A casi diez años de haberse emitido la sentencia del caso González y Otras, mejor conocida como campo algodonero, México está siendo juzgado nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por un asunto que, entre otros aspectos, está relacionado con la violencia cometida por razones de género. Si bien es cierto que en la actualidad puede decirse que existe un andamiaje jurídico robusto en materia de igualdad y prohibición de discriminación; al igual que elementos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y que el Estado mexicano ha destinado una gran cantidad de recursos humanos y económicos1 para atender esta problemática, la deuda no solo continúa pendiente, sino que se ha incrementado. Ante esta realidad es dable preguntarse, ¿por qué la estrategia estatal no ha tenido el impacto esperado o satisfecho con celeridad, las expectativas de las medidas destinadas a este fin?

Previo al establecimiento de mecanismos de contención, es indispensable profundizar en la comprensión de dicho fenómeno: ¿Es resultado de una falla del sistema o a una anomalía que existe desde la creación del mismo? ¿Se debe a un quiebre en la construcción del sujeto como actor o a una falla en la capacidad de los actores para mantener los procesos de interacción?”2 De acuerdo con Iyamira Hernández: “[l]a cultura patriarcal no se produce por generación espontánea, se educa y transmite de una generación a otra mediante la socialización diferente que prepara a hombres y mujeres en subculturas diferentes. El hombre para el ejercicio del poder y a las mujeres para la subordinación y la dependencia.3 Esto significa que en el análisis de la violencia y los factores que la ocasionan, aunado al estudio de los determinantes sociales que colocan a la mujer en una posición de género inferior al hombre, deben ser considerados en su conjunto, tanto a la persona agresora como el medio en el que se desenvuelve. A la vez, hay que tener en cuenta que este es catalizador y vehículo de la misma: esto permitirá conocer el trasfondo que propicia su comisión.

En México, la investigación científica se ha inclinado hacia la producción de información estadística, que, si bien es indispensable para conocer la situación contextual, no ofrece una explicación concreta sobre las causas, consecuencias y los procesos que experimenta quien la comete. En contraste, la perspectiva sociológica permite diseccionar este problema de raíz estructural, aspecto que es esencial para sustentar el diseño de políticas públicas integrales. De igual manera, las acciones emprendidas para erradicar este tipo de violencia se han centrado en aumentar las sanciones, crear tipos penales y establecer centros de atención multidisciplinaria para mujeres víctimas, por mencionar algunos ejemplos. Si bien es cierto que es correcto llevar a cabo estas medidas, también es cierto que se trata de mecanismos que surten sus efectos una vez ocurridos los acontecimientos, por lo que, dada su naturaleza, no les sería posible revertir las circunstancias que los ocasionan.

Más allá de reflexionar sobre la efectividad de la utilización del poder simbólico del derecho penal para abordar el tema, lo cuestionable es que esta haya sido la reacción primigenia del Estado4 ante un fenómeno sistemático y de origen estructural.5  Al respecto, la crítica al feminismo punitivo establece que la transformación social no puede acontecer desde la ley penal, ya que el tratamiento por esta vía individualiza el conflicto, no da cuenta de las causas por las que ocurre y no lo resuelve de fondo. En este sentido se advierte que, no obstante, existe una figura que considera el componente de género en la investigación de la muerte violenta de una mujer, los datos sobre el impacto que esta tipificación ha tenido en la disminución de los feminicidios no son muy alentadores.

Algunos de los efectos de depositar la solución en una estrategia punitiva, son los siguientes:

• La omisión de emprender acciones preventivas.
• La representación estereotipada de la mujer en la materia penal como víctima, vulnerable y débil.
• La visión patriarcal que, permeada en la mayoría de las instituciones en donde se conocen estos asuntos, activa el despliegue de la “secuencia perversa de los estereotipos de género”, en la que una mujer víctima de violencia es descalificada por su apariencia, historia personal, etc., culpabilizada por lo que le sucedió, restándole responsabilidad a quien agrede, en consecuencia, la investigación que se llegue a conducir, deja de ser prioritaria, propiciando con ello la impunidad.6

¿Es la inclinación hacia el derecho penal, lo que ha obstaculizado la efectividad de las acciones tendentes a erradicar la violencia de género? El derecho penal representa el poder e intervención del Estado en la vida de los particulares en su máxima expresión. Dentro de las razones para cuestionar su idoneidad como herramienta para prevenir y disuadir, se encuentran las de origen, al ser un recurso de limitado alcance y cimentado en las nociones que dan lugar al mal que se pretende erradicar y las operacionales, como la existencia de agentes estatales con reticencia o falta de experticia para juzgar o conducir una investigación ministerial con perspectiva de género.

Cuando el Estado descansa en la aplicación de recursos punitivos, resta la posibilidad a estrategias diseñadas con base en otras disciplinas que tienden a trabajar más a fondo el problema y, por consiguiente, las herramientas que éstas ofrecen para poner fin a los factores que impiden el cese de la violencia. Debido a lo anterior, el diseño y la aplicación de leyes y políticas públicas, además de sustentarse en evidencia, debe considerar la trascendencia de los procesos de socialización en la reproducción de la violencia. Del mismo modo, debe perseguir la disociación de la representación social de la mujer de nociones que la desvalorizan, así como la desactivación de los rasgos heterodesignados que desequilibran las relaciones entre los géneros.

Rita Astrid Muciño Corro. Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla La Mancha; en 2014, fue Visitante Profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; se ha especializado en temas de igualdad y género y su transversalización, así como en el análisis de las obligaciones internacionales del Estado de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos


1 Según cifras de un estudio realizado en 2015, en un año se destinó el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) para atender este problema, lo que equivale a 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos (aproximadamente 13 mil millones de dólares). “El costo de la violencia contra las Mujeres en México”(2016)

2 Arteaga Botello, Nelson y Arzuaga Magnoni, Javier (2017) Sociologías de la violencia: Estructuras, sujetos, interacciones y acción simbólica. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

3 Hernández Pita, Iyamira (2014) Violencia de Género: una mirada desde la sociología. Cuba: Editorial Científico-Técnica.

4 En el informe “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”, se afirmó que:“la tipificación del delito de feminicidio ha tomado un tiempo récord respecto a otros ejemplos similares, ya que en sólo dos años (de 2010 a 2012) se ha establecido en 20 entidades del país”. Cámara de Diputados, et. al. Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010. Página 132. Editorial Sestante S.A. de C.V. Primera Edición (2012).

5 La tipificación continúa siendo una tendencia, en años recientes se incorporaron a los códigos penales de las entidades federativas el delito de violencia obstétrica, así como el de violencia política.

6 Caso Selvas Gómez y Otras Vs. México. Audiencia Pública, peritaje de la Dra. Julissa Mantilla, Corte IDH, minuto 3:47. 16-17 de Noviembre de 2017.