El 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humos (Corte IDH) hizo pública su sentencia en el Caso Cuscul Pivaral vs. Guatemala. Entre los puntos que destacan la importancia del caso, se encuentra el papel de la estadística para garantizar los derechos humanos. Si bien la Corte IDH no se pronuncia al respecto, sí ordena a Guatemala generar información estadística que sirva de indicador para supervisar los alcances de los servicios de salud para personas con VIH/SIDA.

Resulta particularmente preocupante que en Guatemala no exista información estadística completa, actualizada y confiable en materia de la población con VIH/SIDA. Esta omisión estatal imposibilita monitorear el principio de progresividad, así como el estado del ejercicio del derecho a la salud, en virtud de que no existen puntos de referencia para una comparación cuantitativa. Si bien la Corte IDH no hizo mayor referencia durante el análisis de derecho en la sentencia, esta terminó ordenando a Guatemala instaurar un sistema de información sobre el alcance de la epidemia del VIH en el país, incluyendo información estadística de las personas atendidas por el sistema de salud público, así como información estadística sobre el sexo, edad, etnia, lengua y condición socioeconómica de los pacientes.1

La medida en sí es un gran avance, dado que al cumplirse podrá impactar de manera significativa en la atención que reciben las personas con VIH/SIDA dentro de ese país. No obstante, la Corte IDH también tuvo la oportunidad de analizar el papel que tiene la generación de información estadística para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el principio de progresividad para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Tal como ha señalado la Corte IDH, dicho principio implica que existen obligaciones que deberán ser garantizadas de manera progresiva hasta llegar al máximo de los recursos disponibles. Pero esto no quiere decir que no existan obligaciones inmediatas en manera de DESC.2

De igual manera, la Corte IDH ha reconocido que del principio de progresividad se desprende un deber de no regresividad, el cual consiste en la prohibición de adoptar medidas que restrinjan de manera injustificada el ejercicio de algún derecho.3 Nosotros consideramos que, entre las obligaciones inmediatas del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del deber de adoptar medidas de carácter interno establecido en el artículo 2 del mismo tratado, se desprende la obligación de generar información estadística sobre determinados sectores, así como indicadores para la medición de los derechos humanos. Ambos tipos de data resultan indispensables para medir si un país está garantizando de manera progresiva un derecho, así como para medir los impactos en el ejercicio de derecho que genera una medida acusada de regresiva.

Los indicadores pueden utilizarse de múltiples maneras, pues son instrumentos eficaces para: formular mejores políticas públicas y vigilar la progresividad de los derechos, identificar actores externos al Estado que influyen en la realización de los derechos, anticipar posibles violaciones a los derechos humanos para la adopción de medidas preventivas, entre otras.4 El uso de indicadores apropiados es una forma de ayudar a los Estados a evaluar sus propios avances a la hora de garantizar el disfrute de los derechos humanos por sus poblaciones.5 Metodológicamente, son necesarios diversos indicadores para que, en conjunto, puedan dar una mejor aproximación a la medición que incluye también técnicas y elementos cualitativos complementarios.6

En el sistema universal, esta labor en materia de indicadores se inició en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a petición de la reunión de los comités para ayudarlos a utilizar la información estadística presentada en los informes en los Estados partes al evaluar la observancia en derechos humanos.7 Fue después de un amplio estudio de la literatura y las prácticas predominantes entre las organizaciones nacionales e internacionales, en lo que respecta a la utilización de información cuantitativa en la vigilancia de los derechos humanos, que se adoptaron medidas para elaborar un marco conceptual y metodológico que permitiese establecer indicadores de los derechos humanos que fuesen operacionalmente viables.8 Desde entonces, estos han sido utilizados en diversos organismos de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos.

Por ejemplo, se destaca que tanto el Comité DESC9 y el Comité de Derechos Humanos10 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigen a los Estados partes desglosar estadísticas e indicadores para la presentación de sus informes, con el objetivo de poder conocer la situación del ejercicio de los derechos humanos reconocidos en los Pactos Internacionales de derechos humanos. De manera particular, el Comité DESC ha señalado que es deber de los Estados establecer indicadores y las bases de referencia correspondientes del derecho a la salud.11 Un ejemplo de esto es cuando el Comité DESC, al analizar el cumplimiento del derecho a la salud en Reino Unido, tomó en consideración los porcentajes de crecimiento de desigualdad en el acceso a los servicios de salud. De esta manera, recomendó al Estado cumplir su compromiso de reducir dichas desigualdades en un 10% antes de 2010.12

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que parte de las obligaciones estatales para elaborar una política nacional en materia de servicios de salud incluye la organización de encuestas sobre accidentes y enfermedades graves, así como la elaboración de estadísticas anuales.13 Por su parte, el Comité de la CEDAW ha indicado que “la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer en cada uno de los Estados Partes en la Convención”.14 Incluso, el World Data Forum de Naciones Unidas celebrado del 22 a 23 de octubre de 2018 adoptó la Declaración de Dubai, la cual insta a los Estados parte que desarrollaran mecanismos para mejorar la cobertura, disponibilidad, calidad y frecuencia de la recopilación de información estadística. Igualmente, recalca la importancia de disgregar esta información de acuerdo con edad, género, etnicidad, discapacidad y cualquier otra condición que asista en la toma de decisiones y garantía de derechos.15

La CIDH también ha señalado que en la legislación internacional existen obligaciones claras y explícitas de producción de información vinculada al ejercicio de derechos de sectores excluidos o históricamente discriminados.16 De igual manera ha advertido la importancia de contar con información que brinde elementos para la evaluación y fiscalización de las políticas públicas.17 En el caso Cuscul Pivaral vs. Guatemala existen, además, razones de peso para considerar que la generación de información estadística e indicadores de resultados es indispensable para poder evaluar el cumplimiento del principio de progresividad en materia de personas con VIH/SIDA.

Para hacer frente a este incremento en el número de casos, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), considera que una de las herramientas esenciales para comprender con detalle la epidemia de VIH ha sido la recopilación, análisis y divulgación de datos, lo que a su vez contribuye a que los programas lleguen a las personas adecuadas en el sitio y en el momento adecuados. Disponer de datos de primera calidad sobre la respuesta al SIDA permite fijar objetivos ambiciosos, cuantificables y sujetos a plazos con los que hacer un seguimiento, garantizar la fiabilidad y así cumplir con su objetivo de poner fin de la epidemia de sida para el año 2030.18

Por supuesto que la puerta aún no está cerrada. Esperamos que, en algún punto no muy lejano, la Corte IDH –al igual que el Poder Judicial de la Federación- reconozca la importancia de generar información estadística e indicadores para la medición del cumplimiento de derechos humanos en tanto que se trata de una obligación sine qua non que permite evaluar el principio de progresividad y el deber de no regresividad. Solo así podrán tomarse los derechos económicos, sociales y culturales de manera seria.

Ángeles Cruz Rosel. Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @Angeles_acr

Carlos Luis Escoffié Duarte. Litigante y consultor en derechos humanos.; miembro del Centro de Estudios de Derechos.


1 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 225.

2 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párrs. 141 y 142.

3 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 143.

4 Ferrer Lues, Marcela; “Derechos Humanos en Población: indicadores para un sistema de monitoreo”, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, mayo de 2007, pág. 8.

5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), véase nota 87, pág. 2.

6 Organización de los Estados Americanos, “Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convencion De Belém Do Pará””, OEA/Ser.L/II.7.10, 30 de julio de 2013, p. 7.

7 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Aplicación efectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones en materia de presentación de informes de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos”, A/60/278, inciso g) de la página 11. Disponible en:

8 Naciones Unidas, véase nota 91, párr. 8.

9 Comité de Derechos Económico, Sociales y Culturales, E/C.12/2008/2, 24 de marzo de 2009, párr. 3.g.

10 Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/2009/1, 22 de noviembre de 2010, párrs. 25, 34, 59, 61, 71, 72, 73, 86 y 90.

11 Comité DESC. Observación General N° 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), E/C.12/2000/4, CESCR, 11 de agosto de 2000, párr. 53.

12 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. E/C.12/GBR/CO/5, 12 de junio de 2009, párr. 32.

13 Convenio Nº 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo (1981) y el Convenio Nº 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo (1985).

14 Comité CEDAW. Recomendación general Nº 9 (1989) sobre estadísticas relativas a la condición de la mujer.

15 Dubai Declaration, Supporting the implementation of the Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data.

16 Ídem.

17 CIDH. Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2008), véase nota 121, párr. 78.

18 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).