Una de las principales banderas de la llamada 4ª transformación ha sido la frontal postura para combatir y erradicar la corrupción tanto en la burocracia gubernamental, como en el sector privado. En ese sentido, en un parteaguas sin precedente en la historia de México se tiene un acuerdo a entre los ciudadanos y el gobierno, en el que queda claro que  nuestro país no puede progresar y mejorar la calidad de los programas sociales, salud, seguridad y justicia, sino se termina con la grave crisis de corrupción que durante años ha ido en incremento.

En palabras del presidente de la República, México es hoy es país 135 de 180 países de acuerdo con Transparencia Internacional en materia de percepción de la corrupción, lugar que ha venido en un vertiginoso incremento siendo el índice de 2017 uno de los episodios más obscuros. Sin embargo, en la toma de protesta del pasado sábado 1° de diciembre, el posicionamiento del titular del poder ejecutivo federal respecto a la corrupción, fue mano dura para los nuevos servidores públicos que se incorporan a las filas o que permanecerán en la administración pública, pero amnistía y perdón para los crímenes de anteriores administraciones señalando que no será un gobierno de venganza que tenga por objetivo la persecución de ex presidentes ni de “chivos expiatorios”.

Este mensaje, rompe con muchas de las esperanzas puestas en un gobierno que se comprometió a combatir la impunidad y la corrupción, ya que estas declaraciones apuntan hacía un “borrón y cuenta nueva”. Ahora bien, más allá de los apasionamientos que esta postura puede generar, vale la pena replantear, desde un punto de vista jurídico y de política criminal, por qué sí se deberían investigar y sancionar los delitos de corrupción de administraciones anteriores.

La primera de ellas se relaciona estrictamente con la recuperación de los miles de millones que han sido desviados a través de estos actos, más allá de las sanciones que por prisión puedan generarse, debe recordarse que uno de los principales objetivos de un procedimiento penal, no se centra sólo en la sanción a un culpable, sino en que se repare el daño causado a las  víctimas. Siendo que en los casos de corrupción esta identificación de la víctima es sumamente compleja, ya que se trata de una víctimas colectivas, es decir, toda la población que ese vio afectada ante ese desvío de recursos, por ejemplo; pensemos en el caso de Veracruz en todas las personas que no pudieron acceder a servicios de salud, seguridad o programas sociales.

Ante este escenario, ¿cómo es que se pueden recuperar los recursos que son saqueados con motivo de la comisión de un delito? De acuerdo con nuestras leyes existen tres formas: i) la primera, a través del aseguramiento que una vez que se obtiene una sentencia puede ser decomisado, en los casos en que los bienes son como tal instrumento, objeto o producto del delito; ii) la segunda, es a través dela reparación del daño la cual se ordena tanto en un sentencia que derive de un juicio o incluso en alguna solución alterna o formas de terminación anticipada de proceso tal como puede; ser un acuerdo preparatorio, una suspensión condicional del proceso o incluso un proceso abreviado, con estas figuras puede ser que no en todos los casos se tenga que imponer una grave pena de prisión (por ejemplo; tratándose de los que no son los mandos sino meros prestanombres o ejecutores) pero si deberá garantizarse una reparación del daño que sea congruente con la afectación causada; por último, iii) mediante la figura de extinción de dominio que sin ser una herramienta penal, permite la recuperación de los bienes que han sido obtenidos con motivo de un delito, con independencia de que se imponga  o no la sanción penal.

Respecto de estas tres  figuras, las primeras dos resultan completamente aplicables a todos los delitos, sin embargo, por lo que hace la extinción de dominio, ésta se encuentra limitada a ciertos delitos previstos por el artículo 22 constitucional.1 No obstante, para el caso de hechos vinculados con corrupción actualmente sólo es posible aplicarlos por el delito de enriquecimiento ilícito, dejando fuera diversos delitos vinculados con corrupción tal como cohecho, peculado, ejercicio indebido del servicio público, así como en delitos que están directamente vinculados tal como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este escenario, la opción que resulta más viable para recuperar estos miles de recursos saqueados a través de actos de corrupción es a través i) de la condena por decomiso y/o ii) la reparación del daño, para llegar a este resultado es estrictamente necesario estar en el marco de un procedimiento penal, que desde luego cada caso en concreto tendrá su propia resolución de acuerdo con el tipo de persona que está siendo acusada, si corresponde a un nivel alto de mando o, en su caso, era un ejecutor a través del cumplimiento de órdenes, es decir, no todos los casos deberán necesariamente terminar en una pena de prisión (si los que lo ameriten en torno a directrices de política criminal), pero si en todos los casos se debe privilegiar la recuperación de los montos erogados a través de esto delitos. En el caso de la Estafa Maestra, por ejemplo, derivada de la investigación periodística realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se identificó que tan solo con el análisis de la cuenta pública de 10 dependencias durante 2012 y 2013, se desviaron más de 7,000 millones de pesos.

En ese contexto y siguiendo las palabras que ha expuesto el nuevo gobierno federal, se advierte que no se puede tener un pueblo pobre (60 millones de mexicanos) con saqueadores del sector público y privado que se vayan libres y tranquilos con botines de miles de millones de  pesos, sin que se tenga ninguna consecuencia para recuperar estos recursos. Como muestra de lo anterior, las recientes notas que identificaron a Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, disfrutando de la ciudad de Londres, mientras en nuestro país los veracruzanos enfrentan un gravísima crisis en materia de seguridad, motivada principalmente por lo saqueos y el completo debilitamiento del Estado de derecho.

La segunda razón de relevancia es aquella relacionada con las estructuras criminales de corrupción. A diferencia de la percepción que pueda tenerse de los actos de corrupción como acciones aisladas de servidores públicos y particulares para obtener beneficios para un fin en concreto, lo cierto es que la evolución de los delitos de corrupción durante la última década ha evidenciado que los granes casos (que nuestro país abundan) se construyen a través de grandes redes que operan entre altos mandos, medios y bajos del sector gubernamental, así como particulares, empresas regulares, empresas irregulares, incluso ciudadanos con fe pública tal como los notarios, todos ellos operando como una gran orquesta destinada a allegarse de manera ilegal de recursos destinados proyecto estructurales para el funcionamiento del país.

En ese sentido, estas redes no van a terminarse por arte de magia, de un día para otro, ni por buena voluntad únicamente, es necesario estudiar y desarticular estas redes criminales a fin de evitar que perfeccione sus procedimientos y logren insertarse en los nuevos patrones y estructuras gubernamentales y que continúen haciendo, lo que para estas redes es un modo de vida, dedicarse a obtener dinero y bienes que son costeados del bolsillo de todos los mexicanos que paga un impuesto.

En un tercer punto, si regresamos a uno de los fines de todo procedimiento penal, con independencia del delito, es la aplicación de la justicia, mediante la reparación del daño, pero también a través del derecho a la verdad. Los casos de corrupción, pese a que se encuentran directamente vinculados con bienes, de ninguna manera puede considerarse que se trata de delitos de carácter patrimonial. No, por el contrario, estos delitos afectan una multiplicidad de derechos humanos que afectan directamente las personas, en algunos casos, teniendo incluso como resultados las muerte, si pensamos en todos las personas que se derivado el sismo  del pasado 19 de septiembre de 2017 perdieron la vida, no sólo con motivo de un desastre natural, sino con motivo de fallas estructurales de los edificios derivadas de gravísimos actos de corrupción en el sector inmobiliario.

Todas estas víctimas en las que nos englobamos, la mayoría o todos los mexicanos, si tenemos un derecho libre y genuino de acceso a la verdad, de conocer que fue lo que ocurrió, que fue lo que falló de actos que tuvieron como consecuencia un grave violación a nuestros derechos humanos.

Finalmente, el último tema es el relativo al derecho a la igualdad de trato para todos los mexicanos. Este  derecho a la igualdad, aunado a la garantía de estricta aplicación de la ley que prevé el derecho penal, hacen a todas las personas conocedoras de los actos que están previstos en la ley, que serán consideradas como delito en caso de infringirse, así como la pena que les será aplicable por estar vigente al momento de cometer el hecho. Estas reglas son base fundamental de un Estado de derecho libre, democrático y justo; sin embargo, el hecho de emitir una amnistía por delitos de corrupción, violaría de manera tajante la regla de igualdad de trato a todos los ciudadanos, ya que por una parte se estaría sancionando únicamente a aquellas personas que comentan los mismos hechos a partir de cierta fecha, generando la idea de que tendremos entonces ciudadanos de primera y de segunda –los primeros, que pudieron robar a manos llenas provistos de un velo de perdón, mientras que los segundos serán castigados con todo el peso de la ley por cometer exactamente los mismos hechos que los primeros-.

Por estas consideraciones, es que estamos convencidas que la investigación y persecución de todos los delitos de corrupción, es no solo deseable, sino necesaria para a través de la aplicación de la ley, la justicia y la verdad para todos los ciudadanos por igual. En ese sentido, hoy más que nunca el papel de un Fiscal General de la República y Fiscal Anticorrupción, y de los jueces y fiscales en cada caso en concreto, resultan la base para lograr estos fines.

Se advierte que la tarea de investigar y sancionar de manera eficaz todos los delitos de corrupción que se ha cometido y que aún están en calidad de ser sancionables, no es una tarea fácil, requieren de capacidad, recursos, así como una plan estratégico que nos lleve a un buen fin sin morir en el intento, sin embargo, se estima que no queda lugar a dudas el esfuerzo es completamente equitativo con los resultados que pueden llegar a obtenerse, que el principalmente la luz de la justicia y de la reparación del daño de un pueblo dolido y afectado por incluso más por la impunidad que por la sola corrupción.

Desde la sociedad civil invitamos a no “tirar la toalla” antes de empezar, sumemos y estructuremos esfuerzos, porque afortunadamente el primer paso  y el más importante esta sobre la mesa, es la voluntad.

Estefania Medina y Adriana Greaves. Abogadas; cofundadoras de TOJIL. Estrategia contra la impunidad.


1 Artículo 22. …

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: