El pasado jueves 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala1 en el que declaró, por primera vez, en sus más de 40 años como tribunal internacional, la violación a la obligación de progresividad (artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de los 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

Si bien no es la primera ocasión en donde la Corte ha declarado responsable a un país por la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de manera directa (DESCA), lo cierto es que la sentencia del caso Cuscul Pivaral abre una nueva época en el derecho interamericano por los siguientes motivos: a) el caso brinda una justificación más detallada de las razones por las cuales la Corte Interamericana tiene competencia para conocer de violaciones a los DESCA, b) aborda la aplicación de la obligación de progresividad, c) define qué implica la atención de la salud de personas que viven con VIH/SIDA y d) ordena la creación de un mecanismo participativo como medida de reparación. Estas cuestiones serán resaltadas brevemente.

En primer lugar, en el caso Lagos del Campo vs. Perú(2017) la Corte Interamericana externó que ya había resuelto su competencia para declarar violaciones sobre derechos sociales2 y en el caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile (2018) refirió que, para dar contenido específico a las obligaciones y al contenido de los derechos sociales, se había realizado una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva.3 Sin embargo, de un análisis de dichos fallos, en realidad el tribunal interamericano no había realizado una interpretación como lo exigían las reglas del derecho internacional, en particular al analizar los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Es, en este sentido, que el caso Cuscul Pivaralresulta de suma relevancia, pues fundamenta con rigurosidad esta exigencia al tomar en consideración la interpretación literal, sistemática, teleológica y otros métodos complementarios de interpretación (los trabajos preparatorios). Esta cuestión era toral ya que diversas voces exigían una justificación más concisa ante un cambio tangencial de la jurisprudencia tradicional de la Corte Interamericana (que hasta antes del 2017 se negaba a conocer violaciones directas de derechos sociales).

En segundo lugar, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de un Estado parte de la Convención Americana por la falta de avance en la efectividad del derecho a la salud, en el caso concreto de las 43 víctimas. Aunque el Tribunal Interamericano ya había definido previamente lo que entendía por progresividad,4 vale la pena destacar cuatro elementos adicionales: i) por un lado, la progresividad debe ser entendida como la prohibición de inacción del país frente la efectividad del derecho; ii) por otro lado, se debe analizar que no sólo se incumplen las obligaciones internacionales de realización progresiva por no contemplar políticas públicas o programas (lo que podríamos denominar progresividad normativa); iii) que se incumplen las obligaciones internacionales de realización progresiva cuando, pese a contar con esos programas o políticas públicas en disposiciones normativas, no se demuestra que se han hecho esfuerzos para que de facto se avance en el cumplimiento de la plena efectividad de un derecho (lo que podríamos denominar progresividad de resultados) y; finalmente, iv) en que la evaluación del cumplimiento o no, de la obligación de progresividad se deberá tener en consideración el uso máximo de los recursos disponibles y al tiempo que se presta especial atención a los grupos vulnerables o marginados.

En tercer lugar, el Tribunal Interamericano estableció estándares más detallados en materia de atención de la salud de las personas con VIH/SIDA. Esta llegó al grado de concebir que se debe incluir el acceso a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo de la infección, incluida la terapia antirretroviral y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas seguras y eficaces para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de las enfermedades oportunistas y de las enfermedades conexas, así como el apoyo social y psicológico, la atención familiar y comunitaria, y el acceso a las tecnologías de prevención.

Finalmente, y quizá el aspecto más novedoso de la sentencia, fue la medida de reparación consistente en el diseño de un mecanismo para garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los antirretrovirales, los exámenes diagnósticos y las prestaciones en salud para la población con el VIH. Lo más singular de dicha de medida de reparación es que la Corte IDH enfatizó que para que el diseño e implementación de este mecanismo sea efectivo, el Estado deberá convocar la participación de la comunidad médica, de personas que viven con el VIH que sean usuarios del sistema de salud, de las organizaciones que los representen, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala en lo que respecta a la fijación de prioridades de atención, la adopción de decisiones, la planificación y la evaluación de estrategias para la mejor atención de la salud.5

Este tipo de medida otorgada en la sentencia es acorde a las prácticas que, desde países como Colombia, Argentina, India o Sudáfrica,6, han sido implementadas para garantizar que las decisiones en materia de DESCA se materialicen y no sólo queden plasmadas en papel. Los mecanismos dialógicos o deliberativos7 constituyen un intento indispensable tanto desde el punto de vista de la eficacia de los derechos sociales como desde la óptica de las personas que serán las beneficiadas de esa toma de decisiones. Esto se deba a que no hay nadie mejor que los destinatarios de las políticas públicas para definir sus principales necesidades y la mejor forma de combatirlas. Esta medida de reparación constituye también un medio por el cual se crean mejores canales de diálogo entre el gobierno y la sociedad en general, tratando de corregir la desigualdad existente en amplios sectores de la población.

Todos estos nuevos elementos que aporta la sentencia de la Corte Interamericana pueden, válidamente, ser parte de nuestro parámetro de regularidad constitucional. Por ende, estos pueden abonar a un mayor desarrollo de la jurisprudencia en materia de derechos sociales en el contexto mexicano, ya que si en algo se ha caracterizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país es en la poca consistencia que han tenido los fallos sobre la materia.

Juan J. Góngora Maas. Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, IIJ-UNAM


1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala”, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2 En el caso la Corte IDH declaró la violación del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y el derecho de asociación para la defensa de los derechos y de los intereses de los trabajadores en el contexto de relaciones laborales entre particulares. Caso Lagos del Campo vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrafos 142 y 154.

3 En este caso la Corte IDH declaró la violación del derecho a la salud de una persona adulta mayor por una serie de negligencias médicas en sus dos ingresos a un hospital público en Chile. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 103.

4 La obligación de progresividad fue entendida en el caso Poblete Vilches vs. Chile como : “104. (…) no debe interpretarse en el sentido que, durante su periodo de implementación, dichas obligaciones se priven de contenido específico, lo cual tampoco implica que los Estados puedan aplazar indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos en cuestión, máxime luego de casi cuarenta años de la entrada en vigor del tratado interamericano. Asimismo, se imponte por tanto, la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados”.

5 Caso Cuscul Pivaral y otros, Ibídem., párr. 226.

6 Véase: Corte Constitucional de Sudáfrica: Government of the Republic of South Africa. & Ors v Grootboom & Ors ;Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)” ; Corte Suprema de India: People’s Union for Civil Liberties Vs. Union of India and Other, Petition (Civil) ; Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T- 025; Sentencia T- 760/08; Sentencia T-762/15; Sentencia T-622/16;Sentencia T- 302/17, 2017 y Sentencia T-080/18. Véase para un estudio más detallado: Rodríguez Garavito, César y Rodríguez Franco, Diana. El juicio a la exclusión. El impacto de los tribunales sobre los derechos sociales en el Sur Global (2015) y Benetti, Miguel Ángel y Sáenz, María Jimena. Las audiencias públicas de la Corte Suprema. Apertura y Limites de la participación ciudadana en la justicia (2016)

7 Véase al respecto: Gargarella, Roberto. Por una justicia dialógica. El poder judicial como promotor de la deliberación democrática (2014) y García Jaramillo, Leonardo. Constitucionalismo deliberativo. Estudio sobre el ideal deliberativo de la democracia y la dogmática constitucional del procedimiento parlamentario (2015).