Continúa la discusión en la Corte sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y, en esta ocasión, los ministros ya entraron al fondo del asunto, pronunciándose particularmente sobre la posibilidad de declarar inconstitucional la totalidad de la ley. Si bien hoy se presentó un panorama mucho más alentador, nada está decidido aún de forma definitiva. Recordemos que el proyecto del ministro Pardo indicaba como primer punto de la discusión de fondo el análisis de los argumentos de la CNDH,1 el Centro Pro2 y otros, que sostenían que el Congreso de la Unión no estaba facultado expresamente para emitir leyes en materia de seguridad interior, por lo que todo el trámite de la ley, y la ley misma carecerían de legitimidad y validez normativa.

Sobre la facultad del Congreso de la Unión para emitir legislación sobre seguridad interior

El proyecto proponía: desestimar los argumentos y validar la facultad del Congreso para legislar.
La Corte decidió: hasta el momento, la mayoría de los ministros coincidieron en que el Congreso no tenía facultades y, por lo tanto, la LSI es inconstitucional (aún no hay votación formal).

El ministro Medina Mora, aunque con un argumento inicial cuestionable basado en que el Ejecutivo cuenta con competencias plenas en el ámbito de seguridad nacional (incluyendo seguridad interior) y en el mando y control de las fuerzas armadas, por lo que en consecuencia la materia no era regulable por el legislativo, se posicionó en el sentido de que el Congreso no tenía facultades y la ley era inconstitucional. Por otra parte, resaltó el hecho de que las fuerzas armadas no están diseñadas ni entrenadas para labores de seguridad pública, no obstante que se hayan empleado para ello en la práctica, permitiendo que ciertos gobiernos hayan eludido sus responsabilidades en la materia.

A continuación, el ministro Cossío señaló que el precedente de la acción de inconstitucionalidad 1/1996 es inaplicable al caso que se discute. Otro argumento del ministro Cossío, es que la institución que realiza cierta función constitucional es relevante para determinar la naturaleza y alcances de sus actuaciones y, por ello, desde su interpretación, la Constitución excluye a las fuerzas armadas del ejercicio de la seguridad pública, toda vez que la seguridad interior de ninguna manera puede considerarse como vertiente de la seguridad nacional. Posteriormente, Cossío señaló los supuestos constitucionales posibles para que las fuerzas armadas actúen en tareas de seguridad pública: declaración de guerra o suspensión de garantías, de no ser alguno de estos 2 casos, consideró que las fuerzas armadas no deberían salir de sus cuarteles.

Además, el ministro Cossío ya adelantó más argumentos sobre su posición aquí. Fundamentalmente indica que la LSI representa una vulneración al principio de división de poderes, una concepción errónea del papel de las fuerzas armadas en el Estado y lo inaceptable de la normalización de su uso en tiempos de paz.

El ministro Zaldívar, por su parte, fue más contundente al afirmar que “es claramente un fraude a la Constitución, en sentido técnico, no en sentido retórico” […] “cambiamos el concepto y todo parece estar bien, la ley parece estar disfrazando algo para regular la seguridad pública” a favor de la competencia de las fuerzas armadas. Además, el ministro indicó que la LSI rompe con la cláusula federal porque se impone en sus efectos como una ley general, como si fuera materia concurrente entre la federación y las entidades federativas, lo cual no es. Por otra parte, hizo énfasis en que la redacción de la LSI es tan general y se presta a tantos abusos, que no se puede aceptar que cumpla con los criterios3 de la Suprema Corte en la materia. Sobre la línea de las facultades regulatorias del Congreso, continuó diciendo que no podía regularse en una ley secundaria un régimen de intervención general de las fuerzas armadas en la seguridad pública, puesto que la Constitución y la interpretación jurisprudencial claramente establece un régimen excepcional.

La ministra Piña coincidió en la inconstitucionalidad, sin pronunciarse aún por el fondo, recurriendo al argumento de que el proceso legislativo fue deficiente por múltiples razones4 y señalando que el proyecto del ministro Pardo no toma en cuenta esos defectos. Específicamente indicó que el dictamen en la Cámara de Diputados5 fue aprobado sin la menor discusión sustantiva, por imposición de mayorías, y que esa falta de discusión constituye un vicio insalvable que determina su inconstitucionalidad por su nula calidad democrática. Un segundo argumento de la ministra Piña consiste en señalar que la LSI afecta directamente al territorio de los pueblos y comunidades indígenas y, por lo tanto, en cumplimiento de la obligación que impone al Estado Mexicano el Convenio 169 de la OIT, se debió de realizar una consulta previa, libre e informada a dichos pueblos y comunidades; el no haber cumplido con esa obligación hace inconstitucional la vigencia de la norma.

El ministro Pérez Dayán brevemente coincidió en que el Congreso no cuenta con facultades para reglamentar seguridad interior, y se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley.

El ministro Láynez Potisek se pronunció también por la inconstitucionalidad, señalando que la ley regula erróneamente seguridad pública a favor de las fuerzas armadas y la policía federal, y que además permite un régimen militar permanente en ciertos supuestos, lo cual no puede avalarse en una democracia constitucional. Indicó que la LSI en realidad no regula seguridad interior, sino que regula la participación de la federación en las tareas de seguridad pública responsabilidad de los municipios y las entidades federativas.

La sesión terminó a las 13:50 y la discusión continuará el jueves 15 a partir de las 11:00 a.m. Con el sentido de los votos anunciados, existe una buena probabilidad de que la LSI termine por declararse inconstitucional, pero no nos confiemos, esto no es seguro. Si no se alcanzan los 8 votos requeridos, tendría que elaborarse un nuevo proyecto de sentencia por un nuevo ministro. Aun y cuando se declarase inconstitucional, no terminaría el asunto, pues habría que ver la reacción del poder Legislativo, y si la nueva configuración política permitiría o no volver a intentar regular la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

Finalmente, como apuntó el ministro Cossío en su posición pública, es desafortunado el hecho de que el ministro Pardo haya estructurado la discusión con las cuestiones de competencia del Congreso separadas de los temas de invasión de esferas y de la regulación específica, porque probablemente esto podría evitar que la Corte se pronuncie formalmente sobre todos los puntos de la litis, dejando la puerta abierta a que otra legislatura apruebe una ley con los mismos vicios de fondo en un futuro, uno tal vez no muy lejano.

Carlos Escobedo Suárez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung.

Jesús Roberto Hernández Juárez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung.


1 La CNDH indicó que “A juicio de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la expedición de la Ley de Seguridad Interior no cuenta con el sustento constitucional que permita al Congreso de la Unión la emisión de dicho ordenamiento.”: escrito de interposición de la Acción de Inconstitucionalidad X/2018, página 41 y subsecuentes, disponible en: https://goo.gl/D5m3kx.

2 El Centro Pro indicó que “el artículo 73 en ninguna fracción habilita al Poder Legislativo Federal para expedir leyes en materia de Seguridad Interior”: escrito de interposición del Amicus Curiae en el expediente de la AI-6/2018 y sus acumuladas, disponible en: https://goo.gl/zxe9Uc.

3 Ver, entre otras, tesis: 1a. CXCI/2011 (9a.), 2a. XLIII/2008, P. LV/2010, 2a./J. 11/2017 (10a.), P. VI/2013 (10a.) y 1a./J. 84/99.

4 Señala al menos, la violación a las garantías de las fuerzas políticas minoritarias en el órgano legislativo y las formalidades del proceso, además, el hecho de que los legisladores conocieran el proyecto que se votaba minutos antes de la sesión en la que se votó.

5 El 30 de noviembre de 2017 el colectivo Seguridad Sin Guerra denunció que los diputados omitieron los trámites requeridos para aprobar la LSI.