A finales de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto vinculado con la fiscalización de los gastos de campaña de dos candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por Movimiento Ciudadano y el PAN.1

Desde entonces el tema ha sido objeto de gran polémica en diversos medios de comunicación y foros especializados porque la decisión de la Sala Superior trasciende la materia electoral, y aborda temáticas especializadas vinculadas con los derechos de autor, propiedad intelectual y el uso de marcas comerciales.

Con independencia de lo anterior, la sentencia del Tribunal Electoral muestra claramente una problemática recurrente en el sistema de fiscalización electoral que limita seriamente sus alcances. Se trata de un sistema de fiscalización a contrarreloj en el que trascurren dos procesos de manera paralela, y que deben de concluir en una misma fecha. Por una parte, el INE revisa la contabilidad que registran las candidaturas y los partidos políticos a través de un sistema electrónico en el que se aplican diversas reglas específicas y contables para verificar y compulsar la información ahí asentada, y que concluirá en un dictamen y resolución del informe de campaña. Y, al mismo tiempo, la autoridad electoral nacional debe investigar las quejas relacionadas con los gastos de campaña en las que se aleguen violaciones a las reglas de fiscalización; siempre y cuando esas quejas o denuncias se presenten hasta quince días antes de que el Consejo General del INE resuelva sobre el dictamen y resolución de los informes de campaña. Es decir, se trata de procedimientos de investigación tramitados en forma de juicio, que deben resolverse a más tardar con los dictámenes y resoluciones de los ingresos y gastos de campaña.2

Un tercer asunto importante que se deriva de esta sentencia es una modificación a un criterio que venía sosteniendo el Tribunal Electoral, y que puede tener un impacto considerable para los procesos electorales venideros.

El contexto de las impugnaciones

• En su momento el PRI presentó diversas quejas en contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, entonces candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León debido al uso de diseños de personajes de marcas comerciales, marcas comerciales en playeras de fútbol, y la difusión de sus candidaturas a través de Facebook. La intención del escrito de queja era que se añadieran esos supuestos beneficios económicos al tope de gastos de campaña de esos candidatos, y ello poder anular su elección.3

El pasado 6 de agosto, el INE resolvió los procedimientos de queja correspondientes, y determinó que no hubo un uso indebido de las marcas, imágenes y otros conceptos y; por tanto, no se comprobó la existencia de aportaciones en especie ni un rebase de topes de gastos de campaña.

La razón fundamental en que basó el INE sus determinaciones fue que no se acreditó un beneficio económico de los candidatos, en todo caso, son los titulares de las marcas quienes deben iniciar la acción legal en contra de una conducta ilícita.4

• Por otra parte, el PRI y Álvaro Suárez Garza impugnaron los resultados de la elección de senadores en Monterrey ante la Sala Regional del Tribunal Electoral alegando, entre otras causales de nulidad de la elección, el rebase de topes de gastos de campaña de los candidatos.

En su momento, la Sala Regional Monterrey consideró que no le asistía la razón al PRI y a los demás impugnantes ya que a través de ese juicio no se podía sustituir el Tribunal Electoral en autoridad fiscalizadora. En todo caso, ello le corresponde al INE y, hasta ese entonces, no había emitido su dictamen y resolución sobre los ingresos y gastos de campaña de las candidaturas impugnadas.

En contra de las decisiones del INE en los procedimientos de queja, y de la Sala Regional en los juicios de nulidad de elección,5 el PRI y demás inconformes acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral. En esencia lo que reclamaron fue que ambas autoridades electorales no fueron exhaustivas en su análisis e investigación al valorar las pruebas que ofrecieron, ya que los candidatos denunciados habían hecho uso de una estrategia de posicionamiento político, al promover sus candidaturas a partir de la vinculación con marcas comerciales y personas famosas (influencers) y así generar la percepción de que esas marcas y personas apoyaban sus candidaturas.

Uso indebido de marcas, derechos de autor y propiedad intelectual

La Sala Superior determinó que el PRI y demás inconformes tenían razón ya que la Sala Regional Monterrey resolvió el juicio sin allegarse de mayor información para resolver, antes de contar con el dictamen de fiscalización del INE sobre el rebase de topes de gastos, y previo a que el INE emitiera una resolución sobre las quejas en materia de fiscalización que se presentaron ante la autoridad administrativa.

Por otra parte, la Sala Superior también estimó que el actuar del INE fue incorrecto ya que no advirtió que en realidad los denunciados implementaron una estrategia sistemática para hacer un uso indebido e ilegal de marcas y de imágenes objeto de la propiedad industrial. Además que los candidatos se vieron beneficiados en la obtención de votos o en la generación de un vínculo aparente o real entre las candidaturas y las marcas o personajes.

Derivado de ello, el Tribunal Electoral consideró que los candidatos denunciados y los partidos que los postularon recibieron apoyo económico, político o propagandístico prohibido por las normas electorales al tratarse de personas morales y, por ello, le ordenó al INE que cuantificara esos gastos para efectos de un posible rebase de topes de gastos de campaña.

Cumplimiento forzado

Aunque el INE cumplió con la sentencia de la Sala Superior, en su acuerdo de cumplimiento se puede leer claramente entrelíneas su desacuerdo con la determinación adoptada por el Tribunal Electoral.6

Para empezar, se problematiza respecto del método para cuantificar cada una de las publicaciones y contabilizar los comentarios, y se llega a la propuesta de establecer un costo por seguidor; así se consideraron los “me gusta”, “me divierte”, “me sorprende”, “me entristece” y “me enoja”. No obstante, como bien advierte el propio INE, esos datos no garantizan la existencia de una persona o usuario y mucho menos que la información con la que se haya creado la cuenta sea cierta, ya que las redes sociales son susceptibles de contar con cuentas controladas por un software —mejor conocidas como “bots”.

Así, también de acuerdo con lo razonado por el INE, no existe ningún elemento objetivo para imputar monto alguno de beneficio económico respecto de las marcas o imágenes ya que los titulares de esas marcas negaron que hubieran recibido un pago o que hubieran otorgado una licencia.

No obstante, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior, el INE determinó cuantificar el supuesto beneficio obtenido, y sumarlo al tope de gastos de campaña para la candidatura a senador por el estado de Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano quedando de la siguiente forma:

Candidato Total de egresos determinado durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el Dictamen con clave INE/CG1095/2018

(A)

Monto del beneficio determinado en el presente Acuerdo

(B)

Total del gasto determinado

(C=A+B)

Tope de Gastos de campaña Diferencia
Samuel Alejandro García Sepúlveda Senador por MR $10,141,219.57 $196,728.84 $10,337,948.41 $17,185,332.00 $6,847,383.59

Al final, ni con los gastos añadidos por el supuesto uso ilegal de marcas comerciales y bienes regulados por los derechos de autor y propiedad intelectual se rebasó el tope de gastos de campaña. Vale mencionar, que el 27 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia presentado por el PRI y el PVEM y determinó que el INE sí se pronunció respecto al tema de la reputación de las marcas dentro del plazo ordenado, sin que para ello y por mandato de la propia ejecutoria pudiera utilizar cualquier otra fórmula o parámetro auténticamente comercial.

Un balance crítico

La decisión del Tribunal Electoral en el caso de las senadurías en Monterrey es el segundo asunto de relevancia en materia de fiscalización y topes de gastos de campaña que resuelve la actual integración de la Sala Superior.

En octubre de 2017, la Sala conoció de una serie de impugnaciones vinculadas con el rebase de tope de gastos de campaña para la elección de gobernador en Coahuila.7 En esos casos, como en el que se comenta en este espacio, se discutió entre otras cuestiones, sobre el tiempo que requería la autoridad electoral para llevar a cabo un procedimiento de fiscalización que verdaderamente sirviera como mecanismo de control y rendición de cuentas, y no fuera simplemente un trámite administrativo más.

De ambos asuntos se advierte claramente que el problema de fiscalizar a contrarreloj es el llegar a conclusiones deficientes que dejan más dudas que claridad respecto de los ingresos y gastos de una campaña electoral.

En el sistema electoral de fiscalización coexiste una tensión entre la necesidad de verificar que quienes ganaron la elección ajustaron sus ingresos y gastos a la norma previo a que asuman el cargo y; por otra parte, la obligación de verificar o investigar si los datos reportados son veraces y con ello garantizar la efectividad de la fiscalización.

Un sistema de fiscalización que apresura sus conclusiones a la toma y protesta del cargo haría imposible una investigación como la que se le sigue al presidente Trump en los Estados Unidos, entre otras cosas, por financiamiento ilegal en su campaña o una reedición de los famosos casos Pemexgate y Amigos de Fox.

El tema es todavía más preocupante si consideramos la importancia y poder de cooptación de ciertos grupos que naturalmente tendrían interés en la política del país tales como los empresariales, potencias extranjeras y hasta el crimen organizado.

Por otra parte, la decisión del Tribunal Electoral en el caso de los senadores de Monterrey resulta sorprendente ya que invade atribuciones específicas de otras autoridades administrativas.

En materia de propiedad industrial, la autoridad administrativa competente para determinar el uso indebido o sin consentimiento de una marca es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a través de un procedimiento administrativo en el que se investigan las presuntas infracciones a la Ley de Propiedad Industrial.

Para ello se requiere además que los afectados presenten una queja o denuncia y con ello que acrediten su interés jurídico para defender su marca o producto.8 Cabe destacar en este asunto las empresas dueñas de las marcas que aparecen en las playeras y en los artículos denunciados negaron haber obtenido alguna remuneración o que hubieran otorgado licencia para sus productos.

Así el Tribunal Electoral invadiendo las competencias del IMPI, sin tener pruebas de la utilización indebida de las marcas comerciales, a partir de una suposición, le ordenó al INE que cuantificara el beneficio obtenido por los candidatos involucrados.

Por último, la decisión de la Sala Superior parece romper parcialmente con un criterio reiterado del Tribunal Electoral, en el sentido de que a quienes les corresponde la investigación de conductas irregulares es a las autoridades administrativas y no a las jurisdiccionales en materia electoral.9

De manera casi inverosímil, la Sala Superior sostiene que en el caso del análisis de informes de ingresos y egresos, así como la sustanciación de quejas en la materia, todos los participantes en la contienda electoral, así como las Salas del Tribunal Electoral “coadyuvan” con la autoridad fiscalizadora recabando elementos de prueba que consideren deben ser conocidos por aquella.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Twitter: @pacozorrilla


1 Ver. SUP-REC-887/2018 y Acumulados.

2 Ver artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

3 Cabe destacar que los topes de gastos son los límites legales máximos de erogaciones en dinero o en especie en que pueden incurrir las candidaturas en una campaña. Asimismo, desde el año 2014 el exceso en el tope de gastos de campaña en un cinco por ciento es una causal de nulidad de la elección prevista en la Constitución.

4 Ver. Resoluciones INE/CG1087/2018 e INE/CG1088/2018.

5 Juicios de Inconformidad SM-JIN-1/2018 y sus acumulados.

6 Ver Acuerdo INE/CG1222/2018 aprobado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

7 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7095

8 Ver artículos 1, 3, 213, 214 y 215 de la Ley de Propiedad Industrial.

9 Ver por ejemplo sentencias en los casos ST-JRC-210/2015 y SUP-JIN-359/2012.