este fenómeno. Por estas razones, una aproximación adecuada sería considerar como litigio sobre cambio climático a cualquier litigio en el que los argumentos de las partes o las decisiones del tribunal planteen de manera expresa una cuestión de hecho o de derecho sobre el cambio climático, de su política o de sus impactos.6 Para evaluar los fundamentos del litigio en esta materia, resulta útil agrupar los casos en diferentes categorías, de acuerdo con su objetivo principal. En un esfuerzo tipológico, se pueden identificar las siguientes categorías: administración, legislación-regulación y responsabilidad.7 Esta distinción permite identificar los actores involucrados, el tipo de reclamos formulados, y los posibles efectos de una resolución judicial.

Administración

Los casos que pueden ser identificados en esta categoría cuestionan proyectos o actividades particulares. Los demandantes pueden cuestionar las emisiones de GEI que sean consecuencia del otorgamiento de una concesión o permiso para la realización de actividades o proyectos determinados.8 En estos supuestos, también pueden considerarse las evaluaciones de impacto ambiental. Estas evaluaciones y permisos están centrados en requisitos de procedimiento, puesto que consideran las condiciones a las que debe sujetarse la realización de obras y actividades que puedan afectar al ambiente y rebasar los límites establecidos por la propia legislación. Los casos planteados en esta categoría pueden exigir que el cambio climático sea uno de los elementos a considerar en las evaluaciones de impacto ambiental y en el otorgamiento de concesiones o permisos.9

En este contexto, se puede identificar el caso de Ali v. Federation of Pakistan, donde se cuestionaron varias de las acciones del gobierno relacionadas con la aprobación del desarrollo del yacimiento de carbón de Thar, cuya producción estimada es de 4.5 a 6 millones de toneladas métricas de carbón al año. La quejosa es Rabab Ali, una niña de 7 años que vive en Karachi. En este caso se alegaron violaciones a derechos fundamentales como consecuencia de la degradación ambiental que resultara de la quema de carbón para la generación de electricidad y del incremento de las emisiones de GEI. En la argumentación, se hace mención de la doctrina public trust, que asigna responsabilidad al Estado por la integridad de los recursos que deben ser preservados para el uso y disfrute de las generaciones futuras. A la fecha, este caso se encuentra pendiente de resolver por la Suprema Corte de Pakistán.10

Legislación y regulación

En esta categoría son incluidos aquellos casos donde los promoventes exigen la creación de leyes o políticas públicas relativas al cambio climático, y aquellos casos en que se combaten las disposiciones normativas existentes. Asimismo, esta categoría incluye los casos donde las partes plantean la necesidad de que el órgano jurisdiccional realice una interpretación normativa o que haga cumplir la legislación existente. Las demandas para hacer cumplir los compromisos internacionales —como el Protocolo de Kyoto o el Acuerdo de París— pueden incluirse en esta categoría.

En este contexto, uno de los casos más representativos es Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands. En este caso, la Fundación Urgenda —un grupo ambiental holandés— junto con 900 ciudadanos demandaron al gobierno holandés debido a sus objetivos de reducción de emisiones de GEI. En respuesta a este planteamiento, el Tribunal de Distrito de La Haya ordenó al gobierno limitar las emisiones de GEI en 25% por debajo de los niveles del año de 1990 para el año 2020. El Tribunal consideró que el objetivo de reducción de las emisiones en un 17% —que había fijado el gobierno holandés—  resultaba insuficiente para cumplir con la obligación adquirida con el Acuerdo de París —consistente en mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2° centígrados—. Asimismo, el Tribunal concluyó que el Estado tiene el deber de adoptar medidas para mitigar los efectos de los GEI, con independencia de que la contribución holandesa a las actuales emisiones globales de GEI sea mínima.11

De igual forma, uno los casos que puede incluirse en esta categoría es Juliana, et al. v. United States of America, et al. El cual se origina cuando 21 jóvenes –de entre 10 y 21 años— presentaron una demanda en una corte federal de distrito en contra del gobierno estadounidense, y solicitaron que la Corte obligase al gobierno a tomar medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El planteamiento formulado por los demandantes partió del supuesto de que la quinta enmienda de la Constitución estadounidense contiene una cláusula de debido proceso que actúa como salvaguarda de la privación arbitraria de la vida, la libertad o la propiedad por parte del gobierno. Por ello, los demandantes argumentaron que el mantenimiento de los patrones climáticos normales de la nación es fundamental para asegurar dichos derechos, y que los demandados —entre ellos el presidente Donald Trump— están actuando en perjuicio de los estadounidenses, así como de los derechos contemplados en la mencionada quinta enmienda al permitir la producción y consumo de combustibles fósiles en “niveles peligrosos”. Asimismo, los demandantes alegaron que la incapacidad del gobierno de controlar las emisiones de dióxido de carbono que ese país emite, constituye una violación al derecho constitucional de la “igual protección frente a la ley” en la medida en que se les han denegado derechos fundamentales que sí les fueron otorgados a generaciones pasadas.12

Responsabilidad

Dentro de esta categoría pueden incluirse aquellos casos relacionados con daños a la propiedad personal y lesiones causadas por eventos vinculados con el cambio climático. A medida que los impactos del cambio climático han aumentado en frecuencia y gravedad, los promoventes han buscado la posibilidad de la reparación. En los casos mencionados, hay planteamientos en los que los demandantes aseguran que diversas empresas contribuyen sustancialmente al cambio climático y, por tanto, que son responsables de las lesiones relacionadas con el mismo.13 Tal es el caso de Lliuya v. RWE AG, donde un agricultor peruano presentó una demanda de daños y perjuicios en un tribunal alemán contra RWE, el mayor productor de electricidad de Alemania. En esta demanda, Saúl Luciano Lliuya alegó que RWE contribuyó al cambio climático porque emitió importantes volúmenes de GEI, y arguyó que esto tuvo responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de las montañas cerca de Huaraz, en donde se encuentra una población de 120,000 habitantes. Lliuya solicitó al tribunal la orden de que se reembolsara una parte de los costos en los que él y las autoridades de Huaraz incurrieron para protegerse contra las inundaciones derivadas de este fenómeno. El Tribunal desestimó esta solicitud por la imposibilidad de concretar una “cadena causal lineal” entre las emisiones y el impacto particular.14

Los casos anteriores, en cualquiera de las categorías, ponen sobre la mesa una conclusión esencial: los efectos de la variación climática inciden directa e indirectamente en el bienestar de las personas. Como fue mencionado, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para proteger los derechos humanos de los efectos perniciosos del cambio climático y de diseñar marcos jurídicos e institucionales que protejan contra dichos efectos. En este sentido, México también ha expedido instrumentos jurídicos y arreglos institucionales para enfrentar el cambio climático en el país. Un ejemplo de esto fue cuando México ratificó el Acuerdo de París el 14 de septiembre de 2016 y continuó implementando las metas establecidas en su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional.

Poco se ha considerado el papel del Poder Judicial en la batalla contra el cambio climático. No obstante, los tribunales pueden hacer cumplir las obligaciones que han asumido los Estados y proteger los derechos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Dado que un porcentaje de los efectos negativos del cambio climático se presentará dentro del territorio mexicano, es necesario utilizar las herramientas disponibles para formular y aplicar medidas de adaptación y mitigación adecuadas frente a este fenómeno.

Finalmente, las preguntas que deben ser planteadas son las siguientes: ¿qué alternativas jurisdiccionales permitirían plantear casos sobre cambio climático en México? ¿Cómo responderían nuestros tribunales ante dichos planteamientos? ¿Veremos un caso en el corto plazo?  El análisis de la factibilidad del litigio sobre cambio climático es consistente con una necesidad imperativa de identificar herramientas para hacer frente a un fenómeno real y de gran alcance. Mientras tanto, el litigio en materia de cambio climático aumentará en ambición y eficacia alrededor del mundo, así como el marco de una normatividad ambiental con una naturaleza tan dinámica como el ecosistema que busca proteger.

Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos. Egresado de la licenciatura en derecho del CIDE


1 IPCC, Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Suiza, 2014, pp. 6-8; 40.

2 Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/31/52, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 2016, p. 4

3 Nachmany, Michal, et al., Global trends in climate change legislation and litigation: 2017 update, The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2017, pp. 5-8.

4 Michael Burger, et al., El estado del litigio en materia de cambio climático – una revisión global, Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2017, p. 4.

5 Nachmany, Michal., op. cit., p. 13.

6 Markell, David, Ruhl, J. B., “An empirical assessment of climate change in the courts: A new jurisprudence or business as usual”, Florida Law Review., vol. 64, 2012, pp. 26-27.

7 Nachmany, Michal, op. cit., pp. 14-15. Markell, David, Ruhl, J. B., op. cit., p. 30.

8 Nachmany, Michal, op. cit., p.15

9 Wilensky, Meredith, “Climate Change in the Courts: An Assessment of Non-US Climate Litigation”, Duke Environmental Law & Policy Forum, vol. 26, 2015, p.137.

10 Rabab Ali v. Federation of Pakistan & Another, Constitutional Petition No. __ / 1 of 2016. Los datos del caso, así como la legislación aplicable, puede ser consultada aquí.

11 Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands, C/09/456689/HA ZA 13-1396, Hague District Court, 2015, párr. 4.64-4.93.

12 Juliana v. United States, No. 6:15-CV-01517-TC, 2016 WL 6661146,10 de noviembre, 2016.

13 Nachmany, Michal, op. cit., p. 15.

14 Lliuya v. RWE AG, Case No. 2 O 285/15 Essen Regional Court, 2015, pp. 1-7.