Considerar a los animales como sujetos de derecho es uno de los tantos temas que día con día va evolucionando dentro del mundo jurídico. En este espacio ya he escrito algo similar con anterioridad respecto la constitucionalidad de las corridas de toros.1 Las corridas de toros son un ejemplo del debate al respecto, aunque cabe recalcar que en dicho proyecto de sentencia relacionado con la tauromaquia, el cual fue elaborado por el ministro González Salas, no se reconocía como tal un derecho al toro como animal por considerarse un ser vivo, sino que la prohibición de las corridas de toros se ancla en la premisa argumentativa fundamental de que el Estado debe garantizar el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4° constitucional.2

De esta manera, el pasado 31 de octubre, la Primera Sala abordó nuevamente un tema de constitucionalidad que proviene de un singular amparo: las peleas de gallos. El amparo en revisión 163/2018, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, contiene argumentos bastante interesantes respecto de los derechos de los animales y del derecho humano a la cultura. Este debate inicia debido a la promoción de un amparo indirecto en el cual se señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión y al Gobernador del estado de Veracruz. El primero fue señalado por las reformas realizadas a la Ley de Protección de Animales para el estado de Veracruz; mientras que el segundo por su promulgación. El objeto de la reforma fue la de prohibir expresamente las peleas de animales.3 Esto ocasionó que una persona moral solicitara la protección de la Suprema Corte al sentirse vulnerada en sus derechos.

Los conceptos de violación expresados por la quejosa fueron varios,4 pero para efectos del presente artículo me enfocaré en los que llamaron más mi atención, y los que considero pertinentes para ampliar el debate relativo a los derechos de los animales. Uno de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa fue “que no afectaba la preservación animal”.5 En este punto ella argumentó que: “las peleas de gallos de ningún modo ponen en peligro la preservación de estos animales. Por el contrario, la realización de esta clase de espectáculos propicia la existencia de criadores especializados que cuidan de estas aves desde su nacimiento crecimiento, madurez y reproducción.”6 Respecto del “derecho a la cultura”, la quejosa argumentó que:

Las peleas de gallos son un espectáculo público que, por tradición, se realiza en las fiestas patronales del Estado. En este sentido, al reformar la Ley de Protección a los Animales, el legislador omitió considerar los usos, costumbres y tradiciones de Veracruz, entre las que se encuentran precisamente las peleas de gallos.7

Resulta interesante el argumento que el Juez de Distrito utilizó para declarar infundado este último concepto de violación. La premisa del Juez se basaba simple y llanamente en que,

…si bien es cierto que el artículo 4° constitucional establece el derecho al acceso, promoción, difusión, respeto y protección a la cultura, este derecho no es absoluto y tiene ciertos límites, y que si el legislador consideró necesario prohibir las peleas de animales para proteger el derecho al medio ambiente (consagrado en el mismo artículo constitucional), es claro que la prohibición reclamada no transgrede el derecho a la cultura.

Para resolver el fondo, el ministro Zaldívar realizó un test de proporcionalidad analizando los agravios en torno al derecho a la cultura, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad. Decidió estructurarlo así, ya que de esa manera se permitiría dar respuesta a otros argumentos secundarios alegados por la quejosa. Independientemente de lo anterior, me enfocaré solamente en los argumentos vertidos sobre el derecho de los animales y el derecho humano a la cultura. En esta línea, el ministro Arturo Zaldívar sostuvo desde el principio que el argumento de la quejosa era infundado, pero no por las razones vertidas por el Juez. En un primer momento, debemos entender que, para este caso en concreto, debemos conocer y entender como “cultura” al derecho a participar en la vida cultural.8Lo anterior proviene de la Observación General N° 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual se menciona que una de las facetas del derecho a la cultura, debe verse como una libertad de participar e incursionar libremente y de manera individual y colectiva en diversas actividades culturales.9

En un segundo momento, fue consultada la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en la cual se puede ver en su preámbulo que:

la cultura debe ser considerar como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

Tomando esto en cuenta, el problema que identificó el ministro Zaldívar consistía en determinar si cualquier manifestación cultural debe ser tutelada por la Constitución mexicana, la cual contempla un conjunto y una diversidad de principios y valores democráticos del pluralismo de la sociedad. Y, con base en lo anterior, me atrevo a decir que volvemos a la premisa de que ningún derecho humano es absoluto y, por lo tanto, tienen límites. El mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que en ciertas circunstancias se pueden imponer limitaciones al derecho a participar en la vida cultural cuando se trate, por ejemplo, de prácticas negativas aun cuando se involucren las costumbres y tradiciones o cuando se atente contra derechos humanos.10

Ahora bien, aquí empiezan a relacionarse el derecho a la cultura y los derechos de los animales. Lo interesante, y sobre todo relevante aquí, es que, a diferencia del amparo de las corridas de toros, en el amparo relativo a las peleas de gallos sí se tomó en consideración los derechos de los animales como guía para una decisión judicial. Lo anterior es así, ya que después de examinar el asunto, se determinó que no existe una afectación directa hacia las  personas, pero sí a los animales. La sentencia del ministro Zaldívar demuestra que la Primera Sala entiende perfectamente que las peleas de gallos representan en sí una expresión cultural, pero que no son una expresión cultural digna de protección constitucional11 ya que, prácticamente, se trata de un duelo a muerte entre animales.

Por lo tanto, si bien se reconoce el derecho a la cultura como un derecho para ser libre de participar en las actividades culturales, ya sean individuales o colectivas, prevalece el deber del club de la Constitución de respetar y garantizar el derecho de los animales. Esto es debido a que las peleas de gallos, aunque se consideren como una actividad cultural, justo como alegaba la empresa quejosa, no cuentan con protección constitucional, tal y como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte. Como bien dice esta decisión: “En este sentido, cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparado ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución”.12

Oscar Leonardo Ríos García. Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida.


1 Oscar Leonardo Ríos García, “La constitucionalidad de las corridas de toros”, El Juego de la Suprema Corte.

2 Amparo en revisión 630/2017, p. 16.

3 Tal y como indica el artículo 3° de la Ley.

4 En realidad, son muy parecidos a los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en el amparo de las corridas de toros. Entre ellos son: i) derecho a la libertad de trabajo; ii) incompetencia del Congreso Local para legislar en materia ambiental; iii) igualdad y no discriminación (entre otros).

5

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Amparo en revisión 163/2018.

7 SCJN Amparo en revisión 163/2018, p. 7.

8 Lo anterior de conformidad con el artículo 15.1, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

9 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 27.

10 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 31.

11 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 32.

12 SCJN, Amparo en revisión 163/2018, p. 33.