Uno de los principios básicos de la protección al consumidor es la reducción de asimetrías de información entre los productores y el consumidor final. Las Directrices de la Naciones Unidas para la Protección al Consumidor (ONU, 2016) señalan como derecho básico “El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual”. Esto mismo encuentra su correlativo en nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en la que se establece que la información adecuada consiste en “especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen” (LFPC, Art. 1, Fr. III).

Ahora bien, este derecho a la información es incompleto si no se entrelaza, necesariamente, con temas de educación y divulgación sobre el consumo adecuado de bienes y servicios “que garanticen la libertad para escoger y la equidad de las contrataciones” (LFPC. Art 1, Fr. II). Por lo que en la medida en que se amplíen las acciones de educación y divulgación sobre sus derechos y sobre los riesgos del consumo ese derecho a la información podrá ser utilizado de mejor manera.

Lo anterior, va ligado directamente con otros derechos fundamentales cuya tutela corresponde al Estado como el de la salud. En ese caso, la educación para la salud y la nutrición es fundamental para ejercitar el derecho y saber distinguir la información de productos y servicios, especialmente de productos farmacéuticos que se vendan sin receta médica. La educación empodera al consumidor y potencia el ejercicio de otros derechos.

En este contexto, el pasado miércoles 29 de agosto de 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió la revisión del amparo interpuesto por El Poder del Consumidor en contra de algunos aspectos del etiquetado frontal de alimentos y bebidas ya que la información que se presenta pudiera no ser adecuada y, por lo tanto, incide negativamente sobre el adecuado ejercicio del derecho a la salud. En primera instancia un juez federal otorgó a la organización el amparo; sin embargo, en la revisión de éste, los ministros rechazaron el proyecto del ministro Fernando Franco (4 a 1) en el que se proponía ratificar la postura del juez federal.

Las consecuencias de haber aceptado la postura del juez federal hubieran sido el cambio de la norma de etiquetado. Más allá de la discusión de si el juez debe de decidir sobre política pública o no, hay que recordar que los procesos normativos se deben construir en consenso con los sujetos regulados, pasan por un proceso de consulta pública, y se evalúan los costos y beneficios de la puesta en marcha de la regulación. Incluso dentro de los comités normativos se incluyen expertos, sociedad civil y autoridades. La idea es que las normas no se basen en una visión parcial y que excluyan indebidamente a agentes económicos.

Lo anterior, implica que las normas estén basadas en ciencia, y hasta la fecha, por ejemplo, no hay un consenso sobre si es mejor o no reportar las azúcares totales o las azúcares añadidas de alimentos y bebidas. Cada una de las medidas tiene bases de cálculo distintas y el porcentaje mostrado al consumidor difiere para cada medida. Actualmente, el etiquetado basado en azúcares totales le dice al consumidor cuánta azúcar total consumió y a qué porcentaje del total diario recomendado corresponde. Mientras que en el caso de las azúcares añadidas se informa sobre el porcentaje de éstas sin incorporar el total de azúcares.

Como lo ha expresado Alejandro Faya (Reforma 30/08/2018): “Internacionalmente es un tema a debate y no existe consenso. Si bien una recomendación de expertos independientes publicada por la OMS impulsa un límite a las azúcares añadidas del total de la ingesta de azúcar diaria recomendada, la Norma para el Etiquetado del Codex Alimentarius de la propia OMS (y FAO) establece el reporte obligatorio sólo de las totales.”. En todo caso, la norma debe equilibrar los estándares internacionales de comercio (y no generar barreras), dar información clara al consumidor sobre las características y riesgos del producto, y estandarizar los datos que se muestran en las etiquetas.

Ante ello, la decisión de la Corte fue en el sentido correcto: evitar legislar sobre una norma técnica que corresponde al ejecutivo. El asunto se returnó a la ministra Luna Ramos que deberá establecer las razones para no ratificar el amparo. Además de los problemas jurídico-procesales que mostraba el planteamiento inicial y la resolución del juez federal y ante un debate aún abierto sobre el mejor entendimiento del etiquetado, era claro que hubiera sido inusual que la Suprema Cortevotara a favor de ratificar el amparo. En lugar de pensar desde el maniqueísmo de “ministros etiquetados” contra los consumidores indefensos, debemos replantear integralmente el modelo de información y educación hacia los consumidores.

Como lo hemos propuesto en otros foros, es importante trabajar con los padres de familia y las escuelas para incluir programas de educación nutrimental desde la primaria. La SEP a través de los consejos de participación social en la educación pueden implementar en conjunto con padres y maestros programas para que aprendan a distinguir entre carbohidratos, grasas y proteínas, sus componentes, qué requiere el cuerpo, qué no, entre otras cosas. También podrían aprender a leer las etiquetas, al hacerlo desde el nivel básico y en conjunto con los padres se puede aspirar a un cambio de conducta en favor de la salud; además, la educación y aprendizaje puede hacer más libres a los consumidores y más útil la información que reciben a través del etiquetado.

En su fantástico libro Phishing for Phools los premios nobel de economía George A. Akerlof y Robert J. Schiller nos muestran todos los ejemplos de manipulación informativa y publicidad engañosa que hace que los consumidores actúen “irracionalmente” en el mercado. Una de las formas en que los gobiernos han resuelto las asimetrías de información y fallas del mercado es a través de los sistemas de normalización y evaluación de la conformidad, los cuales han permitido expandir el comercio (convergencia normativa entre países) y aminorar los riesgos que corren los consumidores (incluso se han sacado bienes del mercado y prohibido ciertas sustancias). Por lo que no debemos de dejar que los procesos de normalización se alejen de la opinión técnica y los mecanismos existentes de participación, al contrario, hay que fortalecerlos y participar más como consumidores.

Carlos Martínez Velázquez. Director de Central Ciudadano y Consumidor A. C.