Hace unos días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto histórico1 sobre el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans. Se trata del amparo en revisión 1317/2017, en el que estableció que el procedimiento idóneo para hacer la adecuación de un acta de nacimiento en la mención sexo genérica, es el formal y materialmente administrativo.

La concesión de este amparo marca un parteaguas para el acceso de las personas trans al derecho a la identidad, pues, ajustándose a lo desarrollado en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),2 se determinó que para acceder al reconocimiento de la identidad de género no se deben instaurar procedimientos desproporcionados e invasivos de la vida privada. La resolución tiene tanta relevancia como la que en su momento tuvo el amparo directo 06/2008, resuelto por el Pleno, en el que se reconoció el derecho a hacer las adecuaciones necesarias en las actas de nacimiento para ejercer el libre desarrollo de la personalidad.

Así, la sentencia representa un enorme avance para una población históricamente discriminada, violentada y excluida como la población trans y, sin duda alguna, marca el rumbo a seguir en las interpretaciones que adopten los órganos el Poder Judicial de la Federación. No obstante, para generar un efecto obligatorio y reafirmar los criterios adoptados en el amparo en revisión 1317/2017 mediante jurisprudencia, la Corte tiene una gran oportunidad. Nos referimos a la resolución de la contradicción de tesis 130/2018, cuyos orígenes e implicaciones a continuación analizamos.

¿Cuáles son los criterios en contradicción?

La contradicción de tesis 130/2018 versa prácticamente sobre el mismo tema resuelto en el amparo en revisión 1317/2017: ¿es constitucional obligar a una persona trans a agotar un procedimiento judicial para adecuar su acta de nacimiento en el nombre y mención sexo genérica y, con ello, ejercer su derecho a la identidad?

Por una parte, se encuentran cuatro resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito,3 las cuales afirman que es constitucionalmente válido que, para acceder a un acta de nacimiento que refleje su identidad, las personas trans tengan que agotar el trámite riguroso de un juicio, aunque el mismo  implique a) el ofrecimiento y desahogo de pruebas; b) la intervención del ministerio público y de quienes “pudieran tener interés”; c) la publicación de la demanda de rectificación en el juzgado durante cinco días para efectos de que cualquier interesado pueda oponerse; y que d) un juzgador decida la procedencia o no de la adecuación.

Los casos que dieron origen a las tesis emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, tuvieron su origen en el estado de Guanajuato.4 Las demandas de amparo planteaban la inconstitucionalidad de la legislación guanajuatense, pues ésta prevé la vía administrativa para el cambio de nombre, no así para el caso de la identidad de género, que se deja por exclusión a la vía jurisdiccional.

El argumento central era que la protección diferenciada a dos elementos de la identidad —el nombre y la identidad de género— es un trato diferenciado, basado en una categoría sospechosa —el género— que impacta desproporcionadamente en la vida de las personas trans; dicho trato diferenciado no se encuentra justificado ni supera el test de escrutinio estricto y, por lo tanto, la norma que sólo prevé el cambio de nombre y no de identidad de género por la vía administrativa, es discriminatoria e inconstitucional.

El Tribunal Colegiado sostuvo, por su parte, que el trato diferenciado acredita el test de escrutinio estricto, puesto que debe prevalecer la seguridad jurídica de quien solicita un cambio de acta de dichas características y para ello se necesita un análisis de pruebas que solo puede llevar a cabo un juez. Además, sustentó su determinación en la protección de terceros.

En el mismo sentido, se encuentra otro de los criterios contendientes, también sobre la legislación guanajuatense, emitido por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en apoyo del mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.5 En este caso, el órgano judicial refiere que la norma es constitucional, pues establecer las vías para el acceso a un derecho forma parte de la libertad configurativa del legislador, potestad que la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte IDH confirma para los Estados. No obstante, la resolución omite contrastar los requisitos establecidos en la legislación combatida, con los criterios desarrollados en la propia Opinión Consultiva (integralidad, gratuidad, confidencialidad, no patologización ni condicionarlas a intervenciones corporales y basarse en la autoadscripción). Finalmente, el fallo se limita a sostener que el acceso a la identidad de género es accesorio, un aspecto o presupuesto procesal que no forma parte del derecho fundamental como tal, y que la petición puede atenderse en la vía judicial.

Por otra parte, contiende el criterio desarrollado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.6 Este asunto trata de la legislación del estado de Baja California que prevé la vía administrativa cuando se solicita variar el nombre o “circunstancia esencial” para adecuarlo a su realidad social.

El criterio desarrollado por este Tribunal refiere que la adecuación en el acta de nacimiento debe regirse por las reglas de la rectificación del nombre registrado en las actas de nacimiento, sin la necesidad de acudir a un juicio. Esto, tras realizar una interpretación conforme en sentido amplio y advertir que el precepto legal sí prevé el supuesto, dado que no sólo establecía la posibilidad de variar el nombre, sino cualquier otra circunstancia esencial como la mención sexo genérica.

De tal manera, encontramos una contraposición en los criterios asumidos por los Tribunales Colegiados: por un lado, en Baja California se decidió que las personas trans pueden acceder a la vía administrativa para la adecuación de sus documentos; por otro, en Guanajuato se les negó esa posibilidad y se les conminó a la vía judicial. Si bien la interpretación de todos los tribunales precisa que la mención sexo genérica es un elemento esencial, en Baja California esto fue razón suficiente para hacer procedente el trámite en la vía administrativa, mientras que en Guanajuato fue el motivo por el que se consideró improcedente.

De esta forma, el nombre y la identidad de género, elementos  equivalentes que forman parte del espectro del libre desarrollo de la personalidad y de la identidad, adquirieron distinto valor dependiendo de dónde haya sido registrada la persona, y de la interpretación que en un juicio de amparo se hizo de tal situación.

Las posibilidades y consecuencias de lo que decida la Suprema Corte

En el amparo en revisión 1317/2017, se determinó que las normas que obligan a llevar a cabo un procedimiento judicial son inconstitucionales, y que éstas no deben aplicarse para los casos de personas trans, sino que se debe posibilitar y dar trámite a un procedimiento formal y materialmente administrativo. Tras este precedente la Corte tiene, desde nuestra la óptica, al menos tres posibilidades de resolución en esta contradicción de tesis:

1. Considerar que las normas para el acceso a la adecuación del acta de nacimiento deben interpretarse de forma amplia para garantizar el acceso a personas trans al cambio de la mención sexo genérica, esto tanto por parte de autoridades judiciales como por autoridades administrativas, entre las que se incluye al registro civil.7

2. Determinar que los requisitos establecidos en la legislación del estado de Baja California se ajustan a su reciente decisión y a los de la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte IDH, no así los del estado de Guanajuato. En consecuencia, declarar inconstitucional la legislación guanajuatense que excluye la posibilidad de adecuar la mención sexo genérica en las actas de nacimiento en la vía administrativa, y hacer prevalecer el criterio sustentado en el amparo en revisión 1317/2017.

3. Aunque de forma menos probable, la Corte podría considerar que los requisitos de ambas legislaciones son constitucionales y convencionales, derivado de la libertad de configuración legislativa.

El amparo en revisión 1317/2017 representa una luz en el camino recorrido por las personas trans en la justa búsqueda del reconocimiento de su identidad. Asimismo, la resolución derivada de la contradicción de tesis 130/2018 será de suma relevancia para proteger el derecho a la identidad de las personas trans sin obstáculos injustificados, máxime cuando para el caso del estado de Guanajuato existen distintas tesis en el sentido de obligarlas a agotar los requisitos anteriormente mencionados.8 De forma que, mientras no se resuelva la contradicción de tesis, las personas trans registradas en dicho estado seguirán en incertidumbre.

Nos encontramos en un contexto en el que los prejuicios que pesan sobre las identidades trans no han hecho más que perpetuar la discriminación que viven diariamente. Prueba de ello es la distinción en la legislación para el cambio de documentos, así como las interpretaciones restrictivas que asumen que las identidades trans son distintas a cualquier otra y deben ser verificadas. La Corte debe continuar en la misma línea de reconocer más derechos para más personas. En la contradicción de tesis 130/2018, el derecho en cuestión es el acceso a la identidad de género, aquí, la forma de garantizarlo siempre ha sido el fondo.

Rebeca Lorea Hernández y Javier Meléndez López Velarde. Abogados por la Universidad Iberoamericana León y cofundadores de Amicus DH A.C. Twitter: @Rebeca_lorea y @Javier_mlv


1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 17 de octubre 2018, Comunicado 130/2018 “Otorga Primera Sala Amparo para que Registro Civil de Veracruz dé trámite administrativo a una solicitud de adecuación de identidad de género”.

2 Corte Idh, Opinión Consultiva 24/2017 “Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo”, 24 de noviembre de 2017, serie A

3 Amparos en revisión 313/2016; 35/2017; 42/2017 y 80/2017

4 Al respecto, en este texto describimos la ruta de los litigios.

5 Amparo en revisión 284/2017

6 Amparo en revisión 182/2016

7 Sobre este criterio, el Juzgado Noveno de Distrito del Décimo Sexto Circuito, con sede en Irapuato, Gto., resolvió en dicho sentido el Amparo Indirecto 968/2016-I, sobre la legislación guanajuatense.

8 Para mayor información, consultar los criterios con número de registro 2017457, 2017458, 2017459, 2016944, 2015894, 2015895 y 2015896.