Nuestro federalismo ha recibido tanto diagnóstico, tanta crítica, tanta reforma, que uno encuentra tal rigidez y formalismo en su explicación que acaba siendo soporífero e ininteligible. La aridez del objeto deviene de que la mayoría de los estudios se centran en mostrar la distribución de competencias a partir de un análisis dogmático de las normas que lo rigen. Lo que además de ser un verdadero calvario -porque implica armar un rompecabezas cuyas piezas no embonan del todo- nos da un fotografía sin mucha utilidad para imaginar otro federalismo posible, una alteridad normativa que verdaderamente sirva a una mejor distribución del poder.

De nada sirve reflexionar sobre nuestro federalismo si no tenemos algo claro: el sistema importa en tanto mejore la vida de la gente. El que una materia sea concurrente o no, coincidente o no, coordinada o no, tiene implicaciones directas en la vida de millones de personas. Por ejemplo, la falta crónica de medicamentos en los hospitales públicos tiene que ver con la manera en que se transfieren los recursos de la federación a los estados; una de las resistencias más grandes de ciertos gremios magisteriales a la reforma educativa pasa por haber centralizado la nómina educativa; una de las notas más agudas de nuestra inseguridad pública pasa por no existir coordinación alguna entre los diversos niveles de gobierno.

Por eso, no partiré de un ideal federalista, sino que a partir de unas cuantas premisas que definen a los sistemas federales iré cuestionando nuestro modelo actual. ¿Qué debemos entender por federalismo en el siglo XXI? ¿Cómo opera realmente nuestro sistema federal en México? ¿Cuál ha sido la lógica subyacente a ciertas reformas centralistas? ¿Se justifica el correctivo de AMLO con los superdelegados? ¿Qué otras vías podemos explorar para mejorar nuestro federalismo?

Este breve ensayo no pretende ser un puerto de llegada, sino una posible guía para la acción transformadora. Hoy, más que nunca, tenemos que cuestionar todo. La realidad nos obliga a quitarnos las anteojeras del ancien regime e imaginar otros arreglos institucionales posibles. Si algo nos grita la política en el mundo hoy es que más que denuncia, necesitamos imaginación.

¿Qué debemos entender, entonces, por federalismo en el siglo XXI?

El federalismo no es otra cosa que una forma de organizar y distribuir el poder político en un territorio determinado. Es decir, es una de las posibles formas de organización territorial del Estado en donde existe un “doble nivel de instituciones políticas superpuestas”.1 Por un lado, se tienen las instituciones federales (Presidente, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal) y, por el otro, las instituciones de las entidades federativas (Gobernadores, Congresos locales, Tribunales superiores). Ambos órdenes institucionales coexisten y tienen un poder normativo diferenciado. Mientras que el poder normativo federal se extiende hacia todos los habitantes del país, el estatal se ciñe a su localidad.2

En un Estado unitario o central, en cambio, el poder normativo es uno y único, con la ventaja de igualar a todos sus ciudadanos en derechos y como receptores de política pública, pero con la desventaja de uniformar criterios normativos ahí donde pueda surgir la necesidad de dar un trato diferenciado en razón de la pertenencia a tal o cual territorio.

Para evitar esta uniformidad a rajatabla, surge el sistema federal con su capacidad de responder a las necesidades locales -a la pluralidad política y cultural propia de un territorio extenso- por medio de gobiernos más cercanos que los nacionales que puedan administrar la diferencia. En México, hay que añadir otro nivel de gobierno: el municipal. A partir de la reforma de 1999 y por subsecuentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el municipio hoy se erige como una institución con facultades competenciales exclusivas y de una alta importancia, ya que es el punto de contacto más cercano y directo con la población. Tenemos, pues, tres ámbitos competenciales que coexisten en nuestro sistema federal. Sin embargo, en este texto me limitaré a señalar los retos que tenemos entre los dos primeros: el federal y el estatal, porque el municipio merece un trato mucho más especializado.

Cuando se crea el modelo federal, en la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, éste surge bajo la concepción de que los sistemas locales y el federal irían en pistas paralelas e inconexas. Las competencias atribuidas a cada orden de gobierno pretendían ser exclusivas y excluyentes. Las que expresamente se hubieran otorgado por los estados a la federación se encontraban en el dominio de los poderes nacionales y el resto quedaba en la esfera de lo local. Así, cuestiones como las declaraciones de guerra, la acuñación de moneda y las relaciones internacionales se anidaron en la federación, mientras los estados conservaban su soberanía originaria en las demás materias. Así descrito sigue una lógica bastante simple, ontológicamente binaria: lo que un nivel tenía, no lo podía tener el otro, y viceversa. Sin embargo, las instituciones mutan, evolucionan, se transforman por la realidad.

Hoy el federalismo es otro, porque otra es la realidad a la que responde. El federalismo de los EUA en 1787 se concibió como parte del proyecto liberal más tradicional, en donde el Estado era una máquina que debía dejar hacer, dejar pasar. Su función era de garantía negativa: debía garantizar las libertades más básicas –las civiles y políticas- y nada más.

Conforme pasaron los años, el Estado cobra una entidad totalmente diferente. Ya entrado el siglo XX el Estado cambia de fisionomía y surge el Estado de Bienestar. Como ha dicho Fernando Escalante, el paso del modelo liberal tradicional a uno, también liberal, pero que defienda el Estado de bienestar es casi un paso lógico: tarde o temprano la defensa y promoción de las libertades negativas más básicas –las civiles y políticas- lleva necesariamente a pugnar por la realización de derechos sociales.3 La razón es obvia: los derechos sociales son una precondición para el ejercicio de las libertades.4 De nada sirve el derecho al voto, o el derecho a la libertad de expresión, si no se tiene acceso al derecho a la educación, a la alimentación o a una vivienda digna.

Esta dinámica tiene un impacto directo en la concepción y operación del federalismo: una vez que la actividad estatal se complejiza, el modelo federal no puede seguir funcionando como un sistema estamental en donde cada pieza se considera autónoma. Las nuevas necesidades –el garantizar derechos sociales- demandan un Estado donde todas sus piezas se coordinen para proveer bienes y servicios públicos. Es lo que Aja ha denominado “el paso del federalismo dual” al “federalismo cooperativo” o de “relaciones intergubernamentales”,5 se pasa de un federalismo en que cada instancia de poder gobernaba de manera separada a uno en donde la impronta es la colaboración entre todos los niveles de gobierno. Lo más interesante es que hay una fecha emblemática de este cambio de concepción: los años treinta y el New Deal de Roosevelt.

Después de la crisis de 1929 quedó patente que los estados eran incapaces de salir de la crisis económica por sí mismos y requirieron de la intervención federal. Aquí nace el federalismo como lo debemos concebir hoy: uno de corte cooperativo y funcional. Es hora de dejar atrás los vetustos debates, típicos de la dogmática constitucional mexicana, en la que se sigue debatiendo si nuestro sistema federal es una mala calca del diseñado por Hamilton en los Papeles del Federalista, o si su proceso de formación no siguió tal o cual dinámica. El prisma bajo el cual se debe entender el federalismo es pragmático, de interdependencia entre los niveles de gobierno, centrado en la influencia que cada instancia es capaz de ejercer sobre la otra.6

¿Realmente cómo opera nuestro sistema federal en México?

Hoy en México nuestro sistema federal debería ser uno de tipo cooperativo –hay quienes lo sostienen- pero lo cierto es que no lo es.7 El federalismo mexicano tiene una historia y ciertos rasgos que lo hacen realmente atípico. Normalmente los sistemas federales siguen un principio normativo de colaboración –en Alemania, el principio de fidelidad entre los Länder y la federación; en España “el deber general de colaboración”; en EUA el concepto de comity; en Bélgica, Suiza y Austria el principio de mutua consideración, etcétera. En México la jurisprudencia no ha creado algo similar y la Constitución impone un esquema de relaciones marcadamente vertical.8 Es decir, en teoría –y solo en teoría- nuestro sistema federal obedece a reglas muy simples de asignación de competencias, propias del modelo dualista.

En la Constitución de 1917 se previeron las reglas básicas competenciales. La primera, la federación solo puede hacer lo que la Constitución expresamente le asigna y los estados el resto por vía residual (art. 124). La segunda, los jueces de cada entidad federativa deben atenerse a la Constitución, leyes federales y tratados internacionales como “Ley Suprema de la Unión”, a pesar de las leyes en contrario que pudieran existir en cada uno de sus estados (art. 133). Estas reglas siguen en vigor, pero leer nuestro sistema competencial solo a través éstas nos lleva a una concepción equivocada.

Como ha dicho José Ramón Cossío, este sistema de asignación se mantuvo en vigor hasta 1934, cuando con el propósito de implantar la educación socialista, se facultó al Congreso de la Unión para emitir las leyes en las que se determinaran las competencias de la federación y los estados. En 1976 se modificó otra vez el modelo original para facultar al Congreso a expedir las leyes que permitieran la concurrencia entre la federación, estados y municipios en materia de asentamientos humanos. “A partir de ese momento, el sistema federal mexicano entró en constante proceso de transformación. Al Congreso se le han seguido asignando materias para regularlas en vía de concurrencia, pero también mediante la coordinación y, más recientemente, con base en leyes generales”.9 En palabras de Cossío:

Repasando rápidamente la situación actual de nuestro sistema federal, de una parte hay materias exclusivas de la Federación y propias de las entidades federativas y municipios. Adicionalmente están las llamadas concurrentes, donde la distribución de competencias entre Federación, estados, Distrito Federal y municipios corresponde a un órgano federal (asentamientos humanos, protección al medio ambiente, deporte o pesca, por ejemplo). También las de coordinación, en las que la Federación prevé las bases para que esos mismos niveles de gobierno convengan el ejercicio de competencias propias (protección civil, turismo, seguridad o salud). Finalmente, están las competencias que se ejercen con base en lo previsto en las leyes generales emitidas por el Congreso (protección de datos, archivos, elecciones, secuestro o trata de personas, entre otras).10

Es decir, el sistema originario de distribución de competencias es algo totalmente distinto a lo que se concibe desde la dogmática constitucional. Aunque en teoría seguimos lo dispuesto por los artículos constitucionales antes mencionados, lo cierto es que a golpe de interpretación legislativa y jurisprudencia se ha trastocado enormemente el orden competencial del sistema federal mexicano. Esto arroja un resultado institucional un tanto peculiar. Como bien han dicho Raúl Mejía y Laura Rojas, no se pude hablar en México de un “federalismo” sino de varios, uno por cada materia que se pretenda estudiar. Uno es nuestro federalismo educativo, otro nuestro federalismo en salud, otro en materia de seguridad, otro en materia laboral, de asentamientos humanos, etcétera.11 En México no tenemos “federalismo” sino “federalismos”.

Otra marca indeleble del decurso de nuestro sistema federal es la clara tendencia centralizadora. A pesar de que se siguen adornando los discursos políticos con frases que ensalzan la autonomía de los estados y las virtudes del federalismo, la realidad es otra. Desde nuestro “momento constitucional” de 1917 –y muy marcadamente en la década de los setenta- hemos presenciado una acumulación ingente de facultades por parte de la federación. Nada más al 2017 se le habían realizado 78 modificaciones al artículo 73 constitucional. Esto quiere decir que el legislador federal cada vez puede intervenir más en el orden jurídico de las entidades federativas. Pero eso no es todo, se ha ido más allá: la dinámica centralizadora ha ido acompañada de una desconstitucionalización de la facultad de distribuir competencias, cuestión que aunque constitucional –porque así lo ha declarado ya la SCJN—12 de dudosa técnica legislativa.13 Al modificar las disposiciones constitucionales del artículo 73, se le faculta al legislador federal para que él mismo distribuya la forma en que cada uno de los niveles de gobierno participarán en la regulación de tal o cual materia. En el fondo, el legislador ordinario se arroga una facultad que solo le compete al legislador constitucional, ya que a través de una ley que únicamente aprueba el Congreso federal –las famosas leyes marco o generales- modifica vía facultades concurrentes lo que cada uno de los niveles de gobierno puede o no regular.14 En el fondo modifica materialmente el sistema federal cada vez que emite este tipo de legislación.

En suma, en el papel constitucional todavía un tenemos un modelo federal dualista, pero en la práctica estamos a caballo entre éste y uno de tipo cooperativo que no cuaja por el desorden que subyace a cada reforma que trastoca nuestro orden competencial entre federación y estados. Porque “si bien puede afirmarse que nunca resulta desplazada la fórmula general de contención de las facultades federales, los elementos que progresivamente se le agregan tienden a tener un mayor peso en la determinación de los límites de las competencias y facultades que corresponden a cada uno de los órdenes dentro del sistema constitucional”.15 El problema es que para la realización óptima del cooperativismo federal, se necesita crear una madeja institucional que propicie el encuentro y acuerdo entre los distintos órdenes de gobierno, lo que en el caso de México no se da por la vocación centralista que impera en el reino de lo político.

¿Cuál ha sido la lógica subyacente a ciertas reformas centralistas?

A riesgo de caer en una generalización incorrecta, detecto dos dinámicas de tipo político que han marcado nuestro centralismo. En el siglo pasado, cuando se consolidó la hegemonía del partido único en las postrimerías de los años treinta, las entidades federativas perdieron fuerza paulatinamente en tanto se fortalecía la figura presidencial. El momento culminante del debilitamiento fue cuando se consolidó el actual Sistema de Coordinación Fiscal, en 1953, y los estados pasan a depender económicamente –casi en su totalidad- de la federación.16 Esa dependencia fiscal de las entidades hacia la federación continúa hasta la fecha y es el nudo gordiano del federalismo mexicano. Y es que en México parecería que ninguna autoridad local quiere asumir el costo de ejercer el poder. La muestra más palmaria de esto es la total irresponsabilidad fiscal de los gobiernos locales. Sin la operación fiscal de la federación los estados morirían por falta de irrigación presupuestal. Como dice López Ayllón: “en principio la recaudación debería ser simple: la federación recauda la mayoría de los impuestos, y los estados (turismo, nómina) y los municipios (predial) recaudan unos cuantos”.17 Pero no. Para los gobernadores es preferible viajar a la Ciudad de México y convencer al Secretario de Hacienda en turno para que les “ayude” con recursos –vía participaciones o aportaciones-; a ejercer su potestad tributaria, crear impuestos locales y recaudar por sí mismos.

Así, se pasan por alto dos cuestiones básicas. Por un lado, las autoridades locales –tanto Congresos locales como los gobernadores- olvidan que gobernar es presupuestar. Y no presupuestan porque no tienen dinero y no tienen dinero porque no recaudan (casi) nada. Por el otro lado, las autoridades federales incentivan el derroche irresponsable de recursos. Si seis de cada diez pesos que se recaudan en el país son ejercidos por los gobiernos locales y éstos no han pagado ningún costo político por su recaudación, su uso no genera ningún tipo de compromiso. No existe el vínculo más básico entre los ciudadanos contribuyentes y las autoridades que gastan recursos públicos. Las más recientes modificaciones en materia de contabilidad gubernamental, fiscalización, evaluación y transparencia, son apenas un bálsamo para algunos síntomas de una enfermedad que va hasta el tuétano del sistema representativo; recordemos el famoso no taxation, without representation.

Esta centralización fiscal se da al alimón de una serie de redistribuciones de funciones que se realizaron –como ya lo mencioné- con mayor ahínco en los años setenta. Vale la pena hacer un apunte: si bien se federalizan algunas materias que antes se consideraban exclusivas de las entidades federativas, esto no quiere decir que hubo una centralización a secas. La regla general fue que la federación asumió para sí la rectoría de ciertas materias –que antes se encontraban en la órbita de lo local- y descentralizó su operación, dejándola en manos de las entidades federativas. Claro: el poder normativo dominante quedó en el centro y con ello aumentó notablemente su nivel de injerencia en los órdenes locales. Ejemplos emblemáticos fueron la descentralización de la nómina educativa, y los cambios en materias como asentamientos humanos, medio ambiente y salubridad. Es decir, lo más común fue “la federalización de la rectoría en la materia específica y, por otro, la descentralización de su operación”.18 Aquí empieza a despuntar con mayor vigor el multifacético federalismo con el que contamos: sin un racional claro, de superficie pedregosa, casi laberíntica.

En suma, si algo marca el centralismo mexicano en el siglo XX fue su vertiente fiscal, la absorción por parte de la federación de la rectoría de materias propias de lo local y, obviamente, la política con la dominación de un solo partido.

Otra dinámica política centralizadora se da después de la alternancia en el poder en el año 2000. Se ha dicho hasta el cansancio, pero vale la pena repetirlo. La llegada de Vicente Fox al poder no terminó con el antiguo régimenni mucho menos con el poder del PRI.19 Cuando llega Fox al poder, la mayoría de los estados se encontraban en manos de la oposición20 y, en vez de hacerlos partícipes de una cirugía política mayúscula, deja que consoliden su poder local de forma desmedida. Eran los tiempos de la bonanza petrolera y de un enorme flujo de dinero. No es casual que en esa época aumentaran las transferencias de recursos federales a los estados. Era el cóctel perfecto para el surgimiento de los nuevos “virreyes” del sistema político mexicano: sin un jefe político como en antaño, sin contrapesos locales, y con mucho dinero en sus manos sin haberlo recaudado ellos mismos.21

El resultado: una irresponsabilidad total en el manejo del poder político y económico, y una degradación institucional. Aquí me quiero detener. La irresponsabilidad política y de los excesos de las autoridades locales tuvo una proyección institucional clara: una degradación enorme en la calidad de sus gobiernos. Si se miden el nivel de pobreza, la competitividad y el crecimiento económico, en todos los índices el desempeño ha sido peor que el observado antes de la alternancia.22 Esto generó un ambiente de desconfianza entre la federación y los estados, que resultó en seguir concentrando facultades en manos de la primera, ya no por buscar implantar un modelo de país, sino por el temor a dejar responsabilidades en manos de las autoridades locales.

Un ejemplo claro es la reforma constitucional en materia penal del 2008 en la que se instaura el sistema procesal penal acusatorio. La reforma exigía que cada nivel de gobierno hiciera las reformas y modificaciones que fueran necesarias para que el sistema entrara en vigor dentro de su esfera competencial en un plazo no mayor a ocho años. Como era de esperarse, la mayoría de los estados no cumplieron con el mandato. Muchas de las entidades federativas, a cinco años de la reforma, no habían siquiera establecido el órgano técnico de planeación. Además, las entidades que cumplieron no siguieron principios y lineamientos homogéneos, lo que resultó en una heterogeneidad y dispersión normativa en el procedimiento penal.23 Al ver este desorden, se decidió centralizar la materia procedimental penal mediante la reforma constitucional del 8 de octubre de 2013.

Lo mismo pasó con la centralización de la nómina educativa a partir de la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).24 Este cambio se hizo por una razón muy sencilla: la descentralización de la nómina en 1992 produjo un desastre burocrático y político con el SNTE. En palabras de Fernández y Herrera,

Había “discrecionalidad en los criterios de su asignación por una fórmula de distribución que reiteradamente no se cumplió; la existencia de una doble negociación salarial entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno federal y de los estados (que derivó en presiones sustantivas a las finanzas públicas en particular de las entidades federativas); y el pago indebido a personal que no estaba frente a las aulas, como fue el caso de los comisionados sindicales y administrativos y de “aviadores”. A esto se suma el uso del fondo para rubros ajenos al educativo por parte de las autoridades estatales y el incumplimiento de pagos obligatorios a terceros como las cuotas de seguridad social del magisterio que se le descontaron al personal pero que diversos gobiernos estatales no entregaron en su totalidad al ISSSTE.”25

Simplemente con la recentralización de la nómina, se logró “hacer una auditoría […] y recuperar 44 mil plazas que no se utilizaban para la docencia, con un valor de cinco mil millones de pesos”.26

Otro ejemplo se dio en el terreno electoral. El paso del otrora Instituto Federal Electoral al hoy Instituto Nacional Electoral, con la reforma de 2014, también obedeció a una lógica centralista y correctiva. Con esta reforma las elecciones de todas las autoridades locales –gobernadores, legisladores y ayuntamientos- dejaron de estar a cargo de las propias entidades federativas y pasaron a la órbita central/nacional del INE. Uno de los principales argumentos a favor de la creación de este sistema electoral “nacional” en demérito del federal –como existía antes de 2014-, fue la situación de precariedad en la que se encontraban los institutos locales ante la intromisión de los gobernadores en los procesos electorales.27

Y así podríamos seguir con varias otras modificaciones constitucionales y legales que han centralizado facultades en aras de corregir los vicios del nuevo arreglo federal que arrojó la transición. Enuncio algunas leyes generales, expedidas solo durante este sexenio, que han centralizado funciones: Trata de personas, de Prevención Social de la Violencia, de Igualdad entre Hombres y Mujeres, de Delitos Electorales, del Servicio Profesional Docente, de Víctimas, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Partidos Políticos, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Institutos y Procedimientos Electorales, de Cambio Climático. Más claro, ni el agua.

Martin Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Doctorando en Derecho por la Universidad de Chile.


1 Aja, Eliseo, El Estado Autonómico, federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 18.

2 Ibidem, p. 19

3 Escalante, Fernando, Conferencia en la Universidad Autónoma de Querétaro.

4 Michelangelo, Bovero, “La democracia y sus condiciones” en Revista de la Facultad de Derecho de México, Vol. 60, num. 253 (2010), p. 4.

5 Aja, Ibídem, p. 29.

6 Cfr. Michael Reagan y John Sanzones, The New Federalism, 2ª edición, Oxford University Press, 1981, p.7, en Aja, Ibídem, p. 30.

7 Daniel Barceló, Francisco Pou Giménez, José María Serna de la Garza, Francisco Tortolero Cervantes, Manual de derecho constitucional, estructura y organización del Estado mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 2018, p. 262.

8 Serna de la Garza, José María, “Sistema presidencial y federalismo” en Orozco Henríquez et al (coord.) Cómo hacer que funcione el sistema presidencial, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2009, p. 357

9 Cossío, “Nuestro pobre federalismo” en El País, 10/02/2015.

10 Idem.

11 Raúl Manuel Mejía Garza, Laura Patricia Rojas Zamudio, Federalismo(s). El rompecabezas actual, Fondo de Cultura Económica, México, 2018, p. 57.

12 Controversia constitucional 29/2000 resuelta por el Tribunal Pleno en la sesión del 15 de noviembre de 2001.

13 Mejía y Rojas, Ibídem, p. 84.

14 Controversia Constitucional 29/2000. En esta controversia por primera vez se estableció de manera expresa que las leyes locales debían ajustarse a un ley general y la posibilidad de que el legislador ordinario reparta competencias vía “facultades concurrentes” determinadas en una ley federal.

15 Mejía y Rojas Ibídem, p. 84.

16 Parés, Ricardo “AMLO y la semilla del maltrecho federalismo en México: la coordinación fiscal” en nexos 24/10/2018.

17 López Ayllón, Sergio, “El laberinto del federalismo (I)” en Milenio 16/05/2018.

18 Mejía y Rojas, Ibídem p. 116.

19 Castañeda, Jorge, Aguilar Camín, Jorge, “Un futuro para México” en nexos , 01/11/2009.

20 18 gobernadores, exactamente. Cfr.  Mauricio Merino, “Un federalismo sin proyecto” en nexos., 01/11/2008.

21 Beneficios fiscales indudables que obtuvieron los gobiernos estatales a través del sistema de transferencias federales (que pasarían de 390 mil millones de pesos en 1998 a 556 mil millones en 2005), y de la duplicación de los ingresos de los municipios de 1994 a 2004 (que pasaron de 16 mil millones a 32 mil millones, a pesos constantes de 1993, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), Ídem.

22 Para ahondar en este tema, véase Otto Granados, “¿Virreyes o Gobernadores?” en nexos, 01/10/2011.

23 Reforma constitucional penal, en Mejía y Rojas, Ibídem p. 77.

24 Normalmente se le atribuye este cambio a la reforma educativa, pero en realidad se hizo en la reforma fiscal del 2013, aunque, sin duda, su efecto fue en el sector educativo.

25 Marco Antonio Fernández, Noemí Herrera, “La batalla por la nómina” en nexos, 01/10/2018.

26 Aurelio Nuño, “Respuesta a Nexos. La reforma educativanexos, 01/11/2018.

27 Mauricio Merino, “El federalismo periclitado”, en El Universal 05/02/2014.