La vinculación a proceso

En el sistema acusatorio, el proceso penal inicia con una audiencia. Esta audiencia tiene varios propósitos: en los casos de detención en flagrancia, se ratifica la legalidad de la detención; se expresa la imputación o comunicación de cargos a la persona detenida; se vincula a proceso que es la determinación de la situación jurídica del imputado, se imponen medidas cautelares en caso de requerirse y se establece el plazo para el cierre de la investigación. Sin embargo, si observamos el diseño de esta audiencia en otros países de la región -con sistemas similares al nuestro- encontraremos que no existe la vinculación a proceso. Como se ha señalado, en el proceso mexicano, la vinculación a proceso es la resolución en la que el juez de control determina la situación jurídica de la persona, es decir, si se inicia o no un proceso penal.

El origen de la vinculación a proceso está en los códigos redactados bajo el régimen constitucional anterior a la reforma de 2008. La vinculación a proceso se creó con el propósito de tener un instituto procesal similar al auto de formal prisión o sujeción a proceso y para que los nuevos códigos no tuvieran problemas de constitucionalidad. El actual diseño de la audiencia inicial es una forma de convertir la etapa de preinstrucción del sistema escrito al sistema oral. La expectativa en ese entonces era que, a través de una reforma constitucional, podrían eliminarse conceptos como el “cuerpo del delito y la probable responsabilidad”, así como el examen de la causa probable1 para dar inicio al proceso penal.

En la reforma de 2008 se decidió conservar el mismo diseño del artículo 19 constitucional y supuestamente transformar los estándares: en lugar de auto de formal prisión, se estableció el auto de vinculación a proceso y el anterior cuerpo de delito y la probable responsabilidad se cambió por el estándar de los hechos que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, la realidad y la práctica nos han demostrado que continuamos hablando de lo mismo.

Se dice que la importancia de la audiencia de vinculación a proceso radica en que representa una garantía para el imputado a fin de que, antes que se determine su situación jurídica, tenga la posibilidad de controvertir los datos de prueba presentados por el ministerio público. En efecto, esta resolución pauta el inicio de un proceso penal. Sin embargo, ello no genera ninguna restricción en la libertad o patrimonio de la persona imputada, ya que, en principio, por un pronunciamiento de vinculación a proceso no se priva de la libertad a una persona.

El problema inicia cuando, el delito sobre el cual se vincula a proceso se encuentra en el catálogo del artículo 19 constitucional de los delitos en los que opera la prisión preventiva oficiosa.2 Si la vinculación a proceso se hace por alguno de estos delitos, en automático y sin que pueda mediar debate alguno, la persona va a prisión.

A esta audiencia se le ha conocido como el “mini juicio” debido a que en ella, además de decidir la situación jurídica de la persona imputada, se desahogan pruebas y la resolución de ésta es prácticamente una sentencia, como acontecía con el auto de formal prisión. Esta audiencia, al igual como sucedía en esta etapa en el sistema escrito es sumamente litigiosa pues, ¿quién no presentaría y desahogaría pruebas ante la posible pérdida de la libertad?

Ciertamente la SCJN ha dicho que el estándar del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado ha participado en la comisión de este es mucho menor que el estándar del cuerpo del delito y la probable responsabilidad3 pero aquí una paradoja: ¿cómo bajar el estándar del auto de vinculación a proceso cuando ello podría implicar la privación de la libertad de una persona? Por ejemplo, a una persona se le imputa el delito de homicidio doloso, primero se le vincula a proceso por un estándar que se considera bajo y, segundo, consecuencia de ello es que se prive de la libertad ya que según disposición constitucional aplica la prisión preventiva oficiosa.

El tema de la audiencia de vinculación a proceso no es cosa menor, pues similar a como ocurría en el sistema escrito, el centro de gravedad del proceso penal se encuentra en esta etapa inicial. Actualmente nos topamos con audiencias de vinculación a proceso en las que se desahogan veintenas de medios de prueba y que duran más de quince horas, como si ello se tratara de un juicio.

Las experiencias de otros países dan cuenta de cómo podría reformarse el sistema mexicano. En Chile, por ejemplo, el examen de la causa probable sólo se realiza cuando el ministerio público va a solicitar la media cautelar de prisión preventiva estableciendo como requisito, entre otros, que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito investigado4 junto con la necesidad de cautela. De no existir solicitud de medida cautelar de prisión preventiva, la audiencia inicial se centra en la imputación inicial o formalización de la investigación,5 en la solicitud de medidas cautelares no privativas de la libertad y en el plazo para el cierre de investigación.6

La vinculación a proceso debe desaparecer y, en todo caso, el examen de la causa probable debería trasladarse al debate de medidas cautelares en caso de que se solicite la prisión preventiva que por ningún motivo debe ser oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa

Otro elemento de este binomio es la prisión preventiva oficiosa que, de inicio, resulta incompatible con el sistema acusatorio. La primera sana distinción que habrá que hacer es la siguiente: la prisión preventiva como medida cautelar, debe existir para garantizar, en los casos que así lo amerite, el desarrollo del proceso penal. La prisión preventiva debería imponerse siempre previa audiencia, en la que se pondere la necesidad de cautela de acuerdo con los riesgos procesales -riesgo de fuga, riesgo a la víctima u obstaculización en el proceso- y no como ocurre con la prisión preventiva oficiosa donde se encarcela a las personas por el tipo de delito por el cual se les vincula a proceso, sin escuchar previamente sus condiciones socioambientales. Se han presentado iniciativas para eliminar la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional como del CNPP.

Lamentablemente los legisladores han optado por las salidas fáciles y populistas para incrementar el catálogo de delitos del 19 constitucional, como la reciente iniciativa de Morena al Senado para incorporar los delitos de corrupción, de hidrocarburos, electorales y sobre portación de armas de fuego y explosivos.7 En días pasados, también fueron presentadas otras iniciativas: una por el Partido Acción Nacional (PAN) para incorporar a este catálogo los delitos de robo a casa habitación o negocio y extorsión; y otra por el Partido Encuentro Social (PES) para incorporar la portación, compra, posesión, acopio, contrabando de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.8

El gran problema de la prisión preventiva oficiosa es que priva de la libertad a las personas en automático y por motivo del delito por el cual fueron vinculados a proceso. Esto afecta al principio de contradicción, pues no se escucha a las partes y no importan sus condiciones de vida ni sus factores socioambientales. Por ejemplo, si tienen trabajo, arraigo en el lugar, dependientes económicos o cuáles son sus condiciones de vida para afrontar el proceso en libertad o bajo medida cautelar diversa.9

El debate de la prisión preventiva debe centrase en los riesgos procesales: fuga, peligro para la víctima u obstaculización en el proceso;10 también debe analizarse y evaluarse caso por caso. Por ejemplo, el 70.3% de la población privada de la libertad en 2016 tenía dependientes económicos cuando fue detenida y el 64.1% tenía hijos dependientes.11 Si a estas personas se les impuso prisión preventiva oficiosa, en ningún momento el juez pudo saber ni reconocer la afectación que generaba la imposición de la privación de la libertad en el entorno familiar de las personas imputadas. Tal parece que los legisladores y promotores de esta medida no alcanzan a ver el daño social que genera. No solo porque se encarcela a una persona, sino por las afectaciones que irradian en las familias que, por lo general, son personas que viven en situación de pobreza.

No se debe olvidar que la regla general es que cuando se inicie un proceso penal por cualquier delito que tenga como pena la prisión, es posible solicitar prisión preventiva, siempre y cuando se acredite el riesgo procesal y la razonabilidad de su imposición.

Un mito al respecto es que solo se puede imponer prisión preventiva en los delitos del artículo 19 constitucional. La realidad es que la prisión preventiva puede imponerse en todos los delitos que tengan como pena la prisión, esto es, en la mayoría de los delitos. Otro gran mito es que existan delitos graves o no graves. La realidad es que en el nuevo SJP sólo hay delitos graves para efectos de detenciones en casos urgentes. Los delitos del 19 constitucional no son graves, son delitos de prisión preventiva oficiosa y esto va contra las normas internacionales de derechos humanos, pues de acuerdo con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”

Desafortunadamente hay un mensaje político que reproducen los medios de comunicación y alimenta aún más la percepción de impunidad mediante el argumento de la “puerta giratoria”, explicado de forma simplista que se deja en libertad a las personas detenidas por culpa del SJP. Este mensaje construye cada vez más la idea de ineficiencia en la imposición de medidas cautelares y en la necesidad de tomar medidas más severas.12

El artículo 140 del CNPP es el que tiene el problema de la “puerta giratoria” y constata que la cuestión de “soltar a detenidos” ocurre en sede ministerial y no por motivo de la imposición de medidas cautelares en audiencia. Este artículo establece que “en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado…”.

En la práctica, los agentes del ministerio público liberan a los detenidos antes de llevarlos ante el tribunal bajo el supuesto que no son delitos de prisión preventiva oficiosa y, peor aún, hay jueces que reprenden a los agentes del ministerio público cuando llevan a audiencia detenidos y no solicitan la prisión preventiva.  Esta es la disposición problemática y la que habría de reformarse.

Lo deseable es que el nuevo gobierno y los legisladores no consideren aumentar este catálogo porque no es más que una salida falsa y populista para llevar a prisión más personas sin condena y, lo más importante: cuando se lleva a prisión preventiva a una persona, ello no es sinónimo de un caso resuelto, mucho menos de una condena y no incide en la cifra de impunidad. En conclusión, la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa.

Fortalecimiento de las autoridades supervisoras de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.

En contraposición a lo que ocurre con la prisión preventiva oficiosa y, considerando que existen trece medidas cautelares distintas a la prisión preventiva,13 el  artículo 176 del CNPP señala que la autoridad supervisora de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso “… tendrá por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso… deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que le soliciten.”

Comúnmente, estas autoridades se conocen como UMECAS14 y tienen como propósito dos funciones: primero, aportar información confiable respecto de las condiciones socioambientales de la persona imputada además de emitir una recomendación sobre los posibles riesgos procesales y, segundo, una vez que en audiencia el juez haya impuesto una medida cautelar no privativa de la libertad, la UMECA se encarga de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de la medida.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que las “medidas alternativas” constituyen opciones procesales que permiten que la persona se encuentre en libertad mientras afronta el proceso penal. Estas medidas constituyen herramientas esenciales para reducir el hacinamiento carcelario; la desintegración comunitaria, social o personal; hacen utilizar de manera más eficiente los recursos públicos; y optimizan la utilidad social del SJP, así como los recursos disponibles.15

Entre los años 2011 y 2012 se establecieron en el estado de Morelos los primeros servicios previos a juicio en América Latina, las autoridades supervisoras de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a prueba o servicios previos a juicio. En distintas medidas, cada estado fue construyendo esta unidad en el proceso de implementación del nuevo SJP. Para 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba 921 evaluadores y supervisores en todo el país; 14,007 medidas cautelares impuestas y 18 estados en haber recibido capacitación para supervisores y evaluadores.16 Por su parte, el Instituto de Justicia Procesal Penal ha realizado el seguimiento a las labores de las UMECAS en diversas entidades federativas de tal suerte que la tasa de cumplimiento en 2017 de las medidas no privativas de la libertad oscila entre un 73.2%, en la Ciudad de México, hasta un 100% como es el caso de Guanajuato.

El nuevo SJP entró en vigor en junio de 2016, pero fue hasta julio de 2017 cuando el gobierno federal publicó un acuerdo mediante el cual se creó la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medias Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.17 Esta unidad se ubicó dentro de la policía federal. Al respecto, han existido críticas que apuntan a que, si bien la UMECA debe de estar dotada del acompañamiento y auxilio policial, no debe precisamente estar ubicada dentro de un cuerpo de seguridad pública. En consecuencia, se ha recomendado que su localización institucional sea en un lugar que garantice su neutralidad ante las partes procesales y que, por otro lado, pueda generar vínculos y redes de apoyo con la ciudadanía para el seguimiento de sus programas. Para el nuevo gobierno federal y respecto a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, un reto quizá será reubicar esta instancia, pero sobre todo garantizar su debido funcionamiento.

El juicio de amparo

El juicio de amparo es otro de los grandes pendientes a revisar para garantizar el correcto funcionamiento del SJP, ya que existe una tensa relación entre ambos procesos, sobre todo con el amparo indirecto.

Como premisa, en el anterior sistema, el juicio de amparo fungía como un contrapeso ante las facultades altamente discrecionales que tenía ministerio público en el sistema escrito. En consecuencia, el control efectivo sobre su actuar devenía del juicio de amparo, sobre todo del amparo indirecto.

Las características del SJP actual son muy distintas, pues el ministerio público debe realizar la investigación bajo control judicial y existe mayor igualdad entre las partes, así como mecanismos disponibles para recurrir el actuar de la autoridad en primera instancia. Por ejemplo, las medidas cautelares son revisables en todo momento y las veces que ello sea necesario, basta solicitar la audiencia para ello.

La fuerza del juicio de amparo indirecto es inversamente proporcional a la del proceso penal: si se tiene un proceso penal ordinario que poco garantice el debido proceso, mayor necesidad habrá de recurrir mediante juicio de amparo. Ello ocurría en el sistema escrito, donde prácticamente todos los asuntos se resolvían vía amparo. En el sistema actual, debería ser a la inversa: a mayor protección de derechos fundamentales y garantía del debido proceso, la necesidad de revisión de los actos de primera instancia debería ser innecesaria.18

Como consecuencia de lo anterior, tendría que reformarse la limitación de la procedencia del amparo indirecto y que el mismo se interponga exclusivamente contra actos de privación de la libertad ocurridos dentro del procedimiento. Para señalar un ejemplo del mal uso que ha tenido el amparo indirecto -cuestión que genera impunidad- una tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito19 dice que la audiencia de formulación de imputación constituye un acto de imposible reparación porque afecta el derecho a la libertad, ya que se le coloca al ciudadano en una situación de ineludible obediencia mediante un acto de autoridad y que tiene como consecuencia material privarlo de la libertad.

La tesis citada parte de una idea errónea sobre la imputación inicial. Lo cierto es que la formulación de imputación no implica privación de la libertad. Lo preocupante es que el mensaje que subyace en esta interpretación es que ante una citación para la formulación de imputación, lo recomendable es interponer una demanda de amparo indirecto para no acudir al llamado a audiencia. Este tipo de resoluciones, desafortunadamente, obstaculizan el desarrollo de los procesos penales y dificultan el procesamiento de los delitos además de promover la impunidad.

En segundo término, el juicio de amparo debería reformarse en la medida que afirme el principio de estricto derecho, eliminando la suplencia oficiosa de la deficiencia de la queja.  El modelo de audiencias permite un control horizontal entre las partes en presencia del juez, así el recurso debería basarse en los agravios que expresamente formulen las partes sobre la resolución que afecte a sus derechos. El juicio de amparo debería dejar de ser un mecanismo de revisión oficiosa, pues siendo de esta manera en lugar de fortalecer debilita a la primera instancia.

En la medida que no se restrinja la procedencia del amparo indirecto -como ocurría en el sistema escrito- los asuntos penales no se litigarán en el proceso ordinario, sino que a través del juicio de amparo y, en segundo lugar, en la medida que sea más fuerte y oficioso el actuar de las instancias federales respecto a la primera instancia, el debilitamiento de la vía ordinaria será una permanente.

La instancia que coordine el SJP

La SETEC, como instancia de coordinación, evaluación y seguimiento de la implementación del SJP perteneciente a la Secretaría de Gobernación, dejó de funcionar en octubre de 2016. Esta decisión no fue bien vista por diversos sectores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil pues ponía en riesgo la consolidación y el buen funcionamiento del nuevo sistema.  En días pasados, Olga Sánchez Cordero, quien de forma muy probable será la próxima secretaria de Gobernación, informó que el nuevo gobierno instalará nuevamente la SETEC, reconociendo que aún existen debilidades estructurales e incluso de capacitación en las personas que operan el sistema de justicia.

Sin duda, esta noticia ha sido bien recibida por varios actores y personas involucradas en el sistema de justicia. La reinstalación de una instancia técnica, de coordinación nacional, que pueda involucrar a todas las instituciones del SJP en la planeación y generación de políticas, es considerada como urgente.20 Volver a instalar la SETEC da la oportunidad de generar una instancia que funja como eje rector en la consolidación del nuevo sistema. Esta deberá ser multidisciplinaria y deberá funcionar como generadora de políticas públicas que devengan en políticas institucionales; tendrá que trabajar con aún mayor rigor y ser capaz de acompañar tanto a los estados como a la federación en la consolidación de las instituciones.

La nueva SETEC deberá de contar con planes integrales de mejora en el sistema de justicia, una visión sistémica y claridad respecto a la interacción entre las instituciones de procuración y administración de justicia; la capacitación y el desarrollo de capacidades en los operadores de acuerdo con sus distintos perfiles y necesidades; estrategias de monitoreo y evaluación permanente para la mejora, entre otras.

Para concluir

La transición hacia el sistema de justicia acusatorio, además de ser una de las reformas más profundas que ha tenido nuestro país en la materia, ha sido un acierto y se encuentra en proceso de consolidación. El sistema de justicia escrito, por su opacidad, favorecía la corrupción, las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos. Tampoco era eficiente en la persecución criminal.

Los problemas de violencia en México parecen no tener una solución clara ni siquiera a corto plazo y ciertamente el SJP está involucrado en la solución, pero no es responsable de ella en su totalidad.

Sería injusto dejar en sombras los avances que ha aportado esta reforma a nuestro sistema democrático. Gracias a la reforma, cuando se ingresa en una sala de audiencias, con claridad son identificables el juez y las partes.  Es el juez quien de viva voz conoce los hechos ocurridos a través de los testigos, de la víctima o del acusado. Sin la reforma, ello era imposible. Además, las instalaciones donde hoy en día se administra justicia son mucho más dignas y los procesos penales en su totalidad son más rápidos que en comparación con el sistema de justicia escrito.21

Sin duda el nuevo gobierno recibe a un país devastado por la violencia, a víctimas que claman justicia y a un SJP incipiente y plagado de fallas. Los riesgos de contrarreformas siempre han estado latentes y el aumento de la incidencia delictiva siempre será un gran motor para ello.

La creación de la Fiscalía General de la República es evidencia de un gran compromiso del nuevo gobierno con la ciudadanía y la justicia, pero este es solo un paso y un componente de todo un sistema que ha de funcionar.  Bien merece ajustes y seguimiento para su consolidación, así como reformas que eliminen las malas prácticas y los resabios que aún persisten del sistema inquisitivo.

Son muchas las tareas, la legislación penal en materia sustantiva merece un ejercicio de reordenamiento, al igual que el sistema de competencias en la persecución de los delitos, urge eliminar al arraigo, actualizar las normas en materia de delincuencia organizada, fortalecer y profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública, revisar el sistema de atención a víctimas, impulsar nuevos modelos de gestión en las defensorías y fortalecerlas. Sin duda, también ello pasa por el sistema de ejecución de penas. Los pendientes son innumerables, ya habrá tiempo para realizarlas, pero no hemos de repetir lo que ha ocurrido a lo largo de la implementación del SJP: dejar las cosas para mañana o buscar las salidas falsas y populistas, porque sí hay recetas.

Gabriela Ortiz Quintero. Abogada especialista en el sistema de justicia penal. Twitter: @PitusaGO


1 La causa probable está en la Cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y se refiere al estándar mediante el cual se puede obtener una orden de aprehensión o de cateo.

2 Artículo 19. “…El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

3 La jurisprudencia que establece que “…los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos de las expresiones “comprobar” por “establecer” y “cuerpo del delito” por hecho que la ley señala como delito”, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de “pruebas” ni se exige “comprobar” que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar se configuren pruebas por el Ministerio Público, por si y ante sí…” Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.), Página: 360.

4 Artículo 140 del Código Procesal Penal de Chile.

5 El artículo 229 del Código Procesal Penal de Chile, establece el concepto de la formalización de la investigación: “…es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que se desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.”

6 El plazo para el cierre de investigación corresponde al tiempo en que acuerdan las partes en que terminará el periodo para seguir investigando, en el CNPP a este periodo se le denomina “investigación complementaria”

7 La iniciativa del senador Ricardo Monreal aquí puede encontrarse: https://bit.ly/2QrV0Tz

8 La iniciativa de los senadores del PAN puede consultarse en: https://bit.ly/2QuHm27 Mientras que la iniciativa del PES puede consultarse aquí: https://bit.ly/2IA0ybX

9 Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.

10 Los artículos 168, 169 y 170 del CNPP explican los riesgos de peligro de sustracción, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y riesgo para la víctima, siendo estos los parámetros que sirven para identificar si existe algún riesgo procesal y determinar la necesidad de medidas cautelares.

11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, México, 2017, p.13.

12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013, p.47

13 Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

14 Unidades de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.

15 Organización de los Estados Americanos (OEA), Guía práctica para reducir la prisión preventiva, p.22.

16 La presentación del diagnóstico del Secretariado Ejecutivo puede encontrase en: https://bit.ly/2O1IvBm

17 Acuerdo por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

18 De la Garza, Iván, Amparo y sistema acusatorio: la reforma pendiente, Borde Jurídico, México, junio de 2017.

19 Tesis: I.7o.P.68 P (10a.)

20 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, óp.cit., p. 157.

21 El World Justice Project, La nueva justicia penal en México. Avances palpables y retos persistentes, México, 2018. P3.