En tan sólo seis días, Estados Unidos recibió dos golpes importantes en el plano jurídico internacional. Por un lado, el viernes 28 de septiembre, el Estado de Palestina presentó una demanda en su contra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) argumentando violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, como consecuencia del traspaso el pasado 14 de mayo de la Embajada de EUA de Tel Aviv a Jerusalén.1 Menos de una semana después, el miércoles 3 de octubre, la misma CIJ ordenó a Estados Unidos adoptar medidas provisionales en el contexto de la demanda que presentó la República Islámica de Irán en contra de ese país el pasado 16 de julio, invocando violaciones al Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, concluido entre ambos Estados en 1955; en particular, eliminar ciertos impedimentos comerciales impuestos a través de las medidas unilaterales anunciadas por EUA el pasado 8 de mayo en contra de Irán.2

Como era de suponer, las reacciones agresivas y viscerales de Estados Unidos ante estos desarrollos en la CIJ no se hicieron esperar. El mismo miércoles 3 de octubre, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció en conferencia de prensa la “terminación” del Tratado de Amistad de 1955 con Irán.3 Ese mismo día, John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, también en conferencia de prensa, refrendó lo dicho por Pompeo, añadiendo el retiro de EUA del protocolo opcional sobre la resolución de disputas de la Convención de Viena de 1961. Aprovechó la oportunidad para atacar a la Corte llamándola “politizada e inefectiva”, por lo que se iniciará un proceso de revisión de todos aquellos tratados internacionales de los que Estados Unidos sean parte que le otorguen jurisdicción a la CIJ para la solución de controversias.4 Nada sorprendente hay en estas declaraciones, especialmente si se toma en cuenta que Bolton siempre se ha caracterizado por reiterar que la ONU “no sirve”,5 o que la Corte Penal Internacional es un tribunal “ilegítimo” que está “muerto para los Estados Unidos”, como señaló en septiembre pasado.6

Lo menos que se puede decir de estas acciones es que son congruentes con una política exterior que sistemáticamente violenta el orden jurídico internacional y que atenta en cada oportunidad contra el multilateralismo. Ejemplos hay muchos: desde el bombardeo unilateral en abril de 2017 contra bases militares en Siria sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU),7 pasando por el anuncio en junio de 2017 de la denuncia del Acuerdo de París,8 su retiro de la UNESCO en octubre de 2017,9 la disociación en diciembre de 2017 del Pacto Mundial sobre la Migración de la ONU,10 o la salida en junio pasado del Consejo de Derechos Humanos,11 por citar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre estas acciones y los recientes ataques a la Corte Internacional de Justicia. Las primeras, independientemente de su dosis de desdén hacia la comunidad internacional, reflejan posicionamientos políticos con los que se puede estar o no de acuerdo; mientras que las acciones tomadas la semana pasada respecto de la CIJ claramente tienen por objeto impedir en la medida de lo posible que EUA rinda cuentas por sus acciones y, sobre todo, que deje de honrar impunemente los compromisos que ha adquirido de conformidad con el derecho internacional.

La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 92 de la Carta de la ONU. Su función es “decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas”12 por los Estados. Existen tres mecanismos mediante los cuales los Estados pueden aceptar la jurisdicción de la CIJ a fin de que ésta pueda resolver controversias que surjan entre ellos: i) mediante una declaración general de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte para cualquier disputa, de conformidad con el Artículo 36 de su Estatuto; ii) mediante un acuerdo especial entre las partes, en donde éstas deciden de común acuerdo someter una disputa específica a la Corte o; iii) mediante la inclusión de llamadas “cláusulas de jurisdicción” en tratados internacionales, en donde las partes del instrumento en cuestión aceptan que las controversias que surjan respecto del mismo puedan ser sometidas a la CIJ para su solución. Actualmente, sólo 73 Estados miembros de Naciones Unidas, México incluido, han presentado declaraciones aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte.13 Sobra decir que Estados Unidos no es uno de ellos.

Los intentos de los EUA por evadir la jurisdicción de la Corte tampoco son nuevos. En 1946, en los albores de la ONU, el presidente Harry Truman presentó la declaración aceptando la jurisdicción de la Corte.14 No obstante, ésta fue retirada en 1986 después de la emisión del fallo condenatorio en el caso presentado por Nicaragua a causa de las actividades militares y paramilitares de los Contras, orquestadas por EUA en su territorio.15 Los encabezados de periódicos de aquella época eran muy similares a los de ahora.16

México no ha sido ajeno al desprecio de EUA frente a la Corte Internacional de Justicia. El 9 de enero de 2003, el Estado mexicano demandó a los Estados Unidos ante la CIJ por violaciones al llamado derecho de asistencia consular contenido en el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en 54 casos de mexicanos condenados a pena de muerte.17 El caso presentado por México fue el tercero llevado a la CIJ en contra de EUA, después de Paraguay en 199818 y Alemania en 1999,19 por los mismos conceptos de violación. La base de jurisdicción de la Corte en todos estos casos fue el Artículo 1 del Protocolo Opcional de la Convención de Viena de 1963, del cual todos las Estados involucrados eran partes. Hasta que vino el fallo condenatorio del Caso Avena el 31 de marzo de 2004. Fue entonces que EUA denunció dicho Protocolo a fin de evitar que pudiese haber nuevos casos traídos en su contra por violaciones al derecho de asistencia consular que, hasta entonces, parecían recurrentes.20 Coincidentemente, esto sucedió en 2005, bajo la administración de George W. Bush, unos cuantos meses antes de que John Bolton fuese nombrado Embajador ante la ONU. Basta revisar el libro de Philippe Sands intitulado Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules, publicado ese mismo año, para constatar que en aquel entonces privaba un patrón de descrédito al derecho internacional muy similar al que existe ahora.

Cabe destacar que hoy, casi 15 años después de emitido el fallo, EUA sigue sin cumplir con las obligaciones impuestas por la CIJ a favor de México, en particular, la revisión y reconsideración por medios de su propia elección de los expedientes de aquellos mexicanos condenados a pena de muerte a quienes les fue negado el derecho de asistencia consular.21 Y lo que es peor todavía, en Texas se siguen ejecutando a mexicanos amparados bajo el fallo Avena, la última ejecución siendo del pasado 8 de noviembre de 2017, sumando hasta ahora 5 nuevas violaciones de derecho internacional.22

Existe un factor clave que le permite a EUA mantenerse impune ante las sentencias condenatorias de la CIJ. El Artículo 94(2) de la Carta de la ONU establece que “si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.” Dicho de otra manera, el Consejo de Seguridad es el órgano ejecutor de los fallos de la CIJ en casos de incumplimiento. Para que esto ocurra, se necesita que, en efecto, el CSONU adopte medidas dirigidas a aquel Estado que ha incumplido con una sentencia de la Corte a fin de persuadirlo a cumplir con sus obligaciones internacionales. Las decisiones del CSONU se adoptan con una mayoría de 9 votos a favor, incluyendo “los votos afirmativos de todos los miembros permanentes”.23 Ésta última formulación es la que se conoce como el famoso “derecho de veto” de los cinco miembros permanentes del CSONU, entre los que obviamente se encuentra EUA. Por lo tanto, Estados Unidos sabe que, de no cumplir de buena fe con los fallos de la Corte, que son jurídicamente vinculantes, no habrá decisiones adoptadas en su contra por parte del CSONU.

Aun cuando volvemos a ser testigos del desparpajo con el que una potencia mundial se jacta de su poder para denostar sus obligaciones internacionales, lo cierto es que resulta innegable el inmenso valor que tienen las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en el derecho internacional y en la conducta de los Estados en el mundo entero. Tan sólo en la última década se han presentado más de 20 nuevos casos contenciosos ante la CIJ, provenientes de todas las regiones del planeta y los casos de incumplimiento de fallos siguen siendo una notable minoría. Esto corrobora no sólo el importante papel que desempeña la Corte en la solución pacífica de controversias, sino el respeto que los Estados le profesan. Por eso es que ahora, cuando la Corte vuelve a estar bajo ataque, resulta fundamental que la comunidad internacional alce la voz en defensa del estado de derecho y de la solución pacífica de las controversias por medio de la razón y la justicia, nunca por la fuerza.

Quizás volvamos a ver juicios llevados en rebeldía, como sucedió con Nicaragua en los años 80, teniendo ahora como protagonistas a Irán y a Palestina. Quizás volvamos a tener sentencias de la Corte que son despreciadas e incumplidas. En todo caso, lo importante será recordar que la mejor opción siempre será recurrir a una corte de derecho para dirimir una disputa; que las sentencias de la CIJ seguirán marcando la pauta de un orden global basado en la legalidad y la justicia; y que la impunidad jamás legitima los abusos de los poderosos, al contrario, los aísla y los exhibe como lo que son. Finalmente, los ataques a la Corte Internacional de Justicia representan precisamente eso: el reconocimiento implícito de que ante la falta de argumentos jurídicos sólo queda el recurso a los insultos.

Pablo Arrocha Olabuenaga. Licenciado en derecho por la UNAM; maestro en derecho internacional público por University College London. Desde 2012 es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Las opiniones expresadas en este artículo son personales y no representan una posición oficial del gobierno de México.


1 Ver “The State of Palestine institutes proceedings against the United States of America”.

2 Ver “Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)”.

3 Ver “Pompeo announces termination of 1955 treaty with Iran after sanctions ruling”.

4 Ver “U.S. withdraws from international accords, says U.N. world court ‘politicized’”.

5 Ver “The UN doesn’t work. Here’s a fix”.

6 Ver “Trump official John Bolton declares International Criminal Court ‘dangerous’ and ‘dead to’ America”.

7 Ver “Dozens of U.S. Missiles Hit Air Base in Syria”.

8 Ver “Trump Will Withdraw U.S. From Paris Climate Agreement”.

9 Ver comunicado “The United States Withdraws From UNESCO”.

10 Ver “Donald Trump pulls US out of UN global compact on migration”.

11 Ver “U.S. Pulls Out Of U.N. Human Rights Council”.

12 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 38(1).

13 El listado completo se puede consultar aquí.

14 La declaración se puede consultar aquí.

15 Ver “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)”.

16 Ver, por ejemplo, “US dismisses World Court ruling on contras”.

17 Para una explicación más detallada sobre el Caso Avena, ver “El caso Avena y otros nacionales mexicanos (México c. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia”, Juan Manuel Gómez-Robledo, Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

18 Ver “Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America)”.

19 Ver “LaGrand (Germany v. United States of America)”.

20 Ver “U.S. Says It Has Withdrawn From World Judicial Body”.

21 Para un análisis más completo sobre el incumplimiento del fallo Avena, ver “Caso Medellín vs. Texas. Comentarios al fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, así como a la solicitud de interpretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004, presentada a la Corte Internacional de Justicia por México en junio de 2008”, Pablo Arrocha Olabuenaga, Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

22 Ver comunicado “México condena la ejecución en Texas del connacional Rubén Cárdenas Ramírez”.

23 Artículo 27(3) de la Carta de la ONU.