El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos y temas más destacados conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, presento esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a la vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


1. Libertad de expresión y taxatividad1

Durante este periodo fue analizado el contenido del artículo 335 del Código Penal del estado de Nayarit: “Se aplicará de seis meses a dos años de prisión o multa de tres a quince días de salario al que impute falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa.” El argumento usado para su revisión fue que dicho contenido vulneraba la libertad de expresión y el principio de taxatividad. En ese sentido se resolvió, a través de la SCJN, que efectivamente existía una violación de ambos principios. Desde el ángulo de la libertad de expresión se trataba de determinar si el texto podía ser considerado como una responsabilidad ulterior acorde con el sistema constitucional. Para lograr esto, fue retomada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual indica que, para considerar este acuerdo, los siguientes requisitos deben ser satisfechos: causales de responsabilidad previamente establecidas; definición expresa y taxativa de dichas responsabilidades; fines legítimos para establecerlas; y necesarias en una sociedad democrática para asegurar dichos fines.

Además, fue determinado que el marco jurídico de estudio debía considerarse inválido, en vista de diversas circunstancias, tales como el establecimiento del legislador de un delito denominado “de peligro”, en este caso, de la violación del derecho al honor y no por efectivamente su daño, que inclusive la aceptación de la hipótesis de sancionar dicha conducta aun cuando se hubiera tenido la intención de generar el daño. De igual manera no se establece si la conducta debe ser realizada frente a alguna autoridad, cualquier persona o cualquier foro. Asimismo, la norma así redactada había generado un impacto negativo desproporcional sobre el gremio periodístico, al sancionar la divulgación de información contenida en otras fuentes o devenida de hechos notorios.2

2. Taxatividad3

En esta acción de inconstitucionalidad se analizó una norma que pretendía sancionar la conducta realizada por las personas quienes, en la búsqueda de que un inocente aparezca como culpable de un delito, pusieran en las vestiduras del calumniado, en su casa, en su automóvil o en cualquier lugar adecuado, “una cosa que pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad”.

La SCJN lo decidió inválido –que afectaba principalmente al derecho a la legalidad en su vertiente de la taxatividad- ya que la descripción es ambigua, y según dijo el ponente: “contiene elementos de carácter objetivo, normativo y calidades especiales de los sujetos pasivo y activo del delito que resultan indeterminados”. Como ejemplo de lo anterior el sujeto pasivo, al que se le da la categoría de inocente sin referir exactamente qué significa, como juzgado, sentenciado, absuelto, o cualquier persona que no haya cometido falta alguna.4

3. Derechos de la niñez5

En este tema existe una discusión interesante sobre si el asunto debía ser desestimado ya que la norma que iba a ser estudiada ya había sido derogada por la legislatura local respectiva. La norma indicaba que en el sistema de justicia para adolescentes debían de garantizarse los derechos humanos reconocidos dentro del sistema constitucional mexicano y dentro de ellos debe de estar el de no ser expuesto ante los medios de comunicación. La parte en estudio era la siguiente: “sin que medie el consentimiento que establezca la ley correspondiente”. Esta parte citada fue la que, efectivamente, fue derogada. Sin embargo, la SCJN decidió entrar a su estudio debido a las particularidades de la norma. Por un lado, la Constitución mexicana especifica que, tratándose de normas de tipo penal como la que está siendo estudiada, la declaratoria de inconstitucionalidad tendría efectos retroactivos que podrían ser aplicables a los casos en donde ya se hubiera juzgado de acuerdo con la norma. Por el otro lado están los derechos que, potencialmente, estarían violentándose (privacidad, autonomía, derecho a no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas, presunción de inocencia). Finalmente, la SCJN decidió analizar el asunto bajo tres enfoques:

• En primer lugar, porque está dirigido a menores de edad en función del interés superior del menor. La SCJN entiende que este principio es un derecho humano y exige una normativa devenida del principio de autonomía personal. De esta manera, resulta una directriz dirigida a los poderes públicos para garantizar y maximizar –mediante la emisión y aplicación de normas jurídicas, la creación de instituciones, la emisión de actos administrativos, entre otros- la protección de dicho principio. En tal sentido, al tratarse de medidas legislativas o administrativas, debe haber un escrutinio más estricto para su legitimidad constitucional que evidencie su adecuación, necesidad y proporcionalidad. Por lo anterior, en su estudio concreto, la SCJN determinó que esta medida no abonaba un efecto benéfico en el desarrollo de la personalidad del menor, sino un estigma que puede dañar significativamente el desarrollo de su autonomía personal, y aun en el caso del consentimiento del menor, puesto que no podría advertir la generación de un daño severo en la personalidad de éste. Por esto se justifica que el Estado imponga un impedimento de su exposición como probable autor de una conducta delictiva, en pro de proteger su autonomía futura.

• En segundo lugar, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, ya que se permite que se exponga públicamente como un sujeto infractor antes de que se le dicte una sentencia definitiva.

• En tercer lugar, es violatorio del sistema de justicia integral para menores, porque la medida no sigue un fin educativo y sí un fin estigmatizador en detrimento del propósito de reinserción social.6

4. Legislación familiar7

El artículo en estudio establecía lo siguiente: “Las discapacidades establecidas por la ley son solo restricciones a la capacidad de ejercicio. Son personas con discapacidad: I. Los menores de edad; y, II. Las personas físicas que, siendo mayores de edad, presenten una perturbación, afección, alteración o daño, que trastorne las capacidades y funciones de pensamiento, raciocinio y toma de decisiones, provocando que no puedan obligarse por sí mismas o manifestar su voluntad por algún medio. Las personas con discapacidad podrán ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes.”

La CNDH, quien fue la promotora del asunto, argumentaba que en este precepto se presentaban restricciones a la personalidad jurídica al establecer diferentes tipos de discapacidad. Para la SCJN el artículo analizado efectivamente debía declararse inválido, ya que confundía la discapacidad con la incapacidad. Se argumentó que la capacidad como aptitud para ser sujeto y ejercer derechos y obligaciones, implica tanto el goce como el ejercicio de la misma, lo que se traduce, específicamente hablando, de la capacidad de ejercicio, en la posibilidad que una persona tiene para ejercer sus derechos y obligaciones por sí misma. Por ello, en la relación discapacidad-incapacidad, podemos estar frente a una persona con algún tipo de discapacidad, pero en plena potencialidad de ejercer sus derechos, es decir, plenamente capaz. Teniendo ello en mente, la SCJN afirmó que la norma podía interpretarse como la existencia de una restricción a la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad que no están necesariamente impedidas física, mental, intelectual o emocionalmente para externar su voluntad y celebrar actos jurídicos.8

La siguiente norma analizada preveía la posibilidad de otorgarle plena eficacia al matrimonio, al convalidarse la ausencia original de voluntad expresada en forma libre y espontánea por parte de uno de los cónyuges –voluntad que pudo ser afectada por el otro cónyuge como por terceros-. La SCJN consideró esto como inválido ya que pone al cónyuge afectado en una situación de vulnerabilidad, debido a que las amenazas o la violencia ejercida en un primer momento contra el o ella podría ser considerada como legal.9

5. Derecho a la consulta

El 28 de junio se discutieron dos asuntos sobre este tema, en donde la SCJN afianzó una vez más, la importancia de la satisfacción del derecho a la consulta para comunidades indígenas, cuando se trata de la creación o modificación de normas jurídicas. En el primero10 de ellos, se estudiaba la sustitución de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México por la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. En este caso, es interesante que se determinó la inconstitucionalidad de la nueva norma. Esto se debe a que ya existe, y está en funcionamiento, la institución a que hace referencia la norma. Debido a esto se le decidió dar un año al Congreso del Estado para realizar la consulta respectiva.11

El segundo asunto12 trataba de cambios legislativos que tocaban derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tales como: intérpretes y sus protocolos de actuación; el nuevo requisito para ser un juez maya; la incorporación de otros principios que rigen el sistema maya; y la modificación del procedimiento de elección de jueces mayas, para permitir que puedan participar personas que no pertenezcan a la respectiva comunidad maya. En tal sentido, al no haber existido consulta y sí existir la obligación de abrir un apartado en el proceso legislativo para realizar dicha consulta, se determinaron como inválidas las normas.13

6. Privacidad14

En la legislación se establecía la facultad del ministerio público de solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable. A ello, los accionantes del asunto argumentaban que permitía a dicha autoridad a intervenir comunicaciones sin autorización judicial, lo cual violentaba, términos constitucionales. La SCJN determinó que la norma no debe ser considerada inconstitucional ya que la facultad es exclusivamente de solicitud y debe cumplir con los requisitos del artículo 16 constitucionales tales como: fundación, motivación, reserva judicial, etc.15

Un segundo tema analizado, fue la facultad de la autoridad ministerial de solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable. Sobre esto se argumentaba que debía ser considerado violatorio de términos constitucionales, ya que afectaba al derecho a la privacidad. Los ministros Zaldívar y Cossío argumentaban que la remisión simple a la “legislación federal o local” no daba garantías suficientes de satisfacción de los requisitos constitucionales, y que toda petición debía mediar por un órgano jurisdiccional. El ponente corrigió el estudio original y afirmó que haría énfasis en la remisión a las leyes aplicables para efecto de la satisfacción de los términos de la carta fundamental.16

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual este análisis es un producto. El estudio se hizo con la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumnos de la licenciatura en Derecho de la UAC. Agradezco la colaboración y los puntuales comentarios del Dr. Gustavo González Galindo, líder del Cuerpo Académico “Eficacia Jurídica y Derechos Humanos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, que sin duda mejoran el contenido del presente estudio. victorcolliek.com

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1 Acción de Inconstitucionalidad 113/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el 29 de mayo de 2018.

2 Unanimidad de diez votos a favor del sentido del proyecto, p. 29.

3 Acción de Inconstitucionalidad 115/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días 29 de mayo y 5 de junio de 2018.

4 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta, p. 37.

5 Acción de Inconstitucionalidad 39/2015. Ponente Min. Norma Lucía Piña Hernández. Sesionada el 7 de junio de 2018.

6 Unanimidad de diez votos a favor del sentido del proyecto, p. 34.

7 Acción de Inconstitucionalidad 107/2015. Ponente Min. Margarita Beatriz Luna Ramos. Sesionada los días 11, 12, 14 y 18 de junio de 2018. Código Familiar para el Estado de Michoacán Ocampo.

8 Unanimidad de once votos a favor del sentido de la propuesta modificada, sesión del 11 de junio de 2018, p. 56.

9 Unanimidad de once votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 12 de junio de 2018, p. 28.

10 Acción de Inconstitucionalidad 84/2016. Ponente Min. Eduardo Medina Mora.

11 Unanimidad de votos a favor del proyecto, pp. 35-36.

12 Acción de Inconstitucionalidad 151/2017. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena.

13 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, p. 43.

14 Acción de Inconstitucionalidad 39/2012. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada el 10 de julio de 2018.

15 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 23.

16 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 30.